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EPPK: «Buscan acallar nuestra voz y anular nuestra resistencia»

El Colectivo de Presos Políticos Vascos valora que el juicio contra el movimiento pro amnistía pretende «anular la resistencia y acallar la voz» de los prisioneros, ya que consideran su existencia como la «prueba más notoria del fracaso de los estados». En el escrito remitido a GARA califican el juico como «un frontal ataque contra» sus derechos.

GARA | DONOSTIA

En estos momentos en que integrantes y expresiones del movimiento pro amnistía son criminalizadas y encausadas, el Colectivo de Presas y Presos Políticos Vascos (EPPK) también se siente en el «blanco de este ataque». Así lo ha hecho saber mediante un comunicado remitido a GARA, donde sostiene que el juicio contra el movimiento pro amnistía es una «agresión directa» contra los derechos de los presos políticos vascos.

El documento suscrito por los prisioneros vascos afirma que el Estado español busca «impunidad» tras este tipo de actuaciones judiciales. A este respecto, considera que el juicio iniciado hace semanas en la Casa del Campo pretende «eliminar», en concreto, la solidaridad política y social con la que cuentan los represaliados, al ser el movimiento pro amnistía el encargado de socializar la situación y la lucha del citado colectivo.

Aseguran que pese a la dispersión, las palizas o la tortura, la «lucha unida» del EPPK es «la demostración más notoria del fracaso de los estados», por lo que consideran que este juicio también ansía «acallar la resistencia y la propia existencia» del EPPK y de los propios presos políticos, «ya que somos la evidencia más clara y permanente del conflicto político que padece Euskal Herria con los dos estados», apostillan en el texto.

Los prisioneros consideran que Euskal Herria padece a día de hoy «la acometida represiva más mordaz y notoria» de las últimas cuatro décadas, y destacan que el «recorte» de derechos civiles y políticos emprendido desde el Ejecutivo español «mantiene e intensifica el estado de excepción» contra este país. Sentencian, además, que el Estado «con el fin de alcanzar su objetivo político ha visto la necesidad de aniquilar» a la izquierda abertzale. En el escrito, recuerda el inicio de la embestida contra la Mesa Nacional de HB, así como las sucesivas «operaciones judiciales y policiales» contra diversos agentes vascos.

EPPK precisa que más allá de «atacar» a la izquierda independentista, el Estado ha fijado como objetivo «a todo aquel que ponga en entredicho la Constitución española».

El comunicado también hace alusión a las medidas de excepción empleadas dentro de la política penitenciaria contra el colectivo que componen los presos políticos vascos. Destaca el alargamiento de condenas, la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria o la «pena de muerte» impuesta a los presos con enfermedades incurables y obligados a permanecer en prisión. El Colectivo concluye que todas estas medidas se enmarcan «en el frente abierto contra Euskal Herria».

«Juntos haremos camino»

EPPk, pese a reconocer que se «viven momentos difíciles» en la defensa de Euskal Herria y de los derechos de los presos políticos, no alberga dudas de que «por encima de ataques judiciales y policiales» se seguirá haciendo camino, y envía en este sentido un mensaje de ánimo a la sociedad vasca.

CPT alerta de que la práctica para erradicar la tortura es criminalizada

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, formada por 44 agentes que trabajan por erradicar la tortura en el Estado español, ha elaborado un informe bajo el título ``Descalificación, obstrucción y criminalización de las actividades de organismos sociales y profesionales que denuncian torturas en el Estado español''. Este documento, que recoge una veintena de episodios de este cariz, será remitido a los organismos internacionales, encargados de examinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados en la defensa de los Derechos Humanos y Convenios Internacionales.

La CPT sostiene que este informe tiene una doble finalidad, que más allá de recordar la importancia de los defensores de derechos humanos y constatar los riesgos y trabas con los que se encuentran a la hora de desarrollar su labor, pretende hacer público y denunciar casos concretos de obstrucción, descalificación y criminalización.

El informe, que contiene 56 páginas, acoge sólo los casos acaecidos en los últimos diez años dentro de las fronteras del Estado español. En concreto, se enumeran veinticuatro casos de amenazas, descalificaciones y actuaciones contra organismos y personas del Estado español; de las cuales 7 son contra agentes de Euskal Herria, lo que se traduce en el 30% de las denuncias albergadas por la CPT.

El informe está dividido en cuatro ejes. En el primero de ellos se recogen insultos, amenazas y descalificaciones, mientras que el segundo apartado se refiere a la obstaculización del trabajo, donde enmarcan las agresiones, prohibiciones y costas económicas. En el tercer eje se hace hincapié en las querellas interpuestas contra agentes y personas; y por último, se citan las acusaciones de «terrorismo».

Entre las descalificaciones señaladas por la CPT, se encuentra las sufridas por Julio Medem tras la realización del documental "La pelota vasca'' donde intentó dar voz a las partes del conflicto que sufre Euskal Herria.

En el segundo apartado del informe constan la prohibición a Behatokia para acceder a la sede de la ONU y la clausura de las sedes del TAT y Etxerat en agosto de 2002. El primer caso, relata la prohibición impuesta al letrado de Behatokia Julen Arzuaga para entrar en la sede de la ONU. Este veto fue dictado desde el Ejecutivo español al calificar a Arzuaga como «terrorista peligroso», sin aportar ningún tipo de prueba que pudiera acreditar tal extremo. Asimismo, recuerdan el cierre efectuado por la Policía de las sedes de Etxerat y TAT, en el marco de la decisión del juez Baltasar Garzón de suspender por tres años las actividades de Batasuna.

Las querellas contra el letrado del TAT Aiert Larrarte y el portavoz del movimiento pro amnistía Julen Larrinaga por la denuncia de la tortura en una rueda de prensa o la amenaza de denuncia sufrida por Salhaketa son citadas en el tercer apartado del informe.

En lo que respecta a las acusaciones de «terrorismo», la CPT cita dos casos y ambos son contra personas y agentes de Euskal Herria. El primero de ellos se refiere la imputación de un delito «no especificado» contra los abogados Jone Goirizelaia y Jose María Elosua por efectuar alegaciones sobre una posible existencia de torturas y maltratos en el transcurso de la vista del macrojuicio 18/98. Asimismo, el organismo contra la tortura relata el juicio iniciado en la Audiencia Nacional contra el movimiento pro amnistía.

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