"Rehabilitacion Moral"

 

Mira que hay que tener agallas para denominar demócratas a quienes negaron la más mínima medida de justicia para las víctimas del genocida dictador Francisco Franco.

Eso es precisamente lo que hace el corresponsal de La Jornada en el estado español Armando G. Tejeda, quien considera que el pacto de silencio e impunidad al que se sumaron sucesivamente Juan Carlos Borbón, Carlos Arias Navarro, Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González y José María Aznar califica al estado español como democrático.

En una conversación con Tejeda no nos desgastaríamos en puntos más finos de la democracia como los son el respeto a los derechos civiles y políticos de vascos, catalanes, galegos y andaluces. Entrados en detalles, ya ni para que hablar del derecho a la huelga (Gasteiz, 3 de marzo de 1976), del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de prensa (Egin 1998, Egunkaria 2003) y un largo etcétera de derechos vulnerados y conculcados por estos demócratas de toda la vida.

Y nos perdonará Tejeda, pero ya veremos hasta donde llega realmente José Luis Rodríguez con esto de "rehabilitar moralmente" a las víctimas del franquismo, su afán por liberar a José María Aznar de toda culpa o responsabilidad en el 11-M no augura nada positivo.

Lean ustedes:

Preparan en España ley para "rehabilitar moralmente" a víctimas del franquismo

Partidos apoyan la iniciativa, a excepción del PP

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Casi tres décadas después de la muerte del dictador Francisco Franco (1939-1975) y de la instauración de la democracia en el Estado español, por primera vez un gobierno central apoyará e impulsará la recuperación de la memoria histórica y rehabilitará "moral y jurídicamente" a las víctimas del fascismo.

El Ejecutivo español, encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, anunció hoy la creación de una "comisión interministerial" que impulsará reformas para atender las históricas reivindicaciones de los perseguidos durantqe el franquismo, que hasta ahora también sufrieron del olvido de la democracia.

Tras la muerte de Franco, la llamada "transición a la democracia" sentó las bases del modelo vigente en este país -monarquía parlamentaria- que culminó con la redacción de la Constitución de 1978 y la aprobación de los Estatutos de Autonomía, en negociaciones en las que estuvieron presentes la mayoría de las formaciones políticas.

En ese proceso de "transición" se adoptó un acuerdo "tácito" para no hurgar en el pasado inmediato ni mucho menos impulsar procesos políticos o judiciales sobre la política de represión de la dictadura. Este pacto no escrito fue respetado por los gobiernos de la joven democracia española: primero los conservadores de Unión de Centro Democrática, después durante los 12 años del socialista Felipe González y, finalmente, los ocho años de gestión del derechista José María Aznar.

Hace poco menos de cinco años surgió de forma espontánea una movilización social que reivindicaba algunos de los derechos y "justicias históricas" negadas hasta ahora a los que "perdieron" la Guerra Civil (1936-1939). Uno de los hechos que sirvió para devolver a la agenda nacional el doloroso legado de la dictadura fue la exhumación de algunas de las centenares de fosas comunes que sin ningún tipo de apoyo público llevaron a cabo voluntarios y familiares de las víctimas del franquismo.

Por primera vez en los casi 30 años de democracia se denunció que en el territorio español podría haber más de 30 mil personas enterradas en fosas comunes, entre ellas uno de los escritores más importantes del siglo pasado, el poeta granadino Federico García Lorca.

Después de exigir al gobierno español el reconocimiento de sus reivindicaciones "históricas", el gobierno de Rodríguez Zapatero anunció la creación de una "comisión interministerial" que estará presidida por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y tendrá como prioridad la redacción de un anteproyecto de ley para rehabilitar "moral y jurídicamente a los que sufrieron la represión durante la Guerra Civil y el franquismo".

La iniciativa cuenta con el apoyo de todas las formaciones políticas del Congreso, con excepción del derechista Partido Popular (PP), que cuando estuvo al frente del gobierno impidió de forma sistemática cualquier avance en este reclamo histórico. 

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