Rodríguez | La Autonomía de la UNAM

En últimas fechas en el periódico mexicano La Jornada se han publicado diferentes artículos acerca de la autonomía de su máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM.

Pues bien, por ser este blog un espacio de información generado desde la diáspora vasca y para la diáspora vasca es nuestro deber introducir un elemento que se ha dejado fuera hasta la fecha, mismo que no podemos permitir siga siendo omitido pues afecta, precisamente, la figura en de un insigne representante de la diáspora vasca en México; el Doctor Joaquín Eguía Lis.

El Doctor Eguía Lis fue director del Colegio de las Vizcaínas durante siete años y ya en 1907, fue uno de los signantes del acta constitutiva de la Asociación San Ignacio de Loyola, precursora del Centro Vasco de la Ciudad de México.

Durante los aciagos años de la la Guerra de Reforma y de la Intervención Francesa, el Joaquín Eguía Lis fue pupilo de Sebastián Lerdo de Tejada, a su vez, él fue mentor de Justo Sierra, quien eventualmente materializaría su quehacer en el ámbito educativo de México precisamente sentando las bases para la creación de la Universidad Nacional de México. No fue sorpresa que eligiera para el cargo de primer Rector a su antiguo maestro, hecho que indignó a los estadounidenses quienes habían apostado por el positivista Ezequiel A. Chávez.

La Universidad Nacional de México fue finalmente inaugurada el 22 de septiembre de 1910, a escasos dos meses de que estallase la Revolución Mexicana en contra de la Dictadura de Porfirio Díaz.

El vasco mexicano fue capaz de mantener el curso de la recién creada universidad. Eventualmente, en 1913, dos de sus hijos - un reconocido general y un catedrático - así como uno de sus nietos - también general - terminarían por sumarse al Ejército Libertador del Sur, a las órdenes del mítico Emiliano Zapata.

Pues bien, volviendo a 1912,  el 5 de septiembre el Doctor Joaquín Eguía Lis emitió el Primer Informe de actividades de la universidad, del cual les presentamos este fragmento:

Nuestra Universidad, acabada de organizar y sometida a las leyes mexicanas, que la obligaron a ser neutral y laica, no puede ser enemiga de ninguna idea ni de ninguna ciencia, antigua o moderna.

Menos puede la Universidad, dotada por la ley de poder autónomo, ser una tiranía. La tiranía sobre la instrucción pública puede ejercerla, aunque sin derecho, el Estado; y de eso trata de librar a la Universidad (vale la pena repetirlo) su Ley Constitutiva. Mal puede ser tiránica una institución que, como la Universidad, se gobierna, a la vez que por la Rectoría y por las direcciones de las Escuelas, por el Consejo Universitario, por las juntas de profesores, y finalmente, hasta por los alumnos, representados, tanto en el Consejo como en las juntas, por los delegados que la ley les permite elegir.

Cuando el ideal de nuestra Universidad se realice, ella será una entidad autónoma dentro del gobierno de la nación: su única relación con éste deberá ser, con el tiempo, el subsidio que se le dé, ya que entre nosotros no puede esperarse que los particulares doten a las instituciones de cultura con fondos que les permitan subsistir por sí solas. El ideal de la Universidad, el ideal de toda enseñanza, es la libertad absoluta respecto del poder público que no es, que no puede ser, que no tiene derecho a ser autoridad docente; pero entre nosotros no es fácil suponer que pueda prescindirse de la ayuda oficial en materias de instrucción y, por tanto, nuestro deber es procurar que la Universidad funcione por sí sola tan eficazmente, que su alteza y majestad sean bastantes a imponer respeto a todo gobierno, hasta que llegue a conseguir su autonomía plena.

Entonces la Universidad no será una tiranía: será lo que hasta ahora ninguna institución ha llegado a ser entre nosotros: un centro libre de cultura superior, encaminada al perfeccionamiento de la sociedad mexicana.

La Universidad será entonces un monumento a la ciencia, a cuyo lado velará, tendiendo sus alas, el ángel de la libertad.

Hemos querido compartirles lo anterior antes de invitarles a leer este artículo de opinión pues nos parece que al autor le hizo falta esa pieza clave de la mención de la autonomía, por escrito, no en un discurso.

Adelante con la lectura:

La autonomía de la UNAM

Octavio Rodríguez Araujo

La Universidad Nacional Autónoma de México ha cumplido 75 años de autonomía. Este concepto, a veces estirado a límites absurdos, quiere decir autogobierno y libertad de cátedra e investigación. Estos dos importantes principios se han querido vulnerar desde el exterior en no pocos momentos, recientemente por quienes han querido ver en las directrices del Banco Mundial (BM) o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la fuente de sabiduría universal en materia educativa, para no hablar de otros temas tanto o más delicados como las políticas económicas seguidas por los gobiernos neoliberales.

La autonomía universitaria, por lo menos en referencia a la libertad de cátedra e investigación, fue defendida por Justo Sierra desde los años 80 del siglo XIX, y particularmente en su célebre discurso del 22 de septiembre de 1910 en la inauguración de la Universidad Nacional. Lo más discutido entonces era si la universidad debía ser pública o privada, ya que, curiosamente, por varios años se quiso asociar lo privado a la autonomía: si es autónoma tendría que ser privada (es decir, particular), se argumentaba incluso durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, según ha apuntado el jurista Diego Valadés (Deslinde, 5/80). El antecedente, además de debates previos (desde 1914), era la Ley Orgánica de 1933, que sugería que si era autónoma tendría que generar sus propios recursos y que al Estado no le correspondía ofrecerle ayuda económica de ningún tipo.

Por lo que se refiere a la libertad de cátedra e investigación, un sector de la comunidad universitaria inició una lucha desde 1929 en contra de la intromisión del gobierno en la vida universitaria y en la orientación de sus planes de estudio, intromisión que inhibía el pensamiento libre y, por lo mismo, la libertad de cátedra en una lógica de pluralidad y universalidad de corrientes de pensamiento. Era, para decirlo en términos actuales, la lucha contra el pensamiento único y oficial de quienes detentaban el poder. Por eso precisamente la lucha por la autonomía comprendía principalmente un binomio indisoluble: autogobierno de los universitarios y libertad de cátedra y de investigación.

Este interesante debate fue resuelto, a mi juicio magistralmente, con la Ley Orgánica de la UNAM de 1945. Autonomía ya no significaría privatización de la universidad, sino que ésta sería un organismo público, pero autónomo. La solución que encontraron los defensores del autogobierno y de la libertad de cátedra en los primeros años 40 del siglo pasado, encabezados por Alfonso Caso, fue buscar una fórmula jurídica que combinara autonomía con responsabilidad estatal para que la Universidad Nacional pudiera no sólo subsistir económicamente, sino desarrollarse. Esta fórmula fue precisamente la combinación de la autonomía de la UNAM y ésta como una institución pública, como un organismo descentralizado del Estado, es decir, un órgano estatal pero autónomo del gobierno -como bien señalara Horacio Labastida en un artículo publicado en La Jornada el 19 de febrero de 1999.

La defensa de la autonomía, asumida con firmeza por el rector Juan Ramón de la Fuente, no siempre ha sido bien comprendida por otros universitarios, ni mucho menos por los gobiernos neoliberales de los últimos sexenios. Así, por ejemplo, en 1997 algunos distinguidos universitarios, al parecer no muy convencidos de la autonomía de la UNAM, expusieron un documento ante la OCDE en el que decían que en los antiguos criterios de calidad no había referencias a quién debía juzgar la condición académica y de salida de la UNAM, aceptando con esto, implícitamente, la intromisión del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), asociación civil privada que tiene entre sus funciones evaluar la calidad de salida de la educación media-superior y superior. Sobra decir que para el caso de las universidades públicas con autonomía, el Ceneval representa una intromisión inadmisible y una controversia con la Ley Orgánica de la UNAM que, en su artículo 2-II, establece que la universidad tiene derecho a "impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación", y no con criterios productivistas determinados por la fuerza de los mercados y de los gobiernos que les han servido en una lógica de pensamiento único sin alternativa.

La autonomía, ha dicho el rector De la Fuente ante el Senado (18/8/04), significa respeto del Estado hacia las formas de organización y gobierno de las universidades públicas y a sus valores supremos de libertad de cátedra, de investigación y de creación, en un ambiente de pluralidad y diversidad, en el que la UNAM ha sido un contrapeso a los afanes del pensamiento único y de los fundamentalismos, "sean económicos, étnicos o religiosos".

La autonomía universitaria, ciertamente, ha sido demanda y realidad contra el pensamiento único, varias veces intentado como imposición por gobiernos, poderes económicos e instituciones internacionales que han querido socavar el principio del pensamiento libre precisamente en donde éste se desarrolla, más y mejor, gracias al conocimiento que cotidianamente se produce y se reproduce: la universidad. De aquí la importancia de su defensa. 

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