La Audiencia Provincial de Madrid ha querido darnos la razón en nuestro planteamiento con respecto a la continuidad del régimen franquista por medio de los gobiernos que tanto los españoles como sus valedores insisten en tildar de democráticos.
La Jornada ha publicado este artículo en el que se informa que la institución mencionada ha decidido absolver a quienes estuvieron involucrados en la formación, despliegue y financiamiento de los GAL.
O sea, total impunidad a quienes cometieron actos de terrorismo de estado y que además, lucraron, llevándose al bolsillo algo del dinero destinado a financiar las acciones de los GAL.
Lean ustedes:
Absueltos, 2 ex ministros del Interior acusados de malversación de fondos en España
Los inculpados piden su baja del PSOE; impunidad para responsables políticos, dice IU
Armando G. Tejeda | Corresponsal
La Audiencia Provincial de Madrid absolvió este martes a los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Corcuera, acusados de uso irregular de fondos reservados entre 1987 y 1994, en lo que fue el último escándalo de corrupción durante el gobierno socialista de Felipe González.
Contrariamente Rafael Vera, ex secretario de Estado para Seguridad del Estado y uno de los artífices de la lucha antiterrorista entre 1982 y 1993, fue condenado a siete años de cárcel por un desfalco al erario público de más 3 millones de dólares. En este caso también fue interrogado como testigo el propio ex presidente de gobierno Felipe González.
Los ex ministros del Interior -Barrionuevo y Corcuera- fueron absueltos de los dos delitos de malversación de fondos públicos tras señalar que no quedó probada la responsabilidad de ambos en la utilización del dinero.
Además de Vera también fueron condenados el ex director general de la Policía Nacional José María Rodríguez Colorado, a seis años de prisión; el ex director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristobal, a cuatro años; el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista, Francisco Alvarez, a 11 meses, y el ex gobernador civil de Vizcaya, Juan Ignacio López Rodríguez, a 10 meses.
El juicio contra los ex ministros y los otro cinco ex funcionarios comenzó en septiembre de 2001, siete años después de la apertura de caso, y todos ellos se declararon inocentes de los cargos que se les imputaron.
Se explicó que Vera se apropió para su enriquecimiento personal alrededor de 800 mil dólares "que tendrá que pagar al Estado", si bien se indicó que repartió entre sus subordinados 2 millones de dólares más, que según los tribunales fueron a parar a sus propias cuentas bancarias.
El auto añadió que el dinero de los fondos reservados también se utilizaba para pagar gratificaciones o retribuciones, fuera de nómina, a una pluralidad de funcionarios destinados en la Dirección de la Seguridad del Estado o en algunos de sus gabinetes u órganos dependientes, sin que existiera un registro del manejo de ese dinero, ya que durante el gobierno de González esos documentos se destruían periódicamente.
Los llamados fondos reservados son las partidas presupuestarias que tiene por ley el Ministerio del Interior para cuestiones como la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico, sin embargo, después de varios procesos judiciales se comprobó que ese dinero también se utilizó para financiar a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la guerra sucia contra ETA y para "el enriquecimiento personal de altos cargos del Ministerio del Interior", de acuerdo con el auto redactado por la sección quinta del citado tribunal.
Los inculpados pidieron su baja del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en acatamiento a los estatutos del partido, cuya Ejecutiva Federal se congratuló de que los ex ministros hayan sido absueltos, con lo que "se evidencia ahora que han sido injustamente atacados y vilipendiados durante años".
Pero para el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, la sentencia deja "cierto espacio de impunidad a los responsables políticos".
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