GAL : La Guerra Sucia del PSOE

Ahora que José Luis Rodríguez Zapatero está por México hablando de conceptos como democracia y justicia y felicitando al vasco-mexicano Vicente Fox Quesada por permitir que las fuerzas represivas españoles actúen impunemente en México en contra de los exiliados y refugiados políticos vascos es bueno recordar lo que su partido, el PSOE, organizó e implementó durante el tiempo que su líder moral era el ministro de más alta gradación en el gobierno franquista de Juan Carlos Borbón, recordemos pues la guerra sucia del PSOE y el grupo terrorista español denominado GAL.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL fueron agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o "guerra sucia" contra el grupo independentista vasco ETA y la población civil vasca en general, durante la década de los 80 Fueron creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español del presidente Felipe González.

Aunque decían combatir a ETA, en varias ocasiones atentaron contra simples militantes de la izquierda independentista vasca y contra ecologistas. También realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida.

Los GAL fueron objeto de las investigaciones del periódico El Mundo, dirigido por Pedro J. Ramírez, y por otros periodistas como Pepe Rei. Estas investigaciones sirvieron para exponer a la opinión pública la organización, fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL.

Durante la dictadura de Franco y la monarquía franquista de Juan Carlos Borbón (sospechosamente llamada "la transición") con los gobiernos de Unión de Centro Democrático existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español (BVE), los Comandos Antimarxistas, los Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo ETA (ATE). Algunos actuaban por libre, simplemente tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias del gobierno. También existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de entonces que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales (OAS, Triple A, ...)

Los casos del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del MPAIAC (grupo independentista de las Islas Canarias) en 1978, imputado a agentes con el apoyo directo del Ministerio del Interior español, o del secuestro, malos tratos, tortura y simulación de ejecución del director del semanario El Doblón, José Antonio Martínez Soler en marzo de 1976 tras la publicación de un artículo denunciando la purga de mandos moderados de la Guardia Civil, causaron gran impacto en la opinión pública española e internacional por su implicación con fuerzas relacionadas con el aparato de represión del Estado.

Los GAL estuvieron activos de 1983 a 1987 siendo responsables de 23 asesinatos. Actuaron principalmente en Iparralde, aunque también llevaron a cabo secuestros, torturas y delitos económicos en Hegoalde y otras zonas de España. Sus atentados se dirigían contra militantes y simpatizantes de ETA, pero también afectaron a gente sin relación aparente con la resistencia anti-franquista.

El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.

El caso "Segundo Marey". En diciembre de 1983 Segundo Marey, ciudadano hispano-francés, fue confundido con un dirigente de ETA y secuestrado por los GAL en la localidad francesa de Hendaia. Una hora después del secuestro fue detenido como sospechoso Pedro Sánchez, antiguo cabo de la Legión francesa. Marey fue liberado diez días después en territorio francés, a tres kilómetros del paso fronterizo de Dancharinea (Navarra).

En diciembre de 1987 Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier fueron juzgados y condenados a 13 años de prisión por su secuestro. Sánchez había muerto en prisión, según Talbi envenenado. El mercenario del GAL aseguró que habían entregado a Marey a policías españoles en Dancharinea, después de haber llamado a dos "teléfonos para urgencias" al conocer la detención de Sánchez. Uno de los teléfonos correspondía al Gobierno militar de Vizcaya y el otro a la jefatura superior de policía.

En enero de 1988 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el subcomisario para atentar contra militantes de ETA en el sur de Francia. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones, descubriendo según un informe del Ministerio de Interior que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados el 20 de septiembre del mismo año a 17 años, 4 meses y 1 día de prisión por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como autores por inducción, cinco de ellos en el atentado al bar "Batxoki", de Baiona (Francia) y el sexto en el bar "La Consolation", de Donibane Lohitzune. También recibieron penas menores por los delitos de asociación ilícita y de falsedad de documentos de identidad. El tribunal prefiró la tipificación del delito de asociación ilícita al de integración en la banda terrorista, lo que coincidía con la tesis del Ministerio del Interior que contemplaba los GAL como "grupos de delincuentes inconexos entre sí" y no como terroristas, lo que fuera con tal de reducirles las posibles penas. El fallo indicaba que no fue posible determinar la estructura interna, la escala jerárquica ni las fuentes de financiación de los GAL, con lo que quedaba en suspenso la identidad de los jefes superiores de los dos agentes en esta trama, para beneficio claro de Felipe González y muchos otros funcionarios públicos de alto nivel.

El abogado defensor de los policías consideró que el tribunal había vulnerado «de manera clara y rotunda el principio de presunción de inocencia», algo que la justicia española reserva únicamente para indiciados vascos. Por otro lado, el abogado de la acción popular presentada por la Asociación contra la Tortura criticó la sentencia, especialmente el rechazo del tribunal a condenar a los acusados por integración en banda terrorista. «Que la sentencia sostenga que Amedo y Domínguez defendían la estabilidad del sistema, aunque por métodos jurídicamente repudiables, significa negar la posibilidad del terrorismo del Estado.»

El juez Baltasar Garzón, que en julio de 1993 reabrió el expediente sobre el secuestro de Segundo Marey para evitar que prescribiera, indagaba en los escándalos destapados sobre el desvío de fondos reservados en la investigación sobre el ex-jefe de la Guardia Civil, Luis Roldán, por si hubiera alguna referencia a Amedo, Rodríguez y los GAL. Su investigación de los fondos reservados había sido impedida desde la etapa de José Barrionuevo como Ministro de Interior, época en que Felipe González, presidente del gobierno, declaraba: «Ni hay pruebas ni las habrá». Frente a la negativa de Interior, Garzón obtuvo el apoyo que solicitó del Consejo General del Poder Judicial.

Julián Sancristóbal, gobernador civil de Vizcaya durante el secuestro de Segundo Marey, fue encarcelado en diciembre de 1994 acusado de asesinato frustrado, detención ilegal y malversación de fondos públicos, tres días después de que Amedo y Domínguez aportaran al juez Garzón información sobre aquel hecho. También fueron detenidos Francisco Álvarez, Miguel Planchuelo, y Julio Hierro, jefes directos de Amedo y Domínguez durante la época de los atentados de los GAL, y Francisco Saiz Oceja, jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Bilbao. Los partidos políticos manifestaron su preocupación por las repercusiones políticas de la reapertura del caso GAL. Rodrigo Rato, portavoz del PP en el parlamento, declaró: «No estamos ante un tema judicial y penal sino ante un tema político muy serio que puede afectar a instituciones muy importantes de nuestro sistema. Parece imprescindible que el Gobierno, dé explicaciones al Congreso sin que sea obligado por la oposición». José Luis Galán, abogado de la acusación popular del caso GAL vinculaba la detención de Sancristóbal con la financiación de los GAL con cargo a los fondos reservados «Nosotros siempre hemos tenido la firme y vehemente sospecha de que Sancristóbal estaba muy cerca no sólo de la financiación, sino de la organización de los GAL». El ex ministro de Interior José Barrionuevo expresó un rotundo apoyo a los detenidos: «Todas estas personas, mientras yo fui ministro del Interior, tuvieron un comportamiento excelente, leal y meritorio para este país, y yo estoy con ellos y seguiré estando», prueba de que en el estado español los criminales se defienden entre sí.

En febrero de 1995 Amedo declaraba en una entrevista en Tele 5 que Sancristóbal acabaría por derrumbarse, y que revelaría todo lo que sabía sobre el GAL. Según decía el ex subcomisario, Sancristóbal le había dicho: «Si van a por mí, hundiré al presidente». El Partido Popular solicitaba que el Fiscal General del Estado informara sobre los GAL ante la comisión de Justicia e Interior. El 17 de febrero el juez Garzón decretó el ingreso en prisión incondicional comunicada y sin fianza de Rafael Vera, número dos de Interior y responsable de lo que el gobierno español por alguna obscura razón llaman la lucha antiterrorista durante nueve años con los ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera, inculpado por malversación y evasión de capitales, por la presunta entrega de 200 millones de pesetas a las mujeres de Amedo y Domínguez y por el encubrimiento y financiación (con un millón de francos franceses, obtenidos de los fondos reservados) del secuestro de Segundo Marey en 1983. Mientras el Gobierno manifestaba «perplejidad y dolor» por el encarcelamiento de Vera, el líder de la oposición, José María Aznar, declaraba que «El Gobierno y su presidente tienen ahora ante la opinión pública mucha más responsabilidad política que antes». También ingresó en prisión Ricardo García Damborenea, ex secretario regional de los socialistas vizcaínos, en ese momento próximo al Partido Popular, acusado de detención ilegal y tentativa de asesinato por su presunta implicación en el secuestro de Marey.

El caso Amedo. El 20 de febrero, la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó la reapertura del sumario principal de los GAL, conocido popularmente como caso "Amedo", sin limitar las posibilidades de investigación, y remitirlo al juez Baltasar Garzón. En sus razonamientos jurídicos la Sala decía textualmente que se reabría el caso con el fin de que «el instructor practique las diligencias que estime oportunas, ante la aparición de nuevos elementos de investigación»y recordando que el Fiscal General del Estado había apuntado la «evidente conexidad de los hechos aparecidos en el sumario 17/89 (secuestro de Segundo Marey) con los instruidos en el 1/88 (caso Amedo)». Desde el Ministerio de Interior se recomendaba dejar trabajar a los jueces, pero se otorgaba poca credibilidad a las declaraciones de Amedo.

El juez Baltasar Garzón ordenó en marzo de 1995 el ingreso en prisión del ex jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de los mismos seis asesinatos frustrados por los que fueron condenados Amedo y Rodríguez, por haber organizado y financiado los atentados de los GAL contra los bares «Batzoki» y «La Consolation», a lo que se añadía el delito continuado de malversación de fondos reservados. El ex jefe del mando antiterrorista Francisco Álvarez quedaba en libertad por falta de pruebas, esas que no se han necesitado para cerrar Ardi Beltza o Zabaltzen. En mayo Amedo le entregó al juez Garzón una cinta con 20 minutos de una conversación con Sancristóbal que había grabado en secreto, en la que quedaba claro que Felipe González, así como Ricardo García Damborenea y los gobernadores civiles en el País Vasco estaban al tanto de los GAL.

En julio de 1995 una resolución de la Sección Primera de lo penal de la Audiencia Nacional confirma el auto de procesamiento de Rafael Vera, quien sale en libertad bajo fianza, bajo la consideración de que la alarma social por el caso había descendido. Miguel Planchuelo, ex jefe superior de Policía de Bilbao, realizó una declaración ante Garzón en la que implicaba al ex ministro Barrionuevo en el secuestro de Marey y en las actividades de los GAL, quien al mantener su condición de aforado al entrar en la lista de miembros de la Diputación Permanente del Congreso sólo podía ser procesado por el Tribunal Supremo, siendo necesaria la autorización previa de la Cámara. El 19 de julio Francisco Álvarez, ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior explicó al juez Garzón en privado la estructura de los GAL. Mencionó la existencia de cuatro GAL: el GAL verde, de la Guardia Civil; el azul, de la Policía; el marrón, del Cesid y el GAL francés, y explicó que la estructura de mando de los GAL y la de la lucha antiterrorista estaba relacionada. Al día siguiente García Damborenea declaró ante Garzón autoinculpándose en el secuestro de Segundo Marey. También implicó a Felipe González y otros altos dirigentes socialistas, a quienes acusaba de tener pleno conocimiento de las acciones de los GAL. Según García Damborenea, él mismo había hablado en varias ocasiones con González sobre la guerra sucia contra ETA. Felipe González negó todas las acusaciones de Damborenea, ex-socialista y próximo en la época al PP, considerando que era una estrategia que buscaba implicar hasta el más alto nivel buscando una ley de punto final para el GAL, lo que calificó de «disparate». El 21 de julio el PSOE confirmó que González no quería volver a ser candidato a la presidencia, y anunció que su sucesor sería elegido en un comité nacional extraordinario que se celebraría en septiembre. Una semana después, el juez Garzón remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el sumario de los GAL, diciendo haber encontrado indicios delictivos en las actuaciones del presidente del Gobierno, Felipe González; los ex ministros Narcís Serra y José Barrionuevo, y el diputado socialista Txiki Benegas, basándose en el testimonio de García Damborenea.

En septiembre de 1995 la Sala Segunda del Supremo concedió la dedicación exclusiva para instruir el caso GAL al magistrado Eduardo Moner, quién decidió comprobar las imputaciones realizadas contra los cuatro aforados, especialmente contra Barrionuevo, antes de decidir sobre la solicitud de suplicatorio al Congreso para que autorizara la declaración de Barrionuevo como imputado. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo aseguraba en su informe que las imputaciones de García Damborenea contra el presidente del Gobierno no reunían «las condiciones de verosimilitud y fundamentación mínimamente precisas» para solicitar un suplicatorio en su contra. Sin embargo, las imputaciones de cuatro de los procesados contra Barrionuevo eran «precisas, reiteradas y concordantes». El 23 de noviembre de 1995 el Congreso aprobó por 204 votos a favor, 122 en contra y 10 abstenciones la autorización para que el Tribunal Supremo puediera llamarle a comparecer como imputado en el caso GAL.

En agosto de 1996 el gobierno de José María Aznar negó a los jueces los papeles del Cesid que reclamaban para continuar la investigación de los distintos casos vinculados a los GAL argumentando que afectaban a la seguridad del Estado, postura contraria a la que defendía el Partido Popular desde la oposición, cuando acusaban al gobierno de González de escudarse en la seguridad del Estado para salvaguardar la propia. En marzo de 1997 la Sala Tercera del Tribunal Supremo, tras analizar los informes del CESID, decidió desclasificar algunos de ellos, decisión recibida con satisfacción por los partidos políticos y otras fuerzas sociales, aunque se señaló que los documentos desclasificados ya eran conocidos. El gobierno de Aznar comunicó que acataría las decisiones que tomara el Tribunal Supremo.

La especulación en torno al grado de conocimiento y participación del gobierno en las actuaciones ilegales del GAL jugaron un factor determinante en la derrota del PSOE durante las elecciones generales españolas (1996), tras las que González renunció al liderazgo del partido. El propio González ha sido acusado de estar tras la misteriosa figura del "Sr. X" (nombre con el que se refieren los medios de comunicación al hipotético dirigente del entramado GAL, cuya identidad real no ha trascendido), toda vez que el entonces Presidente del Gobierno declarase, en relación con los GAL, que "me enteré por la prensa". El PSOE siempre ha negado toda responsabilidad respecto a los GAL y González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos. Sin embargo, durante su administración, González no permitió la investigación completa de los fondos reservados con los que se había financiado a los GAL.

El senado constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar un informe final de conclusiones, pero aclaro la participación de fondos y cargos públicos que después establecieron los jueces.

Durante el gobierno de José María Aznar, los antiguos cargos socialistas encabezados por Felipe González reclamaron la liberación de Rafael Vera y de José Barrionuevo condenados por el Caso Marey. El gobierno de Aznar concedió el indulto parcial a Barrionuevo y Vera el año 1998.

En sus cuatro años de historia, el GAL cometió más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban militantes de ETA. Varias de sus víctimas no tenían ninguna relación aparente con ETA. En algunos de esos casos, el GAL reconoció haber equivocado su objetivo o pidió disculpas.

- 16 de octubre de 1983: secuestro de los miembros de ETA José Lasa Arostegui "Joxean" y José Ignacio Zabala "Joxi" en Baiona (Francia). Posteriormente fueron asesinados de un tiro en la cabeza y enterrados en Busot (Alicante). Los cuerpos aparecieron en enero de 1985 pero no fueron identificados hasta 1995 a raíz de las investigaciones realizadas por el comisario Jesús García, que falleció precisamente durante la celebración del juicio en 1996. En dicho juicio resultó condenado, entre otros, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

- 18 de octubre de 1983: intento de secuestro en Baiona por parte de cuatro policías españoles del dirigente etarra José Mari Larretxea Goñi. Los cuatro agentes fueron detenidos in fraganti por gendarmes franceses.

- 4 de diciembre de 1983: secuestro de Segundo Marey en Hendaia, al confundirlo con Mikel Lujúa (presunto miembro de ETA), por parte de mercenarios franceses contratados por la policía española. Se exigió a Francia la liberación de los policías españoles detenidos en octubre. Los agentes fueron puestos en libertad el 8 de diciembre, y Marey el día 13.

- 19 de diciembre de 1983: asesinato del presunto militante de ETA Ramón Ofiaederra Vergara "Kattu" en Baiona.

- 29 de diciembre de 1983: asesinato por parte de un francotirador del GAL del presunto dirigente etarra Mikel Goikoetxea "Txapela", cuando estaba abriendo la puerta del coche en Baiona. Muere a los pocos días en Burdeos

- 8 de febrero de 1984: ametrallamiento y asesinato de dos presuntos miembros de ETA, Vicente Perurena Telletxea y Angel Gurmindo Lizarraga "Stein" en Hendaia.

- 25 de febrero de 1984: asesinato por medio de un disparo de un francotirador del miembro de ETAm Eugenio Gutiérrez Salazar "Tigre" en Idauze-Mendi.

- 1 de marzo de 1984: asesinato por un disparo al corazón del trabajador ferroviario Jean Pierre Leiba en Hendaya, sin ninguna relación con ETA. Un autodenominado portavoz declinó cualquier responsabilidad del GAL en el asesinato, y negó que los cuatro detenidos en Irún acusados del asesinato fueran miembros del mismo.

- 23 de marzo de 1984: asesinato del presunto dirigente de ETA Javier Pérez Arenaza Fogorb, cuñado de "Txomin" Iturbe, en una gasolinera de Biarritz.

- 3 de mayo de 1984: asesinato por disparos del presunto miembro de ETA Rafael Goikoetxea. Resulta herido su compañero Jesús Zugarramurdi "Kixkur", supuesto dirigente de ETA, en Baigorri.

- 26 de mayo de 1984: secuestro, apaleamiento, malos tratos y posterior liberación de dos miembros de los comités antinucleares Xavier Lorenzo y Endica Lorenzo en Algorta. El GAL reconoce que el segundo fue un error.

- 15 de junio de 1984: asesinato por medio de una moto bomba del presunto dirigente de ETA Tomás Pérez Revilla y el refugiado vasco Ramón Orbe, en Biarritz. El primero muere a los pocos días y el segundo resulta herido.

- 10 de julio de 1984: atentado en el Bar Consolation de Donibane Lohitzune por medio de un artefacto explosivo. Resultan heridos tres vascos supuestamente vinculados a ETA, José Oliva Gallastegui, Bonifacio García y Juan Jaúregui Aurria.

- 18 de noviembre de 1984: asesinato por disparos desde una moto del bailarín Christian Olaskoaga en Biriatu. No tenía ninguna relación con ETA ni con su entorno. El hermano de Christian, Claude, resulta herido. El GAL reconoció posteriormente el error.

- 20 de noviembre de 1984: asesinato por disparos del concejal y dirigente de HASI Santi Brouard, miembro de la Mesa Nacional de HB, en su propia consulta médica localizada en Bilbao.

- 11 de diciembre de 1984: herido por una bomba el refugiado vasco Juan José Iradier en Hendaia.

- Diciembre de 1984: bomba en el coche de Ramón López Abetxuko, responsable de seguridad de ETA.

- 1 de febrero de 1985: herido por disparos el dirigente de Herri Taldeak, Xabier Manterola.

- 5 de febrero de 1985: herido por un coche bomba Christian Casteigts en Baiona. Sin relación con ETA ni con su entorno.

- 4 de marzo de 1985 : son ametrallados en el bar "Lagunak" Josu Amantes y Ángel Zabaleta, ambos heridos.

- 26 de marzo de 1985: herido de gravedad por disparos el presunto miembro de ETA Ramón Basañez Jauregui en Ziburu.

- 29 de marzo de 1985: ametrallamiento contra el Bar "Les Pyreneés" en Baiona. Es fatalmente herido Benoit Pecasteing y son heridos Jean Marc Mutio y Pedro José Pikabea, presunto miembro de ETA. Detenido in fraganti Pierre Baldés.

- 30 de marzo de 1985: asesinato por disparos del fotógrafo del diario Egin Xabier Galdeano en Donibane Lohitzune.

- 14 de junio de 1985: ametrallamiento al bar "Trinkete" en Ziburu. Son muertos Emile Weiss y Claude Doer. No tenían ninguna relación con ETA.

- 26 de junio de 1985: asesinato por disparos en Baiona del supuesto miembro de ETA Santos Blanco Gonzalez "Aitite".

- 8 de julio de 1985: herido el refugiado vasco Juan Carlos Lezertua en Ziburu.

- 16 de julio de 1985: bomba en el coche de Fernando Eguilior en Angelu.

- 2 de agosto de 1985: asesinato del presunto miembro de ETA Juan Manuel Otegui Elizegui "Txato" en Donibane Garazi.

- 31 de agosto de 1985: herido por disparos en Donibane Lohitzune, Dominique Labeyrie. No tenía ninguna relación con ETA. El GAL reconoció el error.

- 4 de septiembre de 1985: atentado contra el presunto militante de ETA Jose Arraztoaga en Donibane Garazi.

- 25 de septiembre de 1985: ametrallamiento al bar "Monbar" en Baiona. Son asesinados los presuntos miembros de ETA José Mari Etxaniz Maiztegi "Potros", Iñaki Asteasuinzarra Pagla, Agustín Irazustabarrena Urruzola "Legra" y Sabin Etxaide Ibarguren "Eskumotza" y herido Jean Iriarte. Fueron acusados Lucien Mattei y Pierre Frugoli. Este hecho inspiraría posteriormente la canción Hotel Monbar del grupo de rock Kortatu.

- 4 de diciembre de 1985: sale ileso de un intento de asesinato Fernando Biurrun en Heleta.

- 6 de diciembre de 1985: intento de atentado contra la asociación Argilo en Hendaia.

- 24 de diciembre de 1985: herido gravemente en Biarriz Robert Caplanne, muerto el 3 de enero a causa de sus heridas. No tenía ninguna relación con ETA. Acusados 5 miembros de la ultraderecha CEDADE e Ismael Miquel Gutierrez.

- 8 de febrero de 1986: ametrallamiento al bar "Batxoki". Heridos Frederic Haramboure (presunto miembro de ETA), José Cau, Juan Luis Zabaleta Elósegui, Carmen Otegui y las niñas Nagore Otegui y Ainitze Zabaleta. Acusados José Paulo Figueiredo Fontes (detenido), Rogerio Carvalho da Silva y Antonio Ferreira.

- 17 de febrero de 1986: asesinato por disparos de Christophe Matxikote y Catherine Brion. No tenían ninguna relación con ETA.

- 24 de julio de 1987: asesinato por disparos de Juan Carlos García Goena. Aunque el atentado no fue reivindicado los detenidos acusaron al GAL de haberlo ordenado. El asesinado no tenía ninguna relación con ETA.

- 20 de noviembre de 1989: asesinato por disparos en el hotel Alcalá de Madrid del parlamentario de Herri Batasuna, Josu Muguruza. Resultó herido Iñaki Esnaola. Aunque se hizo una llamada en nombre de los GAL, no es fiable y fueron acusados formalmente Angel Duce y Ricardo Sáenz de Ynestrillas, sin ninguna relación con los GAL.

Los condenados por el Tribunal Supremo en el "Caso Marey" fueron:

José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación.

Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación.

Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.

Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo.

Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.

Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.

Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.

Ahora decidan ustedes si la clase política española, especialmente la adscrita al PSOE, puede darse el lujo de llamar terroristas a otros.

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