El inquisidor Baltasar Garzón, nos da una muestra de las facilidades con las que cuenta el régimen borbónico franquista a partir de que la Unión Europea decidiese asumir la falacia del "todo es ETA". No contentos con haber criminalizado a organizaciones de la sociedad civil vasca y a grupos juveniles, ahora aprovecharán para criminalizar el ejercicio del periodismo.
La siguiente muy esclarecedora nota ha sido publicada en la sección Mundo de La Jornada:
La siguiente muy esclarecedora nota ha sido publicada en la sección Mundo de La Jornada:
Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, citó el lunes a declarar como imputados de varios de delitos de terrorismo a los directores de los diarios vascos Gara y Euskaldunon Egunkaria, Mertxe Aizpurua y Martxelo Otamendi, respectivamente, por haber publicado el pasado 7 de junio una entrevista con dos voceros de la organización separatista vasca ETA.
El juez -que no especificó la fecha de tal citación, aunque trascendió que sería el próximo viernes- ya tomó declaración en calidad de testigos a los hoy imputados, durante la cual los periodistas se acogieron al derecho de secreto profesional para no revelar la identidad de las personas que intervinieron para realizar la entrevista.
En el encuentro con Garzón reclamaron que se respete la libertad de expresión.
En la entrevista, dos voceros de ETA aparecieron encapuchados en la primera página y respondieron a una serie de preguntas "asépticas", de acuerdo con la definición de un magistrado.
El juez, a petición de fiscalía, acusó a los periodistas de inducción al asesinato terrorista, amenazas y colaboración con banda armada, al hacer hincapié en una pregunta de la entrevista relativa a los ediles de Unión del Pueblo Navarro.
También se les pretende abrir un proceso por el asesinato, un mes después de esa entrevista, de José Javier Múgica, munícipe de esta formación, a manos de ETA.
Las principales acusaciones contra Aizpurua y Otamendi fueron vertidas desde la Fiscalía General del Estado por el jurista Jesús Cardenal, quien pidió que se aplique el llamado sistema de responsabilidad escalonada, con la pretensión de también abrir diligencias contra las empresas editoras, una postura que recibió una serie de críticas, como la del juez Joaquín Navarro, que defendió la idea de abrir de manera radical todas las puertas a la libertad de expresión, incluso de las ideas que van contra el sistema político y económico.
Aizpurua y Otamendi consideraron habitual en todo el mundo que los medios realicen entrevistas con agentes en los conflictos armados, al tiempo que señalaron que no hay precedentes en Europa de una actuación como la de la fiscalía española.
Gara apuntó en su editorial de hoy que el único delito cometido consiste en concertar y realizar una entrevista con una organización armada que juega un determinado papel en el conflicto vasco-español.
"No son las declaraciones de ETA lo que pretende juzgar la Audiencia Nacional de España, sino la labor del entrevistador, y sólo en un estado de excepción se puede entender que un fiscal pretenda entrar a juzgar y calificar tal y cual pregunta".
Añadió que "alguien ha decidido ahora que la acción de preguntar debe ser considerada como delito terrorista, y el tribunal de excepción español no ha vacilado en prestarse a golpear de lleno a la libertad de expresión con tal de cumplir la misión que el Estado le ha encomendado".
El vocero del gobierno vasco, el nacionalista moderado Josu Jon Imaz, consideró que debe prevalecer el derecho a la información, al subrayar que las decisiones que Garzón adopta en torno al llamado entorno de ETA fueron recogidas posteriormente en otros órganos jurisdiccionales.
En otro asunto, la concejal de Eusko Alkartasuna en Zumárraga, Uxue Busca, presentó su dimisión al cargo municipal después de las amenazas que ha recibido desde el entorno de ETA por su cercana relación con la viuda de Manuel Indiano, el concejal acribillado por ETA en agosto de 2000, lo que provocó la renuncia al cargo de otros cuatro munícipes, tres socialistas y uno de Batasuna, organización considerada brazo político de ETA.
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