Afán de Venganza

El régimen español se toma muy a pecho eso del derecho de los estados a ejercer la violencia.

Cuando no tortura o mata por lo menos se conforma con arrojar a una mazmorra por muchos años a quien cae en sus redes represivas.

Muestra fehaciente de ello es el caso de los ocho de Altsasu, siete de ellos hoy tras las rejas como resultado de un pueril montaje policíaco.

Traemos a ustedes este artículo de Público en el que se relata la reacción por parte de familiares y amigos de los represaliados tras el más reciente esperpento en su contra:

Familiares de los condenados de Altsasu ven en la sentencia un "afán de venganza" y seguirán la "batalla jurídica"

Hacen un llamamiento a la movilización y han convocado una manifestación el próximo 24 de marzo. Consideran que la sentencia de la Audiencia Nacional "vuelve a castigar" a los jóvenes "con condenas claramente desproporcionadas". 

Familiares de los condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, englobados en el grupo Altsasu Gurasoak, y la plataforma Altsasukoak Aske, han considerado que la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas 2 y 13 años de cárcel, "demuestra su afán de venganza" y han destacado que "seguiremos en la batalla jurídica".

Representantes de ambos colectivos han celebrado este sábado una rueda de prensa en Pamplona en la que han leído, en castellano y euskera, un comunicado en el que han lamentado que "llevamos dos años y medio desde que nos metieron en un túnel de sufrimiento y dolor en el que no podemos ver la luz".

Asimismo, han hecho un llamamiento a movilizarse las próximas semanas y en la que han convocado una manifestación para el próximo 24 de marzo, a las 12.00 horas en la Avenida Pamplona de Alsasua, bajo el lema 'Esto no es justicia. Altsukoak aske'.

Han afirmado que la Audiencia Nacional "no es un órgano de justicia" y han considerado que en la reciente sentencia "se demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad".

Una sentencia que "vuelve a castigar a nuestros jóvenes con condenas claramente desproporcionadas". "Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad las penas de tantos años de cárcel es una barbaridad", han subrayado. "Por un tobillo roto se imponen penas de privación de libertad de 72 años, hay delitos mucho más graves que reciben penas menores", han remarcado.

En este sentido, han apuntado que "en el mismo año que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad" y "ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos".

Los familiares de los condenados han rechazado "la utilización torticera de la calificación de terrorismo que ha realizado la Audiencia Nacional, con la juez instructora Lamela como responsable máxima" y que, han aseverado, "buscaba distorsionar el procedimiento judicial para poder imponer un castigo vengativo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra". "No se les condena por terrorismo pero se les impone penas como si fueran terroristas, todo esto ha sido y es un abuso de poder", han censurado.

"No es solo una cuestión de desproporción, es un secuestro de los principio que deben regir la acción del sistema judicial: se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a una investigación neutral, a un tribunal imparcial y el principio de que la carga de la prueba recae en la parte acusatoria y que se deben demostrar los hechos más allá de la duda razonable", han remarcado.

Igualmente, han rechazado la "utilización del agravante de discriminación ideológica" que "abre la puerta a un uso extensivo del modelo punitivo y vengativo en función de criterios políticos e ideológicos que en absoluto se corresponden con un Estado social de Derecho y con el respeto a los derechos y libertades fundamentales".

Por otro lado, han hecho hincapié en una "evidencia que echa por tierra toda la sentencia y cuestiona la veracidad del relato de las acusaciones" y que demuestra, han asegurado, "que los denunciantes han mentido e introduce serias dudas sobre la veracidad del relato".

Se han referido de esta manera a un vídeo que recoge "los instantes posteriores a los hechos encausados y donde se observa al sargento de la Guardia Civil buscando a personas que participaron en los hechos". "No se le ha dado suficiente relevancia al hecho de que cuando está buscando a sus supuestos agresores en el vídeo se observa que se encuentra cara a cara con tres de las personas imputadas en este caso y no los identifica como agresores", han resaltado. "Si no los identifica instantes después de los hechos teniéndolos cara a cara, cómo es posible que los reconozca en unas ruedas de identificación días después o a través de fotos", se han preguntado.

Altsasu Gurasoak y Altsasukaok Aske han incidido en que "la única prueba de la parte acusatoria frente a todos los testigos y pruebas llevadas por las defensas ha sido el relato de los denunciantes". "La sentencia se basa únicamente en ese relato para poder incriminar a nuestros jóvenes", han insistido.

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