La Historia Oficiosa de ETA

La culminación de la desmovilización de ETA dentro del proceso de DDR iniciado por la organización antifascista hace ya más de seis años ha tenido su primero de dos capítulos hoy en Ginebra, Suiza.

En unas horas se llevará a cabo la escenificación del segundo y último capítulo en la localidad de Kanbo, en Iparralde.

En las páginas del diario Deia, medio de comunicación afín al PNV, se ha publicado este retrato de Euskal Herria desde la creación de ETA hasta nuestros días. Claro, hay ciertas y obvias inexactitudes, como la insistencia en que la fortuita muerte de José Ángel Pardines fuese el primer atentado, cuando ha quedado claro que dicha acción fue la llevada a cabo en contra del antiguo colaborador de la Gestapo Melitón Manzanas. 

Y bueno, ahí está el propio título de la pieza...

Pero más allá de los detalles, pasemos a la información:

Una página negra de la historia de Euskadi

En sesenta años de historia ETA deja 829 asesinados. Su declive se inició en 2000 con el asedio a su vertiente legal

Origen

Un grupo de estudiantes universitarios que publicaba un periódico nacionalista y antifranquista formó el grupo Ekin en 1952 en Bilbao. En 1956 se unió a EGI, la organización juvenil del PNV, pero acabaron separándose dada la defensa de Ekin de una estrategia de “acción directa”. A finales de 1958, José Luis Álvarez Enparantza, Txillardegi; Benito del Valle, Julen Madariaga e Iñaki Larramendi se reunieron en Deba, donde decidieron aceptar el nombre de Euskadi ta Askatasuna (ETA) propuesto por el primero. Lo emplearon por primera vez el 31 de julio de 1959 en una carta dirigida al dirigente jeltzale Jesús María de Leizaola. Su ideología se basó en sus inicios en el anticapitalismo y el antiimperialismo.

Primeras asambleas

ETA celebró su primera asamblea en 1962 en el monasterio de Belloc, en Francia, donde fijó como ideario el regeneracionismo histórico, la aconfesionalidad, el euskera como elemento clave de la nacionalidad y la independencia de Euskadi. En la II Asamblea, que tuvo lugar en Baiona en la primavera de 1963, los elementos izquierdistas empezaron a tomar fuerza, al tiempo que se constataron afinidades con el comunismo. Fue en la III Asamblea, en mayo de 1964, cuando se aprobó la ponencia La Insurrección en Euskadi, que decía que la lucha armada “es el mejor modo de conseguir los fines propuestos”. A partir de ese momento comenzaron los atentados.

Primer atentado mortal

Tuvo lugar el 7 de junio de 1968 en Donostia con el asesinato del guardia civil José Ángel Pardines. Horas después, Txabi Etxebarrieta, que participó en ese atentado, fallecía en Benta Haundi, convirtiéndose en el primer muerto de la organización. Ese mismo año ETA cometió otro atentado que tuvo una gran repercusión: la víctima fue el jefe de la Policía secreta de Donostia, Melitón Manzanas. Sin embargo, en el primer tramo de existencia de la banda, la acción armada de mayor repercusión fue el asesinato del entonces presidente del Gobierno, Carrero Blanco, en diciembre de 1973.

Escisiones

La evolución histórica de ETA está plagada de escisiones. La más importante llegó en 1973 con la celebración de la VI Asamblea. Tras el atentado indiscriminado de la calle Correo de Madrid se dividió en dos organizaciones: ETA militar y ETA político-militar, siendo esta última la mayoritaria. En 1982 la facción VII Asamblea de ETA-pm aceptó la amnistía concedida por el Gobierno español a todos los presos y exiliados aunque tuvieran delitos de sangre, abandonando la violencia e integrándose en Euskadiko Ezkerra. Buena parte de la militancia de ETA-pm, los milikis y los comandos Bereziak se integraron en ETA militar, que a partir de ese momento ya sería conocida como ETA a secas.

Lucha armada

ETA consideraba que con el sistema constitucional posterior a 1978 las cosas no habían cambiado sustancialmente, ya que, a su juicio, la naciente democracia era una continuación de la dictadura franquista. En 1978, reforzada por la unión de los berezis, cambió de estrategia y adoptó la conocida como guerra de desgaste, que consistía en asesinar a miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presionar al Gobierno español y obligarle a aceptar la Alternativa KAS.

Representación política

Muerto Franco, ETA-pm apoyó la fundación de un partido que representara su ideario ante las primeras elecciones generales de 1977. Se denominó EIA y participó en los comicios a través de la candidatura Euskadiko Ezkerra. Un año después nació la coalición Herri Batasuna, que en las generales de marzo de 1979 obtuvo tres diputados y un senador, aunque optó por no acudir a las instituciones, excepto los ayuntamientos, y el Parlamento y la Diputación de Nafarroa.

Los años de plomo

El primer atentado con coche bomba en Madrid, en septiembre de 1985, tuvo como resultado un muerto y 16 heridos. Una bomba mató a doce guardias civiles e hirió a cincuenta en julio de 1986 en la Plaza de la República Dominicana. El atentado de Hipercor, el 19 de junio de 1987, causó la muerte a 21 personas e hirió a 45. La banda alegó que había avisado de la colocación de la bomba y que la Policía no desalojó el local. Seis meses después, el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza provocó once muertos, cuatro de ellos niños.

Secuestros

El primer secuestrado por ETA fue Eugenio Beihl, el cónsul alemán en Donostia, el 1 de diciembre de 1970. Tras 55 días de cautiverio fue liberado, pero esta acción supuso una nueva estrategia que persiguió desde la presión social, mediática y política, con el secuestro de personalidades, políticos y diplomáticos, a la extorsión económica como vía de financiación con la captura de empresarios, principalmente vascos. Fueron 86 secuestros, incluido el del ingeniero-jefe de la central nuclear de Lemoiz José María Ryan en 1981, que acabó siendo asesinado.

El 1 de julio de 1997, la Guardia Civil rescató al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que para entonces era víctima del secuestro más largo de la organización. Fueron 532 días que le dejaron graves secuelas físicas -perdió 23 kilos- y psicológicas. Horas antes de su rescate, ETA había dejado en un bosque de Elorrio a Cosme Delclaux tras 232 días de cautiverio. Previamente, se habían pagado 1.000 millones de pesetas por su liberación. El empresario José María Aldaya estuvo en manos de ETA 341 días, y Emiliano Revilla, 249.

Terrorismo de estado

La denominada guerra sucia contra ETA dejó 27 víctimas mortales. Fue un 16 de octubre de 1983 cuando tuvo lugar la primera acción de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el secuestro y asesinato de los presuntos miembros de ETA Joxean Lasa y Joxi Zabala. Entonces se iniciaron casi cuatro años de actividad clandestina en los que la mitad de sus víctimas lo fueron por error, ya que no tenían nada que ver con la banda. Entre ellos Segundo Marey, al que secuestraron al confundirlo con el presunto miembro de ETA Mikel Lujua. Cuando le liberaron le introdujeron una nota en el bolsillo: “Cada asesinato de los terroristas tendrá la respuesta necesaria;ni una sola de las víctimas permanecerá sin respuesta”. Entre los asesinados se encuentran Santi Brouard, Juan Carlos García Goena o dirigentes de ETA como Mikel Goikoetxea Elorriaga, Txapela, o Eugenio Gutiérrez Salazar, Tigre.

Se ha apuntado de forma recurrente a la figura de Felipe González, presidente del Gobierno español durante esos años, como la X situada en la cúspide de los GAL, pero este nunca ha sido juzgado y solo declaró como testigo en una ocasión. El exministro del Interior José Barrionuevo y el exdirector de la Seguridad del Estado Rafael Vera son los condenados de la trama con mayor rango político tras la sentencia de julio de 1998 por el secuestro de Marey.

Pactos contra el terrorismo

Tras el atentado de junio de 1987 en Hipercor, el presidente español Felipe González, con la complicidad de Adolfo Suárez (CDS), encargó a Txiki Benegas poner de acuerdo a todos los partidos para responder a ETA. Antes de fin de año, los grupos del Congreso lograron el Pacto de Madrid. En septiembre, el lehendakari José Antonio Ardanza, con el apoyo de Benegas, inició una ronda de partidos para intentarlo en Euskadi. El atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, seis meses después de Hipercor, hizo que se redoblaran los esfuerzos: los representantes de los partidos, excepto HB, se encerraron en Ajuria Enea los días 10, 11 y 12 de enero, protagonizando sesiones maratonianas de las que salieron con un acuerdo que algunos consideran el principio del fin de ETA. La última convocatoria del Pacto de Ajuria Enea fue la enorme manifestación en Bilbao contra el secuestro de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. A partir de ahí entró en crisis, según muchos de sus protagonistas por el uso partidista de las víctimas por parte del PP.

Kale Borroka

Tras la detención de la cúpula de ETA en 1992 en Bidart, Mikel Antza se erigió en jefe político. Consciente de la creciente debilidad de la organización, optó por sustituir el coche-bomba por la kale borroka, al tiempo que impulsó la “estrategia de socialización del sufrimiento”, una persecución contra representantes del constitucionalismo en Euskadi para forzar al Gobierno a negociar. Se inició en 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez, edil donostiarra por el PP. La ira social estalló con el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, que provocó las mayores manifestaciones sociales contra ETA.

Negociaciones y procesos de paz

A finales de los 80, Francia presionaba a España para que acabara con el terrorismo por la vía negociada. En enero de 1989, Felipe González envió una representación a Argel para negociar con la banda, lo que fracasó a los dos meses por la pretensión de ETA de tratar asuntos políticos. Los etarras fueron expulsados de Argelia y Francia dio otro salto en la colaboración con España al permitir la presencia de policías españoles en su territorio. Por su parte, tras la tregua “indefinida y sin condiciones” decretada el 16 de septiembre de 1998, el Gobierno del PP inició contactos con la banda. En mayo de 1999 celebraron una reunión secreta en Zurich pero el diálogo no fructificó y ETA rompió la tregua en noviembre.

Detenciones

El primer gran golpe contra ETA se produjo en marzo de 1992 en un chalé de Bidart con la detención de la cúpula formada por Francisco Múgica Garmendia, Pakito, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, y José Arregi Erostarbe, Fiti, que estaban en plena reunión. El 3 de octubre de 2004, la Policía francesa arrestó en Salies de Bearn a Mikel Albisu, Mikel Antza, y su compañera, Soledad Iparragirre, Anboto, los máximos responsables de la organización. El operativo se saldó con la detención de 28 personas a un lado y otro de la frontera, y permitió asimismo desmantelar cinco depósitos de armas con más de 1.100 kilos de explosivo y dos misiles tierra-aire, además de subfusiles, pistolas, revólveres, munición y detonadores. La operación se inició cuatro años antes, durante los seguimientos al veterano dirigente Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Renteria.

Dirigentes de ETA

El considerado último gran jefe militar, Mikel Karrera Sarobe, Ata, fue detenido en mayo de 2010 en Baiona. Su vertiginoso ascenso se produjo tras la caída en noviembre y diciembre de 2008 de sus antecesores, Txeroki y Gurbitz. Mikel Antza, arrestado junto a Soledad Iparaguirre, Anboto, en octubre de 2004, fue el dirigente que más tiempo estuvo al frente de ETA desde que asumiera la dirección en 1993 tras la caída de Bidart. Le sucedió Josu Ternera y después Thierry, arrestado en 2008. El goteo de arrestos no paró, incluyendo los de Iratxe Sorzabal y David Pla en septiembre de 2015.

El papel del Estado Francés

La colaboración entre España y Francia en la lucha antiterrorista no siempre fue tal. Hubo que esperar al cambio de década de los 80 a los 90 para que las autoridades galas, remisas a implicarse en esta labor en el inicio de la actividad de ETA, dieran permiso a la Guardia Civil para actuar en su territorio. Varios factores influyeron en este cambio de postura: su creciente confianza en la incipiente democracia española, los atentados de Iparretarrak y la actividad de los GAL, que tenían entre sus objetivos la implicación del Estado francés. Este trabajo en común, que se ha traducido en numerosas operaciones policiales conjuntas y en continuas extradiciones de miembros de la banda, fue clave para acabar con el santuario francés de ETA y empujó hacia su final. Estuvo asimismo marcado por el asesinato en diciembre de 2007 en Capbreton de dos guardias civiles que trabajaban en el país vecino.

Las víctimas

Desde 1968 los atentados de ETA han costado la vida a 829 personas, entre militares, agentes de los cuerpos de seguridad, políticos, empresarios, periodistas o ciudadanos comunes. El 93% de sus asesinatos los cometió tras la muerte de Franco, y concentró el mayor número en los años de la Transición: en 1978, el año de aprobación de la Constitución, asesinó a 65 personas;en 1979, el del referéndum del Estatuto, a 86;en 1980, el de la constitución del primer Gobierno vasco tras la Guerra Civil, a 93, su récord. En este ominoso balance, asesinó a 49 empresarios y directivos, secuestró a 52 y extorsionó a entre 10.000 y 15.000 profesionales. También intentó atentar contra el rey Juan Carlos I en 1995 en la isla de Mallorca.

Torturas

Las denuncias de torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad han sido una constante en estos más de 50 años. Una práctica que ha provocado nueve sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ocho de ellas contra ciudadanos vascos, y la última, del 13 de febrero, especialmente significativa.

Se trata de los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, que atentaron en la T-4 en 2006 y denunciaron haber sufrido malos tratos tras ser detenidos por la Guardia Civil el 6 de enero de 2008 en Arrasate. Por primera vez, el TEDH llegó al fondo del asunto y obligó al Estado a indemnizar a Portu con 30.000 euros y a Sarasola con 20.000 euros por no haber investigado lo suficiente las denuncias de torturas. Después de que la Audiencia de Gipuzkoa condenara a cuatro guardias civiles por este caso, el Tribunal Supremo les absolvió, lo que ratificó el Constitucional.

Presencia de las FSE en Euskadi

La adecuación de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado presentes en Euskadi al nuevo tiempo sin violencia de ETA, y que la Ertzaintza asuma las competencias plenas como policía integral que le atribuye el Estatuto de Gernika, han sido una reivindicación constante desde que la banda anunció el fin de su actividad en octubre de 2011. Sin embargo, el Ministerio del Interior se resiste a su retirada para garantizar, dice, la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.

Si en 2008 los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en el País Vasco sumaban 4.271, tres años después la Guardia Civil contaba con 3.083, la Policía española otros 1.528 y el Ejército, 1.692. En la actualidad, esa cifra se sitúa en 5.137 agentes, de los que 2.369 son guardias civiles, 1.317 policías y 1.481 militares.

Respecto a sus funciones, el Gobierno del PP defendió en una respuesta parlamentaria del pasado marzo que las FSE vienen realizando “cuantos controles e identificaciones han sido necesarios” para “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de infracciones penales y el cumplimiento de las leyes”. Agregó que las actuaciones policiales y controles “se ponen en práctica de forma esporádica, en lugares y por espacios temporales puntuales” para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores.

La 'Doctrina Parot'

Es el nombre con el que se conoce la jurisprudencia establecida en la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006 tras un recurso del miembro de ETA Henri Parot, según la cual la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplicaba respecto a la condena total y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.​ En 2013, el TEDH resolvió que la aplicación de la doctrina Parot con carácter retroactivo vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos;las reducciones empezaron a aplicarse sobre el máximo tiempo de permanencia, lo que provocó la liberación de muchos reclusos.

Secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

El secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997 marcó un antes y un después en la lucha contra ETA por la indignación que generó en todo el Estado tras culminar de forma fatal el ultimátum de 48 horas que los terroristas trasladaron al Gobierno español para que liberara a sus presos.

El 13 de julio de 1997, a las 4.30 de la madrugada, murió el joven edil tras haber pasado 12 horas en coma irreversible después de haber recibido dos tiros en la nuca. Un terrorista, ya fallecido, le sujetó mientras Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, le disparó dos tiros a corta distancia en la cabeza. Fue el segundo el que le mataría. Irantzu Gallastegi Sodupe, Amaia, la tercera miembro del comando, se quedó dentro del coche mientras ejecutaban al secuestrado. El grupo armado hizo oídos sordos a la mayor movilización que se había registrado hasta ese momento en España contra una acción terrorista y cumplió su amenaza.

La 'Vía Nanclares'

La vía Nanclares comenzó en el año 2011 con el PSOE en el Gobierno español, con el objetivo de que los presos de ETA rompieran con la disciplina de la organización. 30 reclusos, entre ellos algunos de los jefes históricos de la banda como Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola, Txelis o Kepa Pikabea, entre otros comenzaron a acogerse a beneficios penitenciarios. Lo hicieron a través de la vía que lleva el nombre de la prisión alavesa en la que estaban recluidos y que exigía varias condiciones: pedir perdón a las víctimas, desvincularse de la violencia, asumir el daño causado y comprometerse a reparar a las víctimas.

Garzón y la Doctrina del 'Todo es ETA'

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón impulsó una estrategia que, por vez primera, actuó contra lo que denominó el entorno de ETA, es decir, todas las estructuras que a su juicio le daban apoyo. Ello tuvo como punto álgido la ilegalización, culminada en marzo 2003 por el Tribunal Supremo, de HB y sus sucesoras EH y Batasuna, en aplicación por primera vez de la Ley de Partidos. Los partidos y candidaturas electorales ilegalizados desde entonces incluyen AuB, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak, ANV, EHAK-PCTV...

Macrojuicio 18/98

En la estrategia contra el denominado “entorno de ETA” fue especialmente significativo el juicio derivado del sumado 18/98, el más largo celebrado en la Audiencia Nacional contra acusados de vinculación con ETA: se inició el 21 de noviembre de 2005 y concluyó el 15 de marzo de 2008.

En la primera sesión se sentaron en el banquillo 56 de los 64 encausados inicialmente. La petición inicial de 927 años de cárcel presentada por el fiscal se redujo a un total de 484 años. El juicio supuso el final de una investigación abierta por el juez Garzón en 1998, que incluyó el cierre del diario Egin.

Pacto antiterrorista

El Pacto de Lizarra, de septiembre de 1998, comprometía a todos los partidos nacionalistas vascos a avanzar hacia la soberanía mientras ETA declaraba una tregua. En respuesta, el PP y el PSOE acordaron en el año 2000 un Pacto Antiterrorista que acarreó la Ley de Partidos con la que se ilegalizó a Batasuna. El 21 de enero de 2000 ETA volvió a atentar, asesinando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco. A pesar de que las principales fuerzas del Pacto de Lizarra condenaron el atentado,​ Herri Batasuna se abstuvo de hacerlo, lo que provocó la extinción del pacto y las críticas de ETA a los firmantes.

La IA: ilegalización y evolución

Tras perder la mitad de sus escaños en las elecciones autonómicas de 2001, Batasuna fue ilegalizada mediante la Ley de Partidos. La respuesta social masiva contra la banda armada tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que dejaron en la irrelevancia a ETA, acentuaron esta sensación de estar contra las cuerdas.

En este contexto, una encuesta de 2007 del Euskobarómetro señalaba que el apoyo total a ETA desde la izquierda aber-tzale había bajado de un 20% a un 2%. La detención sucesiva de los miembros de la cúpula de la banda a partir de 2008 allanaron el camino y, en febrero de 2010, las bases de la izquierda abertzale aprobaron por amplia mayoría el documento Zutik Euskal Herria, que abogaba por el final del terrorismo.

La nueva marca Sortu, creada en febrero de 2011, rechazaba de forma explícita en sus estatutos el terrorismo, tras lo que pudo concurrir a las municipales de mayo de ese año. Cinco meses después, ETA anunció su cese definitivo.

Zapatero abre la vía al diálogo

El líder histórico de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, venían manteniendo desde 2001 conversaciones secretas encaminadas a propiciar el fin de ETA. La llegada al poder del PSOE en marzo de 2004, tres días después de la masacre yihadista en Madrid, acabó contribuyendo a un cambio de estrategia. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó claro que negociaría con la organización si esta dejaba la violencia, una posición avalada por una resolución aprobada por el Congreso de los Diputados el 17 de mayo de 2005 por todas las fuerzas políticas exceptuando el opositor PP.

Zapatero y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, plantearon la negociación en el marco del Pacto de Ajuria Enea de 1988: con ETA solo se negocia paz por presos, mientras que las cuestiones políticas se circunscriben a una mesa de partidos. El proceso de negociación de 2006 entre PNV, PSE y Batasuna tuvo lugar en el santuario de Loiola, aunque tan solo duró nueve meses. Una gran explosión en el aeropuerto de Barajas en la víspera de Nochevieja cogió a todos los agentes políticos a contrapié.

ETA dinamita el Proceso de Paz

La entrada en vigor del primer “alto el fuego permanente” de ETA, el 24 de marzo de 2006, pareció abrir la puerta de la esperanza a una paz definitiva. No obstante, esas expectativas se vieron truncadas nueve meses después, cuando el 30 de diciembre la banda hizo estallar un coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que costó la vida a dos ciudadanos ecuatorianos.

El Gobierno español dio por fracasado el diálogo, pero la explosión de la T-4 acabó contribuyendo al final de la banda. Tras la ruptura formal de la tregua en junio de 2007, ETA inició su última campaña de atentados, pero la izquierda abertzale ya caminaba, por vez primera, de forma independiente y estaba decidida a convencer a la organización de que echara el cierre. Los continuos golpes policiales contra su cúpula contribuyeron a ello.

Conferencia de Aiete

El grupo de expertos internacionales encabezado por el expresidente de la ONU Kofi Annan y que incluía a Gerry Adams y Jonathan Powell, entre otros, presentó el 17 de octubre de 2011 en Aiete una declaración de cinco puntos que recibió el respaldo de la mayoría política y social vasca. En el primer punto se pedía a ETA que dejara la lucha armada, y en los tres restantes reclamaban el reconocimiento de las víctimas, la reconciliación y el diálogo político. Tres días después de esa petición llegó la respuesta de la banda, en forma de anuncio de cese de la violencia.

Cese definitivo de la actividad armada

Tras la pista de aterrizaje que supuso la Conferencia de Aiete, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, lo que supuso el fin de los atentados. En su comunicado, la organización expresó un “compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada”, al tiempo que pidió a los gobiernos español y francés un “diálogo directo” con objeto de llegar a una solución de “las consecuencias del conflicto”. El entonces presidente español José Luis Rodríguez Zapatero compareció una hora después destacando que se trataba de un triunfo “definitivo y sin condiciones” del Estado de Derecho.

Escenifica en Baiona la entrega de armas

Un hito en el camino hacia la desaparición definitiva de ETA fue la entrega de su arsenal que escenificó el 9 de abril de 2017 en Baiona. En total, puso en manos de la Policía francesa 118 pistolas, rifles y armas automáticas, 2.875 kilos de explosivos y 25.700 elementos de detonación y munición que estaban ocultos en ocho depósitos, cuya localización fue facilitada ese mismo día por miembros de la Comisión Internacional de Verificación. A este paso le siguió, el pasado 25 de abril, la cesión también en Baiona de tres cajas con armas.

Proceso de debate en las cárceles

La situación de los presos de ETA es una de las consecuencias más importantes del conflicto, en la que el colectivo oficial de reclusos, EPPK en sus siglas en euskera, ha seguido su propio proceso de reflexión y debate. Consecuencia del mismo ha sido la asunción, por primera vez en su historia, de la petición de beneficios penitenciarios. Según el Foro Social, si bien el 96% de los reclusos se encuentran en situación de primer grado, la mayoría ya están solicitando su paso a segundo grado. Pese a que la mayoría de estas demandas son rechazadas con el argumento de que se trata de miembros de “una organización terrorista no disuelta”, varios de estos reclusos han presentado ya recurso a la propia Junta de Tratamiento e, incluso, tras una nueva denegación, a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

ETA pone punto y final a su trayectoria

ETA anunció ayer por carta que ha dado por finalizado su ciclo histórico y su función, y que ha desmantelado “completamente todas sus estructuras”. En la misiva en euskera, fechada el pasado 16 de abril y remitida por la organización a varias instituciones y agentes políticos, hace pública su decisión de poner “fin a su recorrido”, adoptada después de un debate interno. El contenido de esta carta se conoció en la antesala del acto que se celebrará mañana en Kanbo con motivo de la disolución de ETA, organizado por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social Permanente y Bake Bidea.

La organización terrorista expone que, “como consecuencia del cambio estratégico de toda la izquierda abertzale, ETA ha llevado a término el proceso iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria”. Advierte en su escrito de que, si bien da por terminado su “ciclo histórico de 60 años”, el conflicto político no ha concluido y responsabiliza a los estados español y francés de haber alargado ese proceso y haber prolongado con ello el sufrimiento. “El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA”, zanja.

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