viernes, 18 de mayo de 2018

Egaña | Víctima

El régimen español está recurriendo a las "asociaciones de víctimas" para lo mismo organizar una gira en contra del euskera por el sur de Nafarroa que para ser la excusa detrás de las incautaciones de bienes a expresos políticos vascos.

Agradecemos pues que Iñaki Egaña aborde el tema con este texto dado a conocer en su perfil de Facebook:


Iñaki Egaña

En esa indeseada "batalla del relato", nos encontramos con un término manido, reflejado en intereses políticos, cuyo uso, al menos en los términos que auspicia Naciones Unidas, no concuerda con el que aparece en los medios que regularmente nos ofrecen su versión de la realidad. Más aún ahora, que parece llegada la hora de volver la vista atrás para hacer un recuento efectivo.

En la simplicidad, entendemos a la víctima, y no es una definición académica, como la persona o colectivo que sufre un daño. Las definiciones del término en las diversas culturas tienen un significado y amplitud diverso. En euskara y, según Euskaltzaindia, el término es relativamente reciente ya que comenzó a aparecer en Euskal Herria el siglo XVIII en escritos religiosos relacionados con la Iglesia católica.

La primera definición que ofrece el Diccionario de la Academia española hace referencia a "personas o animales destinadas al sacrificio". La Academia francesa ofrecía ya en el mismo siglo XVIII, y en las revisiones posteriores, una definición similar a la citada: "ser vivo inmolado para la divinidad". El diccionario Oxford, en inglés, ofrece una reflexión más cercana al uso contemporáneo: "Persona perjudicada, herida o muerta, como consecuencia de un delito, accidente u otro evento o acción". Añade que el término comenzó a usarse en el siglo XV para designar a los animales donados en sacrificio, precisamente por su origen, del latín.

Al margen de estas cuestiones etimológicas, el mayor interés que suscita en la actualidad el término "víctima" es el referido a aplicaciones en contextos políticos y sociales: de género, de abusos de poder, del Estado, del terrorismo, etc. La ONU abordó por vez primera la cuestión y su definición en el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y del Delincuente (1980). La primera definición abrió la puerta a otras más apropiadas a nuestro tiempo: "víctima es aquella persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos humanos como resultado de una conducta que constituya una violación de la legislación penal nacional (un delito); suponga un delito tipificado como tal por el Derecho Internacional (es decir, que constituya una violación de los principios relativos a los derechos humanos reconocidos internacionalmente); que de alguna forma, implique un abuso de poder por parte de individuos que ocupen posiciones de autoridad política o económica".

La complejidad del tema, de los victimarios y de las víctimas, estaba en candelero por su uso casi exclusivamente reflejada en términos militares, fuera de su acepción con el delito común. Incluso, la comunidad internacional aceptaba términos tales como el de "victimas colaterales" por un uso histórico del mismo. Sin ningún tipo de connotación más allá del bélico. Las cifras de los conflictos bélicos del siglo XX se referían a lo sumo, a "victimas civiles", justificadas por una causa mayor.

Los congresos siguientes de Naciones Unidas tuvieron un profundo debate sobre el concepto con intervenciones incluso de líderes nacionales. Así, Fidel Castro, que habló en nombre de Cuba, hizo una semblanza de su opinión: "En muchas partes del mundo subsisten violaciones de derechos humanos fundamentales. Las ejecuciones sumarias, las desapariciones y la práctica sistemática de la tortura siguen imponiendo una pesada carga sobre la conciencia del mundo. El terrorismo sigue cobrando su precio y la injusticia social agrava las penurias de quienes no tienen esperanzas. Los habitantes de grandes ciudades de diversas partes del mundo viven en una permanente sensación de inseguridad, resultado de la proliferación del delito que hace de la vida cotidiana una difícil experiencia. Vastos sectores de la población que sufren las desigualdades que entraña una marginalización cada vez mayor, asociada a la brecha cada vez más profunda entre ricos y pobres, son además víctimas de la criminalidad desatada y a veces se ven arrastradas a ella".

Por tanto, las interpretaciones se asociaron en torno a tres grandes ideas, la de las víctimas de delitos sociales, las relacionadas con abusos de poder y, por último las causadas por violaciones de derechos humanos. Fruto de esas reflexiones, Naciones Unidas clasificó a dos grupos de víctimas: "Víctimas de delitos", aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daño, incluídas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluída la que prescribe el abuso de poder.

Y en un segundo grupo las "Víctimas de abuso de poder", aquellos individuos o colectivos que hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que aunque no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, sí violen normas internacionalmente reconocidas y relacionadas a los derechos humanos.

La profundización en estos dos grupos llevó a que Naciones Unidas ofreciera una extensa lista de las que son víctimas de violaciones de derechos humanos, el fondo de la discusión, que afecta, por otro lado, a todas las partes implicadas en cada una de las tipologías, tanto las de carácter social como las de política, es decir a aquellas cuestiones que serían tipificadas como "delito". Esta lista es exhaustiva y comprende a víctimas de cerca de 50 cuestiones, desde el abuso de menores hasta violaciones a los derechos colectivos.

En España y Francia, a pesar de que participaron en las discusiones, el concepto no fue extendido en la dimensión que propugnaba Naciones Unidas. El conflicto vasco matizaría las interpretaciones, por ambos lados, los estados y la disidencia, creando interpretaciones que aún hoy permanecen en el debate. Por poner algunos ejemplos, el Plan de Paz y Convivencia del Estado del Gobierno de Gasteiz, presentado en noviembre de 2013, considera víctimas de "contraterrorismo" a las víctimas del Estado, al contrario que en Argentina o Chile, donde son consideradas en la dimensión auspiciada por la ONU. España, asimismo, ofrece un concepto muy restrictivo de víctima, acotado, por otro lado, en el tiempo, el nacimiento de ETA. El paradigma de la postura del Estado español al respecto fue la misiva enviada en 2011 por Antonio Basagoiti, eurodiputado por el PP en el Parlamento europeo, a Kofi Anan, ex secretario de la ONU: "la realidad española es que ETA ha asesinado a 857 personas y los que defendemos la unidad de España, cero".

En un debate abierto al día de hoy, las directrices de Naciones Unidas definirían, en el caso vasco, un abanico de víctimas aún sin reconocer en su complejidad. En la actualidad, Naciones Unidas tiene abiertos cuatro grupos de trabajo y 9 órganos, a partir de diversos tratados sobre los Derechos Humanos y, por extensión, las víctimas. De ellos, cuatro tienen especial interés en el caso vasco: Comité de Derechos Humanos (CCPR), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Comité contra la Tortura (CAT) y Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

En el primero de los apartados estarían, entre otras, las víctimas causadas por ETA y otras organizaciones armadas vascas, no sólo las mortales, o las heridas, sino también aquellas que hubieran sufrido extorsión, secuestro, etc. También las causadas por el Estado, no sólo nominalmente, sino también las víctimas causadas por ver negados sus derechos de asociación, de libertad sindical, el derecho a manifestación, el uso del euskara, el sufragio, la libertad de prensa. Ya el franquismo, negaba la igualdad de género y sustentaba su actividad política en el Ejército. Algo que, a pesar de haber salido de la oficialidad jurídica, sigue estando vigente.






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