¿Por Qué los Niños?

¿Qué necesidad hay de asesinar en masa a niños?

La respuesta la podría dar cualquier mando militar israelí.

Pero ahí queda, colgando en el aire.

Les compartimos este reportaje publicado por el New York Times con el que viajamos en el tiempo a uno de los periodos más sangrientos del intervencionismo estadounidense en América Latina:

Los sobrevivientes de la masacre de El Mozote preguntan: ‘¿Por qué tenían que matar a esos niños?’

Elisabeth Malkin | Colaboración de Gene Palumbo

Una vez que los soldados se fueron, los sobrevivientes salieron arrastrándose de los barrancos y cuevas donde se habían escondido durante la matanza y se enfrentaron con un paisaje convertido en ruinas. Algunos trataron de enterrar rápidamente los cadáveres calcinados de sus madres y sus hijos. Luego huyeron.

Durante décadas, estos testigos vivieron en silencio el duelo por la masacre en el pueblo salvadoreño de El Mozote y los caseríos aledaños. Sin embargo, tras un fallo reciente de un tribunal, finalmente han comenzado a hablar públicamente, describen los lúgubres detalles de los cuatro días de diciembre de 1981 cuando unidades del Ejército salvadoreño, entrenadas y equipadas por Estados Unidos, mataron a casi mil personas en la masacre más grande de la historia latinoamericana reciente.

“Dios nos ha dejado de puro milagro para que contemos qué pasó”, dijo Dorila Márquez, de 61 años, sentada en la terraza techada de la casa reconstruida de la que huyó con su esposo y sus hijos pequeños cuando tenía 25 años. Mientras la joven familia se alejaba corriendo ese día, oía gritos y disparos a sus espaldas.

Los sobrevivientes como Márquez tenían pocas esperanzas de ver llegar la justicia algún día. No obstante, un juez provincial ha reabierto un juicio inactivo durante mucho tiempo de la masacre en El Mozote y ha ordenado a los comandantes retirados del Ejército que alguna vez sembraron el terror por El Salvador a escuchar los cargos en su contra por crímenes de guerra en la sala del tribunal de cuarenta asientos.

“¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tenían que matar a las criaturas?”, preguntó Márquez, reviviendo su ira y su pena en el momento en que finalmente vio a los generales en el tribunal.

La masacre ocurrió en medio de un conflicto en El Salvador que se convirtió en un foco particular de la guerra de Washington en contra del comunismo durante la última década de la Guerra Fría.

Tan pronto como Ronald Reagan asumió el cargo de presidente de Estados Unidos en enero de 1981, aumentó la ayuda militar y envió instructores de las Fuerzas Especiales a El Salvador, cuyo Ejército combatía a las guerrillas de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, o FMLN.

En diciembre de ese año, el Ejército salvadoreño echó a andar una campaña para sacar a los insurgentes de las montañas al norte del departamento oriental llamado Morazán. De acuerdo con recuentos de una comisión de la verdad de las Naciones Unidas y una sentencia posterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el operativo comenzó con un bombardeo aéreo y de artillería a El Mozote antes de que los soldados llegaran el 10 de diciembre y empezaran a interrogar a los lugareños sobre la guerrilla.

A la mañana siguiente, ordenaron a todos que fueran a la plaza del pueblo, separaron a los hombres de las mujeres y empujaron a los niños hacia la edificación conocida como el convento, al lado de la iglesia del pueblo.

A lo largo del día, los soldados ejecutaron metódicamente a todo el pueblo. Mataron a los niños al final: descargaron una lluvia de balas hacia el convento y luego le prendieron fuego. Una exhumación llevada a cabo más de una década después encontró los restos de por lo menos 143 víctimas en ese edificio. Su edad promedio era de 6 años.

Ese mismo día, los soldados continuaron su camino hacia La Joya, un caserío enclavado en un valle, donde arrastraron a los habitantes fuera de sus casas, les dispararon e incendiaron sus viviendas.

Después de que el gobierno y el FMLN firmaron los acuerdos de paz en 1992, una comisión de la verdad respaldada por las Naciones Unidas describió 32 casos de abuso de derechos humanos durante la guerra civil, incluyendo el de El Mozote, y señalaron a aquellos que los investigadores consideraban responsables.

Cinco días después de que la ONU emitió su informe en 1993, la asamblea nacional de El Salvador otorgó una amnistía por los crímenes de guerra cometidos durante esta. Así, la impunidad ante las atrocidades cometidas —85.000 civiles fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto— ahora estaba consagrada por la ley y parecía que los líderes militares seguirían siendo intocables.

Eso llegó a su fin hace dos años, cuando la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló la amnistía.

Los abogados de los sobrevivientes le pidieron a un juez provincial reabrir un caso que había comenzado en 1990, y él aceptó.

Aunque el caso de El Mozote es una de las pocas excepciones en las que la evidencia se recopiló antes de la ley de amnistía, procesar un crimen que sucedió hace más de 35 años no será sencillo.

“La ley de amnistía fue perniciosa”, dijo Naomi Roht-Arriaza, profesora de Derecho del Hastings College of the Law de la Universidad de California, quien sigue las violaciones históricas a los derechos humanos en América Latina. “En este momento estamos en un punto en el que los tribunales dan inicio a estos casos en condiciones muy difíciles en términos de las evidencias”.

Sin embargo, para muchos testigos, los eventos siguen grabados en su memoria.

En el ataque a La Joya, los soldados mataron a veinticuatro familiares de Rosario López, de 70 años, incluyendo a sus padres, dos hermanas, así como diecisiete sobrinos y sobrinas.

Cuando comenzó el tiroteo, su esposo, José de los Ángeles Mejía, ahora de 72 años, subió a sus tres hijos a una montaña para que se escondieran y luego regresó por su esposa. Ambos escaparon por muy poco de los soldados.

“Yo oía la bulla, las oraciones y quedito por el monte para abajo aquí”, dijo. “La tendalada de cipotes y que solo disparaban y algunos lloraban y otros ya no lloraban”.

Mejía bajó de la montaña cinco días después y se topó con el horror silencioso de La Joya. Encontró el cadáver de una de las hermanas de su esposa, su vestido levantado y su ropa interior aventada sobre una piedra. La cubrió.

Había cuerpos de niños apilados, sus rostros irreconocibles. “Lo que dije yo: ‘Qué barbaridad esto’”, recuerda.

Otro sobreviviente, José Amparo Martínez, de 66 años, regresó a La Joya a buscar a su madre días después de haber huido con su esposa y cuatro hijos pequeños. Encontró su cadáver bajo la madera derrumbada de su casa quemada. “Cada quien hacía su medio poquito para enterrar los huesos”, dijo.

Después de estar en La Joya, los soldados fueron hacia los pueblos circundantes y mataron a 978 personas en total. Casi la mitad de las víctimas tenía menos de 12 años, de acuerdo con registros gubernamentales proporcionados a finales del año pasado a El Faro, un periódico en línea de San Salvador.

La matanza tuvo las características de un genocidio, dijo el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador, la capital. “El país tiene que ser consciente de la brutalidad y en una democracia la conciencia de la brutalidad se reconoce a través del sistema judicial”, dijo. “Es la única manera de reconocerlo”.

Conforme el juicio se ha ido desenvolviendo en la cabecera departamental de San Francisco Gotera, la evidencia entregada por los sobrevivientes ha ayudado a establecer lo que sucedió. Aun así, todavía se debe esclarecer por qué los soldados mataron a los civiles tan despiadadamente y quién les ordenó hacerlo.

Dieciocho ancianos están enfrentando cargos preliminares por asesinato, violación agravada y terrorismo, acusados de ser los arquitectos y ejecutores del asalto de tierra quemada.

“Lo interesante de este juicio es que los defensores de las víctimas por fin han llegado a la parte superior de la cadena de mando”, dijo Terry L. Karl, un politólogo de la Universidad Stanford que estudia a El Salvador. “Esperemos que el juicio brinde un mayor entendimiento sobre cuál fue la estrategia militar y por qué murieron estas familias”.

En la parte superior de la pirámide de quienes enfrentan el juicio está un general retirado, José Guillermo García Merino, de 84 años, quien desempeñó el cargo de ministro de Defensa de 1979 a 1983.

Estados Unidos le otorgó asilo en 1990, pero lo envió de regreso a El Salvador en 2015. En la sentencia del tribunal migratorio que ordenó su deportación, el juez Michael C. Horn rechazó el argumento de García de que esos abusos habían ocurrido sin su conocimiento o en contra de sus órdenes. Por el contrario, escribió el juez, las atrocidades fueron parte de las “políticas militares deliberadas” de García.

Durante décadas, el Ejército salvadoreño negó que hubiera ocurrido algo en El Mozote. Seis semanas después de la masacre, The New York Times y The Washington Post publicaron relatos de testigos, pero el general García le dijo al embajador de Estados Unidos que esos reportajes solo eran propaganda marxista, según documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos publicados por el periodista Mark Danner en su libro de 1994 sobre la masacre.

Lizandro Quintanilla, un importante abogado defensor que representa a uno de los acusados, el general retirado Walter Salazar, dijo que aún hay preguntas sobre lo ocurrido en El Mozote y que era imposible vincular los restos exhumados con los comandantes enjuiciados.

“No es una historia de la cual se pueda colegir responsabilidad alguna”, dijo Quintanilla, “y menos para mi cliente o los imputados”.

Los militares han aparecido en el tribunal una vez para escuchar los cargos en su contra. Los sobrevivientes los miraron en silencio.

“No sentí miedo, sino que sentí un coraje que yo deseaba, algo como cólera más bien dicho”, dijo López, una de las testigos presentes en el tribunal. “Que deseaba decirles algo pero como en frente del juez no se puede hablar nada”.

El juicio podría extenderse hasta 2019, de acuerdo con el juez, Jorge Guzmán Urquilla, quien dijo en una entrevista que está comprometido con un juicio justo y con descubrir la verdad para los sobrevivientes.

“No puede quedar en la historia de mi país, no pueden quedar esos huecos, no pueden quedar esos agujeros”, dijo Guzmán. “Son como como huecos, son como agujeros que tienes que ser llenados”.

Para las víctimas, el juicio podría responder finalmente preguntas esenciales, dijo María Sol Yañez, una psicóloga social de la Universidad Centroamericana.

“Los sobrevivientes dicen que no saben ni a quién darle el perdón”, dijo, y añadió algo que ha escuchado a los testigos decir: “¿Qué estábamos haciendo para que quisieran hacernos tanto daño?”.

La explicación podría yacer en los archivos militares, pero el Ejército ha dicho a la corte que no existen registros del operativo. Lo que sí podría ayudar a desvelar los secretos militares son registros guardados lejos de El Salvador.

El apoyo estadounidense significa que “los archivos de EE. UU. están a reventar de información sobre la masacre de El Mozote”, dijo Kate Doyle, una experta sobre El Salvador del Archivo Nacional de Seguridad, una organización que busca desclasificar documentos gubernamentales.

El gobierno de Clinton divulgó muchos registros, pero Doyle dijo que todavía hay más que El Salvador podría pedir a Estados Unidos que desclasifique.

Hoy en día en El Mozote, los niños andan en bicicleta por la plaza, a solo unos pasos del monumento en honor a las víctimas. Algunas están identificadas solo como “Hijo” o “Hija” junto con los nombres de sus padres. No quedó nadie que supiera sus nombres.

Unos cuantos sobrevivientes han regresado después de décadas.

Sofía Romero Pereira, de 55 años, fue violada por unos soldados unas cuantas semanas previas a la masacre y huyó del pueblo. No regresó sino hasta 2010. Sus padres y cuatro hermanos fueron asesinados y por mucho tiempo temió no poder soportar los recuerdos de su madre.

“Recordar es volver a vivir el pasado”, dijo Romero, ahora capaz de repetir su historia tantas veces como sea necesario para obtener justicia.

Encontrar justicia también es algo que ha motivado a Márquez, la mujer que escapó con su familia en 1981 y ha liderado los esfuerzos del pueblo para finalmente hacer que los responsables paguen.

Mirando hacia un jardín de bambúes y naranjos, habló de los hombres que destruyeron su pueblo. “Van a enfrentar a Dios, pero también tienen que respetar las leyes”, dijo Márquez. “¿Qué es la ley si no se respeta?”.

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