Concluye Juicio a Batasuna

Los españolazos lloraron lágrimas de cocodrilo tras la muerte de Nelson Mandela. Los medios de comunicación del estado español insistieron en recordar al público que Madiba había derrotado al Apartheid. Curiosamente, esos mismos españolazos son los que se han dedicado a perseguir, hostigar y eventualmente ilegalizar a partidos y listas electorales que han privado a un alto porcentaje del electorado de Hegoalde de sus derechos políticos, o sea, apartheid. Al respecto, la comunidad internacional a guardado cómplice silencio en el mejor de los casos, y en el peor, ha justificado el apartheid vía el TEDH en Estrasburgo.

Pues bien, aquí les presentamos esta nota que ha publicado Gara con respecto a la finalización del juicio en contra de Batasuna por supuestamente ser el brazo político de ETA, dicho juicio solo duro trece años. Si tenían pruebas tan contundentes que hasta Estrasburgo validó el asunto, ¿por qué ha tardado tanto? ¿dónde ha quedado el principio jurídico democrático denominado justicia expedita?

Todo es una macabra farsa.

Aquí tienen la nota:

La demanda de paz y diálogo cierra el juicio a Batasuna doce años después

El largo proceso político contra Batasuna concluyó ayer, tras doce años de causa y cinco meses de vista oral, con la última palabra de los encausados, a cargo de Floren Aoiz. En su intervención, el exparlamentario navarro reivindicó los derechos políticos, instó a la absolución de los encausados y realizó un alegato a favor de la resolución del conflicto a través del reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco.

«Desde la confianza en nuestra sociedad y su determinación de seguir adelante por muchos obstáculos que encuentre en el camino, queremos hacer un llamamiento a los poderes del Estado español a cambiar de actitud. Terminamos con una invitación a que reconozcan el derecho del pueblo vasco a decidir su futuro y se comprometan con la superación de las consecuencias del conflicto». Con estas frases de Floren Aoiz, que pronunció la última palabra en nombre de los 32 acusados, el macrojuicio contra Batasuna quedó visto para sentencia. De este modo, un alegato político que reclamaba paz, diálogo y compromiso para resolver el conflicto, ponía fin a un proceso político que Baltasar Garzón abrió hace doce años y que durante los últimos cinco meses ha celebrado su vista en la Audiencia Nacional española. Después de que el fiscal, Vicente González Mota, retirase el jueves la acusación contra nueve imputados, rebajase la petición de cárcel para el resto pero exigiese una condena general contra HB y las defensas insistiesen reclamar la absolución, la última palabra la tiene la sala, que podría pronunciarse en un plazo de tres meses.

«Se nos acusa por nuestras ideas y por nuestras actividades políticas, pero presentado por las acusaciones según la lógica del «todo es ETA»», arrancó Aoiz, recordando que «las discusiones políticas no deben dirimirse en los tribunales de justicia». «Defender la independencia de Euskal Herria y apostar por la transformación social es, sencillamente, nuestro derecho y nadie puede pretender arrebatárnoslo», sentenció el exparlamentario navarro, quien otorgó a la sociedad vasca la legitimidad para enjuiciar las ideas defendidas por la izquierda abertzale . «Nuestro pueblo ya se ha expresado contundentemente en contra la de la criminalización de la política», recordó, haciendo mención a los diferentes pronunciamientos de partidos y sindicatos que ayer mostraron su solidaridad con los encausados en el 35/02. «Es la sociedad vasca la que debe tener la última palabra sobre la valoración histórica de cada corriente política y, sobre todo, acerca de su futuro como pueblo», reiteró, haciendo mención al intento de la Fiscalía y acusaciones populares (AVT y Dignidad y Justicia) de convertir un proceso por «integración en ETA» en una causa general contra las plataformas electorales de la izquierda abertzale y su historia.

Compromiso o cerrazón

Tras reivindicar los derechos civiles y políticos («devastados» en esta causa, según palabras de Iñigo Iruin), Aoiz también lanzó un mensaje a Madrid: «Nuestro pueblo ha valorado y aplaudido el compromiso con una nueva etapa de soluciones y asiste con estupor e indignación a la intransigencia y cerrazón, cuando no involución, de otros agentes, especialmente de las instituciones del Estado español, una y otra vez invitadas a ser parte activa de la solución».

No dejó pasar por alto la oportunidad para denunciar la utilización del proceso en términos políticos. La vista oral ha demostrado cómo la causa se reactivaba o se frenaba dependiendo de la coyuntura, lo que llevó a Aoiz a denunciar su uso como «escenario donde alardear de su inmovilismo y revanchismo». Una actitud que, a juicio del militante independentista, evidencia el deseo de «intentar ganar en los tribunales las batallas perdidas en el plano político».

«Vaciar las cárceles»

«Estamos en un nuevo tiempo», defendió, reivindicando el papel de los imputados, junto a miles de personas, en la apertura de «una ocasión histórica para un tiempo de paz». «Lejos de atender las nuevas circunstancias, las acusaciones convierten el juicio en un intento de dinamitar las expectativas», lamentó.

«No es momento de llenar las cárceles, sino de buscar el modo de vaciarlas, afrontar el conflicto político de fondo y cerrar la etapa de confrontación violenta atendiendo todas sus consecuencias», reivindicó Aoiz, que insistió en que «no cabe otra opción que la absolución» y el fin de los juicios políticos. «Aquí no hay tramas ni entramados, aquí estamos mujeres y hombres que queremos vivir en paz, que queremos la libertad de nuestros pueblo, para que nunca jamás nadie sea juzgado ni perseguido por sus ideas», resumió.

A juicio de Aoiz, es la «obsesión de las acusaciones» por seguir adelante con el proceso lo que «obliga al tribunal a posicionarse (una referencia que, en un primer momento, amagó con cortar por considerar que la sala todavía no se ha pronunciado)». Aoiz, no obstante, dejó claro que «han forzado al tribunal a enfrentarse a este desaguisado jurídico, haciendo caso omiso a la voluntad del pueblo vasco y e empujándole a formar parte del problema o de la solución». Ahora, la última palabra está en manos de los tres magistrados.

De Rosa Díez al subdelegado de Madrid

En la primera jornada del macrojuicio contra Batasuna, el 17 de octubre de 2013, el despropósito de la instrucción sobre las «herriko tabernak» quedaba evidenciado por la situación de la asociación Askabide, una agrupación de apoyo a personas que ejercen la prostitución en Bizkaia que había permanecido durante once años en el proceso pese a los reiterados avisos de sus abogados por explicar en la Audiencia Nacional que se había confundido el nombre con el de una sociedad cultural. Ayer, con las intervenciones de los últimos letrados en representación de las sociedades culturales, quedó de manifiesto que el intento de englobarlas bajo un todo caía por sí solo atendiendo a la composición de sus miembros. Por ejemplo, la representante de la asociación cultural de Sodupe encausada señaló que, entre los fundadores del grupo, se encontraba incluso Rosa Díez, exconsejera de Turismo del Gobierno de Lakua en sus tiempos de militante del PSE y actual diputada por UPyD, donde ha convertido la defensa de la «unidad de España» en el único eje de su discurso. No se quedaban aquí las casualidades. Desde un concejal de Euskadiko Ezkerra como firmante de otra asociación hasta el actual subdelegado del Gobierno español en Madrid, Antonio Sáenz de Santamaría (que habría participado en la compra de un local en Gasteiz), los ejemplos expuestos quebraban la teoría de la «dirección» por parte de Batasuna de las «herriko tabernak». Aún y todo, la clave está en el hecho de que, como se reiteró ayer, no se ha acreditado que estos locales sirviesen a la «financiación de ETA», que es el delito que se les imputa y por el que se pide el comiso de los bienes, según el escrito de acusación. Algunas asociaciones pedirán las costas a las acusaciones populares por los perjuicios en la causa.

Fin a cinco meses de viajes que abren otra «fase» del sumario político

«Esto es entrar a otra fase dentro de una cadena». Así explicaba uno de los encausados sus sensaciones al terminar la última sesión de un procedimiento judicial iniciado hace doce años y que en los últimos meses ha obligado a la mayoría de los encausados (salvo aquellos a los que sus circunstancias personales permitieron al juez exonerar de acudir diariamente a Madrid) a vivir entre Euskal Herria y la capital del Estado español. «Desde aquí, nada más salir, a 160 k/h hasta la vuelta», bromeaba otro. No se puede obviar que, además de los objetivos políticos que busca el Estado con macrojuicios de estas características, la obligación del desplazamiento a la Audiencia Nacional española también genera un impacto personal, tanto por la obligación de dejar puestos de trabajo y obligaciones como por las cargas familiares. De todos modos, el alivio de no verse obligados a bajar mensualmente a Madrid (con el desembolso económico que ello conlleva) también venía acompañado por una sensación de «mirar de reojo» a la futura sentencia, que podría llegar dentro de tres meses. Una incertidumbre que, en la sesión, también puso de manifiesto uno de los abogados defensores de las «herriko tabernak». Al enfilar el camino de regreso a casa, los acusados no quisieron dejar pasar la oportunidad de «agradecer» el apoyo brindado por los grupos de solidaridad con Euskal Herria. 

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