Presos Políticos y Fraude Electoral

Los medios de comunicación masiva repiten como loros la falacia de que en el estado español no existen presos políticos y que los vascos purgando condenas son delincuentes comunes.

La más reciente ofensiva en contra de el derecho del pueblo vasco a decidir en la que ocho vascos han sido ingresados en centros de detención por órdenes de Baltasar Garzón demuestra una vez más lo que con palabras huecas el estado español postula, sí hay presos políticos vascos, y la cifra se acerca ya a los 800.

De esto y de la serie de fraudes electorales que han tomado lugar en Euskal Herria desde la implementación por parte del PP y del PSOE de la Ley de Partidos nos habla la editorial de Gara:

Argumentos dudosos contra la ilegalización

Algunos políticos vascos acostumbran a valorar los efectos negativos de la Ley de Partidos sin considerar que de sus argumentos se derivan consecuencias políticas, consecuencias que nunca llegan a plasmarse en su práctica. Y esa falta de coherencia supone un descrédito para sus posturas y para la clase política en general. Sin duda habrá quien crea que son aún peor los silencios de quienes en otras ocasiones y ante la más mínima crítica o protesta en su contra recurren al alarido. Pero, visto lo visto, quizá sea mejor aceptar el mutismo que tener que soportar el cinismo.

Las declaraciones que han seguido a la detención y encarcelamiento de ocho independentistas vascos por el mero hecho de serlo han dado buenos ejemplos de esta dinámica. Por un lado, desde un punto de vista meramente humano, hablar de «electoralismo» cuando esas personas permanecen incomunicadas por delitos que hasta quienes eso afirman consideran políticos -más aún si tenemos en cuenta los precedentes que indicaban que, tal y como ha ocurrido, esas personas podían ingresar en prisión de manera indefinida- es ya significativo de una falta total de sensibilidad. Por otro lado, también es grave acusar al PSOE de intentar tapar otras noticias con esta operación y luego tapar la noticia con otras, como ha hecho el PNV ante una operación policial que afecta no sólo a 200.000 vascos y vascas, sino a tres millones.

Pero en términos políticos afirmar que este tipo de operaciones responden sólo a intereses electorales es aún más grave e irresponsable. Si tal y como afirman Urkullu, Egibar o Madrazo el objetivo de la Ley de Partidos -o cuando menos su aplicación- es alterar los resultados electorales de tal manera que ellos pierdan el poder, el único nombre que se puede dar a ese fenómeno es fraude electoral. Pero si eso es así, lo que deberían hacer no es denunciar los posibles pactos entre PSOE y PP, sino renunciar a participar en unas elecciones fraudulentas. O, a falta de arrestos para ello, dejar bien claro que ellos no pactarán con quienes hacen «trampas a la democracia».

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