Aquí les presento otro escrito publicado hoy por inSurGente en referencia al caso de tortura en contra de Igor Portu y los malabares semánticos a los que está recurriendo el estado español para negar y/o justificar su actuar criminal. El autor, Antón Corpas, recurre a la fuente más inusual para mostrar a que extremos se están llegando, recurre a El País.
Sin más, les dejo con el escrito:
Sin más, les dejo con el escrito:
Misterios del estado de derecho
por Antón Corpas
La Ley Antiterrorista se ha aplicado de una manera tan exquisita y escrupulosa que, con los datos que tenemos, solo caben dos versiones y cualquiera de ellas confirma los riesgos y la vulneración de garantías y derechos, que se han denunciado reiteradamente en torno a esta legislación.
La primera hipótesis y la que quieren eludir a toda costa desde Interior y la Guardia Civil, son los posibles malos tratos; presunción que alimentan las contradictorias explicaciones oficiales ofrecidas en pocas horas. Repasando las noticias previas al ingreso hospitalario de Igor Portu, ninguna hace referencia a un supuesto intento de huida ni al forcejeo al que se alude. Por otro lado, también les ha costado ponerse de acuerdo sobre el origen y la manera en que el detenido es golpeado o «se golpea». En este caso no hablo yo sino El País: «La primera versión señalaba que las lesiones de Igor Portu se produjeron en el momento de introducirlo en el vehículo policial. Posteriormente se dijo que el presunto terrorista había opuesto resistencia en el momento de la detención, que habría tratado de huir y que eso hizo necesario el empleo de la fuerza para reducirlo. Pero el parte médico es difícilmente compatible con esa descripción. También habría que precisar la secuencia horaria de los hechos. En concreto, cuándo y cómo se informó al juez del Olmo de la dureza del arresto y cuánto tiempo transcurrió entre esta comunicación y el examen del forense al detenido, que aconsejó su traslado al hospital». Las dudas son abrumadoras cuando el editorialista del diario de PRISA se hace estas preguntas que, por otra parte, son pertinentes en otros casos tanto como en éste.
Pero, como segunda hipótesis, si aceptamos la versión según la cual no han existido golpes posteriores a la detención, la inquietud es la misma. Según este relato el detenido habría sido interrogado durante 15 horas, aquejado de numerosas heridas y con un pulmón agujereado, sin recibir ningún cuidado sanitario y sin que médico alguno diagnosticara la gravedad de su situación. Seamos incluso benévolos pensando que debió haber algún facultativo que aconsejó cuánto tiempo podría soportar el detenido antes de recibir asistencia médica. No sé cuánto dolor físico y psicológico puede llegar a padecerse durante 15 horas, con una costilla rota, un pulmón perforado y hemorragia en un ojo, en mitad de un interrogatorio y sin acceso a nadie del exterior. Rubalcaba debería responder primero, en su baremo moral, a cuántos kilómetros de altura sitúa el umbral de la crueldad. Y, de camino, explicar si esto le parece poco para considerarlo tortura según se define ésta en la legislación internacional sobre la materia.
A la espera de una respuesta del ministro, buena es la ONU para esclarecer dudas. Según la «Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (Resolución 3452), tortura es «todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otra».
Dice el citado editorial de El País, dándose un golpe de pecho —tan fuerte que el autor corre el riesgo de autoinflijirse heridas similares a las de Igor Portu— que «la idea según la cual los malos tratos y la tortura son un mal inevitable cuando se trata de terrorismo no sólo es inaceptable moralmente sino un error confirmado por la experiencia. Nada favorece tanto la reproducción generacional del terrorismo como la imitación por parte del Estado de sus comportamientos».
Pero prevenir situaciones tan incómodas y desagradables como ésta, es relativamente sencillo. En uno de los 12 puntos que propone Amnistia Internacional para la prevención de la tortura «a manos de Agentes del Estado», la organización señala que «con frecuencia, la tortura y otros malos tratos tienen lugar mientras las víctimas se encuentran en régimen de incomunicación, incapacitadas para entrar en contacto con aquellas personas del mundo exterior que podrían ayudarlas o averiguar qué les está ocurriendo. Hay que acabar con la práctica de la detención en régimen de incomunicación».
Evitar casos como el de Igor Portu, depende, entre otras cosas, de la eliminación del aislamiento para cualquier tipo de detención, y en concreto de la derogación de la Ley Antiterrorista. Eso sí, una cosa son los discursos morales y otra es la vida real. Que la realidad no te estropee un buen discurso, y que un buen discurso no interfiera la necesidades de la política antiterrorista. El estado de derecho tiene sus misterios; como Dios, escribe con renglones torcidos, o puede que con costillas rotas o con pulmones perforados.
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