He aquí el editorial aparecido el día de hoy en La Jornada:
El anuncio formulado ayer por ETA de ordenar, a partir de mañana, un "alto al fuego permanente", orientado a "impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden" y a superar "el conflicto de largos años" y construir "una paz basada en la justicia", ha cimbrado a España, a Europa y al mundo. Sin ser el comunicado de autodisolución que muchos exigían al grupo terrorista vasco, la decisión expresa un punto de inflexión sin precedente en la dirigencia etarra, una señal definida de respuesta a los propósitos pacificadores gestionados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y un reconocimiento tácito de la inviabilidad de la violencia en la España contemporánea.
Tan reconfortante como el propio anuncio etarra ha sido el conjunto de reacciones, mayoritariamente positivas, que ha generado en la península. La más destacada es, desde luego, la de Rodríguez Zapatero, quien convocó a la unidad de las fuerzas políticas en torno de un proceso que desemboque en el fin de la violencia y que habrá de transitar por un camino "duro, difícil y largo".
El ponderado optimismo del presidente del gobierno fue secundado por las otras fuerzas políticas españolas, así como por centrales sindicales, líderes de opinión, artistas, y hasta por varias de las asociaciones de víctimas del terrorismo. La excepción fue el Partido Popular (PP), cuyo dirigente formal, Mariano Rajoy, quien interpretó que el comunicado etarra "es una pausa, no una renuncia a sus actividades criminales", exigió a La Moncloa que "no pague un precio político a los terroristas" y demandó a la policía y a los jueces que "sigan aplicando la ley". De esta forma, la derecha parlamentaria puso sobre la mesa el primero de los obstáculos que habrá de sortear la incipiente búsqueda de la paz en Euskadi: las inercias de la intransigencia represiva que ha caracterizado al Estado español posfranquista ante el conflicto vasco, intransigencia que llegó a niveles de guerra sucia en el pasado reciente y que ha venido conformando, junto con la violencia terrorista de los etarras, el otro componente del círculo vicioso de rencores, intolerancias y exclusiones.
Ese círculo vicioso dio por resultado la cerrazón de la clase política y del universo mediático madrileño hacía cualquier posibilidad de intercesión. Todavía muchos españoles padecen el reflejo mental de meter en un mismo saco, junto con ETA, a las múltiples y diversas instancias políticas, sociales, sindicales e informativas del País Vasco que abogan de manera pacífica por la autodeterminación o simplemente por una ampliación de las potestades autonómicas; en aplicación de ese esquema se llega incluso a catalogar al gobierno del lehendakari Juan José Ibarretxe como perteneciente al "entorno de ETA".
Antes de que se llegara a las incipientes señales de voluntad pacificadora de los meses recientes, fue necesario que la mayoría de la sociedad española en su conjunto y de las comunidades autonómicas emprendiera un cambio en su percepción del conflicto y comprendiera, como ha comprendido, que para acabar con el terrorismo no basta con la policía, sino que se requiere, además, de la política.
En este nuevo contexto, la toma de posición de los dirigentes del PP, únicos que no han expresado ningún sentimiento positivo hacia lo que constituye, de acuerdo con el resto del espectro político, un hecho propicio para la paz, permitirá a los ciudadanos de la península apreciar los contrastes entre una actitud de estadista, como la asumida por Rodríguez Zapatero, y la de Rajoy, más propia de un comisario policial, cuyo horizonte político no va más allá del borde del papel de las órdenes de aprehensión.
La manifiesta negativa de los populares a colaborar en el proceso que se avecina no habrá de ser, desde luego, la única, y acaso ni siquiera la principal de las dificultades. Aún no está definido un formato de negociación, aunque se insinúa que podría pedir prestadas algunas de las fórmulas del proceso de paz del Ulster: una tratativa directa entre el gobierno y el grupo armado para resolver estatutos penales, condiciones de reclusión y posibles excarcelaciones, y otra, en la que los partidos vascos incluidas, por supuesto, las ramas regionales de las formaciones nacionales como el propio PSOE exploren adaptaciones y cambios al régimen autonómico. Como complicación adicional, habrá de buscarse una vía para que el gobierno francés involucrado, le guste o no, en el conflicto participe también en el proceso.
En otro sentido, los pasos orientados a desactivar el conflicto vasco no pueden dejar de lado a las víctimas del terrorismo etarra a y sus familiares, ni omitir la adopción de mecanismos de reinserción social para los integrantes del grupo armado, muchos de los cuales llevan lustros o décadas de vida clandestina, con dobles o triples personalidades.
Hay mucho dolor y mucho odio por superar, pero el pueblo vasco y el resto de los pueblos de España se merecen la paz y la convivencia en el ejercicio pleno de sus derechos individuales y colectivos. La esperanza deberá transitar, como dijo ayer Rodríguez Zapatero, un camino duro, difícil y largo.
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