Baltasar Garzón sigue incrementando el nivel de amenaza en contra del gobierno de Juan José Ibarretxe, imponiendo con ello las condiciones necesarias para que se desate la furia represiva por parte de las fuerzas policíacas en contra de quienes asistan a la manifestación que se ha convocado en Bilbo en defensa de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco ante la embestida españolista contra Batasuna.
Aquí la información que provee La Jornada:
Pese a amenazas de Madrid, promete gobierno vasco respetar los derechos de manifestantes
La marcha que se realizará hoy en Bilbao, "privada y legítima": Ibarretxe
Armando G. Tejeda | Enviado
El gobierno vasco, presidido por el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, señaló hoy que la manifestación de este sábado en Bilbao, convocada bajo el lema Gora Euskal Herria (Viva el País Vasco) por un grupo de intelectuales y dirigentes sociales vinculados con la izquierda separatista, es "privada y con legitimidad social", por lo que, anunció, "velará por el cumplimiento de la legalidad".
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, aseguró ayer, en un auto judicial, que es "ETA la que está, por conducto de varios responsables, en la convocatoria y preparación" de dicha protesta.
Desde que comenzó el proceso de proscripción de Batasuna para la coalición abertzale, acusada de ser el brazo político de ETA, manifestarse en las calles del País Vasco es una cuestión que se decide en los tribunales.
La protesta del sábado tiene la consigna de advertir sobre el "recorte de los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación", en clara alusión a las recientes medidas judiciales adoptadas por Garzón, quien ordenó la suspensión cautelar de todas las actividades de Batasuna y el cierre de sus sedes y locales, y advirtió que las manifestaciones "inspiradas e impulsadas" por la coalición radical son ilegales.
Esta medida provocó que la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional hiciera un llamado a los gobiernos español y vasco para que no se "socaven" garantías legítimas, como la de "protesta pacífica y la libertad de expresión". Sin embargo, el magistrado español advirtió que, según un informe de los servicios de inteligencia aportado por el fiscal del Estado, la manifestación de Bilbao está organizada por el grupo armado, por lo que insta a su prohibición, ya que, señala, "no se trata de una manifestación para discrepar o criticar las resoluciones judiciales ni para protestar por la falta de libertad de expresión, reunión y manifestación, sino que se trata de una actividad de la organización terrorista por conducto o con la cobertura de otras personas físicas vinculadas con la propia estructura investigada".
Javier Balza, consejero de Interior del gobierno vasco, manifestó al respecto que la ertzaintza actuó con "ponderación y adecuación a la ley, porque no se podía actuar en una ciudad abarrotada de gente, por lo que estuvo plenamente ajustado a la ley y a los criterios establecidos en la jurisprudencia sobre el derecho de reunión y seguridad ciudadana".
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió a Ibarretxe que sería de "suma gravedad" el incumplimiento por parte del gobierno vasco del auto del juez Garzón, por lo que exigió que actúe "en consecuencia".
Uno de los convocantes a la protesta, el arquitecto Iñaki Uriarte, señaló que la manifestación únicamente es el "clamor de un pueblo, la unión de miles de voces que expresan un anhelo social, la afirmación de su entidad colectiva como seres humanos que compartimos una identidad común constituida por peculiaridades tan esenciales como definitorias de costumbres, lengua y cultura".
La actividad en el Parlamento
En el Parlamento vasco se rechazó por votos en contra de Batasuna, Partido Popular y Partido Socialista de Euzkadi la propuesta dada a conocer por el tripartido del gobierno vasco para presentar un recurso ante el tribunal constitucional por la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada para ilegalizar a la formación separatista. Los parlamentarios de Batasuna emitieron un sufragio en contra, al ser rechazada una enmienda en la que instaban a los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico tanto a generar "nuevas condiciones políticas" como a "exigir al gobierno vasco que no cumpla una ley manifiestamente injusta", en alusión a la nueva norma.
El parlamentario Arnaldo Otegi, vocero de Batasuna, señaló que Ibarretxe "aplica el estado de excepción", por lo que exigió que adopte una posición de "insumisión a esta ley". Agregó que para Batasuna es "un honor estar fuera de la legalidad española".
A su vez, Carlos Urquijo, del Partido Popular, comparó a Batasuna con formaciones europeas "nazis, xenófobas o racistas". Asimismo, expresó que el Partido Nacionalista Vasco "antes de ser demócrata es nacionalista, y sólo atiende a la llamada de la sangre".
Por último, el Tribunal Supremo se declaró competente para investigar la supuesta participación del parlamentario de Batasuna José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en un atentado cometido en 1987 contra una casa-cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza.
El tribunal designó como magistrado instructor de la causa a José Ramón Soriano, quien deberá citar a Urrutikoetxea para interrogarlo por estos hechos.
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