Nieto el Apologista del Terror

Recién compartíamos con ustedes una nota acerca del informe secreto de los Sanfermines de 1978.

Hemos tenido que esperar todos estos años para que por fin se arroje luz sobre los terribles sucesos de la jornada que ha quedado grabada en la memoria colectiva del pueblo vasco. Brutal represión que el régimen español no ha dudado en ocultar cuando se desgarra las vestidura hablando de víctimas. 

No olvidemos que en aquellos tiempos los medios de comunicación no estaban tan altamente sofisticados y que por lo tanto cualquier funcionario del régimen podía salir a decir lo que quisiera.

Pero hoy estamos en pleno siglo XXI y las tecnologías de la comunicación han interconectado al planeta de tal forma que cualquier suceso en cualquier lugar del mundo puede ser dado a conocer a nivel global de forma inmediata a través de las redes sociales.

Así que salir a hablar como si de 1978 se tratara en un tribunal no es mas que muestra de lo que siempre hemos argumentado en este blog: que el actual régimen español no es mas que la continuación de lo que se gestó en Madrid, Berlín y Roma allá en 1936.

Y es que eso es precisamente lo que ha salido a testificar un tal José Antonio Nieto con respecto a la brutal represión sufrida por el pueblo catalán el 1° de octubre de 2017, una de la que fue testigo el orbe entero y que de hecho fue inmediatamente denunciada por los observadores europeos que asistieron a dicha jornada.

Aquí lo que se reporta desde Naiz:

Nieto niega cargas policiales y califica de ejemplar la actuación de las FSE en el 1-O

El exnúmero dos del Ministerio español de Interior José Antonio Nieto ha cargado en el Supremo contra los Mossos d’Esquadra, a cuya «inacción» ha atribuido «el peor escenario», que, según sus palabras, obligó a Policía española y Guardia Civil a aplicar el «mínimo imprescindible» uso de la fuerza. Este martes sigue el juicio con la declaración, entre otros, del exdelegado Enric Millo y del coordinador del dispositivo policial, el coronel de la GC Diego Pérez de los Cobos.

En la testifical más larga hasta el momento en el juicio al independentismo catalán, el ex secretario de Estado de Seguridad ha asumido la responsabilidad del dispositivo para impedir el 1-O y ha desvelado que tres días antes ofrecieron sin éxito al Govern de Carles Puigdemont que se simulara una votación «en plazas o lugares abiertos», para reconvertirlo en una movilización independentista.

A diferencia del expresidente Mariano Rajoy y del exministro Juan Ignacio Zoido, que se desentendieron del dispositivo policial del 1-O, Nieto ha asumido la responsabilidad última de su puesta en marcha.

Ha negado que hubiese directrices políticas, ni de ninguna otra instancia, para que a partir del mediodía, cuando las imágenes de votantes ensangrentados llenaban los informativos, los agentes dejaran de utilizar la fuerza, como habían hecho hasta entonces sin que «técnicamente» se hubiesen producido cargas.

Nieto ha denunciado la «ineficacia y ausencia» de los Mossos, ya que a su juicio «no tenían el más mínimo interés» en coordinarse con las Fuerzas de Seguridad de Estado ni en cumplir las órdenes judiciales para impedir el 1-O, por lo que la Policía y la Guardia Civil se quedaron solas ante un «nivel de resistencia mayor» al previsto de los favorables al referéndum, lo que desembocó en algunas situaciones de «violencia».

«Si los Mossos de forma clara y evidente hubieran manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum no se hubiese celebrado, estoy convencido de que se habría desconvocado», ha asegurado Nieto.

En este sentido, ha advertido de que la «alineación» del mayor Josep Lluís Trapero –pendiente de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional– con el Govern era «total», aunque confiaron en que los demás mandos de los Mossos no darían la «espalda» a la orden de impedir el 1-O, si bien ha añadido que «desgraciadamente no fue así».

Nieto ha señalado que las protestas del 20-S supusieron un «punto de inflexión», ya que la ausencia de antidisturbios de los Mossos creó en los concentrados frente a la Consellería de Economía la sensación de que «no había límites». Ha citado el «destrozo» de los vehículos de la Guardia Civil como una muestra «importante» de la «violencia» que a su juicio allí se dio.

En la primera sesión en que no han podido comparecer por falta de tiempo todos los testigos citados –cinco de nueve–, ha intervenido también el presidente del Parlament, Roger Torrent, que ha defendido la actuación de su antecesora, Carme Forcadell, ya que está convencido de que «no podía hacer otra cosa que admitir a trámite las propuestas» de los grupos «sí o sí».

De haberse encontrado en su misma situación, Torrent ha precisado que hubiese hecho lo mismo porque lo que se trató con las denominadas leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre de 2017 era de permitir que los ciudadanos de Catalunya pudiesen «decidir libremente su futuro» y ha asegurado: «Tengan presente que volveremos a votar».

Pese a ello, ha reconocido que la Ley de Transitoriedad nunca fue efectiva, sino que pretendía buscar una «solución política», buscar un espacio de diálogo entre el Gobierno español y la Generalitat, crear un «espacio multilateral» en el ámbito de la Unión Europea y dar seguridad a los ciudadanos y de las instituciones catalanas.

Por el contrario, el entonces vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament Jose María Espejo-Saavedra (Cs), ha asegurado que sus compañeros independentistas en este órgano manifestaban que «no tenían por qué hacer caso a las advertencias del Constitucional», ya entendían que el tribunal «no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos».

Espejo-Saavedra ha criticado la tramitación «irregular» de las leyes de desconexión por parte de los grupos independentistas, en la que ha dicho que «se decidió suprimir todos los trámites» y se «retorció» el reglamento de la Cámara.

En la misma línea, el entonces secretario segundo de la Mesa David Pérez (PSC) ha resaltado que había una advertencia «severa» por parte del Constitucional para que no tramitaran iniciativas independentistas y ha sostenido que la Mesa lo tendría que haber acatado.

Han corroborado este criterio el ex letrado mayor del Parlament Antonio Bayona y el secretario general Xavier Muro, quienes han sostenido que la Mesa tenía que impedir la tramitación de las iniciativas en los casos en que su contradicción con la ley fuese «palmaria y evidente».

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