Terroristas de Estado Condecorados

Con respecto a la denuncia publicada el jueves por Gara en la que se daba a conocer la condecoración otorgada por la Guardia Civil al inquisidor Alfredo González Guija en los meses anteriores a que este exonerara de la tortura sexual en contra de Sandra Basterretxea a cuatro agentes de esa institución represiva, aquí les traemos mayor información acerca de otro personaje citado en el artículo: Manuel Sánchez Corbí.

Compare usted con lo sucedido a los 29 represores argentinos quienes, a pesar de contar con el apoyo del presidente Macri, han sido condenados a cadena perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA durante la dictadura.

Esta información ha sido compartida en la página del colectivo Pakito Arriarán:

Torturadores en altos cargos

Xabier Makazaga   

Cuatro oficiales de la Guardia Civil imputados por las gravísimas torturas que sufrió Kepa Urra en 1992 ocupan muy altos cargos y es más que probable que sean pronto ascendidos al generalato. Sobre todo, dos de ellos, que son de la misma promoción de la Academia General Militar de Zaragoza y han dado mucho de qué hablar estos últimos meses: Diego Pérez de los Cobos, elegido por el Gobierno español para dirigir la represión policial en Catalunya, y Manuel Sánchez Corbí que ha escrito un libro y concedido numerosas entrevistas.

Ambos fueron juzgados por las gravísimas torturas que sufrió Kepa Urra y que provocaron su ingreso en el hospital de Basurto donde el médico forense constató su deplorable estado: tenía diversos hematomas en ambos ojos, equimosis en el cuello y erosiones en las muñecas, así como una arritmia cardiaca. Además, la víctima estaba inconsciente y tenía diversas manchas de sangre, aún recientes, en sus fosas nasales, boca y faringe.

La Audiencia de Bizkaia dictaminó en 1997 que uno de quienes torturaron con semejante saña a Kepa Urra fue Manuel Sánchez Corbí y lo condenó a cuatro años de prisión. El Supremo rebajó la pena a un único año, pero mantuvo la pena de inhabilitación especial, que conllevaba su expulsión del cuerpo. De inmediato, fue indultado por el Gobierno y nombrado comandante tras lo cual siguió ascendiendo en el escalafón, hasta ser nombrado, el año pasado, Coronel Jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO.

El sindicato policial SUP afirma que Sánchez Corbí «es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones». Y ha recibido, como Galindo, numerosas condecoraciones, entre las que destacan cinco cruces al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, remuneradas de forma vitalicia, y la Legión de Honor francesa, máxima distinción de dicho país.

A raíz de esa última condecoración, en 2015, empezó a conceder numerosas entrevistas y tras la reciente publicación de un libro del que es coautor, “Sangre, sudor y paz”, ha vuelto a explayarse a gusto ante no pocos periodistas. Por ejemplo, afirmando que la guerra sucia «no tuvo tanta importancia», o mostrándose muy orgulloso de haber utilizado a la familia, esposa e hijos pequeños, en operativos contra ETA en el Estado francés.

En concreto, fue en una entrevista radiofónica que le hicieron en Onda Cero cuando se enorgulleció de haber utilizado él mismo a su familia y afirmó que otro tanto solían hacer los guardias civiles de Intxaurrondo. Y fue también en esa entrevista cuando mintieron por primera vez sobre el cuartel de la Guardia Civil en el que transcurrió la infancia de Sánchez Corbí. Pretenden que fue en Irun. Mentira. Fue en el cuartel de Deba, donde estaba destinado su padre, y desconozco el motivo por el que mienten al respecto.

Otro de los imputados y juzgados por torturar a Urra, Arturo Prieto Bozec, es también hijo de guardia civil. Y no de cualquiera. Su padre, miembro del servicio secreto franquista, estuvo involucrado en la matanza de los cinco abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977, y al ser llamado a declarar en el juicio, no se presentó.

Arturo Prieto, que es en la actualidad Coronel Jefe de la Comandancia de Almería, no fue condenado en el caso Urra, pero sí en otros dos en los que los torturados fueron varios detenidos junto con Kepa Urra. En ambos casos, el tribunal declaró probado que dichas personas fueron torturadas por guardias civiles que no fue posible identificar y que Arturo Prieto tuvo conocimiento de ello, en tanto que instructor del caso, y no hizo nada por impedirlo. Ahora bien, como tantas otras veces, el Supremo anuló ambas sentencias.

Los otros dos imputados en el caso Urra cuya trayectoria posterior ha sido harto significativa fueron Alejandro Hernández Mosquera y el antes mencionado Diego Pérez de los Cobos que «visitaron» al torturado en el hospital donde estaba ingresado. Una enfermera oyó sus gritos de socorro, y encontró al detenido sangrando por la boca, pero los jueces consideraron que, pese a ser «sorprendente» la razón que adujeron para realizar aquella «visita», prevalecía la presunción de inocencia.

En la actualidad, ambos ocupan puestos estratégicos. Hernández Mosquera fue nombrado en 2012 director del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno y Pérez de los Cobos lleva aún más años como Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Es bien significativo que el Gobierno español haya escogido a este último para dirigir la represión policial contra los independentistas catalanes, y hacerles acatar la Constitución, ya que en su juventud se distinguió precisamente por oponerse a dicha constitución desde su posición ultraderechista. El día que se produjo el golpe de estado de Tejero, el 23F, llegó incluso a presentarse, vestido con la camisa azul falangista, a un cuartel de la Guardia Civil donde se ofreció a secundar el golpe.

Por lo tanto, cuatro oficiales de la Guardia Civil implicados en las gravísimas torturas que sufrió Kepa Urra no sólo han ocupado y ocupan muy altos cargos, sino que todo indica que en un futuro próximo les será impuesto, como a Galindo, el fajín símbolo del generalato.

Esa es la cruda realidad de la tortura en el Estado español: los torturadores, en lugar de condenas adecuadas, reciben indultos, medallas y ascensos. Y por si todo ello fuera poco, hasta son nombrados generales.

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