Desde la izquierda partidista mexicana se ha criticado mucho la candidatura presidencial independiente de María de Jesús Aparicio, vocera del CNI. No entienden ni quieren entender que la misma es tan solo una estrategia para visibilizar los embates neoliberales que todas las comunidades originarias del país y del continente están sufriendo en este momento.
La tensa situación creada por los grupos paramilitares al servicio de los partidos políticos mexicanos PRI y PVEM ha llamado la atención de la ONU.
La tensa situación creada por los grupos paramilitares al servicio de los partidos políticos mexicanos PRI y PVEM ha llamado la atención de la ONU.
De eso nos habla esta nota publicado por DesInformémonos:
El desplazamiento de más de 4 mil personas en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán “es una muestra de una problemática más amplia” y requiere una respuesta que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, señaló el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab. Manifestó su preocupación ante la situación provocada por un conflicto histórico limítrofe entre las comunidades de ambos municipios, y lamentó que los desplazados han sido forzados a enfrentar “condiciones precarias e inhumanas, incluyendo la falta de condiciones adecuadas de salud, la ausencia de un lugar de refugio adecuado y poco o nulo acceso al agua o a la alimentación, además de encontrarse en una situación continua de inseguridad”.Aseguró que debe lograrse una solución integral y duradera que atienda desde la raíz los problemas estructurales que dieron origen al desplazamiento, cuyo proceso “debería contar con el apoyo y la mediación de las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil relevantes”.Tras la visita de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el mes pasado, Naciones Unidas resaltó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.Por su parte, Jarab señaló que el Estado mexicano “debe reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado interno y atenderlo de manera estructural, tomando en consideración los diferentes orígenes y consecuencias que cada caso pueda plantear, dando una respuesta institucional y normativa a la problemática y aceptando así su responsabilidad en este tipo de situaciones”.Frente a la situación, Jarab reiteró su apoyo para solucionar el problema lo antes posible y que la población de las comunidades puedan regresar a sus hogares sin obstáculos.
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