Cuando a Madrid le conviene, por ejemplo, en el caso de las declaraciones del corrupto luxembugués Jean-Claude Juncker con respecto a Catalunya y la Europa de los 90 estados, utiliza las declaraciones por parte de representantes de las instituciones de la Unión Europea como monolíticas e inapelables verdades de caracter divino incluso.
Pero cuando la Unión Europea dictamina en contra, entonces Madrid, muy oronda, dice que no está en disposición de hacer caso a lo que sus colegas europeos tengan que decir con respecto a sus políticas, sin importar que estas, incluso, estén en desacuerdo de la propia legislación de la monarquía bananera.
Para ejemplo, este botón, cortesía de Naiz:
A pesar de lo que establece la ley, el Gobierno español sostiene que el cumplimiento de las condenas en prisiones cercanas a los respectivos domicilios no es un «derecho subjetivo» y que, por tanto, la decisión corresponde a la administración penitenciaria y ha de tomarse de manera «individualizada».En respuesta a la pregunta planteada en el Congreso por la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia, el Gobierno español afirma que el derecho a cumplir la pena en la prisión más cercana al lugar de origen del interno, recogido por la propia legislación española, está condicionado por aspectos como «el grado de clasificación penitenciaria, la situación procesal del interno, el tipo de condena impuesta, la pertenencia a una organización terrorista u organización criminal y otroas circunstancias».El Ejecutivo español sostiene, para justificar su negativa a poner fin al alejamiento de los presos vascos, que el ordenamiento jurídico «no reconoce un derecho subjetivo» para que los internos puedan cumplir la pena en la prisión más cercana a su lugar de origen. «Corresponde a la administración penitenciaria decidir en cada caso, atendiendo a las circunstancias concretas de la organización penitenciara y personales del penado, pues no puede olviarse que el cumplimiento de la condena impone un tratamiento individualizado».La coalición había formulado una serie de preguntas sobre el Informe Bergeron, aprobado el pasado mes de octubre por el Parlamento Europeo, en el que se incluía una condena a la política penitenciaria de alejamiento, al considerar que constituye «un castigo añadido para las familias de los reclusos» y afirmaba que vulnera el artículo 8 de la CEDH.Además de la postura anteriormente citada, el Ejecutivo se limita a responder que «no hace valoraciones acerca de las votaciones de un órgano legislativo europeo» y subraya que «la actividad penitenciaria está sometida a diversos controles, tanto interiores como exteriores».
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