Imposibilitados Para Creer

Hoy en Gara:

Imposible creer en la Justicia española

Desde hace dos semanas, en la Audiencia Nacional de Madrid se está juzgando nada menos que por «integración en organización terrorista» a, por ejemplo, el director de un periódico, a los miembros de su consejo de administración, a ciudadanos que trabajaban en empresas de viajes o de importación y exportación de bacalao y a personas que ejercían un trabajo público en diversos organismos políticos y sociales. No recae sobre ellos ninguna acusación personalizada sobre cómo ni cuándo se integraron en dicha organización, ni cuál era su cometido en ella, ni qué hechos propios de la actuación de una organización armada les son imputados. Simplemente se les juzga por la labor que hacían a la vista de todo el mundo, desde el prejuicio de que «todo es ETA».

Paralelamente, ayer el Tribunal Superior de Justicia del Navarra absolvió y excarceló a Pilar Rubio, la mujer que, tras provocar a Angel Berrueta, «creó una situación de excitación» en su marido ­policía español­ y en su hijo, quienes, a tiros y machetazos, acabaron con la vida del panadero iruindarra, miembro de la asociación Gurasoak. En la discusión inicial y en la propia vista oral quedó claro que aquella muerte tuvo un enorme contenido político, pero pese a ello el caso no se juzgó en la Audiencia Nacional y el fiscal lo quiso reducir a una riña de vecinos.

Además, esta misma semana la Audiencia de Madrid ha absuelto a miembros de “Bastión 1903” del delito de asociación ilícita, pese a que se trata de un grupo organizado, con persistencia en el tiempo y que atacó a aficionados de la Real Sociedad simplemente por serlo, acabando con la vida de Aitor Zabaleta.

Viendo que un grupo organizado que acaba matando a una persona no es una asociación ilícita, mientras que un periódico, una empresa o una asociación a las que no se puede vincular con ninguna acción violenta se les considera parte de una «organización terrorista»; viendo que quien incita a un policía a matar al panadero de abajo es absuelta, mientras se piden penas superiores a la condena inicial de Pilar Rubio a personas que defienden la no-violencia y la resistencia civil; viendo todo eso, es imposible creer en la Justicia española. Porque la única conclusión lógica que cabe extraer de estos episodios es que el castigo está en función no de los hechos cometidos, sino de la ideología o procedencia de los acusados y de las víctimas. Algo que, evidentemente, está muy lejos de lo que en cualquier parte del mundo puede considerarse como justicia.

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