Se me ha reprobado en el pasado mi criticismo de el fantoche juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Y pues recordemos lo que muchos intelectuales de pacotilla y otros pseudo-izquierdistas dijeron del Subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como el Sup Marcos cuando lo llamó juez clown.
Pues bien, ahora lo dice alguien que desde Europa ha visto en acción al mequetrefe fascista este.
He aquí la nota:
Y pues recordemos lo que muchos intelectuales de pacotilla y otros pseudo-izquierdistas dijeron del Subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conocido como el Sup Marcos cuando lo llamó juez clown.
Pues bien, ahora lo dice alguien que desde Europa ha visto en acción al mequetrefe fascista este.
He aquí la nota:
El Honor Perdido de Garzón
Paul Bekaert (abogado belga y miembro de Euskal Herria Watch)
La Universidad Libre de Bruselas (ULB) concedió el 16 de noviembre la distinción Doctor Honoris Causa al juez instructor de la Audiencia Nacional española. A pesar de que España lo niegue, esta corte es en base una corte exclusiva, específica para los activistas vascos.
La Audiencia Nacional es una de las herencias del régimen franquista. Garzón, que eufemísticamente hablando no es reacio a la publicidad, es el número uno mediático del tribunal de excepción español. Las hazañas de Garzón que inspiraron que la Universidad Libre de Bruselas tomara esta opción son la lucha del juez instructor por los derechos humanos, la batalla contra el terrorismo, el procesamiento del ex dictador Pinochet y sus esfuerzos en pro de la Corte Penal Internacional. Para mí, son particularmente conocidos sus servicios para el Estado español. Él es el padre espiritual, el motor, de la caza de vascos. Él ha establecido la criminalización del movimiento independentista vasco.
Con criminalización quiero significar que Garzón mete todo en el mismo saco. Sitúa en la misma línea a los que en absoluto han cometido forma alguna de violencia, junto a los que cometen violencia política. Él está al servicio de los poderes ejecutivos de los sucesivos gobiernos españoles. Luchan contra los independentistas vascos en diversos frentes, el militar, el policial, el político, el mediático y finalmente en el campo de batalla jurídico.
A finales de 1997 participé como observador y garante de los Derechos Humanos en el juicio al partido independentista vasco Herri Batasuna. Garzón y su equipo llevó ante la Audiencia de Madrid a 23 miembros de la dirección de este partido. Cargos electos, abogados, profesores, periodistas, sindicalistas, trabajadores, activistas, una amplia representación de este movimiento popular se sentó en el banquillo. Ninguno de los sospechosos había cometido ningún acto de violencia, poseído o usado armas, ni mucho menos cometido ataques. Su crimen fue la distribución de un vídeo durante la campaña electoral. En el vídeo, miembros armados de ETA hablaban de una propuesta de paz.
El juicio fue una farsa. Parecía un juicio-espectáculo estalinista de finales de los años 30 en la Unión Soviética. El muro de separación entre los poderes ejecutivo y judicial fue, si no inexistente, sí muy sutil.
El tribunal condenó a 7 años de prisión a todos los procesados, incluyendo a aquellos que no participaron en la decisión de distribuir el vídeo. Todos ellos fueron inmediatamente encarcelados. En 1997 más de 20 personas fueron a la cárcel a causa de un delito de opinión, o como fuera que ellos lo consideraran. Una joya en la corona del célebre juez instructor.
Dos años después el Tribunal Constitucional revocó esta decisión sin sentir vergüenza, una sentencia indigna. Todos fueron puestos en libertad de inmediato. Aun siendo inocentes se les robó su libertad durante dos años, con el resultado de la pérdida de empleos, familias y personas rotas. La columna vertebral de un movimiento fue golpeada, una especie de consuelo para los perseguidores.
No intimidado por este golpe, Garzón siguió con severidad. Tuvo éxito atacando a Herri Batasuna, no mediante la pugna electoral como en las democracias parlamentarias, sino simplemente suspendiendo el partido. En batallas siguientes golpeó a comités de apoyo a presos políticos, movimientos anti-tortura, organizaciones juveniles vascas, portavoces en el ámbito internacional, abogados de activistas vascos. Durante más de 20 años estas organizaciones trabajaron en el ámbito legal, abiertamente y bajo ninguna sospecha. El juez recompensó este trabajo público con la persecución. Abrió un procedimiento sustentado en los documentos que estas organizaciones habían hecho públicos durante los últimos veinte años. El 21 de noviembre empezó el macro-juicio contra 59 ciudadanos y ciudadanas vascas. Su crimen es sus convicciones políticas. La acusación es su opinión. Ninguno de ellos usó violencia, poseyó armas o realizó ataques.
El reciente Honoris Causa es activo también más allá de las fronteras españolas. Unos años atrás la justicia belga decidió no extraditar a España a la pareja vasca Moreno-García. Doce años más tarde después de la recientemente implantada orden de arresto Europea, España pidió de nuevo la extradición. Doce miembros de la Corte de Apelación de Bruselas y Amberes rechazaron las pretensiones españolas. El Duque de Alba pareció levantarse de su tumba cuando Garzón respondió furiosamente a esa decisión. En una entrevista en un diario flamenco del día 15 de marzo del 2005, hecha en ocasión de la publicación de su libro, Garzón atacó a los jueces belgas. Les reprocha ignorancia y menosprecio a leyes elementales. Está legal y deontológicamente prohibido para un juez realizar acusaciones en los medios de comunicación. También es inadmisible que un juez critique a colegas de profesión a causa de sus sentencias. Eso confirma mi convicción de que España no es ni de lejos un estado constitucional maduro.
En definitiva, los magistrados españoles y Garzón en concreto tienen mucho que aprender de la independencia e integridad de los poderes constitucionales belgas y su profundo sentimiento de justicia, que se basa en 175 años de experiencia constitucional frente a uno de 25 años. Recientemente el relator de Naciones Unidas Theo van Boven denunció la tortura en el estado español. Sus conclusiones son incriminatorias. Por parte del, otras tantas veces, locuaz juez instructor Garzón, honrado como campeón de los derechos humanos, el silencio fue estrepitoso. El límite de su preocupación por los derechos básicos se encuentra evidentemente más allá de las fronteras del Estado español.
La Universidad Libre de Bruselas hizo un guiño erróneo con este distinguido doctorado. Su gesto sólo anima a los que hundieron la joven democracia con el baño de agua fría de la seguridad. Eres honrado por aquellos a quienes honras.
(NOTA: Publicado en “De Morgen” el 22 de noviembre)
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