Esta se lo dedicamos a los juristas, para su análisis y reflexión:
La fiscalía ha decidido impedir por todos los medios legales a su alcance que Acción Nacionalista Vasca (ANV) se presente a las próximas elecciones generales.
Para ello baraja las siguientes fórmulas:
- Opción 1. Proceso de ilegalización. Es la preferida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Se trataría de presentar una demanda de ilegalización ante la Sala Especial del Tribunal Supremo (llamada Sala del 61), al amparo de la Ley de Partidos Políticos, como la que en marzo de 2003 llevó a la ilegalización de Batasuna y otros partidos afines.
Las fuentes consultadas estiman que el proceso podría durar menos de tres meses, pese a que ilegalizar Batasuna llevó casi siete, pues los mecanismos jurídicos están más rodados que entonces. No obstante, reconocieron que "queda muy poco tiempo", ya que a partir de mañana quedan tres meses para las elecciones, que se celebrarán previsiblemente el 9 de marzo. En todo caso, fuentes de la fiscalía indicaron que se pediría la suspensión cautelar de las actividades de ANV, prevista en la propia Ley de Partidos, si no hubiera sentencia firme cuando se proclamen las candidaturas.
- Opción 2. Ejecución de sentencia. La fiscalía solicitaría a la Sala del 61 la ilegalización de ANV en ejecución de la sentencia de Batasuna. Esta vía es más rápida, pero debería demostrarse que existe "continuidad o sucesión" con los partidos ilegalizados y se da la circunstancia de que ANV se fundó en los años treinta del siglo pasado, mucho antes de que Batasuna existiera. La fiscalía alegaría, no obstante, que ha sido "colonizada" por Batasuna, como argumentó en la impugnación de parte de sus listas a las elecciones municipales.
- Opción 3. Suspensión por la vía penal. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene abierto un proceso en la vía penal, declarado secreto, sobre las vinculaciones entre Batasuna y ANV. En este procedimiento, Garzón podría decretar también la suspensión cautelar de actividades de ANV e impedir que vaya a las elecciones. De hecho, esto es lo que ocurrió en 2003, cuando Garzón se adelantó al Supremo y proscribió las actividades de Batasuna. Las fuentes consultadas señalan, sin embargo que, antes de ello, el juez debería cumplir una serie de trámites, como la imputación de los dirigentes del partido.
- Opción 4. Impugnación de listas. El fiscal, como en otros procesos electorales, impugnará aquellas candidaturas de las que sospeche su relación con el entorno de ETA, incluidas las de ANV. Esta vía tiene la dificultad de que, al tratarse sólo de ocho listas (cuatro al Congreso y cuatro al Senado, correspondientes a las provincias vascas y Navarra), es fácil confeccionar listas limpias, con candidatos sin antecedentes. Las fuentes consultas creen que el entorno de ETA recurrirá a otros partidos o candidaturas. El que más a mano tiene es el Partido Comunista de las Tierras Vascas, por lo que también se estudia su ilegalización. Las acciones de la fiscalía están pendientes, en todo caso, de los informes de las fuerzas de seguridad sobre vínculos de estos partidos con el entramado etarra.
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