Democracia Rigurosamente Vigilada

Esta nota publicada en Gara nos habla del extremo al que llega el estado español en su estrategia de privar al pueblo vasco de una vida democrática normalizada:

Las FSE investigaron a 1.700 candidatos para forzar impugnaciones

La sentencia del Tribunal Constitucional español sobre Aukera Guztiak hace dos años estableció que «no tiene relevancia alguna que los candidatos hayan concurrido antes por partidos ilegalizados". Sin embargo, las FSE confirmaron ayer que han analizado el historial de nada menos que 11.702 ciudadanos vascos que acuden a las urnas por agrupaciones electorales o ANV. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunciará hoy su decisión.

Ramón SOLA |

En vísperas de la presentación de las impugnaciones masivas contra candidaturas de agrupaciones electorales y de ANV por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, tanto la Policía española como la Guardia Civil no esconden, sino todo lo contrario, que de nuevo se ha llevado a cabo una extensísima labor de «análisis» e «investigación» sobre todos los candidatos.

La dimensión de esta operación rompe barreras. Ayer dieron a conocer que han realizado nada menos que 19.242 «análisis» de 11.702 candidatos incluidos en 1.162 listas. Y es que la investigación no sólo se ha limitado a las candidaturas que llevan la denominación de Abertzale Sozialistak y las correspondientes al partido legal ANV, sino que ha alcanzado también a listas independientes que el Gobierno del PSOE entiende como «sospechosas» y que suman varios cientos, sobre todo en el caso de Nafarroa.

2003 y 2005

Las FSE no concretan en qué consiste ese «análisis» de antecedentes, pero cabe recordar la jurisprudencia establecida hace cuatro años por la máxima instancia judicial española. El Tribunal Constitucional dejó sentado en el asunto de Aukera Guztiak (que intentaba concurrir al Parlamento de Gasteiz en 2005) que la identidad y antecedentes de los candidatos de las agrupaciones electorales no suponen un elemento de peso para vetar las listas.

En concreto, el fallo judicial estableció que «este tribunal no puede admitir que se confiera relevancia alguna al hecho de que dos de las candidatas integradas en la agrupación [Aukera Guztiak] hayan concurrido por los partidos ilegalizados a las elecciones de 1983 y 1991».

El Tribunal Constitucional recordaba además que «es manifiesto que este dato es irrelevante con arreglo al criterio que sobre este particular dejamos establecido en la sentencia 85/2003», emitida ante las elecciones municipales y forales de hace ahora cuatro años.

Pese a ello, instancias políticas y mediáticas han insistido en las últimas semanas en destacar los antecedentes de candidatos de las actuales agrupaciones o de ANV, cuando no otras circunstancias aún más estrambóticas, como sus parentescos.

El motivo y el resultado exacto de esta vasta operación de espionaje político no se conocerá hasta que se presenten las impugnaciones ante el Tribunal Supremo, lo que ocurrirá mañana salvo cambios de última hora. La intención del Gobierno es presentar un primer paquete relativo a las agrupaciones electorales conformadas con el aval de más de 82.000 ciudadanos vascos, y en el que se incluirían todas ellas. Después llevarán al Alto Tribunal una segunda im- pugnación masiva de listas de ANV, que según los datos que se han filtrado oficialmente alcanzaría a entre 90 y 125 listas del total de 256 presentadas por el histórico partido abertzale.

En este segundo caso, la maniobra gubernamental cuenta con dos dificultades añadidas. Por un lado, la Ley Electoral prevé la impugnación de agrupaciones de electores, pero no de candidaturas de un partido legal como es ANV, como se ha admitido incluso en la primera página de ``El País''. Por otro, el juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acaba de decretar que no ve elementos para ilegalizar a este partido. Quizás por ello, a la espera de la decisión del Supremo sobre las candidaturas que resulten impugnadas, el PSOE mantiene abierta la amenaza de presentar una posterior demanda de ilegalidad ante la «Sala del 61» del Supremo. Su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, reiteró ayer que esta opción no está descartada pese al criterio de Garzón. Queda la duda, por tanto, de si el Ejecutivo español no la ha impulsado por ahora porque efectivamente acepta que no hay razones para dejarle fuera de la ley o simplemente porque no hay tiempo material para ejecutar su prohibición.

Díez: «Contaminado, el PSOE»

El debate sobre la existencia o no de personas a las que medios de difusión y representantes políticos etiquetan de «contaminadas» fue censurado ayer con dureza por el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga. En la manifestación del 1 de mayo celebrada en las calles de Gasteiz, afirmó que «aquí los únicos que están contaminados son el Gobierno y el PSOE, que siguen apostando por terapias viejas, de ilegalización».

Rafa Díez abogó por «terminar con esta permanente persecución política para ver qué lista o qué candidatura está o no contaminada». «Es hora ya de que el Gobierno socialista se descontamine de las estrategias del Gobierno del PP, del Gobierno de Aznar, hora de que se descontamine de tiempos pasados», añadió.

En referencia al panorama político general, el líder de LAB dejó claro que «más allá de especulaciones» la realidad es que «no hay un proceso en marcha y el Gobierno socialista sigue manteniendo políticas del pasado que no sirven para construir el futuro».

Desde EA también se critica este debate. Su presidenta, Begoña Errazti, manifestó ayer en un acto con candidatos del partido que «una vez más se utiliza un aspecto coyuntural, como son las elecciones, para distorsionar el panorama político vasco. El reto fundamental que tiene el pueblo vasco es la paz y la normalización política -añadió-, y de ninguna manera se puede consentir que lo coyuntural, las elecciones y las listas, se use contra el proceso de paz».

En este sentido, se dirigió al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para censurar que «hace un año dijo que respetaría la decisión de la sociedad vasca y luego le hemos oído justo lo contrario».

PP y PSOE

Mientras en Euskal Herria se hacían estas reflexiones, en Madrid PP y PSOE polemizaban sobre la cuestión preelectoral en los términos habituales. El presidente del PP, Mariano Rajoy, exigió que se impugne «el cien por cien» de las listas, y su compañero vasco Leopoldo Barreda añadió que «el PSOE finge que impugna listas de ANV, cuando en definitiva lo que pretende es garantizar la presencia de Batasuna en las urnas».

Ante estas demandas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, reiteró que impugnarán candidaturas y que ésa es la prioridad, pero sin descartar que posteriormente se pueda reclamar incluso la ilegalización de ANV. «Lo importante en relación con este proceso electoral concreto, cuando hay centenares de listas que podrían ser ilícitas porque continúan la actividad de un partido ilegalizado, es evitar inmediatamente que eso se produzca».

El líder del PSE, Patxi López, se mostró escueto cuando le interpelaron sobre esta cuestión durante la manifestación de UGT y CCOO en Bilbo por el 1 de mayo. «Entiendo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. El Estado de Derecho trabaja para que no se cometa ningún fraude de ley y para que quien quiera estar cumpla los requisitos».

Si no fuera por la transición uno pensaría que en el estado español sigue gobernando el franquismo, pero eso solo son conjeturas sin base alguna.

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