Compartimos con ustedes otro texto en el cual se pone de manifiesto que el acto de hostigamiento en contra de los seis vascos aguardando la resolución de su proceso de extradición en México por parte del inquisidor españolista Baltasar Garzón constituye un acto que viola la legalidad. El mismo fue publicado en La Jornada:
El juez quiso violar la filosofía legal mexicana, dice Castro y Castro
Debió encausar sus críticas a la diplomacia, afirma
Jesús Aranda
La intención del magistrado español Baltasar Garzón de que la diligencia a la que pretendía asistir el pasado jueves en el Reclusorio Norte se llevara a cabo con "total secrecía", y no en una situación de "amplia transparencia" como lo prevé la legislación mexicana, fue una posición "quizás respetable", pero obviamente contraria a la filosofía de nuestro país.
Afirmó lo anterior el ministro retirado de la Suprema Corte, Juventino V. Castro y Castro, quien cuestionó las "interpretaciones subjetivas" de Garzón cuando criticó a este diario y a los miembros de seguridad del reclusorio, porque en todo caso, la instancia para presentar cualquier inconformidad era su embajada y por el conducto diplomático correspondiente.
En declaraciones a La Jornada, Castro y Castro dejó en claro que cuando el funcionario español se quejó de haber sido tratado con "excesiva rigidez", eso no implica acto alguno de vejación o descortesía.
El propio Garzón, explicó el ministro, quien también fue en su momento subprocurador general de la República y tuvo manejo directo del área internacional de esa dependencia, reconoce que no se le impidió el acceso a la audiencia ministerial que se llevaría a cabo en el interior del reclusorio, pero que ya dentro del recinto "no se dolió de impedimentos para asistir a los trámites, sino del trato". Al respecto, dejó en claro que la respuesta de Garzón tampoco fue vejatoria ni descortés.
Respecto a la crítica del magistrado de la Audiencia Nacional de España en una carta publicada en este diario (31/I/04) en la que no ocultó su molestia por la información publicada ni por la forma en que las autoridades del Distrito Federal se dirigieron a él, Castro indicó que dicha crítica debió sido "cuidadosamente meditada y perfectamente fundada, sin interpretaciones subjetivas", y añade que el juzgador ibérico no especificó la razón de la diligencia a la que pretendía asistir, ya que "no aclara si era de investigación, de jurisdicción o de inspección carcelaria", y señaló exclusivamente que su actuación era legítima y de acuerdo con el tratado de extradición México-España.
Y para que su inconformidad fuera tramitada correctamente, precisó el ministro en retiro, tendría que haber recurrido a su embajada para que ésta, "de considerarlo prudente", interpusiera una protesta por conductos diplomáticos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Castro y Castro agregó respecto a la conducta del juzgador que pretendió estar presente en la diligencia relacionado con una investigación que lleva a cabo sobre seis ciudadanos vascos que están detenidos y que están sujetos a proceso de extradición a España, que éste "insinúa" que el procedimiento mexicano debería haberse regido por prácticas españolas, aunque ello "no puede considerarse de manera alguna como un trato vejatorio o irrespetuoso por funcionarios -tanto Garzón como el fiscal de la Audiencia Nacional de España Enrique Molina Benito- de un país con el que tenemos tratos sumamente amistosos.
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