El GAL Político y Jurídico

Desde La Jornada traemos a ustedes lo más reciente con respecto al proceso por medio del cual Madrid busca criminalizar e ilegalizar a Batasuna, privando así de libertades y de derechos políticos al pueblo vasco.

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Emite Garzón auto judicial contra 22 líderes de la izquierda nacionalista vasca

"Estamos frente a un GAL político y judicial", afirma el vocero de la coalición Batasuna

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional española, emitió este jueves un auto judicial en el que imputa por el delito de "integración en banda armada" a 22 dirigentes de la izquierda nacionalista vasca, entre ellos algunos de los máximos responsables de Batasuna, coalición política cuyas actividades fueron suspendidas en agosto pasado por orden del mismo magistrado,

Garzón también señala como supuestos miembros de ETA a seis parlamentarios vascos, entre ellos a Arnaldo Otegi, dirigente de Batasuna, quien denunció que estamos frente a un "GAL político y judicial", en alusión a los Grupos Antiterroristas de Liberación, paramilitares financiados por el Ejecutivo del socialista Felipe González en la década de los 80.

Garzón, responsable de instruir la mayoría de los procesos abiertos contra miembros de ETA, extendió con este nuevo auto judicial las actuaciones que ha llevado cabo los años recientes contra el llamado "entorno" nacionalista vasco, entre los que se encuentran lo mismo medios de comunicación, partidos políticos, que organizaciones civiles o educativas.

En esta ocasión, además de imputar el delito de pertenencia a banda armada a 22 dirigentes abertzales, pide a la fiscalía española que emita un informe sobre la posibilidad de pedir al Tribunal Supremo que abra diligencias por el mismo delito a los seis parlamentarios vascos y navarros incluidos en el sumario.

Esta medida judicial se suma a la serie de acciones que pretenden disolver Batasuna, luego que en agosto pasado se ordenó la suspensión de sus actividades, el cierre de sedes y locales y el embargo de sus cuentas bancarias, mientras que al mismo tiempo se iniciaba en el Tribunal Supremo el proceso para su ilegalización, impulsado por el Ejecutivo español, el conservador José María Aznar, apoyado por la oposición socialista.

Según Garzón, los 22 imputados, que están citados a declarar el próximo 13 de diciembre, tienen "perfecto conocimiento" del alcance de la integración de Batasuna "en el marco del complejo terrorista liderado por ETA, por lo que se hallan dentro de la organización terrorista".

Entre los dirigentes señalados por Garzón destacan los presuntos etarras Mikel Albisu, alias Mikel Antza, señalado como número uno de ETA, y Eloy Uriarte, alias Señor Robles, además de los históricos dirigentes abertzales Jon Idígoras, Adolfo Araiz, Karmelo Landa, José Luis Elcoro, Joseba Permach, Floren Aoiz y el propio Otegi.

También figuran en la lista Josu Iraeta, José Antonio Egido, Joseba Urquijo, Juan Carlos Rodríguez González, Mikel Arregui, Esther Aguirre, Sabino del Bado, Miren Jasone Manterola, Juan Pedro Plaza Lujambio, Santiago Hernando Sáez, Juan Cruz Aldasoro, Kepa Gordejuela, María Isabel Mandiola y Segundo López de Aberasturi.

El auto afirma que "al menos indiciariamente existen una serie de responsables de la dirección de ETA, así como de HASI, KAS, Ekin, Jarrai, Saki y Herri Batasuna-EH-Batasuna que han formado o forman parte del entramado directivo de la organización terrorista en varios de sus frentes", y los imputados "han desempeñado cargos como delegados de ETA o dirigentes de Kas, Ekin, Xaki, Segi, Gestoras Pro Amnistía o el entramado de las herriko tabernas".

El diario vasco Gara destaca que en el auto judicial de Garzón también cita a seis personas "que podrían estar imputadas", pero éstas han fallecido, dos de ellas muertas en atentados enmarcados en la guerra sucia del Estado español en el País Vasco.

Concretamente, precisa el periódico, "cita Garzón a José Miguel Beñaran, Argala, miembro histórico de la dirección de ETA muerto en un atentado el 21 de diciembre de 1978, y al ex parlamentario abertzale en el Congreso español Josu Muguruza, fallecido en el atentado en el hotel Alcalá de Madrid", hace trece años.

Después de hacerse pública la notificación de Garzón, los líderes vascos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena señalaron que si mientras en los años del gobierno de Felipe González se llevó a cabo "un GAL armado", en alusión a los Grupos Antiterroristas de Liberación, un movimiento paramilitar financiado por los fondos del Estado, ahora estamos ante "un GAL político y judicial".

Otegi añadió que "el Estado hace esto porque sabe que la izquierda abertzale tiene una propuesta para este país, que se trata de derrotar por todos los medios".

El diputado añadió que los partidos Popular (derecha, gobernante) y Nacionalista Vasco (nacionalista moderado, en el poder en el País Vasco) "comparten el objetivo de tratar de derrotar esa propuesta de país de la izquierda abertzale", y añadió que será "fundamental la respuesta ciudadana ante el nuevo ataque fascista".

El secretario general de Eusko Alkartasuna (partido miembro de la coalición que gobierna el país vasco), Gorka Knorr, dijo por su parte que el nuevo auto de Garzón es una "muestra de que el juez sigue en su carrera imparable hacia el Nobel del Disparate y generando mayor confusión en el País Vasco, cueste lo que cueste, y tenga o no tenga pruebas".

Agregó que los autos de Garzón "rozan lo patético y lo ridículo, como cuando construye su teoría de la limpieza étnica".

Por otro lado, la entidad defensora de derechos humanos Amnistía Internacional instó este jueves al gobierno español a que aplique de forma "urgente" las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, recordando que este organismo expresó su "especial preocupación" a las autoridades españolas por las denuncias de "violación y abusos sexuales, malos tratos a niños en procedimientos de expulsión y otros casos de malos tratos contra inmigrantes". 

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