El tema de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco, constantemente bajo asedio por parte de los diferentes estamentos del estado español, ha sufrido una peculiar alteración.
Pero antes de que pasen a leer lo que La Jornada nos informa al respecto, es nuestro deseo señalar el otro tema del artículo, que para nosotros no es menor; asociaciones católicas catalanas han hecho pública su solidaridad con los obispos y curas vascos que se han manifestado en favor de un proceso de paz que la nueva Ley de Partidos Políticos, aprobada por la aplanadora del bipartidismo borbónico franquista, obstaculizaría, al estar diseñada con el solo propósito a corto plazo de ilegalizar a Batasuna.
Adelante con la lectura:
El Poder Judicial español exige a Aznar respeto a sus resoluciones
El caso del líder de Batasuna, origen del malestar
Armando G. Tejeda | Corresponsal
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió hoy un comunicado en el cual reclama al presidente del gobierno español, José María Aznar, y a partidos acatar las resoluciones que emite, sobre todo las que se refieren a cuestiones "políticas".
El origen del malestar del consejo se debe a que el pasado 24 de mayo el Tribunal Supremo desestimó una querella criminal presentada por la Fiscalía General del Estado contra el líder y vocero de la formación independentista vasca Batasuna, Arnaldo Otegi, quien fue acusado del delito de "apología del terrorismo" por haber gritado al final de un mitin político en Bayona, Francia: Gora Euskadi Eta Askatasuna (que en euskera significa "Viva el País Vasco en libertad" y que además coincide con las siglas de la organización armada ETA).
Por esta razón, los representantes jurídicos del Estado presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que pretendían procesar por "terrorismo" a Otegi, un extremo que fue finalmente rechazado por el alto tribunal, que consideró improcedentes las peticiones de prisión y procesamiento.
A raíz de esta decisión, el Tribunal Supremo fue objeto de un alud de críticas desde diversos estamentos del poder, desde el propio Ejecutivo, el ministro de Justicia, la oposición socialista y la Fiscalía del Estado. Pese a todo, el auto del Supremo es una decisión todavía firme, a la espera de que el mismo órgano resuelva el recurso de apelación presentado por los abogados del Estado.
El CGPJ, formado por los 21 jueces que son los máximos responsables y vigilantes de la aplicación de la ley en este país, manifestó enérgicamente su malestar en un mensaje que tiene como principal destinatario al propio gobierno, el más beligerante con el citado auto y a quien insta a que por medio de "la mesura y la reflexión haga análisis y críticas" de las "actuaciones judiciales" en cuestión, pero que, en todo caso, "no interfiera" en "nuestra jurisprudencia, la más serena administración de justicia" del país.
Los magistrados también advierten que los ataques vertidos en su contra son "incompatibles con aquellas críticas que producen un inmerecido efecto de deslegitimación de la función jurisdiccional y, por extensión, de la labor de los jueces en su conjunto", por lo que recuerdan que las resoluciones de los magistrados "no están sustraídas a la libre crítica", y que por tanto los jueces "están legitimados para realizarlas" en función de sus atribuciones.
En los seis años que lleva Aznar en el poder no se había producido una queja de esta índole y magnitud, que de alguna forma pone en entredicho el reiterado discurso de Aznar de que "respeta sin condiciones la actuación de la justicia".
Curas catalanes apoyan a obispos vascos
La polémica surgida a raíz de la carta pastoral que emitieron el pasado sábado los obispos de las tres diócesis vascas, quienes, apoyados por la mayoría de los sacerdotes de la región, advirtieron sobre las "consecuencias sombrías" que traerá el declarar ilegal, a través de la Ley de Partidos, a la coalición Batasuna, considerada brazo político de ETA, provocó hoy dos hechos destacables: por un lado, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reunió con el nuncio vaticano en España, Manuel Monteira, para pedirle que llame al orden a los prelados vascos. El pasado fin de semana, el Vaticano afirmó que no pensaba intervenir de momento en la polémica, si bien resaltó que los obispos vascos hacían en su carta pastoral "una rotunda condena del terrorismo".
Las fuentes del Vaticano señalaron que si bien el documento pastoral era "inoportuno" por cuestiones políticas, no se planteaba de momento intervenir en este debate, con el fin de respetar la soberanía de las diócesis católicas.
En segundo lugar, siete asociaciones católicas catalanas manifestaron su solidaridad y apoyo a los obispos vascos, a quienes consideraron posibles precursores de un futuro proceso de paz que ponga fin al conflicto vasco.
También expresaron su "apoyo y reconocimiento al trabajo por la construcción de la paz y la erradicación del terrorismo que está haciendo la Iglesia vasca", por lo que llamaron a la sociedad y al gobierno español a "recordar que todos tienen derecho a manifestar sus opiniones".
Por último, ayer en la madrugada fueron detenidos en Francia los presuntos etarras Fermín Vila Mitxelena y Aitor Aguirrebarrena, quienes según el Ministerio del Interior español formaban parte de los comandos que perpetraron diversos atentados en los últimos años, entre ellos el asesinato del periodista y dirigente del Foro de Ermua, José Luis López de Lacalle, el del general Justo Oreja y el de los dos guardias civiles asesinados en un atentado con coche-bomba en la localidad aragonesa de Sallent de Gállego.
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