El Senado y la Ley de Partidos

Se consuma el despropósito en el estado español. La muy franquista reforma a la Ley de Partidos Políticos ha sorteado su último obstáculo y representa hoy un arma más en el arsenal represivo del régimen borbónico franquista, misma que podrá utilizar en contra del partido político que le plazca, por más que la reforma haya sido diseñada para criminalizar e ilegalizar a Batasuna.

Así le da seguimiento La Jornada al tema:

Refrenda el Senado español la ley de partidos políticos que permitirá ilegalizar a Batasuna

Madrid esperará el momento oportuno para pedir la marginación de la coalición: Rajoy

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Senado español refrendó este martes la nueva ley orgánica de partidos políticos, creada para disolver la coalición de la izquierda nacionalista vasca Batasuna, con lo que la nueva normativa superó el último trámite parlamentario antes de su entrada en vigor, que será previsiblemente en los primeros días de julio.

Quince de los 259 senadores votaron contra la nueva ley y presentaron cinco enmiendas, al considerar que se "atenta contra la libertad ideológica y se castiga al discrepante", mientras que la formación amenazada comenzó una protesta en las instituciones vascas al considerar que sufre un "apartheid político".

La nueva ley contiene implícita una de las obsesiones más añejas del Ejecutivo español, José María Aznar, quien desde su llegada al poder en 1996 ha buscado por todos los medios -ya sea en los tribunales españoles o las instituciones europeas- declarar ilegal a la coalición, considerada el brazo político del grupo armado ETA.

Después de varios intentos infructuosos, como fue la petición de Aznar de que se incluyera a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, el gobierno español comenzó la redacción de una nueva ley para modificar los preceptos que le impedían declarar ilegal a la formación abertzale (nacionalista).

Con la aprobación en el Senado, el todavía proyecto de ley, que sustituirá a la firmada en 1978 por todas las formaciones que participaron en la llamada transición a la democracia, sólo está a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para su definitiva entrada en vigor.

La normativa fue aprobada sin modificaciones al texto enviado por el Congreso de los Diputados, ya que en caso de aprobar cambios se hubiera tenido que someter a una votación más en el Cámara baja y, por tanto, retrasar su publicación, extremo que siempre rechazaron los partidos firmantes.

Los 246 senadores que votaron a favor de la nueva ley pertenecen al Partido Popular (PP, derecha, en el gobierno), al Partido Socialista Obrero Español (PSOE, oposición), a los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió y a Coalición Canaria, las dos últimas socias del PP.

En contra votaron los siete senadores del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional), los dos de Izquierda Unida (IU), el del Bloque Nacionalista Gallego, la de Eusko Alkartasuna y los dos de Ezquerra Republicana de Cataluña. Al proyecto se le hicieron 83 enmiendas y cinco propuestas de veto; todas fueron rechazadas.

Motivos ideológicos

El proyecto establece los motivos para ilegalizar una formación política y establece que esto sólo será posible con carácter "extraordinario" cuando los partidos tengan actividades "racistas, terroristas y xenófobas" y en ningún caso se promoverá su ilegalización por motivos ideológicos.

Además, una organización políticas sólo podrá ser ilegalizada o disuelta por el Tribunal Supremo español a petición del gobierno o de 50 diputados o 50 senadores.

El ministro de Justicia español, Angel Acebes, señaló que la ley debe ser aprobada para evitar una "perversión democrática": "No puede ser señorías, que un partido legal, como ocurre ahora en España, utilice sus sedes para ser depósito de armas, vivero o refugio de asesinos; no puede ser que un partido político legal forme parte del aparato de financiación o propaganda de una banda terrorista.

"Por tanto, nada puede ser tan justo como una ley que impide utilizar la democracia en beneficio de quienes no creen en ella y la quieren destruir, ofenden la memoria de las víctimas mientras jalean y exculpan a asesinos, en beneficio de quienes judicial y políticamente han confirmado su convivencia con el entramado del terror".

A su vez, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, explicó que el Ejecutivo "esperará el momento más adecuado" para solicitar la ilegalización de la formación, al tiempo que advirtió que "si Batasuna deja de apoyar a ETA y condena sus asesinatos, sus extorsiones y sus atentados a los derechos, el gobierno no promovería su ilegalización, pero si no hace un rechazo expreso de ETA, ni una condena, a partir de ahí lo haríamos. Esperemos a ver cómo se producen los acontecimientos porque dar una fecha en este momento no tiene ningún sentido.

Ante los avances parlamentarios para la disolución de Batasuna, sus ediles en Navarra iniciaron una protesta que consistirá en no acudir a las sesiones de trabajo de las diversas comisiones del Parlamento y utilizarán los plenos únicamente para denunciar los ataques que sufre su formación.

Su vocero, Pernando Barrena, explicó que "estamos ante una conculcación flagrante de derechos políticos y civiles básicos", por lo que pidió al resto de las fuerzas vascas que "pasen de las palabras a los hechos y adopten alguna iniciativa que manifieste abierta y públicamente su posicionamiento contrario a este grave ataque", al tiempo que acusó a PP y PSOE de "practicar el apartheid político más crudo contra Batasuna".

Los voceros del PNV, Iñaki Anasagasti y Joseba Urrikoetxea, criticaron que la nueva ley se haya aprobado sin la inclusión de ninguna de las 83 enmiendas, por la "urgencia por ponerla en funcionamiento".

Pero, señalaron, "no estamos ante una reforma de la ley de partidos, ya que su única novedad es que más de 50 por ciento de la literalidad se dedica precisamente a ilegalizar y disolver un partido político, no a promocionarlo o a facilitarle su labor".

El líder de IU, Gaspar Llamazares, afirmó que la "ley es un grave error, supone un inmenso atajo en términos democráticos, que además plantea una cortina de humo sobre otros problemas, ya que la norma contrapone a la opinión pública española de la vasca y a sus instituciones". 

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