El régimen borbónico franquista lleva prisa en el tema de la criminalización e ilegalización del partido independentista vasco Batasuna, tiene que aprovechar el clima de supresión de libertades y derechos generado por Washington a partir del 11 de septiembre.
Esto es lo más reciente que nos reporta La Jornada:
Entra hoy en vigor la legislación para disolver Batasuna; protestas de parlamentarios vascos
Aznar dio luz verde a publicación en el Boletín Oficial de la nueva normativa de partidos
Armando G. Tejeda | Corresponsal
El gobierno de España dio este viernes luz verde a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva ley orgánica de partidos políticos, creada para disolver a Batasuna y que entrará en vigor este sábado, en medio de numerosos actos de protesta protagonizados por parlamentarios y militantes de esta organización considerada el brazo político de ETA.
Esta normativa, que sustituye a la firmada en 1978 por todas los partidos que participaron en las negociaciones de la transición a la democracia, fue impulsada por el presidente español, José María Aznar, y respaldada por los partidos Popular (PP, en el poder) y Socialista Obrero Español (PSOE, principal fuerza de la oposición).
Sin embargo, el gobierno local y las fuerzas mayoritarias del País Vasco y un cúmulo de organizaciones civiles y pacifistas implicadas en la resolución del conflicto rechazaron tajantemente esta ley, al considerar que vulnera derechos básicos, y, que las consecuencias de su aplicación serán desastrozas para la región, al propiciar un recrudecimiento de la tensión y el enfrentamiento.
La nueva ley de partidos tiene su origen en el llamado pacto contra ETA que firmaron en diciembre de 2000 el PP y el PSOE, si bien la redacción de la legislación correspondió al gobierno nacional, en concreto al ministro de Justicia, Angel Acebes.
El documento fue sometido posteriormente a votación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, instancias en las que fue aprobado por amplia mayoría, al ser dos instituciones en las que el PP y el PSOE tienen el control de más de 90 por ciento de su representación.
A la votación a favor se sumaron los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió y Coalición Canaria, mientras que las fuerzas minoritarias y nacionalistas vascas y gallegas lo hicieron en contra.
El vocero del Ejecutivo, Pío Cabanillas, defendió la publicación de la ley porque significa "un instrumento más que necesario para luchar contra el terrorismo y la violencia", si bien no precisó cómo y cuándo impulsará el gobierno la ilegalización de la formación abertzale, que representa a 10 por ciento del electorado vasco.
"No es una cuestión de fijar una fecha sino que se cumplan los supuestos de la ley, la reiteración de conductas previstas en la misma y los procedimientos a seguir establecidos en ella", explicó el funcionario, quien se mostró satisfecho por la aprobación de la normativa, que fue firmada por el jefe del Estado español, el rey Juan Carlos y el presidente en funciones, Mariano Rajoy.
La ley contempla la prohibición de que un partido presente candidaturas si éste es declarado "judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido", al tiempo que permitirá que sea el gobierno y el ministerio fiscal los que insten a la ilegalización de una formación, en este caso Batasuna.
Mientras tanto, los dirigentes de Batasuna, que han denunciado el supuesto apartheid político al que los somete Madrid, protagonizaron nuevas protestas en las instituciones vascas, al decidir ausentarse de los plenos de los ayuntamientos, las sesiones parlamentarias y foros, a las que han asistido únicamente para desfilar con carteles de "paren el fascismo, democracia para Euskal Herria" o para colocarse banderas españolas en la boca, a manera de mordaza, cuando tomaba la palabra algún concejal o diputado del PP o el PSOE.
El líder y vocero de Batasuna, Arnaldo Otegi, se dirigió a los parlamentarios vascos antes de abandonar la sesión para advertirles que a pesar de la normativa "Euskal Herria va en el camino de la autodeterminación y la democracia", y ésta se lograra a pesar de los intentos de su disolución.
Esta situación de tensión en la vida pública en Euskadi fue denunciada por el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Karmelo Sáinz, quien consideró que las "iniciativas unilaterales que surgen desde la exclusión a partidos políticos ha generado un encabronamiento progresivo".
En otro asunto, el Tribunal de Apelación de Pau (Francia) autorizó hoy la extradición a España de Juan María Olano, ex coordinador general de la extinta organización Gestoras Pro Amnistía, responsable de dar asistencia jurídica a los etarras presos y de ayudar a los familiares de éstos.
Olano permanece en Francia desde noviembre del año pasado, después de que el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de sus 13 dirigentes, acusados de pertenencia a banda armada y de diseñar los actos de violencia callejera en el País Vasco.
Después de participar en varias manifestaciones en el sur de Francia en pos del acercamiento de presos, Olano fue detenido el 3 de diciembre en Bayona, donde ha permanecido detenido desde entonces.
Sin embargo, la extradición a España no será inmediata, ya que cabe interponer un recurso de apelación.
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