Y pues nada, resulta que desde Irlanda le llega un aviso a José María Aznar; sí, sí hay muchos paralelismos entre el conflicto irlandés y el conflicto vasco, como por ejemplo, ambos han generado la necesidad de crear organizaciones de apoyo a los presos políticos que terminan en las celdas de sus respectivas metrópolis.
Aquí les dejamos con este artículo de seguimiento a la 'Operación Otoño', que es como Madrid ha denominado a la agresión en contra de Gestoras Pro Amnistia.
Mientras lo leen, noten el lenguaje cada vez más beligerante que usa el corresponsal de La Jornada para redactar sus textos:
Rechazan declarar 12 abogados de Gestoras Pro Amnistía detenidos por orden de Garzón
ONG irlandesa acusa a Madrid de intentar criminalizar la labor en favor de los derechos civiles
Armando G. Tejeda | CorresponsalLa policía nacional de España dejó hoy en libertad a Gaizka Larrinaga, uno de los 13 abogados detenidos el pasado miércoles por orden del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien les imputa el delito de pertenencia a banda armada.
Los 12 abogados vascos puestos hoy a disposición judicial y que pertenecen a la organización pro derechos de los presos etarras Gestoras Pro Amnistía, se negaron a responder a las preguntas del magistrado.
Gaizka Larrinaga fue liberado por la policía nacional después de que quedó probado que éste no tenía ninguna vinculación con Gestoras Pro Amnistía, que a juicio del juez Garzón actúa bajo las órdenes y directrices del grupo separatista vasco ETA.
Garzón tomó declaración al resto de los detenidos en una larga sesión de interrogatorios. Ellos son Iker Zubia, Maite Díaz de Heredia, Julen Zelarain, Gorka Zulaika, Andoni Irastorza, Aratz Estonba, Julen Larrinaga, Jagoba Terrones, Juan Antonio Madariaga, Jon Beaskoa, Josu Beaumont y Alejandro Belasko, quienes fueron representados por abogados de la propia Gestoras pro Amnistía.
El magistrado también ordenó la intervención de tres computadoras confiscadas en el operativo Otoño del pasado miércoles, en cuyo auto pidió la congelación de 22 cuentas bancarias de la organización civil. Asimismo, el gobierno español dictó la víspera una orden de búsqueda y captura internacional contra el máximo responsable de la organización, Juan María Olano, quien está prófugo desde el miércoles.
La detención de José Antonio Madariaga, vocero de la asociación Senideak, que agrupa a familiares de presos de ETA, provocó la condena de esta organización, que consideró "se cerró un círculo vicioso que parte de la negación de unos derechos colectivos y termina con el encarcelamiento" de personas que luchan por los derechos de los presos de ETA.
Mientras, José Permanch, vocero de Batasuna, la coalición sustituta de Herri Batasuna, considerado el brazo político de ETA, señaló que es imposible acabar con el proyecto político independentista a pesar de las detenciones que, a su juicio, son "una nueva operación de la mano de Garzón y de la policía nacional para intentar acabar con el movimiento pro amnistía, una organización cuyo único objetivo es denunciar la conculcación de derechos que se produce tanto en las cárceles como en las comisarías".
El líder separatista enfatizó que desde el 11 de septiembre y por el clima internacional que se ha creado, diferentes sectores del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, determinados medios, jueces y fiscales han hecho en las últimas semanas declaraciones en las que buscan incrementar la criminalización del conjunto de los militantes de la izquierda abertzale.
Asimismo, Ann O'Sullivan, coordinadora de Coisten Nan-Iarchimi (organización de apoyo a los presos republicanos irlandeses), señaló en una carta de apoyo enviada al diario vasco Gara, que Madrid está tratando de criminalizar el legítimo trabajo en favor de los derechos civiles y a favor de los presos políticos.
Agregó que las detenciones "significan el éxito que ustedes han tenido al llamar la atención sobre las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en las cárceles españolas y el haber llevado adelante una campaña popular por su libertad y repatriación, lo que les ha convertido en una amenaza para el gobierno español que ahora los encarcela".
"Se actuará contra el gobierno vasco"
Mientras, desde el gobierno español, el vocero del Ejecutivo, Pío Cabanillas, señaló después de la reunión del Consejo de Ministros que se actuará contra el gobierno vasco si se comprueba que éste financia a la organización armada, en alusión a una subvención otorgada a Senideak por la administración del presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe.
Añadió que todo parece indicar que la resolución aprobada por el gobierno español, la 1373 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alude a los mecanismos de financiación de las organizaciones terroristas, podría significar el fin jurídico del llamado santuario francés, el belga, y los sucesivos que se han venido creando desde los años 80 en México y otros países de Iberoamérica.
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