Solo quedan unos meses para que las urnas vuelvan a abrirse en las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Iruñea, unos comicios que tienen muchos puntos de interés. Entre estos, sin embargo, no se encuentra saber si todas las opciones políticas van a poder concurrir legalmente, y aunque está acotación quizá sorprenda a algunos de los lectores y lectoras más jóvenes, no está de más en un país que durante años tuvo amputada una parte importante de su cuerpo electoral.
Hace ahora veinte años, el Estado español, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial actuando al alimón, decidió ilegalizar la representación política y electoral de la izquierda abertzale, y abrió un periodo, toda una década, en el que las instituciones dejaron de representar fielmente la voluntad de la ciudadanía, generando un escenario profundamente antidemocrático y una enorme tensión social.
Expresamente contra la izquierda abertzale
La maniobra fue ejecutada a través de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, que entró en vigor el 27 de junio de ese año con la intención manifiesta de dejar fuera de juego a la izquierda abertzale. Jesús Cardenal, fiscal general del Estado en aquellas fechas, lo dejó meridianamente claro cuando dijo que «venimos a liberar a una parte de España del asedio de un partido que se llama Batasuna».
El plan no era nuevo. Aún estaba reciente el encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB en 1997 por haber difundido en espacios electorales la Alternativa Democrática, y en Madrid, el contexto, con una sociedad que aún trataba de digerir el cierre frustrado del proceso de 1998-1999 –con el acuerdo de Lizarra Garazi y la tregua indefinida de ETA como hitos–, debió parecer adecuado para apuntillar al movimiento que más eficaz e insistentemente había enmendado el régimen del 78 y lo que este representaba para Euskal Herria.
Cabalgando sobre el “Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo”, suscrito a finales del año 2000 por PP y PSOE, y tras fracasar en el intento de llegar a Ajuria Enea en 2001 con Jaime Mayor Oreja, la Ley de Partidos fue una vuelta de tuerca para poder entonar, por fin, el domuit vascones.
Remitida por el Consejo de Ministros de José María Aznar el 19 de abril, fue aprobada en el Congreso con el apoyo de PP, PSOE, CiU, CC y Partido Andalucista. Votaron en contra, IU, PNV, BNG, ERC, ICV, EA y CHA, y organismos como Amnistía Internacional o el propio Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, expresaron su preocupación y sospecha de que el objetivo de la ley no era «garantizar el funcionamiento del sistema democrático». Pero la maquinaria estaba en marcha.
El 6 de agosto, dos días después de un atentado de ETA en Santa Pola con dos víctimas mortales, el Ejecutivo remitió a la Fiscalía General un documento con argumentos para ilegalizar Batasuna, y Cardenal se puso manos a la obra. El 19 de agosto, el Ministerio Público interpuso la demanda de ilegalización, el Congreso le dio cobertura política el día 26, y así comenzó un procesó que culminó el 17 de marzo de 2003, cuando el Tribunal Supremo decidió por unanimidad ilegalizar la formación abertzale.
Paralelamente, un veterano de la represión del independentismo, el juez Baltasar Garzón, decretó la suspensión de actividades de Batasuna y ordenó adoptar «las medidas necesarias» para «impedir la celebración de cualquier manifestación que se refiera a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok –ilegalizadas igualmente– y Batasuna».
Réplica en la calle y en las urnas
La orden del magistrado, hoy referente para algunos progresistas desorientados, no impidió que la respuesta en las calles vascas –también hubo protestas en otros lugares de Europa y del mundo– fuera masiva.
Es imposible enumerar todas las movilizaciones que se realizaron durante aquellos meses, pues las hubo de todos los tamaños y colores, a nivel local y nacional, aunque quizá la más recordada fue la gran manifestación que el 14 de setiembre de 2002, con el lema “Gora Euskal Herria!”, fue disuelta violentamente por la Ertzaintza. La Policía autonómica utilizó para ello, además de porras y pelotazos, una tanqueta con manguera desde la que, al más puro estilo de la dictadura chilena, lanzó un líquido azul a la multitud reunida en las calles de Bilbo.
La imagen de varias decenas de miles de personas sentadas, aguantando el chaparrón –en el sentido literal de la palabra–, aplaudiendo y entonando canciones, se ha convertido en un símbolo de aquella época.
También hubo paros, huelgas, pronunciamientos solemnes y una denuncia del “apartheid político” que se mantuvo constante en el tiempo, sobre todo en los municipios. En gran medida, porque en muchos de ellos vieron cómo los gobiernos locales eran ocupados por personas que no gozaban de apoyo popular, y que el voto de los vecinos no era tomado en consideración.
Y es que, aun ilegalizada, la izquierda abertzale nunca eludió el reto de medirse en las urnas. Lo hizo con resultados inesperados para quien anhelaba su disolución.
No ocurrió tal cosa; al contrario, todas las siglas con las que concurrió en las sucesivas elecciones siempre estuvieron por encima de los cien mil votos. Tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que se trataba de sufragios que se contaban como nulos.
«Que hubiera decenas de miles de personas en este país que guardaran una papeleta ilegal y fueran a depositarla a la urna, o que miles de personas avalaran con su firma las candidaturas, o incluso estuvieran dispuestas a formar parte de las listas electorales, aunque es un dato que a veces pasa desapercibido en el debate político, es algo que a nosotros nos llenaba de confianza y satisfacción. Ese era el reflejo de la fortaleza del proyecto político de la izquierda abertzale», expuso Arnaldo Otegi en el libro-entrevista “Mañana Euskal Herria”, publicado en 2005.
Así, en las primeras elecciones tras la ilegalización, la plataforma Autodeterminazio Bilgunea (AuB) sumó más de 150.000 votos en Juntas Generales y en el Parlamento navarro, y más de 160.000 las candidaturas municipales, a pesar de estar anuladas.
Después, también fueron víctimas de la Ley de Partidos, Herritarren Zerrenda, Abertzale Sozialisten Batasuna, Aukera Guztiak, Demokrazia Hiru Milioi, Askatasuna, EAE-ANV –histórica formación de izquierdas y abertzale, cuyos militantes lucharon contra el fascismo en la guerra de 1936– y el PCTV-EHAK.
Este partido fue ilegalizado a posteriori, en 2008, junto a ANV, tras haber concurrido legalmente a las elecciones al Parlamento de Gasteiz en 2005, en las que obtuvo nueve escaños, dos más que Euskal Herritarrok en 2001.
Aquel éxito electoral fue un golpe en la línea de flotación de la estrategia del Estado, que cuatro años después, en las autonómicas de 2009, pasó el rodillo. Esos comicios los ganó el PNV, pero con las listas abertzales ilegalizadas, PSE y PP sumaron mayoría absoluta y Patxi López fue investido lehendakari. Sin votos ni legitimidad, pero no pareció importarle en absoluto.
40.000 personas «contaminadas»
Otra lista que superó el cedazo judicial fue Iniciativa Internacionalista, una candidatura encabezada por Alfonso Sastre en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Recibió amparo del Tribunal Constitucional, en un fallo en el que se afirmaba que «no es constitucionalmente aceptable la tesis de la denominada contaminación sobrevenida que, en el parecer del Tribunal Supremo, padecerían cuantos, sin ser ellos mismos motivo para la ilegalización de una candidatura, figuraron como candidatos en una lista ilegalizada». Aquella fue una afirmación cargada de cinismo, pues haber formado parte de una plancha ilegalizada había sido motivo suficiente para que miles y miles de personas fueran despojadas después de su derecho a participar en unas elecciones.
En total, por este o por otros motivos –haber visitado a presos, haber sido interventor...– unas 40.000 personas habrían sido consideradas “contaminadas”, y su sola presencia era capaz de echar por tierra una candidatura. Una auténtica barbaridad.
No fueron tantas, pero sí muchas, las personas que fueron detenidas y encarceladas durante todos esos años por su vinculación con las fuerzas ilegalizadas. La operación desarrollada en Segura en octubre de 2007, con una veintena de arrestados, fue ejemplo paradigmático de aquella persecución a la militancia independentista.
Sin embargo, esta acometida del Estado no fue capaz de neutralizar la actividad política de la izquierda abertzale, que en ese duro contexto fue capaz de impulsar y protagonizar el proceso de diálogo de 2005-2006, y de pilotar más tarde el giro estratégico que desembocó en el escenario actual.
En cierto modo, aquella noche de mayo de 2011 en el Arenal, con los sentimientos a flor de piel, puso el cierre a ese capítulo nefasto de la historia reciente de Euskal Herria. La izquierda abertzale no solo había resistido, también había tejido alianzas y emprendido un camino que daba sus primeros frutos en forma de tsunami de votos. Los resultados de Bildu, celebrados aquí y lamentados allá, representaron el fracaso de una ofensiva que cercenó derechos, pero no logró suprimir voluntades.
Veinte años después, la Ley de Partidos sigue en vigor, igual de amenazante pero con los dientes mellados. Enfrente, un movimiento asentado en el fondo y renovado en la forma, y un pueblo que nada quiere saber de rémoras antidemocráticas.
