Batasuna Continúa Bajo Asedio

Damos seguimiento a la escalada represiva españolista en contra del pueblo vasco en general y la izquierda abertzale en particular con este artículo de La Jornada, mismo en el que se da realce a un tema puesto sobre la mesa por el PNV; que la militancia del PP nunca ha condenado el franquismo, lo cual haría a ese partido acreedor de todas las medidas que se están tomando en contra de Batasuna.

Pero no solo eso, la falta de condena al franquismo tendría que llevar necesariamente a la expulsión del estado español de todo organismo internacional conformado por estados democráticos pues esa falta de condena y de rompimiento con el régimen anterior convierte al actual régimen español en una extensión del mismo, tal como insiste Garzón que la afinidad de objetivos en lo que respecta al derecho a la autodeterminación del pueblo vasco vincula a Batasuna con ETA.

Así que, dicho lo anterior, les presentamos lo publicado en relación al caso Batasuna:

Continúan los desalojos de las sedes de Batasuna en el territorio vasco

Aznar y su partido no han condenado todavía el alzamiento de Franco, acusa el PNV

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La cúpula del Ministerio Fiscal español, reunida este miércoles en sesión extraordinaria en Madrid, decidió respaldar de forma unánime la querella que presentará la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo para ilegalizar a Batasuna, coalición de la izquierda nacionalista vasca a la que se acusa de ser brazo político del grupo armado ETA.

Entre tanto, en el País Vasco y Navarra continuaron los desalojos de las sedes y locales de la formación abertzale (nacionalista), cuyas actividades públicas, privadas e institucionales fueron suspendidas por un mínimo de tres años el lunes anterior por orden del magistrado Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, quien sostiene que Batasuna es parte del "entramado" de ETA.

De su lado, el presidente del Ejecutivo español, José María Aznar, se manifestó convencido de que en materia de lucha antiterrorista "vamos en la dirección correcta" con la propuesta de ilegalización de Batasuna, aunque advirtió que aún "tendremos que hacer muchos sacrificios".

Al intervenir ante militantes de su Partido Popular (PP) de Valladolid, el mandatario aseguró que con la iniciativa aprobada el lunes anterior en el Congreso de los Diputados y que dará curso este jueves el Consejo de Ministros "no nos mueve el odio, ni tampoco el temor" sino que se trata de "juego limpio" en democracia.

Subrayó que en esta lucha "no tenemos más enemigos que los terroristas", por lo que "nadie tiene derecho a sentirse perjudicado por esta iniciativa", dijo en referencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV), sin mencionarlo.

Al referirse a las advertencias sobre las consecuencias de estas medidas, afirmó que "será inapelable el destino si no hacemos lo que tenemos que hacer".

Señaló que, en los pasados días, se ha visto "mucho odio, en los gritos, en las pancartas, en las amenazas"; explicó que se trata del "odio de los que saben que pierden la impunidad", y admitió que las "imprescindibles" medidas acordadas en estos días no van a "acabar ya" con el terrorismo.

Proscripción de facto

Si bien el auto judicial del juez Garzón es de hecho una proscripción de facto de Batasuna, fundada hace 24 años y representante de 10 por ciento del electorado del País Vasco, el gobierno de Aznar, el PP y el Congreso de los Diputados activaron paralelamente el lunes la vía político-judicial, y apoyándose en la recientemente aprobada ley de partidos políticos acordaron que el gobierno pida al Tribunal Supremo la prohibición de Batasuna, por considerar que apoya al terrorismo.

Con el espaldarazo dado este miércoles por la Junta de Fiscales de Sala al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se activa el tercer frente contra Batasuna.

Por un lado están la orden judicial de Garzón y la enmienda aprobada en el Parlamento para llamar a la ilegalización de la coalición ante el Tribunal Supremo, y ahora la cúpula fiscal aprobó elaborar una demanda que también será presentada ante esa alta corte con idéntico objetivo.

Estos tres mecanismos confluyen a su vez en dos vías: la del juez Garzón, desarrollada en la Audiencia Nacional, que pretende establecer las responsabilidades penales de Batasuna con base en el código penal y la ley antiterrorista, y la de Aznar, su organización y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), gracias a la aprobación en junio anterior de la ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc para proscribir a Batasuna.

Garzón, el juez que más sumarios tiene contra ETA en los tribunales españoles, presenta como pruebas documentos elaborados por los servicios de inteligencia y papeles incautados por la policía a la propia organización armada, que fueron el sustento del auto judicial de 370 páginas que le hizo convertirse desde el lunes en el primer magistrado español que suspendió a un partido político.

El Ejecutivo de Aznar y la Fiscalía General del Estado, respaldados por la mayoría del Congreso de los Diputados, basarán por su parte la querella en un informe elaborado por los "servicios jurídicos del gobierno", en el que, en función de la nueva ley de partidos políticos, aportan "23 hechos" que justifican la ilegalización de la formación vasca.

La mayoría de estos hechos son las abstenciones de los cargos públicos de esa organización en los plenarios en los que se condenó el reciente atentado mortal de ETA, a principios de este mes en la localidad de Santa Pola, y una de cuyas víctimas fue una niña de escasos seis años de edad.

Además de estas abstenciones o ausencias de las sesiones, que según el gobierno están tipificadas como vulneración "grave" en la nueva legislación, se incluyeron declaraciones de varios dirigentes abertzales realizadas ante los medios de comunicación.

Respuesta "generosa"

Precisamente en la reunión de hoy de la Junta de Fiscales se acordó interponer una demanda, que se sumará a la del Ejecutivo, que aportará "pruebas distintas" a las del informe del gobierno, principalmente fotografías tomadas por miembros de la Guardia Civil en las sedes de los 34 municipios gobernados por Batasuna, en las que según los fiscales se encuentran imágenes de presos etarras.

Jesús Cardenal agradeció a la salida de la reunión con los fiscales, a la que asistieron 13 de los 14 jefes de sala, la "generosa" respuesta de los representantes judiciales para que "prevalezca el estado de derecho".

Entre tanto, en el País Vasco y Navarra continuaron los desalojos y clausuras de las sedes y locales de Batasuna, incluidas las herriko tabernas, donde suelen reunirse simpatizantes y militantes de la izquierda nacionalista.

Después de que el martes anterior, en medio de enfrentamientos, fueran precintadas y cubiertas con una enorme plancha de hierro las principales sedes de la coalición en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, los desalojos de este miércoles alcanzaron a ocho locales: tres en Navarra -dos en Pamplona y uno en Burlada-, tres más en Bilbao y las sedes de la coalición en Valle de Trápaga y Durango.

Estos desalojos se desarrollaron sin que se registraran incidentes, si bien varias decenas de militantes y simpatizantes de Batasuna se concentraron a las puertas de las sedes para increpar a Garzón, a quien llamaron "fascista", al tiempo que lanzaban consignas contra el gobierno de Euskadi, encabezado por el PNV, por haber enviado a la policía autonómica local a cumplir la orden del magistrado de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil informó por su lado que ha denunciado ante los tribunales a tres representantes de Batasuna por "organizar y promover" una concentración pacífica que se llevó a cabo el martes anterior en Estella, lo que a su juicio supone "una desobediencia" del auto firmado por Garzón.

Mientras, varios cientos de personas se manifestaron frente al consulado español de la localidad francesa de Bayona, muy cerca del País Vasco español, mientras gritaban consignas que llamaban a frenar al "fascismo español" y con banderas con el emblema de Batasuna, símbolo prohibido desde el lunes último en territorio español.

Asimismo, la asociación de familiares de presos y refugiados, la Etxerat, y la organización contra la tortura Torturaren Aurkako Taldea acusaron a la policía autonómica de Euskadi y al juez Garzón por haber ordenado también el cierre de sus locales en Bilbao, ya que, sostienen, "las actividades que allí se realizaban no tienen ninguna relación con Batasuna".

Entre tanto, el gobierno español se enfrenta a un complejo proceso para lograr el cierre de la página de Batasuna en Internet, ya que el servidor de dicha página sería una empresa radicada en Australia.

Esto obligaría a enviar la resolución judicial a ese país, y se estima que sólo sería el comienzo de un proceso muy lento, en tanto que la página de Batasuna continúa funcionando normalmente.

La postura del PNV

Por su parte, el gobierno vasco es blanco de acusaciones de "deslealtad" o de "ruptura del contexto democrático", ya sea por parte de los dirigentes de la coalición nacionalista como por parte de los representantes del gobierno español y la oposición socialista.

Por conducto de su vocero, Joseba Egibar, el PNV afirmó este miércoles que la puesta en marcha del proceso para declarar ilegal a Batasuna "acelera" el "proceso de emancipación del pueblo vasco".

A juicio de Egibar, "el País Vasco ya tiene personalidad y madurez para echar a andar y decidir su propio futuro", pues "aunque en este momento el análisis de la situación política no nos lleve a expresarnos en términos optimistas, creo desde una posición nacionalista y en perspectiva histórica que el proceso de emancipación nacional se está acelerando, por mucho que lo quiera impedir el Partido Popular".

Esta organización política, en su opinión, tendrá que asumir "una responsabilidad histórica y política ante su querida España", puesto que la nueva ley de partidos que impulsó para ilegalizar a Batasuna ha provocado en Euskadi una "colisión de voluntades" entre el Congreso español y el Parlamento vasco, en la que "se ha despreciado olímpica y categóricamente lo que han dicho las instituciones del País Vasco y la mayoría social".

Egibar recordó que Aznar y el PP "todavía no han condenado el alzamiento militar de 1936 (del ex dictador Francisco Franco, que derrocó al gobierno de la república y propició la guerra civil española) y aún están recientes las imágenes de la marcha a Guadalajara del PSOE para solidarizarse con personas condenadas por hechos de violencia relacionados con el GAL (grupo paramilitar financiado por el Estado en los años de gobierno del socialista Felipe González), por lo que igual ellos tienen que hacer un ejercicio de autodisolución".

La aprobación del Congreso de los Diputados al pedido de que el Ejecutivo solicite que se declare ilegal a Batasuna se basó precisamente en que la formación no condenó el atentado de Santa Pola, a principios de este mes.

Egibar consideró además "políticamente aberrante" el auto judicial del magistrado de la Audiencia Nacional, que según él no es más que "el informe de la Unidad Central de Inteligencia encuadernado, salvo el prólogo y el cierre".

En este sentido, Joseba Azkárraga, consejero de Justicia del gobierno vasco, sostuvo que ese auto judicial "difícilmente podrá ser admitido en otras instancias superiores porque se sustenta en indicios y suposiciones" para acusar a Batasuna.

El jurista vasco explicó que el lunes anterior "será recordado como un día en el que se materializó un ataque sin precedentes contra las libertades fundamentales, la democracia, la libertad de expresión y las ideas", al tiempo que consideró que "el sentido común conduce a creer que ha existido una connivencia evidente entre el gobierno de Aznar y Garzón; que no se sienta ofendido el magistrado, no trato de perturbar su independencia, son los hechos los que ponen en duda que esa independencia exista". 

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El Asalto a Batasuna y la Prensa

El corresponsal de La Jornada en el estado español ha llevado a cabo un recuento de la cobertura llevada a cabo por la prensa europea con respecto al asedio y asalto final a las sedes de Batasuna por parte de las fuerzas represivas del estado español.

Les pedimos que pongan especial atención a lo publicado por la prensa española para que entiendan bien lo que decía Gramsci con respecto a la hegemonía cultural, tan necesaria para la opresión de la clase trabajadora y, en este caso, para el perpetuamiento del dominio colonial de una nación histórica por parte de un estado decimonónico.

Adelante con la lectura:

Reacciones de la prensa española e internacional

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Estas son las reacciones de los principales diarios españoles y algunos internacionales ante la suspensión de las actividades de la coalición Batasuna, cuyo proceso de prohibición también está en marcha.

La Vanguardia: "La ilegalización de Batasuna y su probable futura expulsión del sistema político democrático, al igual que la amplia suspensión judicial de sus actividades, son un medio antes que un fin y no deben contemplarse como remedios milagrosos que acaben rápidamente con el terrorismo (...) Es previsible que la crispación social vaya en aumento en las ciudades y pueblos del País Vasco, donde el enfrentamiento entre Batasuna y los nacionalistas democráticos del Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna se apunta como inevitable".

ABC: "Entre ambas decisiones, la del Congreso de los Diputados y la del juez Garzón, se ha empezado a corregir definitivamente una grave anomalía de la democracia española, la presencia parasitaria de un partido que combatía los derechos y las libertades de los ciudadanos. Las sentencias que dicten los tribunales en ambos procesos, compatibles entre sí y complementarios, dirán la última palabra, pero lo cierto es que gracias al Parlamento y a la justicia hoy el Estado es más fuerte frente a ETA".

El Mundo: "El precinto físico de las sedes de la coalición abertzale, ordenado en el auto del juez, supone sin duda una figura muy gráfica de la situación en que la democracia coloca a un partido abocado hacia lo que será la última recta de su nefasto camino... El PNV, por su parte, a través de un Anasagasti desazonado, se preguntaba ayer si ellos serán los próximos. La respuesta es clara. Mientras respeten la legalidad -y ayer reiteraron que lo harán- sólo cabe respetar sus deplorables planteamientos".

El País : "Si Batasuna es un instrumento de ETA, no puede ser legal, con independencia de si su ilegalización es oportuna o no, resulte ser la panacea o un elemento poco influyente. Ese fue ayer el eje de la defensa de su iniciativa por parte del PP (Partido Popular, gobernante) y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español, principal fuerza de oposición). No se trata de ilegalizar ideas, sino conductas de apoyo a la coacción terrorista. En España puede haber partidos republicanos, y también independentistas, pero no partidos que contribuyan a multiplicar los efectos intimidatorios de la violencia terrorista".

Deia (diario del PNV): "El proceso de ilegalización de Batasuna ya es imparable y es cuestión de tiempo, poco, que sus sedes y herriko tabernas (tabernas del pueblo) queden precintadas al menos para los tres próximos años. Se trata pues de una clausura provisional, igual que la que dictaminó el mismo juez hace cinco años para el diario Egin, bajo la acusación de ser el órgano de propaganda de los ahora ilegalizados... Pero Batasuna no ha desaparecido del mapa político. El día de hoy será igual que el de ayer, o el de mañana, aunque formalmente a alguno le pueda parecer lo contrario. Y será igual por desgracia para este país y para todos los ciudadanos del Estado, porque el paso dado ayer, lejos de contribuir a solucionar un problema, servirá para agravarlo como ya reconocían incluso algunos defensores de la ley de partidos políticos.

Gara (diario nacionalista vasco): "No por anunciado y previsto lo ocurrido ayer es menos grave. La suspensión de un partido político y el comienzo de su proceso de ilegalización, la pinza de Estado fabricada por la Audiencia Nacional y el Congreso español contra el independentismo vasco, constituye un hito en la historia de la represión en Euskal Herria. Las decisiones adoptadas ayer, ambas en base a textos de muy débil sustento jurídico pero con profundas razones de Estado, pretenden dejar sin representación política a una parte importante de la sociedad, algo sólo conocido en estados dictatoriales; pretenden dejar sin voz a más de 200 mil personas, una decisión cuyas consecuencias finales son aún imprevisibles."

Financial Times (Gran Bretaña): "Dejar fuera de la ley a un partido por su silencio, aunque odioso, hará poco para proteger la democracia y animar a la reconciliación. Es más probable que radicalice la opinión de los vascos y encone las divisiones entre esta región y el resto de España. En lugar de unir a España en su rechazo al terror, la ilegalización juega a favor de los nacionalistas radicales vascos al confirmar una de sus principales quejas: que no tienen futuro democrático dentro del Estado español".

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania): "Aunque en el País Vasco casi nadie duda de la colaboración entre los terroristas de la banda armada y los miembros de la coalición, no es fácil encontrar pruebas inequívocas de la cooperación entre ETA y Batasuna". 

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Estalinismo Franquista

En las tres provincias vascas - del total de siete - que componen la Comunidad Autónoma Vasca - se vive día con día una terrible falacia, un cuerpo policíaco al que se denomina Ertzaintza que de vasco no tiene absolutamente nada... más allá de la denominación en euskera.

Creada en 1982, la Ertzaintza, llamada también policía autonómica vasca, es de hecho un cuerpo policíaco español y la mayor parte de sus integrantes no son nacidos en Euskal Herria.

Por lo tanto, cuando este cuerpo policíaco español con nombre en euskera es encargado con la tarea de reprimir al pueblo vasco lo hace con el mismo salvajismo criminal que se puede esperar de la Policía Nacional o de ese cuerpo paramilitar denominado Guardia Civil. Más que cipayos - o sea, traidores a su propio pueblo -, se trata de mercenarios; españoles reclutados por toda la geografía del estado para, gustosamente, ir a machacar irredentos vascos de la Zona Especial Norte cada vez que así convenga a los intereses de La Zarzuela.

De aquella Ertzaña de Jose Antonio Agirre, aquella policía de cercanía, conformada por vecinos de la localidad, no queda mas que el recuerdo.

Hemos querido matizar antes de entrar en materia, ya que ha sido precisamente la Ertzaintza la que ha sido enviada por Madrid - con la venia de Gasteiz - a desalojar las sedes de Batasuna. O sea, divide y vencerás, pues al utilizar un cuerpo policíaco administrado por el PNV, EA e IU en contra de la izquierda abertzale lo que se busca es meter una cuña entre las diferentes sensibilidades políticas vascas contrarias a los designios de Madrid.

Esta es la información:

Desaloja la policía autonómica vasca las sedes de Batasuna

Repudia el ex presidente italiano Francesco Cossiga la violencia policial "del franquista Aznar"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

En medio de protestas y disturbios, las sedes de Batasuna, coalición de la izquierda nacionalista vasca a la que se acusa de ser el brazo político de ETA, fueron hoy desalojadas y precintadas por agentes de las policías española y autonómica vasca, la Ertzaintza, para cumplir así una orden del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional.

La eventual proscripción de Batasuna, una vieja aspiración del Ejecutivo español presidido por el conservador José María Aznar, avanzó de lleno la víspera con la aprobación por la mayoría del Congreso de Diputados de la demanda al gobierno para que presente una petición al Tribunal Supremo y se declare ilegal a la coalición, fundada hace 24 años y que representa a 10 por ciento del electorado vasco.

Este pedido pudo ser aprobado gracias a la nueva ley de partidos políticos, creada especialmente para prohibir a la agrupación abertzale (nacionalista), por considerar que apoya el terrorismo.

La petición hecha por los diputados al Tribunal Supremo, que podría dar su dictado en octubre próximo, se basa en un informe jurídico elaborado por el gobierno, en el que se presentan como pruebas las abstenciones o ausencias de los dirigentes de Batasuna en las sesiones públicas de condena al último atentado de ETA, que mató a una niña de seis años.

Por otro lado, hoy se completó el cerco con la culminación por parte del juez Garzón del sumario conocido como 18/98, en el cual alega la "integración aparente" de Batasuna en el entorno de ETA.

Proceso de desmantelamiento

Este martes, con la colocación en las puertas de las principales sedes de Batasuna -Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona- de enormes planchas de hierro, en las que se pegó la orden judicial firmada por el magistrado Baltasar Garzón y el precintado correspondiente, comenzó el proceso de desmantelamiento de la coalición.

Esta fue notificada la víspera de la suspensión cautelar de tres años, prorrogables a cinco, de todas sus sedes políticas, locales, centros culturales, bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias, páginas en Internet, además de prohibírsele toda actividad pública o privada.

El gobierno del País Vasco, presidido por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), recibió en la madrugada una ampliación del auto judicial de Garzón, en el que ordenó el desalojo inmediato de todas las sedes de Batasuna.

Emitida la orden de Garzón, la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas comenzaron el dispositivo de desalojo en Navarra, durante el cual se registraron algunos incidentes mientras ocurría la desocupación de nueve sedes, en una operación que se inició de madrugada y se prolongó hasta entrada la tarde de este martes.

En los desalojos de dos locales en Pamplona actuaron policías que cubrían sus rostros con capuchas.

Pernando Barrena, parlamentario de Batasuna, manifestó después de los desalojos en Navarra que "un Estado que ilegaliza formaciones políticas, clausura medios de comunicación y limita al máximo los derechos civiles básicos, como los de reunión y expresión, no es democrático y mucho menos de derecho".

A las 14 horas locales, en Vitoria -sede del Parlamento vasco-, seis furgones policiales repletos de agentes de la Ertzaintza llegaron a la sede de la coalición, en donde fueron recibidos con gritos a favor de la independencia e increpaciones al gobierno vasco y al "fascismo español".

Para ingresar al local, la policía tuvo que forzar la puerta de entrada y romper los cristales, y una vez en el interior fueron desalojados decenas de simpatizantes de la formación política y el parlamentario Antton Morcillo.

Los agentes reprimieron a un grupo de personas concentradas allí, utilizando balas de goma. Morcillo afirmó que "los tiranos jamás se manchan las manos haciendo trabajos sucios, ya que siempre tienen esclavos y siervos que, en este caso, tienen el nombre y el apellido del PNV".

Crisis de "ansiedad"

En la sede de Batasuna en Bilbao se había concentrado un nutrido grupo de dirigentes de la coalición, como Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, Ibon Arbulo, Eusebio Lasa y Karmelo Landa. Incluso algunos de ellos se habían encadenado al balcón del inmueble.

Después de romper la puerta y algunas ventanas, los agentes desalojaron con violencia a quienes se encontraban en el interior del recinto, dejando un herido, un delegado sindical que al parecer sufrió una crisis "de ansiedad" durante el operativo.

En Bilbao también fueron cerrados dos despachos utilizados por el colectivo contra la tortura Torturaten Aurkako Taldea y por la asociación de familiares de presos y refugiados Etxerat.

En San Sebastián, considerada una plaza fuerte de las filas más radicales de Batasuna, se produjeron los incidentes más graves. Allí, la policía se lanzó contra unas 200 personas que guardaban un local de Batasuna, y para el caso emplearon balas de goma.

En las afueras del local el dirigente de Batasuna, Joseba Permach, mantenía una pancarta desplegada en la cual se leía en inglés "Libertad para el pueblo vasco".

La policía se preparaba para clausurar más tarde las oficinas generales. La tensión en San Sebastián se mantuvo a lo largo de la tarde, con enfrentamientos entre jóvenes radicales y agentes.

En la localidad de Tolosa, la policía logró desactivar un explosivo colocado en los juzgados, pocas horas horas después de los primeros desalojos en Pamplona. Una llamada telefónica anónima informó el lunes anterior por la noche al diario vasco Gara de la colocación del explosivo.

Después de ser desalojado de la sede de Bilbao, el dirigente y vocero de la suspendida coalición, Arnaldo Otegi, afirmó que la formación que encabeza seguirá funcionando aunque "no usará públicamente las siglas", al tiempo que advirtió al gobierno vasco: "Nuestro enemigo es el Estado español y su gobierno fascista, pero si alguien pone sus instrumentos a su servicio se pone al mismo nivel".

El líder y parlamentario añadió: "Lo que le pedimos (al gobierno vasco) ya no es responsabilidad, porque no la tiene; ya no un poco de competencia política, porque realmente no la tiene; sino por lo menos que sea digno y le diga a su país que no va a seguir participando en una ópera bufa llamada democracia española".

Luego de pedirle "que no se ponga en medio", insistió: "Los fascistas españoles son tan obtusos mentales que piensan que después de dos siglos de presión y represión van a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco".

Otegi anunció que Batasuna agotará los recursos judiciales en España contra el proceso para declarar ilegal a la coalición, y que incluso recurrirá a la justicia europea para anular la resolución de Garzón.

Joseba Permach, por su lado, declaró esta noche que "las cintas de clausura están escritas en español, la policía vasca que vino a colocarlas piensa en español, el gobierno vasco que la envió piensa también en español, pero nosotros representamos un proyecto para la independencia del País Vasco".

El vocero del gobierno del País Vasco, Josu Jon Imaz, justificó las acciones ordenadas por la administración local para que se "cumpla la ley" en función del auto de Garzón, si bien matizó que tanto el Ejecutivo autonómico, el Parlamento regional y "una mayoría amplia de la sociedad vasca no comparten y están en contra de la ilegalización de Batasuna".

Imaz subrayó que esta ilegalización "nos aleja de la paz y quita el espacio político, lanza a la clandestinidad a una parte de la propia sociedad y rompe el clima de complicidad entre partidos que se había comenzado a establecer en los últimos meses".

Desde el Ejecutivo español, el ministro de Justicia, José María Michavila, pidió al gobierno vasco la "misma diligencia" que emplea Madrid para cumplir lo dictado por Garzón, a la espera de que se desalojen el resto de las sedes en otras localidades.

A su juicio, "no hay ninguna democracia seria que deje de aplicar la ley, el estado de derecho, por temor al chantaje terrorista, además que le daríamos la razón a los terroristas si dejásemos doblegado al estado de derecho frente al terror".

En el ámbito exterior, Estados Unidos expresó, a través del portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, que "apoya enérgicamente los esfuerzos de España de luchar contra el terrorismo de ETA", según consignó Reuters.

Interrogado sobre si Estados Unidos poseía evidencias obtenidas de forma independiente de que Batasuna tenía nexos con ETA, respondió: "Ambos países compartimos información y nosotros creemos en las conclusiones de España".

En cambio, Batasuna recibió la "total solidaridad" del ex presidente italiano Francesco Cossiga, quien denunció la "violencia policial y judicial del gobierno franquista de José María Aznar y del juez estalinista Baltasar Garzón", de acuerdo con Afp.

Mientras, en Venezuela el presidente del Congreso y dirigente oficialista, William Lara, desautorizó una reunión sostenida la semana pasada por un legislador oficialista con miembros de Batasuna. "Fue una sola persona la que se reunió con militantes del partido Batasuna y actuó a título personal sin haber consultado" a su partido, explicó. 

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Entre Madrid y Ankara

Les compartimos el editorial que La Jornada ha dedicado a la operación pinza que el régimen borbónico franquista ha implementado en contra de Batasuna.

Lectura altamente recomendada:

España: Democracia a la turca

Ayer, en lo que un dirigente de Izquierda Unida (IU) describió como "el día más aciago para la democracia española desde la creación de los GAL (escuadrones de la muerte alimentados desde el gobierno de Felipe González para asesinar independentistas vascos), el célebre titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, proscribió todas las actividades "orgánicas, públicas, privadas e institucionales" de la coalición independentista vasca Batasuna ?calificada por la clase política española de brazo político de la organización terrorista ETA? "sea cual sea el nombre que ésta pueda adoptar".

En forma simultánea, las dos fuerzas políticas hegemónicas del bipartidismo español, el Partido Popular (PP, en el poder) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) instaron al gobierno de José María Aznar a que pida al Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna por sus "ataques graves e inaceptables a los principios del sistema democrático" y porque, en opinión de los partidos españoles mayoritarios, "fomenta un clima de intimidación generalizada cuyo objetivo es eliminar las condiciones indispensables para el ejercicio del pluralismo y la democracia".

Frente a los 313 votos combinados del PP, el PSOE y dos pequeños grupos de Canarias y Andalucía, brillaron las 27 abstenciones del partido que gobierna en Cataluña, Convergencia i Unió (CiU), IU, el Bloque Nacionalista Galega y la Chunta Aragonesista, así como los diez votos en contra de las formaciones vascas Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el poder en Euskadi) y Eusko Alkartasuna y de las catalanas Iniciativa per Cataluña-Verds y Esquerra Republicana de Cataluña.

De esa manera equívoca se inauguró formalmente en España una nueva era de persecución ideológica por parte del nacionalismo español contra el nacionalismo vasco, y se abrió la puerta para sacar del escenario institucional y legal a cualquier grupo político que moleste a las organizaciones mayoritarias españolas: PP y PSOE, y que bien podrían ser, en un futuro próximo, el propio PNV y acaso también los partidos del autonomismo catalán. Con la fuerza de los votos en el Congreso y mediante procedimientos judiciales que ni siquiera pasaron por la demostración en un juicio de los alegados vínculos entre Batasuna y ETA, se suplantó una atribución que debiera ser exclusiva del mandato popular por medio del sufragio: la desaparición de una fuerza política de la escena parlamentaria.

Ya en 1997 el juez Garzón encarceló a los 23 dirigentes de esa organización legal acusándolos de estar ligados a ETA. Año y medio después un alto tribunal de justicia ordenó su liberación debido a que no halló sustancia en las pruebas aportadas por quien se considera juez de jueces.

A 26 años de la muerte de Francisco Franco, la España de Aznar ("que procede de una familia que ha sido nomenclatura del régimen franquista, que fue el que originó precisamente a ETA", como señaló el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti) recupera, por la vía parlamentaria, el monolitismo, la intolerancia y la ceguera que caracterizaron al régimen del Caudillo de España por la Gracia de Dios frente a las expresiones nacionalistas de los vascos.

El citado Anasagasti recordó en tribuna que, en el siglo pasado, su partido fue proscrito en dos ocasiones, durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. El paralelismo no deja de ser preocupante y, como dijo Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida, el Congreso español se arriesga además a que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la votación de sus señorías y a que el Tribunal de Derechos Humanos del Parlamento Europeo cuestione una decisión que además no logró el consenso deseado por el PP y el PSOE. La vida política peninsular transita a lo que Arnaldo Otegui, líder de la coalición abertzale, proscrita ayer, calificó justificadamente de "democracia a la turca", en alusión a la selectividad discrecional con la que la tiranía de Ankara legaliza o prohíbe las organizaciones políticas. La democracia en España empieza a convertirse en simulación.

La sociedad española, bombardeada a todas horas por unas autoridades que han sido incapaces de derrotar política o policialmente al terrorismo, y por conglomerados mediáticos obsecuentes ante el poder público, se manifestaba mayoritariamente, en efecto, por iniciar una campaña de persecución de todo lo que oliera a nacionalismo vasco, por más que éste tenga expresiones mucho más diversas que la brutalidad criminal etarra. Pero la sociedad vasca no comparte esa convicción. En tal circunstancia, la clase política española cometió ayer la imperdonable necedad de ahondar la brecha entre ambas sociedades, de socavar los principios elementales del régimen de partidos y de regalar un balón de oxígeno a los terroristas, quienes cuentan desde ahora con nuevos argumentos, con mayor credibilidad y con una militancia potencial multiplicada, toda vez que los independentistas de izquierda -que no necesariamente comulgaban con ETA- se han quedado sin más camino que la clandestinidad.

Las consecuencias de estas determinaciones demenciales serán, pues, inevitablemente trágicas para los españoles, para los vascos y para la institucionalidad española en su conjunto.

 

 

 

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La Fascista Obsesión de Aznar

Según este boletín de agencia publicado por La Jornada, lo que busca el actual ocupante de La Moncloa es privar al pueblo vasco de una de sus opciones políticas.

Para ello ha recurrido a un ardid bastante burdo, culpar a Batasuna por las actividades armadas llevadas a cabo por ETA. Basta leer el resumen de lo presentado por Baltasar Garzón para justificar la suspensión de actividades para entender tanto la simpleza de lo argumentado como lo goebbeliano de la estratagema; se trata de criminalizar el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco equiparando todas las expresiones soberanistas con la lucha armada de ETA. Y lo anterior se logra de una forma muy simplista, puesto que todos esos colectivos buscan la independencia y puesto que ETA también busca la independencia, entonces todos esos colectivos son satélites de ETA.

De ser verdad ese planteamiento entonces cabría preguntarse ¿cómo es que nadie pide a Madrid seriedad al lidiar con el tema de la autodeterminación de Euskal Herria cuando uno de sus jueces informa que numerosos y diversos sectores de la población vasca buscan lo mismo que ETA?

¿No debería eso obligar, en la Europa de los derechos humanos, a Madrid a sentarse a dialogar con representantes del pueblo vasco en lugar de optar por la confrontación abierta y la amenaza de encarcelar a cualquier vasco que desee la independencia, sea como maestro de euskera, como periodista, como sindicalista o como militante de un partido político?

¿Por qué Europa asume con tanta naturalidad que Madrid recurra a fórmulas de un pasado demasiado reciente para lidiar con el tema vasco -y catalán, si nos apuran-?

¿Criminalizar e ilegalizar periódicos, colectivos lingüísticos, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, revistas... no enciende ninguna alarma en la Unión Europea con respecto a un estado miembro que no hace mucho era una dictadura heredada del fascismo de la década de los 30 del siglo XX?

¿Por qué se permite a Aznar ese lenguaje tan beligerante?

Algún día Europa tendrá que responder.

Mientras tanto, aquí les dejamos con la información:

La ilegalidad de la coalición, objetivo de Aznar

Aunque ya desde su fundación la coalición nacionalista vasca ha enfrentado varios procesos judiciales, los cuales la obligaron a cambiar sucesivamente de nombre de Herri Batasuna a Euskal Herritarrok y finalmente Batasuna, desde el inicio del primer periodo de gobierno del presidente del gobierno español, José María Aznar, la prohibición de esta formación política se convirtió en uno de los objetivos de la administración conservadora.

Para el oficialista Partido Popular, esta proscripción, lograda mediante la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Partidos Políticos, es la única forma de hacer valer la democracia. "Los que no quieren la proscripción de Batasuna lo que nos están pidiendo en realidad es resignación ante quienes quieren matarnos", sostuvo este lunes el ministro español del Interior, Angel Acebes.

El gobierno sostiene que Batasuna, que nunca ha condenado los atentados de ETA, es el brazo político de esa organización armada, con la cual tampoco ha emprendido ninguna negociación. Ya en abril de 1989, cuando gobernaba el socialista Felipe González -bajo cuya gestión se crearon los grupos paramilitares GAL para combatir ilegalmente a los nacionalistas vascos-, fracasan en Argel las negociaciones entre representantes etarras y del gobierno.

Ocho años después, en septiembre de 1997, se emite la Declaración de Lizarra de nacionalistas vascos por una solución negociada del conflicto. Y a finales de ese año la directiva de Batasuna es encarcelada bajo cargos de apoyar a ETA, luego que en su campaña electoral la organización abertzale divulgó un video en el que el grupo armado hizo una propuesta de negociación; el Tribunal Supremo levantó la sentencia 20 meses después.

Un año más tarde, el 16 de septiembre de 1998, ETA anuncia una tregua unilateral e indefinida, a la cual pondrá fin el 28 de noviembre de 1999, alegando la ausencia de cualquier respuesta negociadora de Aznar.

 

 

 

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Cierran la Pinza contra Batasuna

Las metrópolis hacen las leyes, las metrópolis retuercen sus propias leyes para lograr el objetivo de mantener sojuzgados a quienes no han podido liberarse de su dominio tardocolonial.

Claro ejemplo de ello es lo que acontece en el estado español, dispuesto a privar a sectores de la sociedad vasca de sus derechos civiles y políticos, solo para mostrar que cuentan con un cheque en blanco para ello como recompensa por el papel jugado durante la Guerra Fría en favor de los designios de Washington para la región.

Lo que parecen olvidar los Aznar y Garzón en turno es que Euskal Herria ya estaba allí antes de que ellos llegaran... y que ahí estará después de que ellos se vayan.

Aquí lo que nos informa La Jornada acerca del cerco en contra de Batasuna:

Doble golpe a Batasuna; la suspenden 3 años y luz verde a su proscripción

Y después del próximo atentado ¿a quién vamos a ilegalizar?, pregunta vocero del PNV

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Batasuna, la coalición de la izquierda nacionalista vasca a la que se acusa de ser brazo político de ETA, sufrió hoy un doble golpe: el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó la "suspensión total" de sus actividades y sedes durante tres años, y horas después se aprobó en el Congreso español, como se preveía, la enmienda que insta al Ejecutivo a pedir al Tribunal Supremo la disolución de la formación abertzale, por considerar que es parte del entramado de la organización armada.

Las dos vías abiertas para desaparecer del mapa político a Batasuna, una formación con 24 años de existencia y que representa a 10 por ciento del electorado vasco, avanzaron de forma simultánea en un día calificado de "histórico" por el gobierno del conservador José María Aznar.

En primer lugar, el juez Garzón hizo público un voluminoso auto judicial de más de 370 páginas en el que relaciona a Batasuna con ETA, a la que acusa de "crímenes contra la humanidad", y por ello decide la suspensión de actividades de la formación política que, poco antes de conocerse el acto judicial, había llamado en un comunicado a sus concejales, alcaldes y simpatizantes a ocupar los locales partidarios para que no caigan en manos de los "fascistas".

Controlada por ETA desde su aparición

El magistrado, responsable de la mayoría de los sumarios abiertos contra ETA y su llamado "entorno", sostiene que "Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna (los tres nombres que ha adoptado la formación los últimos años) ha sido creada y controlada, desde su aparición formal en 1978, por ETA, mediante el mecanismo de la doble militancia de los miembros del partido político". Por ello, considera, "puede afirmarse que HB es creada por ETA y se desarrolla con la finalidad de asumir el liderazgo del denominado Proceso de Construcción Nacional en el País Vasco español, francés y de Navarra, que constituye la base de la acción de la organización terrorista, y como instrumento de ésta para desarrollar su lucha institucional, por medio de la cual materializar políticamente los planteamientos y proyectos independentistas".

Garzón detalla además en el documento las diferentes acciones judiciales llevadas a cabo contra las que considera "fuentes" de ETA (Gestoras Pro Amnistia, Xaki, Ekin, Segi, Jarrai, Egin y ahora Batasuna), y reitera que la organización armada "desde su constitución ha desarrollado acciones violentas, orientadas a una finalidad específica y común a todas sus fuentes y, a todas ellas, ha acompañado también lo que en su propia terminología identifica como la pedagogía de la violencia o la enseñanza".

Califica además de "visión simplista" creer que sólo "los que matan, extorsionan o los que secuestran deben responder por su pertenencia a una asociación ilícita u organización terrorista". Batasuna nunca ha condenado ninguno de los atentados de ETA, el último de los cuales dejó una niña muerta.

El magistrado dispuso entonces, por un periodo de tres años prorrogable a cinco, "la clausura de las sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros de los que dispusiere o utilizare" Batasuna; la suspensión de "todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales" de la formación, la cancelación de "todas las ayudas y subvenciones financieras" a la misma, y la incautación provisional de todas sus cuentas bancarias, ya embargadas por Garzón.

Al tiempo que prohíbe a Batasuna "participar como partido, organización o grupo en cualquier actividad o ámbito nacional e internacional", así como convocar manifestaciones, aclara que esta disposición no afectará el mandato de los diputados regionales y concejales de Batasuna, que continuarán en sus cargos hasta el fin de los mismos.

Más tarde, en el Congreso se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que, como se esperaba, se aprobó la enmienda presentada por el gobernante Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), para instar al Ejecutivo a que dé inicio a los trámites de disolución de Batasuna. Este pedido debe ser ahora aprobado por el Consejo de Ministros, y se estima que el Tribunal Supremo dictaría sentencia en octubre.

En la votación no hubo sorpresas: votaron a favor 295 diputados del PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista; se abstuvieron 29 diputados de Izquierda Unida, la catalana Convergencia i Unio, Bloque Nacionalista Galega y la Chunta Aragonesista; y votaron en contra los diez parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Cataluña-Verds.

Durante el debate, el vocero del moderado PNV, Iñaki Anasagasti, preguntó "¿qué ocurrirá después del próximo atentado?, ¿a quién vamos a ilegalizar?" Poco antes había dicho que hubo un "crimen execrable en Santa Pola" (último atentado de ETA), el 4 de agosto.

"Pero también hay una utilización de ese crimen execrable ante una opinión pública que, lógicamente, exige castigo para los culpables", añadió.

Horas después de que Garzón decretara la suspensión de actividades de Batasuna, su vocero y dirigente, Arnaldo Otegi, señaló que "se ha caído la farsa de la transición española y vemos que los neofranquistas están haciendo la contrarreforma y lo que el general (Francisco Franco) diseñó, que es una democracia autoritaria, vigilada, de recorte de libertades y que impide al pueblo vasco elegir en libertad".

El dirigente abertzale, quien llegó a la directiva partidaria después que los 23 integrantes de la anterior cúpula fueran encarcelados a finales de 1997, añadió que el proceso de proscripción "es lo que se puede esperar de España, esto es lo que España representa: un régimen autoritaria, bananero y que lo único con lo que sabe responder a las exigencias democráticas del pueblo vasco es con más policía, más represión y más autos judiciales".

El auto de Garzón en realidad "lo escribe José María Aznar", señaló Otegi, quien anunció que Batasuna recurrirá a los tribunales europeos para denunciar una medida que va más allá -según él- del "debate jurídico", al tiempo que insistió en que "estamos reivindicando lo que somos, vascos libres, que no nos sometemos a la legalidad española".

El dirigente de Batasuna compareció ante la prensa en la sede partidaria de Bilbao, donde un centenar de personas se concentró a la espera de que la policía autonómica vasca ejecutara la orden de clausura. "La izquierda abertzale va a seguir trabajando en pueblos y barrios, igual que lo ha hecho hasta ahora, por la independencia y el socialismo", dijo Otegi.

En otras sedes también numerosos militantes se reunieron en la tarde para evitar la clausura, como en Vitoria, Pamplona y San Sebastián.

En la noche, un grupo de encapuchados atacó un autobús en esa última ciudad, mientras la policía intervino en la sede de Batasuna en Pamplona para proceder a su desalojo. El centenar de militantes que montaba guardia en la sede dijo que estaba dispuesto a defender el local, pero miembros del partido retiraron a la medianoche enseres como fotocopiadoras y computadoras. 

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Sin Respiro

Gorilesco, así se debería de describir el comportamiento de José María Aznar en lo que respecta a su postura hacia Euskal Herria.

Lo que lo impide es su estatura, tanto física como política, lo cual impide verlo como un imponente gorila y lo hace ver más bien como un patético babuino en el paroxismo de una rabieta.

Lo cual no lo hace menos peligroso cuando de la afectación de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco se trata.

Lo mismo va para Baltasar Garzón.

Dicho lo anterior, les dejamos con el seguimiento que La Jornada hace del embate en contra de Batasuna:

Batasuna "no tendrá respiro" luego de la votación de los diputados, advierte Aznar

El juez Garzón podría prohibir las actividades de la coalición durante cinco años

Batasuna "no tendrá ni un minuto, ni un segundo de respiro porque el lunes empieza el final de la cuenta atrás para el brazo político de ETA", afirmó anoche el presidente del Ejecutivo español, José María Aznar, en referencia a la sesión del Congreso que ese día votará un texto que insta al gobierno a pedir en el Tribunal Supremo la proscripción de esa coalición independentista vasca.

"No le vamos a dar respiro, ni el gobierno, ni los partidos democráticos, ni se lo van a dar los jueces de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española)", sostuvo Aznar en un acto ante militantes de su Partido Popular (PP).

Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidirá probablemente el mismo lunes la suspensión durante cinco años de las actividades de Batasuna, respaldado por el apoyo que el viernes le dio al respecto la fiscalía, que consideró no sólo que Batasuna "forma parte de la organización terrorista ETA", sino también que está "sometida" a este grupo armado vasco, responsable de 41 muertes desde enero de 2000.

La suspensión de actividades de Batasuna significará el cierre de sus locales, es decir, la prohibición de organizar actos públicos y de utilizar la sigla y el nombre de Batasuna. En cambio, sus diputados regionales y concejales seguirán ejerciendo sus mandatos hasta su término.

El gobierno de Aznar convocó para la tarde del lunes a la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados con un único punto del orden del día: votar la moción para que el Ejecutivo someta la petición de proscricpión de Batasuna por sus "probados" vínculos con ETA.

Este procedimiento en el Parlamento fue posible luego de que a finales de junio pasado, 90 por ciento de los diputados aprobó la denominada Ley de Partidos Políticos, que contempla la posiblidad de prohibir formaciones políticas que "de forma reiterada y grave" incurran en situaciones tales como "vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales promoviendo, justificando y exculpando los atentados contra la vida".

Según el gobierno español, el sometimiento de Batasuna a ETA y el hecho de que no haya condenado los atentados, en particular el del 4 de agosto en Santa Pola, que mató a dos personas, entre ellos una niña de seis años, son elementos suficientes para que el Ejecutivo impulse la ilegalidad de la coalición.

El PP y el Partido Socialista Obrero Español, el mayor de oposición, anticiparon que el lunes votarán a favor de la moción. En cambio, los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió y la coalición Izquierda Unida se abstendrán. Los primeros son reticentes a involucrar al Legislativo en un procedimiento judicial y los segundos consideran que la proscripción de Batasuna debilitará la lucha contra el terrorismo.

El Partido Nacionalista Vasco, en el poder en el País Vasco desde 1980, votará contra el pedido del Ejecutivo, por considerar que la prohibición de Batasuna puede llevar a que muchos de sus simpatizantes opten por la clandestinidad o incluso la pertenencia directa a ETA, lo que a su juicio sólo servirá para agravar el conflicto.

El sábado, el vocero de Batasuna, Arnaldo Otegi, sostuvo que el presidente del País Vasco, Juan José Ibarretxe, debe aclarar si va a convertirse en "agente ejecutor" de la estrategia del PP, al tiempo que afirmó que el proyecto político de la coalición se encuentra "absolutamente arraigdo" en el País Vasco, y por consiguiente "no se puede arrancar con medidas judiciales ni represivas".

Otegi vaticinó además que el País Vasco se va a convertir "en el Stalingrado de un fascista llamado José María Aznar". 

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Su Lucha Legitima a Batasuna

El vocero de la izquierda abertzale le hace ver al régimen borbónico franquista la diferencia entre lo legal - en este caso la legalidad de la metrópoli que manipula sus leyes en favor del perpetuamiento de su control sobre sus colonias - y lo legítimo - validación que otorga un pueblo a quienes le representan -.

Y el mensaje es claro, podrán criminalizar e ilegalizar a Batasuna, pero no podrán borrar de un plumazo la voluntad de un pueblo de expresarse políticamente.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Aun proscrita, Batasuna seguirá luchando: Otegi

Anima a los vascos a defender su identidad y su condición de pueblo

Arnaldo Otegi, portavoz del la coalición nacionalista Batasuna, considerada brazo político de la organización armada ETA, animó este sábado a los vascos a seguir "peleando" en defensa de la independencia del País Vasco y anunció que la formación seguirá en esa línea pese a su proscripción.

Se espera que una sesión del Parlamento español este lunes vote por declarar ilegal a Batasuna, por su negativa a condenar la violencia de ETA, que ha matado a más de 800 personas desde 1968.

"Queremos hacer un llamado especial a la juventud vasca, al movimiento obrero vasco, para que siga organizándose y siga peleando, para que defienda todas las señas de identidad que nos hace un pueblo, una nación", dijo Otegi, en una rueda de prensa en la ciudad de San Sebastián.

Batasuna respondió así a las acciones emprendidas esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para cerrar las sedes del partido, días antes de que el Congreso de los Diputados apruebe el texto que insta al gobierno a impulsar la prohibición de Batasuna.

Otegi llamó también a una "gran manifestación" cuyo lema será: Faxismoari stop. Euskal Herria aurrera (Alto al fascismo, Euskal Herria adelante)", la cual se efectuará en Bilbao el 7 de septiembre.

El líder se refirió al presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, preguntándole si iba a aplicar las "leyes españolas" para suspender las actividades de la coalición y convertirse así en "agente ejecutor de la estrategia del Partido Popular".

"El lunes -sostuvo Otegi- seremos probablemente suspendidos o prohibidos, porque al final es igual e incluso uno u otro irá a la cárcel". Agregó que "no es democrático prohibir la segunda fuerza política del País (Vasco)".

El ministro de Justicia español, José María Michavila, argumentó que la prohibición de Batasuna es cuestión de "dignidad democrática". Opinó que la proscripción de la formación "será muy positiva como acto ético y de dignidad democrática".

"Batasuna viene demostrando con hechos que es el brazo político del terrorismo etarra", y añadió que el PNV, debe decidir "si está con los demócratas o con los terroristas".

Coincidiendo con la iniciativa política, el juez Garzón tiene previsto concretar sus actuaciones para suspender las actividades de Batasuna y clausurar sus sedes en Euskadi y Navarra.

El cerco político y judicial contra Batasuna ha recibido duras críticas de sus dirigentes, que han anunciado una "respuesta contundente", y han lanzado amenazas contra quienes voten en favor o se abstengan en la parlamentaria del lunes, así como contra el gobierno vasco si "se le ocurre" permitir el uso de las instituciones para que se cumplan las órdenes judiciales.

El gobierno español alega que con la prohibición de Batasuna busca impedir futuras víctimas de ETA, que ha matado 41 personas desde enero de 2000, cuando puso fin a una tregua unilateral de 14 meses.

 

 

 

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Parar el Fascismo (Españolista)

Como es natural, la embestida por parte del régimen borbónico franquista en contra de los derechos políticos del pueblo vasco ha obtenido una respuesta a nivel de calle.

Aquí lo que nos reseña La Jornada:

Miles de vascos protestan en Bilbao contra la proscripción de Batasuna impuesta por Madrid

El magistrado de la Audiencia Nacional carece de facultades para decretar medidas de excepción, afirma la legisladora Jone Goirizelaia; es una acción "desproporcionada", dice

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Miles de personas se concentraron hoy en Bilbao en protesta por las acciones emprendidas por el presidente del gobierno español, José María Aznar, y por la judicatura para proscribir a la coalición de la izquierda separatista vasca, Batasuna, considerada el brazo político de ETA.

La concentración se produjo el mismo día en que el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comunicó a la agrupación que a partir del próximo lunes ordenará la suspensión de sus actividades.

La marcha congregó en Bilbao a miles de simpatizantes y militantes de la izquierda abertzale, que rechazaron los mecanismos abiertos para disolver la agrupación política, con más de 20 años de existencia y que representa a 10 por ciento del electorado vasco.

Bajo el lema "Parar el fascismo. Viva Euskal Herria", la movilización recorrió varias calles de la ciudad hasta confluir en las proximidades del ayuntamiento.

Al final de la concentración, Joseba Permanch, coordinador de Batasuna, afirmó que su agrupación "no siente preocupación por los procesos abiertos", ya que con este tipo de manifestaciones se "constata la presencia social de la izquierda abertzale, que respeta la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca y no la legalidad española".

La concentración fue en respuesta a los últimos pasos emprendidos por el gobierno y el aparato judicial españoles contra la coalición, al comenzar en el Congreso de los Diputados la declaración de proscripción de Batasuna, en virtud de la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, que tendrá que decidir en definitiva el tribunal supremo en octubre próximo.

Asimismo, el magistrado Garzón informó a la representante judicial de la coalición, la parlamentaria vasca Jone Goirizelaia, que ordenará la suspensión de sus actividades el próximo lunes, una vez que el fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, comunicó al juez que es favorable adoptar tal medida, la cual calificó de "indispensable".

Demanda legisladora que se anulen acciones contra la coalición

Goirizelaia, quien compareció ante el magistrado, señaló que la medida es "desproporcionada", al tiempo que pidió la nulidad de la actuación al considerar que Garzón carece de competencia para dictar una resolución de estas características.

La abogada también señaló que la medida supone la vulneración de garantías fundamentales, como el derecho a un juez predeterminado por la ley y la tutela judicial efectiva, ya que esta formación no ha tenido acceso a los informes policíacos en los que se basa el juzgador para adoptar esta medida de excepción.

Además, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó la apertura de diligencias judiciales contra Arnaldo Otegi, dirigente y vocero de la coalición radical, al considerar que su última intervención pública significó una "amenaza" contra el gobierno vasco. 

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Expolio Disfrazado de Embargo

El mundo entero, especialmente los países que componen América Latina, mostró mucha prisa en recibir de vuelta a España en el concierto de naciones tras la muerte de Francisco Franco.

A nadie pareció importarle que no hubiera ocurrido una auténtica ruptura con el régimen precedente, permitiendo que los cacareados "Pactos de la Moncloa" se convirtieran de facto en un pacto de silencio y de complicidad por parte del régimen emergido de lo que dieron en llamar "la modélica transición", eufemismo utilizado masoquísticamente para hacerse de la vista gorda ante un hecho irrefutable; quienes un día formaban parte de una dictadura tanto a nivel de dirigentes como de mandos medios y tropa, de pronto eran demócratas de toda la vida. La perversidad del relato anticomunista difuminó los contornos.

En realidad fue un mero cambio cosmético que de fondo no cambió nada, especialmente para los pueblos vasco y catalán, las dos naciones históricas presas en la pesadilla del concepto estado-nación decimonónico.

Prueba de lo anterior, esto que nos describe La Jornada al dar seguimiento a la criminalización de la resistencia antiimperialista vasca en general y de su expresión política de izquierda en particular. Ahora bien, no podemos ni por un momento obviar las características colonialistas de lo que está haciendo Garzón, quien como en el siglo XVI, toma recursos que pertenecen al pueblo vasco y los mete en las arcas del estado español. Expolio, se le denomina.

Adelante con la lectura:

Ordenan el embargo de la deuda que tiene el Estado español con Batasuna

Le deben 2.6 millones de euros en subvenciones electorales

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, ordenó este jueves el embargo de los 2.6 millones de euros que el Estado adeuda a Batasuna en concepto de subvenciones electorales desde la década de los 80, como parte de la campaña para proscribir a esa coalición nacionalista vasca.

Esta medida formaría parte del embargo de más de 24 millones de euros de Batasuna que el magistrado decretó a principios de julio, como multa por los "daños" provocados por la violencia callejera en el País Vasco.

Garzón, quien investiga a grupos nacionalistas vascos acusados de estar vinculados al grupo armado ETA, ya solicitó al fiscal que suspenda a Batasuna por formar, supuestamente, parte de esta red de apoyo.

Además de esta solicitud, el presidente del gobierno español, José María Aznar, pidió el lunes a los legisladores, durante una sesión especial del Parlamento -en el cual el oficialista Partido Popular tiene mayoría-, la prohibición de la coalición nacionalista.

El embargo decretado hoy por Garzón busca que Batasuna no pueda cobrar el dinero que le debe el Estado español, aunque el Tribunal Constitucional falle en favor de la coalición.

En tanto, el Partido Popular se declaró hoy satisfecho por la respuesta del presidente del gobierno autonómico vasco, Juan José Ibarretxe, quien aseguró que aplicará la legislación vigente en relación con la eventual proscripción de Batasuna. En cambio, la Mesa Nacional de esa coalición reprochó al lehendakari que esté dispuesto a cumplir las leyes "cuando los propios españoles no lo hacen", según consignó el diario Gara.

Mientras, Ismael Berasategui, presunto miembro de ETA, se fugó el sábado de la cárcel de La Santé, en París, al ser remplazado por su hermano durante una visita, según se supo este jueves en Francia. "Lo que jugó en nuestra contra fue el gran parecido entre ambos, que se llevan 18 meses", explicaron autoridades de la prisión, donde el engaño fue descubierto recién el jueves, cuando el hermano impostor llamó la atención sobre el hecho.

En Caracas, por otro lado, el legislador opositor Pedro Castillo exhibió un video para demostrar la presunta relación de ETA con el partido oficialista Movimiento V República. La cinta muestra a tres jóvenes que se identifican como miembros de Herri Batasuna (antiguo nombre de la coalición vasca), que afirman estar en el país sudamericano para apoyar "movimientos populares" chavistas.

En otro orden, familiares de republicanos desaparecidos durante y después de la Guerra Civil española por las fuerzas franquistas pidieron a la Organización de Naciones Unidas que obligue al gobierno español a exhumar e identificar los 30 mil cadáveres que estarían en fosas clandestinas en España. Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, consideró que es urgente proceder a este reclamo, debido a que la localización de estas fosas depende casi únicamente de la memoria de los testigos de la época, y éstos ya tienen "70, 80, o más años". 

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