Según este boletín de agencia publicado por La Jornada, lo que busca el actual ocupante de La Moncloa es privar al pueblo vasco de una de sus opciones políticas.
Para ello ha recurrido a un ardid bastante burdo, culpar a Batasuna por las actividades armadas llevadas a cabo por ETA. Basta leer el resumen de lo presentado por Baltasar Garzón para justificar la suspensión de actividades para entender tanto la simpleza de lo argumentado como lo goebbeliano de la estratagema; se trata de criminalizar el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco equiparando todas las expresiones soberanistas con la lucha armada de ETA. Y lo anterior se logra de una forma muy simplista, puesto que todos esos colectivos buscan la independencia y puesto que ETA también busca la independencia, entonces todos esos colectivos son satélites de ETA.
De ser verdad ese planteamiento entonces cabría preguntarse ¿cómo es que nadie pide a Madrid seriedad al lidiar con el tema de la autodeterminación de Euskal Herria cuando uno de sus jueces informa que numerosos y diversos sectores de la población vasca buscan lo mismo que ETA?
¿No debería eso obligar, en la Europa de los derechos humanos, a Madrid a sentarse a dialogar con representantes del pueblo vasco en lugar de optar por la confrontación abierta y la amenaza de encarcelar a cualquier vasco que desee la independencia, sea como maestro de euskera, como periodista, como sindicalista o como militante de un partido político?
¿Por qué Europa asume con tanta naturalidad que Madrid recurra a fórmulas de un pasado demasiado reciente para lidiar con el tema vasco -y catalán, si nos apuran-?
¿Criminalizar e ilegalizar periódicos, colectivos lingüísticos, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, revistas... no enciende ninguna alarma en la Unión Europea con respecto a un estado miembro que no hace mucho era una dictadura heredada del fascismo de la década de los 30 del siglo XX?
¿Por qué se permite a Aznar ese lenguaje tan beligerante?
Algún día Europa tendrá que responder.
Mientras tanto, aquí les dejamos con la información:
La ilegalidad de la coalición, objetivo de Aznar
Aunque ya desde su fundación la coalición nacionalista vasca ha enfrentado varios procesos judiciales, los cuales la obligaron a cambiar sucesivamente de nombre de Herri Batasuna a Euskal Herritarrok y finalmente Batasuna, desde el inicio del primer periodo de gobierno del presidente del gobierno español, José María Aznar, la prohibición de esta formación política se convirtió en uno de los objetivos de la administración conservadora.
Para el oficialista Partido Popular, esta proscripción, lograda mediante la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Partidos Políticos, es la única forma de hacer valer la democracia. "Los que no quieren la proscripción de Batasuna lo que nos están pidiendo en realidad es resignación ante quienes quieren matarnos", sostuvo este lunes el ministro español del Interior, Angel Acebes.
El gobierno sostiene que Batasuna, que nunca ha condenado los atentados de ETA, es el brazo político de esa organización armada, con la cual tampoco ha emprendido ninguna negociación. Ya en abril de 1989, cuando gobernaba el socialista Felipe González -bajo cuya gestión se crearon los grupos paramilitares GAL para combatir ilegalmente a los nacionalistas vascos-, fracasan en Argel las negociaciones entre representantes etarras y del gobierno.
Ocho años después, en septiembre de 1997, se emite la Declaración de Lizarra de nacionalistas vascos por una solución negociada del conflicto. Y a finales de ese año la directiva de Batasuna es encarcelada bajo cargos de apoyar a ETA, luego que en su campaña electoral la organización abertzale divulgó un video en el que el grupo armado hizo una propuesta de negociación; el Tribunal Supremo levantó la sentencia 20 meses después.
Un año más tarde, el 16 de septiembre de 1998, ETA anuncia una tregua unilateral e indefinida, a la cual pondrá fin el 28 de noviembre de 1999, alegando la ausencia de cualquier respuesta negociadora de Aznar.
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