Expolio Disfrazado de Embargo

El mundo entero, especialmente los países que componen América Latina, mostró mucha prisa en recibir de vuelta a España en el concierto de naciones tras la muerte de Francisco Franco.

A nadie pareció importarle que no hubiera ocurrido una auténtica ruptura con el régimen precedente, permitiendo que los cacareados "Pactos de la Moncloa" se convirtieran de facto en un pacto de silencio y de complicidad por parte del régimen emergido de lo que dieron en llamar "la modélica transición", eufemismo utilizado masoquísticamente para hacerse de la vista gorda ante un hecho irrefutable; quienes un día formaban parte de una dictadura tanto a nivel de dirigentes como de mandos medios y tropa, de pronto eran demócratas de toda la vida. La perversidad del relato anticomunista difuminó los contornos.

En realidad fue un mero cambio cosmético que de fondo no cambió nada, especialmente para los pueblos vasco y catalán, las dos naciones históricas presas en la pesadilla del concepto estado-nación decimonónico.

Prueba de lo anterior, esto que nos describe La Jornada al dar seguimiento a la criminalización de la resistencia antiimperialista vasca en general y de su expresión política de izquierda en particular. Ahora bien, no podemos ni por un momento obviar las características colonialistas de lo que está haciendo Garzón, quien como en el siglo XVI, toma recursos que pertenecen al pueblo vasco y los mete en las arcas del estado español. Expolio, se le denomina.

Adelante con la lectura:

Ordenan el embargo de la deuda que tiene el Estado español con Batasuna

Le deben 2.6 millones de euros en subvenciones electorales

El juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, ordenó este jueves el embargo de los 2.6 millones de euros que el Estado adeuda a Batasuna en concepto de subvenciones electorales desde la década de los 80, como parte de la campaña para proscribir a esa coalición nacionalista vasca.

Esta medida formaría parte del embargo de más de 24 millones de euros de Batasuna que el magistrado decretó a principios de julio, como multa por los "daños" provocados por la violencia callejera en el País Vasco.

Garzón, quien investiga a grupos nacionalistas vascos acusados de estar vinculados al grupo armado ETA, ya solicitó al fiscal que suspenda a Batasuna por formar, supuestamente, parte de esta red de apoyo.

Además de esta solicitud, el presidente del gobierno español, José María Aznar, pidió el lunes a los legisladores, durante una sesión especial del Parlamento -en el cual el oficialista Partido Popular tiene mayoría-, la prohibición de la coalición nacionalista.

El embargo decretado hoy por Garzón busca que Batasuna no pueda cobrar el dinero que le debe el Estado español, aunque el Tribunal Constitucional falle en favor de la coalición.

En tanto, el Partido Popular se declaró hoy satisfecho por la respuesta del presidente del gobierno autonómico vasco, Juan José Ibarretxe, quien aseguró que aplicará la legislación vigente en relación con la eventual proscripción de Batasuna. En cambio, la Mesa Nacional de esa coalición reprochó al lehendakari que esté dispuesto a cumplir las leyes "cuando los propios españoles no lo hacen", según consignó el diario Gara.

Mientras, Ismael Berasategui, presunto miembro de ETA, se fugó el sábado de la cárcel de La Santé, en París, al ser remplazado por su hermano durante una visita, según se supo este jueves en Francia. "Lo que jugó en nuestra contra fue el gran parecido entre ambos, que se llevan 18 meses", explicaron autoridades de la prisión, donde el engaño fue descubierto recién el jueves, cuando el hermano impostor llamó la atención sobre el hecho.

En Caracas, por otro lado, el legislador opositor Pedro Castillo exhibió un video para demostrar la presunta relación de ETA con el partido oficialista Movimiento V República. La cinta muestra a tres jóvenes que se identifican como miembros de Herri Batasuna (antiguo nombre de la coalición vasca), que afirman estar en el país sudamericano para apoyar "movimientos populares" chavistas.

En otro orden, familiares de republicanos desaparecidos durante y después de la Guerra Civil española por las fuerzas franquistas pidieron a la Organización de Naciones Unidas que obligue al gobierno español a exhumar e identificar los 30 mil cadáveres que estarían en fosas clandestinas en España. Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, consideró que es urgente proceder a este reclamo, debido a que la localización de estas fosas depende casi únicamente de la memoria de los testigos de la época, y éstos ya tienen "70, 80, o más años". 

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