En las tres provincias vascas - del total de siete - que componen la Comunidad Autónoma Vasca - se vive día con día una terrible falacia, un cuerpo policíaco al que se denomina Ertzaintza que de vasco no tiene absolutamente nada... más allá de la denominación en euskera.
Creada en 1982, la Ertzaintza, llamada también policía autonómica vasca, es de hecho un cuerpo policíaco español y la mayor parte de sus integrantes no son nacidos en Euskal Herria.
Por lo tanto, cuando este cuerpo policíaco español con nombre en euskera es encargado con la tarea de reprimir al pueblo vasco lo hace con el mismo salvajismo criminal que se puede esperar de la Policía Nacional o de ese cuerpo paramilitar denominado Guardia Civil. Más que cipayos - o sea, traidores a su propio pueblo -, se trata de mercenarios; españoles reclutados por toda la geografía del estado para, gustosamente, ir a machacar irredentos vascos de la Zona Especial Norte cada vez que así convenga a los intereses de La Zarzuela.
De aquella Ertzaña de Jose Antonio Agirre, aquella policía de cercanía, conformada por vecinos de la localidad, no queda mas que el recuerdo.
Hemos querido matizar antes de entrar en materia, ya que ha sido precisamente la Ertzaintza la que ha sido enviada por Madrid - con la venia de Gasteiz - a desalojar las sedes de Batasuna. O sea, divide y vencerás, pues al utilizar un cuerpo policíaco administrado por el PNV, EA e IU en contra de la izquierda abertzale lo que se busca es meter una cuña entre las diferentes sensibilidades políticas vascas contrarias a los designios de Madrid.
Esta es la información:
Desaloja la policía autonómica vasca las sedes de Batasuna
Repudia el ex presidente italiano Francesco Cossiga la violencia policial "del franquista Aznar"
Armando G. Tejeda | CorresponsalEn medio de protestas y disturbios, las sedes de Batasuna, coalición de la izquierda nacionalista vasca a la que se acusa de ser el brazo político de ETA, fueron hoy desalojadas y precintadas por agentes de las policías española y autonómica vasca, la Ertzaintza, para cumplir así una orden del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional.
La eventual proscripción de Batasuna, una vieja aspiración del Ejecutivo español presidido por el conservador José María Aznar, avanzó de lleno la víspera con la aprobación por la mayoría del Congreso de Diputados de la demanda al gobierno para que presente una petición al Tribunal Supremo y se declare ilegal a la coalición, fundada hace 24 años y que representa a 10 por ciento del electorado vasco.
Este pedido pudo ser aprobado gracias a la nueva ley de partidos políticos, creada especialmente para prohibir a la agrupación abertzale (nacionalista), por considerar que apoya el terrorismo.
La petición hecha por los diputados al Tribunal Supremo, que podría dar su dictado en octubre próximo, se basa en un informe jurídico elaborado por el gobierno, en el que se presentan como pruebas las abstenciones o ausencias de los dirigentes de Batasuna en las sesiones públicas de condena al último atentado de ETA, que mató a una niña de seis años.
Por otro lado, hoy se completó el cerco con la culminación por parte del juez Garzón del sumario conocido como 18/98, en el cual alega la "integración aparente" de Batasuna en el entorno de ETA.
Proceso de desmantelamiento
Este martes, con la colocación en las puertas de las principales sedes de Batasuna -Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona- de enormes planchas de hierro, en las que se pegó la orden judicial firmada por el magistrado Baltasar Garzón y el precintado correspondiente, comenzó el proceso de desmantelamiento de la coalición.
Esta fue notificada la víspera de la suspensión cautelar de tres años, prorrogables a cinco, de todas sus sedes políticas, locales, centros culturales, bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias, páginas en Internet, además de prohibírsele toda actividad pública o privada.
El gobierno del País Vasco, presidido por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), recibió en la madrugada una ampliación del auto judicial de Garzón, en el que ordenó el desalojo inmediato de todas las sedes de Batasuna.
Emitida la orden de Garzón, la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas comenzaron el dispositivo de desalojo en Navarra, durante el cual se registraron algunos incidentes mientras ocurría la desocupación de nueve sedes, en una operación que se inició de madrugada y se prolongó hasta entrada la tarde de este martes.
En los desalojos de dos locales en Pamplona actuaron policías que cubrían sus rostros con capuchas.
Pernando Barrena, parlamentario de Batasuna, manifestó después de los desalojos en Navarra que "un Estado que ilegaliza formaciones políticas, clausura medios de comunicación y limita al máximo los derechos civiles básicos, como los de reunión y expresión, no es democrático y mucho menos de derecho".
A las 14 horas locales, en Vitoria -sede del Parlamento vasco-, seis furgones policiales repletos de agentes de la Ertzaintza llegaron a la sede de la coalición, en donde fueron recibidos con gritos a favor de la independencia e increpaciones al gobierno vasco y al "fascismo español".
Para ingresar al local, la policía tuvo que forzar la puerta de entrada y romper los cristales, y una vez en el interior fueron desalojados decenas de simpatizantes de la formación política y el parlamentario Antton Morcillo.
Los agentes reprimieron a un grupo de personas concentradas allí, utilizando balas de goma. Morcillo afirmó que "los tiranos jamás se manchan las manos haciendo trabajos sucios, ya que siempre tienen esclavos y siervos que, en este caso, tienen el nombre y el apellido del PNV".
Crisis de "ansiedad"
En la sede de Batasuna en Bilbao se había concentrado un nutrido grupo de dirigentes de la coalición, como Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia, Ibon Arbulo, Eusebio Lasa y Karmelo Landa. Incluso algunos de ellos se habían encadenado al balcón del inmueble.
Después de romper la puerta y algunas ventanas, los agentes desalojaron con violencia a quienes se encontraban en el interior del recinto, dejando un herido, un delegado sindical que al parecer sufrió una crisis "de ansiedad" durante el operativo.
En Bilbao también fueron cerrados dos despachos utilizados por el colectivo contra la tortura Torturaten Aurkako Taldea y por la asociación de familiares de presos y refugiados Etxerat.
En San Sebastián, considerada una plaza fuerte de las filas más radicales de Batasuna, se produjeron los incidentes más graves. Allí, la policía se lanzó contra unas 200 personas que guardaban un local de Batasuna, y para el caso emplearon balas de goma.
En las afueras del local el dirigente de Batasuna, Joseba Permach, mantenía una pancarta desplegada en la cual se leía en inglés "Libertad para el pueblo vasco".
La policía se preparaba para clausurar más tarde las oficinas generales. La tensión en San Sebastián se mantuvo a lo largo de la tarde, con enfrentamientos entre jóvenes radicales y agentes.
En la localidad de Tolosa, la policía logró desactivar un explosivo colocado en los juzgados, pocas horas horas después de los primeros desalojos en Pamplona. Una llamada telefónica anónima informó el lunes anterior por la noche al diario vasco Gara de la colocación del explosivo.
Después de ser desalojado de la sede de Bilbao, el dirigente y vocero de la suspendida coalición, Arnaldo Otegi, afirmó que la formación que encabeza seguirá funcionando aunque "no usará públicamente las siglas", al tiempo que advirtió al gobierno vasco: "Nuestro enemigo es el Estado español y su gobierno fascista, pero si alguien pone sus instrumentos a su servicio se pone al mismo nivel".
El líder y parlamentario añadió: "Lo que le pedimos (al gobierno vasco) ya no es responsabilidad, porque no la tiene; ya no un poco de competencia política, porque realmente no la tiene; sino por lo menos que sea digno y le diga a su país que no va a seguir participando en una ópera bufa llamada democracia española".
Luego de pedirle "que no se ponga en medio", insistió: "Los fascistas españoles son tan obtusos mentales que piensan que después de dos siglos de presión y represión van a aniquilar las ansias de libertad del pueblo vasco".
Otegi anunció que Batasuna agotará los recursos judiciales en España contra el proceso para declarar ilegal a la coalición, y que incluso recurrirá a la justicia europea para anular la resolución de Garzón.
Joseba Permach, por su lado, declaró esta noche que "las cintas de clausura están escritas en español, la policía vasca que vino a colocarlas piensa en español, el gobierno vasco que la envió piensa también en español, pero nosotros representamos un proyecto para la independencia del País Vasco".
El vocero del gobierno del País Vasco, Josu Jon Imaz, justificó las acciones ordenadas por la administración local para que se "cumpla la ley" en función del auto de Garzón, si bien matizó que tanto el Ejecutivo autonómico, el Parlamento regional y "una mayoría amplia de la sociedad vasca no comparten y están en contra de la ilegalización de Batasuna".
Imaz subrayó que esta ilegalización "nos aleja de la paz y quita el espacio político, lanza a la clandestinidad a una parte de la propia sociedad y rompe el clima de complicidad entre partidos que se había comenzado a establecer en los últimos meses".
Desde el Ejecutivo español, el ministro de Justicia, José María Michavila, pidió al gobierno vasco la "misma diligencia" que emplea Madrid para cumplir lo dictado por Garzón, a la espera de que se desalojen el resto de las sedes en otras localidades.
A su juicio, "no hay ninguna democracia seria que deje de aplicar la ley, el estado de derecho, por temor al chantaje terrorista, además que le daríamos la razón a los terroristas si dejásemos doblegado al estado de derecho frente al terror".
En el ámbito exterior, Estados Unidos expresó, a través del portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, que "apoya enérgicamente los esfuerzos de España de luchar contra el terrorismo de ETA", según consignó Reuters.
Interrogado sobre si Estados Unidos poseía evidencias obtenidas de forma independiente de que Batasuna tenía nexos con ETA, respondió: "Ambos países compartimos información y nosotros creemos en las conclusiones de España".
En cambio, Batasuna recibió la "total solidaridad" del ex presidente italiano Francesco Cossiga, quien denunció la "violencia policial y judicial del gobierno franquista de José María Aznar y del juez estalinista Baltasar Garzón", de acuerdo con Afp.
Mientras, en Venezuela el presidente del Congreso y dirigente oficialista, William Lara, desautorizó una reunión sostenida la semana pasada por un legislador oficialista con miembros de Batasuna. "Fue una sola persona la que se reunió con militantes del partido Batasuna y actuó a título personal sin haber consultado" a su partido, explicó.
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