Continuamos compartiendo con ustedes las perlas de neolenguaje borbónico franquista en su cruzada contra el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco con este aporte que hace el facilitador y promotor de la tortura que responde al nombre de Baltasar Garzón; 'responsabilidad civil solidaria'.
Si quieren saber más acerca de esta joya, procedan con la lectura de este artículo de La Jornada:
Batasuna, "responsable solidaria" de la violencia callejera en el País Vasco, dictamina Garzón
Arnaldo Otegi denuncia que esta medida representa una "proscripción de hecho"
Armando G. Tejeda | Corresponsal
El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, acordó hoy en auto judicial declarar a Batasuna, considerada brazo político de ETA, "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera llevados a cabo en el País Vasco los últimos años, en lo que la coalición nacionalista vasca calificó como una "proscripción de hecho".
El juez informó a la formación nacionalista que si en 24 horas no deposita o presenta un aval bancario por cerca de 24 millones de dólares, se ordenará el embargo de todos los bienes muebles e inmuebles de la coalición.
Batasuna vive momentos difíciles ante las recientes iniciativas políticas y resoluciones judiciales por parte del gobierno del presidente José María Aznar, apoyado por el opositor Partido Socialista Obrero Español. En el terreno judicial la iniciativa la lleva Garzón, quien esta semana ha adoptado dos decisiones que afectan sensiblemente a la coalición. Una de ellas es la conclusión de las investigaciones del sumario 18/98, que pretende probar la vinculación de diversas organizaciones políticas y civiles, medios de comunicación y empresas del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) con la organización armada.
En este macro-juicio serán procesados 64 dirigentes y militantes de la izquierda nacionalista vasca; abogados, periodistas, concejales y militantes de las asociaciones de ayuda a los presos etarras y sus familiares.
La segunda resolución es la adoptada hoy por Garzón, quien consideró que Batasuna debe asumir los costos de los actos de violencia callejera (kale borroka) al ser, siempre según el juez, "responsable civil solidaria". En el auto se justifica esta decisión porque "junto con la de las demás organizaciones del MLNV, integradas en ETA, los actos de kale borroka que protagonizaron miembros de Segi (la rama juvenil de la izquierda radical vasca) suponen un beneficio conjunto al complejo de estructuras que componen la organización terrorista ETA bajo el principio de la complementariedad".
En función de este razonamiento, Garzón decidió dar 24 horas para que Batasuna pague el dinero estimado por el juez, que asciende a 24 millones de dóalres, o de lo contrario se procederá al "embargo del dinero, valores, bienes muebles e inmuebles de los que sea titular, directa o indirectamente, o por medio de sus miembros, la organización Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna". El embargo también recaerá contra los créditos que pueda tener concedidos y las subvenciones que perciba.
Garzón afirma que "las acciones delictivas cometidas por las organizaciones ilegales del entramado deben generar una responsabilidad en función del riesgo no evitado, consentido o incluso auspiciado, en todo caso, por HB-EH-Batasuna, que representa una especie de empresa pantalla en la que actúan unos administradores de derecho pero que obedecen las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA".
El auto contiene además la siguiente afirmación, que deja abierta la puerta para que también se considere a Batasuna responsable civil por los atentados cometidos por ETA: "La extensión de la responsabilidad civil debe comprender, por tanto, una vez acreditada la vinculación entre ETA, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, HB-EH-Batasuna-Herriko Tabernas (la hipótesis que pretende probar en el juicio oral del citado sumario 18/98) y otras estructuras del complejo liderado por la primera, a todos los casos y supuestos en los que ocurra una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado".
Una vez que se hizo pública esta resolución, la Mesa Nacional de Batasuna denunció ante los medios de comunicación esta "proscripción de hecho, porque de sobra es sabido que no podemos hacer frente a una cantidad tan abultada de dinero". Arnaldo Otegi, líder y vocero de la coalición, explicó que a pesar de la orden de Garzón "ésta no nos va a desviar de nuestra línea de actuación, que tiene por objetivo lograr un contexto de paz estable para Euskal Herria", al tiempo que advirtió que esta criminalización de la izquierda abertzale tendrá "una respuesta contundente.
"Están tratando de acabar con el movimiento de liberación vasco, desde la llegada al gobierno español, el Partido Popular está gestionando el Estado, pero no el poder, que lo tienen los mismos que en el franquismo. La diferencia es que entonces aplicaban la política del palo y la zanahoria, y ahora, con el PP, sólo se utiliza el palo. Todo ello con el beneplácito del PSOE", afirmó el líder abertzale, que además consideró que "los derechos de los vascos llevan dos siglos embargados".
El coordinador de Batasuna, Joseba Permanch, consideró que este auto "supone un mecanismo más para tratar de neutralizar la actividad política de Batasuna, lo que en ningún caso van a conseguir".
En este contexto, José Ignacio Krutxaga, Lierne Armendáriz y Fernando García Jodrá fueron expulsados del tribunal en la primera sesión del juicio que enfrentan por el asesinato del ex ministro de Sanidad Ernest Lluch, luego que acusaron a un policía, que se presentó como testigo, de haberlos torturado cuando les tomaba sus declaraciones.
El fiscal solicita para los tres involucrados en el asesinato de Lluch, ocurrido en noviembre de 2000, la pena de 54 años de prisión. Los indiciados pertenecen, al parecer, al comando Barcelona, de ETA.
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