Durante décadas los medios de comunicación afines al franquismo han etiquetado a los presos políticos vascos como "presos de ETA". Tampoco hizo falta el babalucas supuestamente de izquierda que también recurriese a ese termino cuando de hablar del conflicto vasco se trataba.
Por su parte, desde el PP y el PSOE han insistido en que dichos presos son presos comunes y que no pueden ser considerados presos políticos, a pesar de que en contra de ellos se creó todo un catálogo de medidas de excepción dadas sus características, lo cual los convierte, precisamente, en presos políticos.
A once años del final de la actividad armada de la organización antifascista ETA, la Fiscalía del estado español deja claro que la legislación represiva diseñada para ellas y ellos sigue en activo, como nos muestra esto que nos informa Naiz:
La Fiscalía recurre el tercer grado de Agirresarobe, Alberdi y Narváez, que volverán a prisión
La progresión a tercer grado aprobada por la Administración Penitenciaria vasca a propuesta de las Juntas de Tratamiento a los presos vascos Gurutz Agirresarobe, Itziar Alberdi y Josu Narváez ha sido recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y se paraliza, por lo que volverán a prisión.La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española ha recurrido las propuestas para el tercer grado de los presos vascos Gurutz Agirresarobe, Itziar Alberdi y Josu Narváez.
La progresión a tercer grado aprobada por la Administración Penitenciaria vasca a propuesta de las Juntas de Tratamiento a los presos vascos ha sido recurrida por la Fiscalía y, de esta forma, se paraliza la progresión, y Agirresarobe, Alberdi y Narváez deberán volver a prisión.
«Una vez más, a 400 kilómetros de distancia, se decide en contra de los criterios que los profesionales de los centros penitenciarios vascos deciden sobre presos de los que conocen su evolución penitenciaria y de ahí su decisión de la progresión de grado», señala Sare en una nota.
«Desgraciadamente, la Fiscalía toma una decisión, no basada en criterios jurídicos, sino en voluntades políticas. Y de esta forma se continúa obstruyendo el camino hacia la convivencia que, desde Sare, venimos trabajando», añade.
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