Egaña | Lauaxeta, 80 Años

Hay españoles con longevas carreras en el negocio de asesinar vascos.

Para muestra, este botón, publicado por Iñaki Egaña en su cuenta de Facebook:

Lauaxeta, 80 años

Iñaki Egaña

Una escueta notificación firmada por el forense Carmelo Pérez reconocía que “el paisano Esteban Urquiaga Basaraf ha sido pasado por las armas, frente a las tapias del cementerio de esta plaza (Gasteiz), en la parte correspondiente al Hipódromo”. Eran las cinco y media de la mañana del 25 de junio de 1937. Un piquete de voluntarios de la Guardia Civil se encargó de la ejecución, seguida de un tiro de gracia, como mandaban los cánones militares. Han pasado 80 años.

Esteban Urkiaga, Lauaxeta, tenía 31 años, natural de Laukiz había recalado en Mungia y en sus últimos meses de vida residía en la calle Henao de Bilbao. Poeta en euskara, traductor también de García Lorca, ejerció de periodista durante la guerra. Fue detenido cerca de Gernika, precisamente, cuando acompañaba al belga Georges Berniard, de La Petite Gironde. Ya el 6 de mayo, El Diario Vasco identificó su labor propagandística para denunciar el bombardeo de Gernika, con unos textos que fueron aportados al expediente acusatorio que le condenaría, después de juicio sumarísimo, a la pena capital. Según el juez instructor, ese reportaje lo fue “para escarnio de las fuerzas nacionales” (franquistas).

El expediente del proceso contra Lauaxeta fue descubierto en un archivo militar y hecho público en 2005. Los datos que ofrece el legajo muestran una animosidad especial contra el poeta. El juez instructor José María Sarachaga consideró que Urkiaga era “uno de los que principalmente han contribuido al envenenamiento contra España del pueblo vasco”. El juez le consideraba, asimismo, “propagandísta activísimo de las llamadas ´libertades de Euzkadi´” y hombre de “gran prestigio cerca de las autoridades rojo-separatistas”.

Lauaxeta estuvo recluido en el Convento de los Padres Carmelitas de Gasteiz, convertido en prisión. El 15 de mayo de 1937 fue juzgado en consejo de guerra junto a José Placer Martínez de Lezea, comandante de Eusko Indarra, batallón de ANV, y Epifanio Elejalde. El ya anciano teniente coronel Pablo Jevenois presidió el tribunal que condenaría a muerte tanto a Placer como a Lauaxeta. El ponente de la acusación fue Rafael Milans del Bosch, de familia de raigambre militar hasta nuestros días.

El juicio se despachó en apenas unas horas. Como dato reseñable y probablemente de gran valor simbólico y traumático para las familias de Placer y de Lauaxeta, el expediente descubre que el defensor de ambos fue un entonces joven alférez Antonio Sáenz de Santa María. Un Sáenz de Santa María falangista que se había alistado voluntario en Oviedo y había arribado a Gasteiz. Como es conocido, el entonces alférez logró los más altos cargos en el escalafón policial y militar, alcanzando el grado de general de división y las jefaturas de la Guardia Civil y Policía Nacional. Ligado a la guerra sucia, en tiempos del BVE y de los GAL, fue uno de los máximos promotores de la máxima felipista: “el Estado de derecho se defiende desde las cloacas y los desagües”.

Según contaron sus biógrafos, Sáenz de Santa María fue el encargado de organizar las últimas ejecuciones del franquismo, las de Txiki y Otaegi, así como las de Sánchez, García y Baena. Ejecuciones llevadas a cabo también por voluntarios, como en el fusilamiento de Lauaxeta. Todo un síntoma de la línea cronológica del franquismo y la transición, unidos, en gran parte, por los mismos protagonistas. Por completar las noticias que deparan los documentos del expediente sobre el proceso contra Lauaxeta, paisano armado y separatista, añadir que Sáenz de Santa María pidió la absolución de su “defendido”.

La deliberación “secreta” del jurado fue tan breve que la condena a muerte de Lauaxeta se hizo pública el mismo día del juicio. La espera del poeta se alargó durante un mes, hasta que el cuartel general de Franco se dio por enterado, en comunicación del 14 de junio. A partir de entonces, Luis Campos, gobernador militar de Araba se hizo cargo de los pormenores de la ejecución, incluida la comunicación al reo y su entrega al piquete de la Guardia Civil. Ángel Manterola, juez municipal de Gasteiz, certificó en el Registro Civil la muerte de Esteban Urkiaga a consecuencia de “disparos de arma de fuego”.

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