Puesto que en Madrid no tienen interés alguno en superar la etapa que el pueblo vasco superó el pasado 8 de abril en Baiona, ha sido necesario que 83 cargos electos por vía de las urnas de todo Hegoalde pusieran el reflector sobre el montaje represivo que el régimen ha puesto en marcha en contra de los jóvenes de la localidad de Altsasu que han sido acusados de terrorismo por repeler una agresión por parte de dos guardias civiles alcoholizados.
Les invitamos a leer la nota al respecto publicada en Deia:
Un total de 83 alcaldes de Navarra, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han firmado un documento en el que piden que el caso de la agresión a dos guardias civiles en Altsasu no se juzgue en la Audiencia Nacional como presunto delito de terrorismo y vuelva a la Audiencia Provincial de Navarra.En el documento, suscrito entre otros por los alcaldes de Iruñea (Joseba Asiron), Bilbao (Juan Mari Aburto), Donostia (Eneko Goia) y Gasteiz (Gorka Urtaran), se muestra el apoyo a la petición realizada en ese sentido por las familias de los once jóvenes procesados por estos hechos, de los que tres continúan encarcelados.La propia Audiencia Provincial de Navarra ha reclamado también la devolución del caso al considerar que no existió un delito de terrorismo y será por tanto el Tribunal Supremo el que deberá dirimir esta cuestión de competencia.Los firmantes hacen suyas, igualmente, las peticiones del Parlamento de Navarra y del Ayuntamiento de Altsasu, que en sendos acuerdos mostraron su disconformidad con la encarcelación de los jóvenes, pidieron "proporcionalidad" en la aplicación de la justicia y exigieron el traslado del caso a Navarra.La recogida de firmas de apoyo ha sido impulsada por el alcalde de Altsasu, Javier Ollo, la abogada Sonia Ontoria, y el catedrático de derecho Penal de la UPV-EHU Iñaki Lasagabaster, quienes esperan nuevas adhesiones en las próximas semanas.
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