Un Régimen de Papel

Cuán pardójico resulta que, un régimen firmemente apuntalado por el fascismo estadounidense y reforzado militarmente por la OTAN en la práctica sea tan débil que ante los retos que le imponen los movimientos soberanistas de Catalunya y Euskal Herria se tenga que esconder tras una anacrónica pila de papel.

Les invitamos a leer este reportaje publicado en Gara:

El doble miedo a las consultas sirve a Rajoy para blindar la Constitución

Un doble miedo a preguntar a la ciudadanía sirve a Mariano Rajoy, presidente español, para enfriar las expectativas de un cambio en la Constitución. Por una parte, el rechazo a una consulta en Catalunya o Euskal Herria. Por el otro, el temor de la cita con las urnas pueda volverse en contra de las élites como ha ocurrido en Italia con Mateo Renzi.

Alberto Pradilla y Beñat Zaldua

Recientemente, la periodista Victoria Prego, uno de los símbolos de la Transición española, confirmaba la veracidad de las imágenes en las que Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno, le admitía que no convocaron un referéndum sobre la monarquía porque las encuestas les daban perdedores. Esta tendencia, la de hurtar a los electores la posibilidad de elegir a través de las urnas, forma parte de la estructura política del Estado hasta la actualidad. Los actos del 38º aniversario de la Constitución sirvieron para escenficar que el miedo a preguntar es la excusa perfecta para el inmovilismo del presidente español, Mariano Rajoy. Se trata de un temor que desemboca en rechazo y que va por partida doble. Por un lado, al referéndum en Catalunya. Por el otro, a las consecuencias de preguntar en todo el Estado sobre una reforma de la Carta Magna, especialmente después del antecedente italiano, donde Matteo Renzi seguramente se irá a la casa después de que su propuesta de tocar la ley fundamental se rechazara.

Rajoy es el primer interesado en enfriar la idea de la reforma. Sabe que en lo único en que podrían ponerse de acuerdo las formaciones españolas es en la idea de cambiar la Carta Magna. A partir de ahí, no hay consenso sobre los asuntos a abordar salvo en una cuestión: tanto PP como PSOE y Ciudadanos, es decir, la mayoría que permitió que el actual presidente siguiese en La Moncloa, descartan hablar sobre el derecho a decidir. Las tres formaciones rechazan abordar un debate central que se ha recrudecido desde que se puso en marcha el proceso catalán.

Con su habitual estilo, Rajoy no descartó abrir un proceso de debate, pero siempre que se conozca el inicio y el final. Aunque sin mencionarla, puso como ejemplo la modificación del artículo 135, pactada entre las dos formaciones del turno. Como líneas rojas, la «unidad de España», la «soberanía de los españoles» y la «igualdad de todos los españoles». Tres maneras distintas de definir el mismo concepto y, en definitiva, nada nuevo. El bloque entre PP, PSOE y Ciudadanos no va a permitir que catalanes o vascos vean reflejado su derecho a ser consultados en la Carta Magna. Como señaló Javier Fernández, presidente de la Gestora del PSOE, «hay una sola nación, que es la nación soberana». Es decir, la española. Su único margen, algún reconocimiento de la «plurinacionalidad» sin efecto político.

El precedente de Renzi

La palabra clave en el acto institucional del Congreso era «consenso». Cumpliendo con la tradición, todos pusieron como ejemplo el texto de 1978. Ese es el margen. Así lo planteó Fernández, quien aboga por una subcomisión en la Cámara Baja donde limar asperezas. Ahí podrían encontrarse el apoyo de Ciudadanos, pero difícilmente el de Unidos Podemos, el único partido de ámbito estatal que defiende el referéndum.

Se ha extendido la idea de que PP y PSOE habían pactado que no se abordará este debate antes de que Ferraz lleve a cabo su congreso, previsto para verano de 2017. No es problema para el líder de la Gestora, que considera que las discusiones se alargarán más tiempo del que necesita para poner orden en casa.

Los terceros en discordia, Ciudadanos, están más centrados en cambios técnicos, como la eliminación de los aforamientos. Y ahí entra el debate sobre otro tipo de referéndum, el que serviría para ratificar el nuevo texto. Las modificaciones que se han realizado hasta ahora (como el 135) no han estado sujetas al refrendo de las urnas. Sin embargo, ahora existe otra correlación de fuerzas en el Congreso y si el 10% de diputados o senadores lo solicita, hay que convocar una consulta. En este punto surge el miedo al referéndum, teniendo en cuenta que citas con las urnas como la del Brexit o la de la reforma en Italia no han salido como las élites esperaban. Al final, se impone la poco democrática idea de que «los referéndums los carga el diablo».

Cientos de consistorios abiertos y ridículo unionista en Catalunya

Centenares de alcaldes y concejales independentistas de Catalunya acudieron ayer a los ayuntamientos para abrir las puertas como cualquier otra jornada laborable del año, siguiendo la estela de lo ocurrido el pasado 12 de octubre. Según la Associació de Municipis per la Independència (AMI), al menos 350 consistorios desarrollaron su actividad de forma ordinaria, con el objetivo de denunciar que la Constitución española es «una cárcel para la democracia», según se leyó en todos los municipios que se adhirieron a la llamada de la AMI. «Como país democrático creemos que los días festivos deben ser representativos de una sensibilidad mayoritaria y propia, nunca impuesta», añadió la entidad independentista en el manifiesto publicado ayer, en el que también se lamentó la utilización de la Carta Magna española «como Código Penal» para investigar a cargos electos «que en el ejercicio de sus funciones permiten el debate sobre el proceso soberanista».

Entre los ayuntamientos más significativos en los que ayer se trabajó destacaba el de Badalona, donde todo el equipo de gobierno municipal está siendo investigado por desobedecer la orden que el pasado 12 de octubre les obligaba a cerrar las puertas del Consistorio. Sin embargo, ayer los concejales que quisieron trabajaron a puerta cerrada, sin abrir las puertas al público. En otros ayuntamientos sí que se abrió el edificio a los ciudadanos, pero lo hicieron los propios cargos electos, para no comprometer a los funcionarios municipales. La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, que gobierna una coalición entre Guanyem Badalona (CUP, Podemos y EUiA), ERC e ICV, consideró que «la actual Constitución está marcada y vigilada por el legado de la dictadura franquista, no responde al derecho a decidir de los pueblos ni a la democracia participativa».

Otro de los focos de atención se centraba en Celrà, pequeña localidad de Girona gobernada por la CUP, donde la antigua Plaza de la Constitución fue rebautizada como Plaza Maria Mercé Marçal, en homenaje a la escritora catalana. En el acto estuvo presente la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que el próximo 16 de diciembre está llamada a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el marco de la querella presentada por la Fiscalía por permitir el debate sobre el proceso constituyente catalán en el Parlament.

Pero ayer no fue un día de confrontación. Fiel a la misión de rebajar el tono de su predecesora, el nuevo delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, prefirió hacer la vista gorda y asegurar que no tuvo constancia de que ningún ayuntamiento estuviese ofreciendo los servicios habituales y ordinarios. La crónica de la jornada se completa con la manifestación convocada ayer a la mañana en Barcelona por Societat Civil Catalana bajo el lema «Con la Constitución, por la concordia». La entidad unionista, que tildó de «ilegal» la apertura de numerosos ayuntamientos, apenas consiguió reunir a unas 300 personas en su breve marcha por el Eixample barcelonés.

Ni Lakua ni Iruñea en el acto oficial del Congreso

El acto oficial de conmemoración de la Constitución española cuenta cada vez con menor adhesión. No estuvieron en Madrid ni el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ni la lehendakari de Nafarroa, Uxue Barkos. Tampoco Carles Puigdemont, president catalán. No fueron excepciones. Únicamente cinco de los líderes autonómicos acudieron a un acto en el que se celebra un texto que casi todos sus asistentes hablan de modificar.

Tampoco estuvieron los partidos de ámbito vasco (PNV y EH Bildu) ni catalán (ERC y PDECat), lo que dejó la representación de las naciones sin Estado muy menguada. De hecho, el único que sacó la cabeza reivindicando su presencia fue Iñigo Alli, portavoz de UPN, quien se sentía «orgulloso» de representar a un Grupo Mixto del que la mayoría de parlamentarios no estaba presente en la ceremonia.

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