Poca Dignidad y Nada de Justicia

Lo hemos explicado antes pero lo repetimos para nuestros nuevos lectores.

Cuidadoso de las formas y temeroso de caer de gracia ante la comunidad internacional y así perder el cheque en blanco gestionado por Ike Eisenhower a favor de Francisco Franco, el estado español ha evitado, a partir de la "transición democrática", involucrar a sus instituciones en la sucia tarea de sabotear el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco.

Para lograr lo anterior, se inventó toda una serie de grupos de choque - contratando a los más retrógrada de entre los españolitos - encargados de poner a la sociedad vasca en estado de sitio constante. Al principio fueron grupos paramilitares integrados por "descontrolados" como fueron el Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (AAA), Antiterrorismo ETA (ATE) y Acción Nacional Española (ANE). Mención aparte merecen los GAL pues para este grupo en particular se recurrió preferentemente a mercenarios de otros países.

Pero lo anterior no era suficiente pues el accionar de los grupos antes mencionados era, como se suponía que debiera ser, extremadamente violento. Con el tiempo La Zarzuela llegó a la conclusión de que eso no era suficiente y que además le podía generar algún tipo de reacción adversa en las instituciones de la comunidad internacional, y entonces se dedicó a la creación de asociaciones civiles, hoy conocidas como ONGs, para golpetear a la sociedad vasca recurriendo a una interpretación torcida de preceptos como los derechos humanos, la paz, la justica, la concordia; preceptos todos pisoteados una y otra vez por los regímenes españoles de antes y después de la "transición".

Surgen así grupúsculos muy bien financiados y arropados por los medios de comunicación al servicio del régimen como lo son AVT, Covite, Foro Ermua, Manos Limpias, Basta Ya... y uno de los más activos a últimas fechas: Justicia y Dignidad. Paradójicamente, a esta lista se ha unido por decisión propia un grupúsculo de "duros" que se arropan en un engendro hiper-vasquista y über-socialista conocido como ATA.

Eso sí, como el asunto está hecho a los Mortadelo y Filemón, se tiene que ser muy idiota para no ver las filiaciones políticas de los integrantes de estos grupos, que van desde el falangismo hasta el franquismo borbónico, pasando claro está por el más nostálgico del franquismo original.

Habiendo explicado lo anterior, les compartimos esta nota en Gara relacionada con la supuesta inhabilitación de Arnaldo Otegi dada a conocer ayer:

DyJ pidió a la AN inventar vías para imponer el veto

Alberto Pradilla

Dignidad y Justicia, el lobby presidido por Daniel Portero (hijo del fiscal general andaluz, Luis Portero, muerto en atentado de ETA en 2000), lleva tiempo maniobrando para que las sentencias de inhabilitación impuestas por la Audiencia Nacional española en diversos macrojuicios políticos puedan ser efectivas a pesar de que no hay margen legal para ello. En una carta dirigida en setiembre a Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal del tribunal de excepción, Portero reconocía que tanto el fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el del Tribunal Supremo admitieron que no podía perseguirse a Iker Casanova, que ejerce como parlamentario desde 2014 ya que su veto no puede ser aplicado. Sin embargo, solicitaba buscar subterfugios para subsanar su error. Es decir, pedía al tribunal que prevaricase para impedir que militantes independentistas pudiesen sumarse a listas electorales.

En el email con el que Portero hizo llegar el escrito a los medios, el presidente de DyJ se felicita de haber evitado que Arnaldo Otegi pueda ejercer como cargo público, contradiciendo el contenido de su propio documento, en el que asume que la jurisprudencia española deja claro que si no es especifican los cargos la inhabilitación no sirve.

Sin margen legal

En una lista anexa, el lobby vinculado a esta víctima de ETA incluye los nombres de medio centenar de militantes independentistas condenados en procesos políticos como el 18/98, el «caso Bateragune», el sumario contra Gestoras Pro Amnistia y Askatasuna y el denominado de las «herriko tabernas». Sin embargo, que en el texto remitido a Marlaska cite expresamente a Otegi y Rafa Díez evidencia que su preocupación más urgente era evitar que el secretario general de Sortu pudiese aspirar a ser lehendakari. «La inacción por parte de esta instancia judicial haría posible la participación de los mismos en las próximas elecciones autonómicas y de poder de acceder a un cargo público», argumenta. El problema de Portero es que no existe fórmula legal que permita modificar sentencias que, en algunos casos, son firmes desde hace siete años, como ocurre con la del 18/98. Lo admite el propio presidente de Dignidad y Justicia cuando insta a la Audiencia a «encontrar una vía para poder ejecutar dicha pena de inhabilitación especial». En definitiva, se trata de maniobras de un lobby que nació para presionar en los juicios políticos y que ahora está pidiendo a un tribunal que se salte su propia ley.

Si no tienes nada, inventa algo, joder.

Ahí queda pues, Madrid, magníficamente retratada... para el que quiera ver.

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