jueves, 23 de julio de 2015

Corte de Caja de Emakunde

En el portal de El Mundo han publicado un artículo que detalla algunos casos listados en el informe presentado por Emakunde:


El Gobierno interviene ante denuncias por discriminación, 95 en dos años

Leyre Iglesias

Una mujer acudió el año pasado a Emakunde con una denuncia: en su empresa, presumiblemente un local de restauración, los uniformes eran, a su juicio, discriminatorios. Los trabajadores debían usar un uniforme completo, «con varias prendas»; las empleadas, un delantal. El Gobierno vasco, a través de su Instituto de la Mujer, intervino. Inició una investigación, contrastó los hechos y consiguió que la empresa subsanara «de inmediato» la distinción en la ropa de trabajo.

Ha habido más casos en los dos últimos años. En conjunto, el Área de Defensa de los Derechos de Igualdad, que desempeña las funciones de la extinta Defensoría para la igualdad entre mujeres y hombres en torno a la discriminación en el sector privado, ha recibido 689 consultas y 95 quejas y denuncias, que han aumentado especialmente en 2014 (58 casos). Emakunde investiga y emite recomendaciones; no tiene capacidad legal para multar.

Los temas que más se repiten son dos: el sexismo en el trabajo, en muchos casos relacionado con la conciliación laboral y familiar, y anuncios machistas -a veces también discriminatorios hacia los hombres- en el ámbito de la comunicación y la publicidad.

Otro de los casos relacionados con el empleo fue el de un grupo de periodistas de un medio de comunicación vasco que acudió al Ejecutivo autonómico porque, según cuenta Emakunde en su memoria anual enviada al Parlamento, la empresa no les dejaba firmar sus trabajos con los dos apellidos, el del padre y el de la madre. «Sólo han de firmar con el apellido del padre, que es el primero», se indica en el expediente. El Instituto emitió una recomendación al medio y éste acabó aceptando «que se firme a gusto de las autoras».

Otra intervención exitosa fue la referida a una mujer que denunció cómo una oferta de trabajo para un puesto de técnico de calidad alimentaria buscaba a un «varón». Emakunde tiró de las orejas a la empresa y ésta modificó su oferta. Otras dos denunciantes lograron corregir la discriminación que habían sufrido en sus empresas a raíz de cogerse la baja por maternidad. En un caso, aprovechando esa baja, la empresa modificó sus tareas, funciones y ubicación; en el otro, comunicó a la reciente madre que su puesto de trabajo había cambiado. Emakunde medió entre ambas partes y consiguió sendos acuerdos.

En cuanto a la publicidad y la comunicación, destaca la denuncia de un cartel publicitario de una discoteca que ésta finalmente retiró, o la recomendación a una editorial vasca para que no publique «cuentos para niñas» y «cuentos para niños». El resultado de esta última actuación no figura en la memoria aportada por Emakunde, que sí asegura haber convencido a una empresa para que renunciara a un «anuncio sexista en un folleto del sector de la limpieza».

Otro grupo de denuncias y quejas tiene que ver con las sociedades gastronómicas que vetan a mujeres, y con el deporte. Por ejemplo, una menor de edad consiguió que la federación de atletismo le permitiera correr junto con hombres en la categoría de cadete después de habérselo impedido.

Pero también hay hombres que denuncian sexismo. En la selección de «trabajadores/trabajadoras» para un puesto de trabajo, según figuraba en la oferta, la empresa rechazó al candidato masculino porque quería contratar a una mujer y alegó que había cometido un «error de redacción» en el anuncio. Emakunde se acogió a la Ley nacional de Empleo de 2003 para recordar a los empleadores que «se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos». Otras denuncias señalaron a un anuncio de unos grandes almacenes en el cual una mujer pisaba la cabeza de un hombre, y al hecho de que los varones no puedan participar en la carrera de la mujer de Vitoria.

Los asuntos en los que se centra Emakunde se refieren a la discriminación en el sector privado. En el caso de que atañan a la administración pública, los deriva al Ararteko, y, si exceden del ámbito vasco, los envía al Instituto de la Mujer del Gobierno de España. Si el caso se judicializa, lo abandona.






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