Los navarros españolistas de UPN están incómodos con la admisión por parte del gobierno de Nafarroa de que veintiuno de sus ciudadanos fueron torturados por diferentes instancias policíacas a lo largo de varias décadas. Baste ver el lenguaje orwelliano al que han recurrido en sus declaraciones al respecto, sabedores de que muchos de esos casos de tortura ocurrieron mientras ellos mal gobernaban la herrialde para beneficio de Madrid.
Que estén incómodos es sencillo de entender, dicha admisión es un torpedo debajo de la línea de flotación del barquito de papel sobre el que basan su visión carpetovetónica del encaje de Nafarroa en Euskal Herria y en el derecho a la autodeterminación del pueblo vasco.
Aquí lo que al respecto ha publicado Naiz:
UPN critica la admisión oficial de torturados; la mitad de los casos fueron con sus gobiernos
Cuando ya son 76 los torturados admitidos oficialmente como víctimas en Nafarroa, UPN no solo elude hacer autocrítica por lo ocurrido durante sus gobiernos, sino que carga además contra EH Bildu por hacer «utilización mezquina».
Ramon SolaEl proceso de reconocimiento oficial de víctimas de violencia estatal en Nafarroa dio otro paso importante el pasado viernes con la admisión de 21 personas más que sufrieron tortura. De ellas 10 padecieron esta lacra durante los gobiernos liderados por UPN en Nafarroa desde 1991 (casi sin interrupción hasta 2015). Lejos de hacer autocrítica por lo ocurrido, el portavoz del partido en el Parlamento navarro, Javier Esparza, ha cargado este lunes contra la Comisión de Valoración de estos casos. Y también contra EH Bildu.
En la ronda de declaraciones habitual tras la Mesa y Junta del Parlamento los lunes, Esparza ha afirmado que «EH Bildu está haciendo una utilización mezquina» por reclamar la revisión de las condenas de las personas encarceladas a partir de autoinculpaciones o inculpaciones conseguidas bajo tortura. Se ha referido así a las entrevistas concedidas estos días por Pernando Barrena, hoy eurodiputado de EH Bildu y admitido ahora como torturado por la Policía española en 1985.
Pese a que la certificación de esta realidad es oficial por parte del Gobierno Chivite, Esparza ha concluido de este proceso que el independentismo de izquierdas «quiere construir un relato falso de ir de víctima. No puede ser que quien participó en ETA se convierta en víctima. El Gobierno debería revisar la ley para que la izquierda abertzale no pueda apropiarse de ella, que no se pueda reescribir la historia».
«Aquí hubo una banda terrorista, apoyada por quien hoy forma parte de EH Bildu, que se dedicó a recortar las libertades. Mientras eso ocurría, otros defendíamos las libertades», ha dicho Esparza, que ha obviado cualquier muestra de empatía hacia las víctimas de esta violencia estatal. Los casos certificados oficialmente hasta ahora incluyen seis personas muertas (una de ellas por tortura), 48 torturadas y 18 más que padecieron lesiones de diferente tipo (por cargas policiales en su mayoría).
«Comisión ideologizada»
Esparza ha recurrido además al manido argumento de que «si alguien tiene que determinar si alguien fue o no torturado es un juez, no una comisión. Esa comisión está ideologizada», ha acusado.
La comisión fue creada en 2022 y tiene como máximo responsable al director de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza. En su composición original figuraban el director del Instituto Navarro de la Memoria, Jose Miguel Gastón; los peritos forenses Iñaki Pradini y Mikel Urtiaga; la psicóloga Silvia Galarreta, designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses; la profesora de Sociología de la UPNA Marta Rodríguez; el asesor de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Mikel Berraondo; y los profesores de Derecho de la UPNA Roldán Jimeno y Soledad Barber.
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