Fondos Públicos para el Expolio

Lo dicho, es un expolio en toda regla.

Nos referimos a los costes en los que incurren las familias de las víctimas del terrorismo de estado español en su intento porque sean reconocidas como 'víctimas del terrorismo'.

Noticias de Gipuzkoa nos informa que esta mecanismo es tan conocido que inclusive se dotó a Egiari Zor con un presupuesto etiquetado precisamente para aliviar la carga económica que de otra manera recaería en las familias de las víctimas.

Pero ojo, se trata de dinero público, o sea, dinero que ingresa a las arcas verbigracias a los aportes que lleva a cabo la ciudadanía de las tres herrialdes que componen la CAV.

Todo un expolio colonial pues, para que se entienda.

Aquí la información:

El Gobierno Vasco concedió 180.000 euros a Egiari Zor para pagar costas

La familia Zabala tiene la opción de recurrir a la fundación ante los 9.000 euros que le pide la justicia

Que se haya hecho público que la justicia ha hecho pagar las costas a los familiares de las víctimas de los GAL ha vuelto a poner sobre la palestra la doble victimización que sufren. El daño moral que han recibido es difícil de reparar pero, a nivel económico, tienen un mecanismo a su disposición para cubrir esos gastos.

En concreto, el Parlamento Vasco, en sesión de 28 de junio de 2018, aprobó la proposición no de ley 79/2018 por la que se mandata al Gobierno Vasco a "aprobar una línea de ayudas que mitigue la revictimización y la carga económica añadida" derivada del recorrido administrativo y judicial que un número importante de víctimas de los GAL, Batallón Vasco-Español y otros grupos de extrema derecha se han visto obligadas a realizar ante la negativa a indemnizarlas y equipararlas al resto de víctimas del terrorismo.

Para hacer cumplir ese mandato, el Consejo de Gobierno, en sus sesiones de 19 de noviembre de 2019 y 9 de diciembre de 2020, aprobó conceder a Egiari Zor Fundazioa sendas subvenciones directas por importe de 80.000 y 100.000 euros para "financiar los gastos derivados por asistencia jurídica a las personas que siendo víctimas del terrorismo se hayan visto abocadas a la vía judicial para subsanar la injusticia que ha supuesto la denegación de la indemnización, siempre que estas víctimas no hayan sido condenadas mediante resolución judicial firme por haber participado en la delincuencia organizada o haber pertenecido a una organización que haya perpetrado delitos violentos".

A esta vía se puede acoger la familia de Joxi Zabala. Felipa Artano Sagastume, madre de Joxi, secuestrado, torturado y asesinado por los GAL junto a Joxean Lasa en 1983, se ha visto en la tesitura de tener que hacer frente a las costas del recurso contra la decisión de que sus familias no recibieran la indemnización complementaria prevista en la ley de víctimas del terrorismo. En concreto, la Audiencia Nacional ha impuesto a Felipa el pago de 9.256,02 euros. Toda esta polémica se remonta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que avaló que los familiares de Lasa y Zabala quedaran excluidos de esas ayudas, aunque ninguno de ellos llegó a ser condenado por pertenencia a ETA.

La fundación Egiari Zor constató una veintena de casos en esta situación por los recursos al tribunal europeo de Estrasburgo, lo que se traduce en más de 100.000 euros en costas. En cualquier caso, esta fundación ya precisó que durante todo este proceso han tenido el acompañamiento, ayuda y asesoramiento de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco. También en los presupuestos de este año, en las cuentas de 2022 aprobadas por el Parlamento Vasco, se consigna una subvención nominativa para Egiari Zor.

El Tribunal Constitucional rechaza indemnizar a las familias de Joxean Lasa y Joxi Zabala porque en la sentencia en la que fueron juzgados los autores de su secuestro y asesinato se afirma que los dos jóvenes guipuzcoanos eran miembros de ETA, algo que se dio por sentado sin un juicio que los hubiera condenado. 

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El SNP También Triunfa

Al escenario electoral en favor de Sinn Féin en Irlanda del Norte ahora hay que sumar uno muy prometedor en Escocia.

Naiz nos trae este recuento de la debacle del Donald Trump inglés:

Inglaterra, Escocia y Gales pasan factura a Boris Johnson en las elecciones locales

Los conservadores han perdido plazas históricas de Inglaterra como Wandsworth, tras más de 40 años, o Westminster, por primera vez desde 1964. Esa tendencia se confirma con los resultados en Escocia, donde la nueva victoria electoral del SNP refuerza su apuesta por una consulta soberanista.

Aitor Agirrezabal

Desde que obtuviese la victoria por mayoría absoluta en las elecciones generales británicas de 2019, Boris Johnson no se había vuelto a enfrentar a las urnas. Y los comicios locales le han pasado la factura de tres años marcados por el Brexit y el covid-19, y rematados por el escándalo de las fiestas organizadas en Downing Street durante el confinamiento.

Los resultados van cayendo a cuentagotas durante la jornada de este viernes, pero la tendencia es clara: Johnson va a salir muy tocado de las elecciones a concejos y ayuntamientos que celebraron este jueves en Inglaterra, Escocia y Gales.

En Inglaterra, los laboristas se han hecho con Wandsworth, el consejo local favorito de Margaret Thatcher y tory desde 1978, y han tomado el control de los ayuntamientos de Westminster y Barnet por primera vez desde su creación en 1964. Dos consejos emblemáticos que suponen un duro golpe para el Partido Conservador. Ravi Govindia, el candidato conservador en Wandsworth, ha dejado claro su análisis del resultado: «Boris Johnson».

Otros consejos relevantes, como el de la ciudad de Southampton, también han pasado a manos laboristas.

Además, los liberal-demócratas han arrebatado una plaza tan importante como Portsmouth. En Tandrige, los conservadores han pasado de primera a tercera fuerza, por detrás de independientes y liberal-demócratas.

La losa que cargará sobre sus espaldas Johnson parece enorme, ya que se ha dejado en el camino 398 asientos, sumando 1334.

El presidente del Partido Conservador, Oliver Dowden, ha reconocido en declaraciones a Sky News que la formación ha tenido «resultados difíciles» en algunas plazas, pero ha señalado que, «sin duda», los laboristas no están todavía «en el camino hacia el poder».

El Partido Laborista, que en la mayoría de distritos ingleses en los que se votaba ya contaba con buenos resultados, sumaba 2.980 asientos, que son 264 más que en las anteriores elecciones.

Importantes subidas, en el conjunto de la isla, también, para los Liberal-Demócratas, con 863 consejeros (+189) y para Los Verdes, que con 156 doblan los resultados de los anteriores comicios (+81). Además, los independientes se reparten 133 cargos locales (+19).

El SNP refuerza su primacía en Escocia

En Escocia se ha registrado una clara victoria del Partido Nacional Escocés, que  incrementa su ya dominante presencia en los consistorios del país, en los que todas las formaciones suman representantes, salvo el Partido Conservador, que ha quedado relegado a la tercera posición por los laboristas. Como en el resto de la isla, la formación de Boris Johnson ha visto como perdía buena parte de los concejales con los que contaba: en el caso de Escocia, se ha dejado un total de 62, una caída del 29%.

Llamativos son los números, por ejemplo, de Edimburgo, donde el Partido Conservador ha cosechado los peores resultados en 50 años o Glasgow, donde se ha quedado con tan solo dos representantes.

Antes de concluir el recuento el SNP estaba en cabeza con el 34,5% de los votos (+1,9%), seguido del Partido Laborista con el 20,6% (+1,1%), que supera al Conservador, que se queda cerca con el 20,1% pero ha perdido 6 puntos. La formación de Nicola Sturgeon, con esta moderada subida, obtiene sus mejores resultados históricos en unos comicios locales, tanto en porcentaje de voto como en número de concejales.

Por detrás, los independientes recogen un 11,1% (=), los Liberal-Demócratas un 8,6% (+1,1) y los Verdes un 5,1% (+1,9%). Los Liberales-Demócratas habían logrado al menos 64 (+16) y los Verdes al menos 19 (+10).

El SNP ha logrado su octava victoria electoral consecutiva en quince años. «Somos el claro ganador de estas elecciones», ha señalado la líder de la formación y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, en una entrevista a la BBC.

La cuestión constitucional estaba entre las promesas electorales del SNP, que había avanzado que sus concejales trabajarán para la celebración de un referéndum de independencia en 2023.

«Obtuvimos un mandato exactamente hace un año (tras las elecciones parlamentarias de 2021) y eso se mantiene», ha subrayado Sturgeon. «Llevaremos adelante los preparativos (para la celebración de la consulta)», ha afirmado.

En Gales, donde el recuento iba más lento, los conservadores han sufrido más pérdidas, con los nacionalistas de Plaid Cymru ganando el control de algunas instituciones locales, mientras que los laboristas han obtenido un buen resultado.

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Egaña | Caníbales en Moncloa

Desde su espacio en Facebook traemos a ustedes la opinión de Iñaki Egaña con respecto al mortadelazo que ha sido el exposé por parte de The New Yorker que ha dado a conocer el espionaje que el régimen borbónico franquista ha venido llevando a cabo en contra de referentes de los independentismos vasco y catalán.

Adelante con la lectura:

Caníbales en Moncloa

Iñaki Egaña

No se trata de la descripción de Joseph Conrad en su “Corazón de las Tinieblas” y sus marinos que comían carne de hipopótamo, al margen de la humana, aunque bien es cierto que el titulo le vendría de perlas al eco generado por las filtraciones de los espiados por el software Pegasus. Hubo un programa de espionaje, ya atrasado con la velocidad tecnológica, al que le llamaron coloquialmente con el nombre de “caníbal”.

Pegasus también come otra carne, en esa definición que hizo Boaventura de Sousa Santos, la de los no humanos, los oprimidos. Tal y como lo hicieron otros softwares y otros programas. Hace unos años, aún está fresco, se destapaba que EEUU espiaba a través de los teléfonos e internet a media Europa, incluidos los máximos dirigentes de sus estados aliados. Por aquella filtración, el antiguo espía Edward Snowden ha sido criminalizado y vilipendiado. Matar al mensajero es más barato que reconocer la actividad ilegal.

Las noticias de aquel espionaje masivo apenas tuvieron recorrido, a pesar de la gravedad de los sucesos. El espionaje, lo recordó hace bien poco Margarita Robles, queda fuera de las normas democráticas. Y tuvo razón, porque en lo que nos concierne, el espionaje a la comunidad vasca, por lo conocido, se puede incluir tranquilamente bajo el paraguas de la guerra sucia, junto a la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad de los victimarios.

Una explicación, como señalan algunos analistas bobalicones, es que los centros de inteligencia y contrainteligencia sirvan para defender un estado, Francia o España en este caso, pero otra muy distinta, es lo que toca, que esos centros se conviertan en autónomos y que con la información generada marquen la estrategia política y sus ritmos de todo un Gobierno, a través del chantaje, de la información privilegiada. Se han transformado, junto a las llamadas fuerzas de seguridad, en el disco duro del estado profundo. Son la esencia del estado.

Un sorprendente ejemplo lo acaba de revelar Pedro J. Ramírez en sus memorias. Con relación al atentado paramilitar que acabó con la vida de Argala, el antiguo director de Diario 16 señalaba que tuvo una larga conversación al respecto con Martín Villa, el ministro del Interior de la Transición. Martin Villa le auguró nuevos atentados, entonces del BVE, y le afirmó que a pesar de las tensiones de Madrid y París en lo político y económico (Francia se oponía a la entrada de España en la CEE), las policías y servicios de ambos estados tenían unas relaciones óptimas. La Red Gladio sería el paradigma de estos estados en la sombra, dirigidos por lo más retrogrado del poder: xenófobos, chauvinistas, anticomunistas, fascistas, militaristas y talibanes religiosos.

En una entrevista concedida en 2016, Snowden añadía que en lo relativo al Gobierno español, el espionaje era similar al que realizaba Washington, o al de París o Berlín, aunque eso sí, “más agresivo”. Sabemos, por experiencia, que cuando se trata de control social, guerra sucia y demás, Euskal Herria ha estado siempre en el centro de la actividad francoespañola. Cataluña nos acompaña en los últimos años. Pese a las declaraciones de Snowden, ninguna sorpresa.

Bien sabemos los vascos que con motivo de la ofensiva de aquel “Todo es ETA”, al menos 40.000 conciudadanos éramos espiados permanentemente, tal y como además lo avalaron los jueces, ilegalizando candidaturas electorales. Nadie preguntó de dónde procedían aquellos informes particulares porque la pregunta era retórica. Durante décadas, se han encontrado centenares de rastreadores en los bajos de nuestros vehículos, hemos sido vigilados en nuestras asociaciones, sindicatos, sedes sociales y txokos gastronómicos. Durante décadas hemos oído esos clics ramplones mientras conversábamos desde el teléfono, la repetición de nuestras conversaciones al descolgar el aparato, incluso la de otros compañeros.

Los micrófonos en la sede de Herri Batasuna de Gasteiz anunciaron que no había excepciones. Y así que probablemente todas las redes de decenas de comunidades relacionadas con la izquierda abertzale estaban cableadas y dirigidas hacia sedes de inteligencia. Me he quedado perplejo al oír en juicios contra ciudadanos vascos y también al leerlo en sumarios extravagantes que el no uso del teléfono móvil ya es un signo inequívoco de que su propietario va a cometer un delito. “Ese día se dejó el teléfono en casa, por lo que es notorio que se dirigió a una reunión ilegal”. De la que no había indicio alguno, pero que ya fue creada para el relato policial y penal. No han sido, ni son los aparatos de Arnaldo Otegi o Jon Iñarritu los únicos espiados. Tengo la certeza de que miles y miles de ciudadanas y ciudadanos vascos, tanto militantes como no, tanto inmersos en una investigación judicial como no, hemos sido espiados.

Hemos sido espiados por tierra, mar y aire. No sólo por el CESID y su sucesor el CNI, por la DGSE, la NSA, la CIA, el Mossad, la UCE de la Guardia Civil o el Villarejo de turno. También en casa por el PNV, que ahora también quiere considerarse victimizado. ¿Recuerdan los pinchazos telefónicos a Carlos Garaikoetxea? Grupos de la Ertzaintza como Berrozi y Ekintza se unificaron y legalizaron en los AVCS (Adjuntos a la Consejería de Interior). Su sargento mayor fue condenado por las escuchas, en un momento delicado en el seno jeltzale, con la escisión de EA liderada por Garaikoetxea. Y entonces, como ahora, el sector oficial del PNV, dirigido por José María Makua, diputado general de Bizkaia, dijo que él también estaba siendo espiado por Luis Solana, director de Telefónica con Gobierno del PSOE. Tal y como Sánchez y Robles han denunciado 35 años después: esparcir la mierda para eludir responsabilidades.

Desde el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno, o del CNI, sito en la avenida Padre Huidobro, en el barrio Moncloa, las intenciones son las mismas. Los caníbales siguen al acecho. Surgirán otros Pegasus, Centauros, Unicornios, Cíclopes y otra fauna nada mitológica.

 

 

 

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Cuestionan Acuerdo de Lakua con Google

Desde Naiz traemos a ustedes este artículo que provee información acerca del desacuerdo que existe entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos con Lakua debido a un acuerdo en el ámbito educativo signado con Google.

Lean ustedes:

EH Bildu y EP-IU advierten a Bildarratz de que el acuerdo con Google vulnera el pacto educativo

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han criticado el acuerdo suscrito entre Educación y Google para el uso de Google Workspace for Education, por considerar que no respeta el pacto educativo. Bildarratz ha defendido que se trata «solo una herramienta» cuya utilización no es obligatoria.

El acuerdo de colaboración firmado entre el Departamento de Educación y Google para la utilización de los servicios Google Workspace for Education en los centros escolares vascos ha suscitado las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que consideran que no respeta lo firmado en el pacto educativo.

El pasado 7 de abril, este pacto educativo recibió el aval de la Cámara de Gasteiz con el apoyo de 68 de sus 75 parlamentarios y la vista puesta en la futura Ley de Educación.

El acuerdo, suscrito por PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE establece que el «sistema educativo vasco garantizará una digitalización ética, responsable, euskaldun y eficaz» y que se respetarán «los derechos digitales y la privacidad del alumnado» y se utilizarán «medios tecnológicos auditables, reutilizables, libres y transparentes».

Sin embargo y según han afirmado en el pleno de control de este viernes las parlamentaria de EH Bildu Lore Martínez y de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González, solo unos días después de que el pacto recibiera el aval de la Cámara, el 11 de abril, se publicó un convenio firmado por Educación con Google para la utilización de los servicios Google Workspace for Education en los centros docentes de la CAV algo que, argumentan, contradice lo establecido en el pacto educativo.

Ambas han preguntado por este hecho al consejero de Educación, Jokin Bildarratz, quien ha insistido en que el compromiso del Ejecutivo autonómico con el acuerdo de bases está garantizado y ha precisado que ese convenio es «solo una herramienta que habilita» a los centros públicos a utilizar ese software pero «no les obliga de ninguna manera».

«La utilización de esa plataforma no implica obligatoriamente utilizar un hardware o un software específicos, se hace mediante cualquier navegador instalado en cualquier dispositivo», ha asegurado el consejero, quien también ha indicado que antes de la firma de este convenio no había ninguna regulación y que ahora se ha dado a quien decida utilizarlo seguridad jurídica para ello.

Ha añadido que la privacidad y los derechos digitales del alumnado están garantizados porque la Agencia Vasca de Protección de Datos ha dado su visto bueno y el software cumple la normativa europea en esta materia.

Ademas, ha explicado que el dictamen elaborado por la Agencia Vasca de Protección de Datos ha analizado las medidas de seguridad de los servicios de Google Workspace for Education y le ha otorgado un certificado alto.

«Apostamos por una digitalización ética y responsable», por la «complementariedad de plataformas y las distintas opciones de software, tanto libre como privativo», ha afirmado el consejero.

EH Bildu lo considera «muy grave»

No obstante para Martínez ese acuerdo con Google es «muy grave» y no garantiza el pacto educativo, por lo que este viernes ha solicitado que se convoque la mesa de seguimiento del mismo para hacer un seguimiento de ese acuerdo y dar una solución adecuada al mismo.

También ha sido crítica Isabel González, que ha opinado que el departamento que dirige Bildarratz ha suscrito con Google un convenio que no es auditable ni libre porque es una empresa privada «gigante, lucrativa, que no garantiza la privacidad, ni el pleno derecho del alumnado vasco a que se respeten sus derechos digitales».

«Tenían la opción de invertir en la construcción de una plataforma basada en estándares libres pero han preferido externalizar servicios, malgastar dinero público y de paso regalar soberanía digital a una de las multinacionales más poderosas y cuestionada a nivel mundial», ha resumido la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU.

«Nos parece una tomadura de pelo, más aún cuando hemos escuchado tantas reivindicaciones a favor de los derechos digitales», ha añadido González, quien ha concluido que una digitalización «ética y responsable no casa con un acuerdo de este tpo».

Cabe recordar que Librezale también ha criticado el convenio suscrito entre Lakua y Google, por considerar que vulnera lo dispuesto en el acuerdo de bases.

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Catalanes Emplazan a Mortadelo

Los catalanes no quitan el dedo del renglón en lo que respecta al espionaje perpetrado en su contra por el CNI por lo que han aprovechado una visita del muy viajero Pedro Sáncez que ningún estado se puede considerar democrático si vigila ilegalmente a referentes políticos.

Aquí la información:

Aragonès reclama a Sánchez una reunión «cara a cara» para hablar del espionaje

Independentistas catalanes que han sido espiados a través de Pegasus se han concentrado esta mañana ante la visita de Pedro Sánchez a Barcelona con carteles que denunciaban en inglés «democracia bajo vigilancia» y «España nos está espiando». Aragonès le ha reclamado un encuentro «cara a cara».

Los independentistas catalanes afectados por el escándalo de espionaje a través de Pegasus se han concentrado esta mañana en Barcelona, con motivo de la llegada del presidente español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a las jornadas del Cercle d'Economia.

Sujetando carteles que denunciaban en inglés «democracia bajo vigilancia» y «España nos está espiando», han denunciado esta intromisión. Medios catalanes apuntan hoy mismo que la directora del CNI no admitió espionaje a 18 personas, sino a 29, aunque eludió detallar once de los nombres.

Òmnium ha recordado que «25 días después, todavía no hemos recibido ninguna explicación convincente del Gobierno español», por lo que han optado por «plantarse» frente a Sánchez.

«La comparecencia de la directora del CNI es vaga, opaca, llena de indefiniciones y no se ajusta a los estándares de claridad y protección de los derechos que exigen los tratados internacionales», ha señalado el presidente de Òmnium, Xavier Antich. «Estamos ante una operación de Estado que vulnera derechos fundamentales y que está fuera del Derecho internacional», ha insistido. Por ello, entiende que «Sánchez no puede seguir escondiéndose detrás de comisiones cosméticas».

En la misma línea, el diputado de la CUP Carles Riera ha pedido que «si es cierto que he sido espiado con autorización judicial, exijo que toda esta información sea desclasificada, para poder defenderme». Por otro lado, ha afirmado que «lo importante no es lo que hagan ellos» porque «no tenemos ninguna esperanza ni confianza en las autoridades españolas». Así, ha reclamado «recuperar la iniciativa».

Pequeño encuentro entre Aragonès y Sánchez

En estas jornadas el mandatario español ha coincidido con su homólogo catalán, Pere Aragonès, que esta mañana ha exigido que se desclasifique la autorización judicial del Tribunal Supremo que permitió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le espiara cuando era vicepresident. «Es imprescindible que se desclasifique la autorización judicial. Habrá suposiciones, veremos intentos de justificarlo e intoxicaciones de todo tipo. Pero para ejercer mi derecho de defensa, exijo que se desclasifique la autorización judicial y saber los motivos que les llevan a autorizar un espionaje a un adversario político», ha reclamado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Sobre que el Gobierno de Pedro Sánchez asegure que desconocía este espionaje, Aragonès ha argumentado que por ello pide transparencia y ha preguntado si esto significa «que nadie controla a los servicios secretos y que el CNI va a su aire, y si esto es así alguien debería tomar decisiones».

«Se supiera o no es totalmente grave y hay que asumir responsabilidades. Si no sabían que entonces se me espiaba, ¿hoy pueden saber si se me está espiando y a otra gente por causas políticas? La sensación es que el CNI actúa sin control», ha sostenido.

Por ello, Aragonès ha trasladado a Sánchez la necesidad de verse «cara a cara» para hablar del espionaje a través del sistema Pegasus, según fuentes de la Generalitat, en una breve conversación a su llegada a las jornadas.

Sánchez ha llegado junto a la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, a las puertas del Hotel W Barcelona sobre las 11.36, donde se ha colocado al lado de Aragonès y han mantenido una conversación de unos cuatro minutos antes de recibir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Más tarde, ante un auditorio repleto de empresarios catalanes y en presencia de Von der Leyen, Sánchez se ha dirigido directamente al president. «Quisiera comenzar con una declaración de intenciones. Querría manifestar, querido president, mi profundo respeto por Catalunya. Mi respeto y consideración hacia su sociedad y hacia sus instituciones, y mi firme voluntad de seguir avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo».

«No hay propósito más noble, meta que merezca más la pena para cualquier responsable político, crea en lo que crea y represente las ideologías que represente, que construir convivencia para que nuestros ciudadanos, en un momento tan especial y complejo como el que están viviendo, vivan en sociedades sin rupturas», ha añadido.

Mesa de diálogo

Por otro lado, aunque cree que muchos querrían «dar por muerta» la mesa de diálogo entre ambos ejecutivos, ha dejado claro que no les hará «este regalo» y se ha reafirmado en su compromiso con la negociación para buscar una salida al conflicto catalán, pero ha añadido que se deben restaurar las condiciones para que pueda avanzar.

«No abandonaremos nunca la mesa, pero hay que restaurar las mínimas condiciones de confianza y credibilidad en este proceso de negociación», ha explicado.

Puigdemont y Mauri: «A la mierda»

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente de Òmnium Cultural Marcel Mauri han enviado este viernes «a la mierda» a los que permitieron que les espiaran y también a los que lo justifican.

«En mi móvil se pueden encontrar conversaciones de amor con mi marido; stickers subidos de tono con los amigos; el 'buenos días' que los padres nos envían en el grupo familiar, y también ideas para hacer de Catalunya un país libre. Los que espiáis, los que lo avaláis o lo permitís, iros a la mierda», ha dicho Mauri primero en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Poco después, Puigdemont ha asegurado que se sumaba a ello con el hashtag respectivo: «No nos podemos sentar nunca más en ninguna mesa con esta gente hasta que tengamos que decidir los términos de la separación. Iros a la mierda todos los que habéis violado nuestras vidas y la de nuestras familias. Miserables los que lo hacéis y los que lo justificáis».

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Triunfo del Sinn Féin

Naiz trae a nosotros una actualización de los resultados electorales en Irlanda del Norte con un elemento extra, los números finales son aún mejores que las previsiones.

Aquí la información:

Sinn Féin confirma su histórica victoria con mejor resultado aún del previsto

Sinn Féin ha obtenido una victoria histórica en las elecciones del norte de Irlanda, más amplia incluso que en los sondeos que le daban seis puntos de ventaja sobre DUP en el primer voto de preferencia. Ha superado además su marca de 2017, algo también imprevisto.

El republicanismo irlandés ha logrado una enorme victoria en las elecciones celebradas el jueves en el norte de Irlanda. Aunque aún falta por computar el llamado segundo voto de preferencia y de completarse el reparto de los 90 escaños en la Asamblea de Belfast, en el primer voto de preferencia Sinn Féin obtiene el 29%, muy por encima de las previsiones del 26% en los sondeos y también del 27% cosechado en 2017.

Por detrás se sitúa, con el descalabro ya previsto, el mayor partido unionista, DUP, con el 21,3% en este primer voto de preferencia. El llamado Partido de la Alianza, que se declara ni nacionalista ni unionista, se convierte en tercera fuerza con el 13,5%. UUP, fuerza unionista algo más moderada que el resto, les sigue con el 11,2%. El SDLP (socialdemócrata laborista) es quinta fuerza con 9,1%. El unionismo ultra de TUV se queda en el 7,6%. Todo ello con el 100% de ese primer voto ya computado.

Si esta victoria clara en votos tiene también traducción en escaños y Sinn Féin se convierte en fuerza principal en la Asamblea, podrá elegir al primer ministro norirlandés, algo inédito en su siglo de historia. Todo un hito, logrado además en la emblemática fecha del 5 de mayo, 41 aniversario de la muerte de Bobby Sands.

De momento, la aspirante a ello y actual viceprimera ministra, Michelle O‘Neill, opta por la cautela. Aunque no ha ocultado su satisfacción tanto por el resultado ya conseguido como por la campaña realizada. «Me siento muy positiva, creo que hicimos una campaña muy positiva», ha declarado, mientras la presidenta de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, afirmaba que han ganado «las elecciones más importantes de toda una generación».

O'Neill ya apunta que en cualquier escenario aspirará a «trabajar en cooperación con otros» para solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía, como «el coste de la vida o la sanidad».

El sistema

A la espera del desenlace final, que con el 100% de los votos de primera preferencia escrutados Sinn Féin mejore las mejores encuestas que manejaban le da una ventaja que puede ser crucial para el resultado final. Ganará en votos, y en legitimidad democrática, pero sobre todo tendrá ventaja para lograr los escaños que salen de los «restos», aquellos que se deciden basándose en el resto de preferencias. Porque en este sistema, los votantes no solo pueden elegir a su partido y candidato favorito, sino que también pueden ordenar cuales son los siguientes a los que les gustaría apoyar, su lista de preferencias. De la ponderación de esos votos secundarios, por así decirlo, van saliendo los siguientes escaños.

Si bien se daba por hecho que Sinn Féin podría ganar en primer voto, había más dudas sobre si podría sumar otras preferencias. Que le hayan votado tantos como partido preferido indica que se ha roto ya una barrera. Será determinante ver cómo votan los que se han decidido por otras fuerzas como el Partido de la Alianza. Es decir, si pese a votar a un partido menos alineado con los bandos del conflicto, esos votantes siguen manteniendo las barreras étnicas en uno u otro sentido.

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La No-Disculpa de Sánchez Galán

Con la mayor desvergüenza se han convertidos en maestros del funambulismo al momento de ofrecer disculpas. Al estilo estadounidense se abstienen de decir "lamento haberte ofendido y te ofrezco disculpas" y se conforman con un ambiguo "ofrezco disculpas a quien se haya sentido ofendido".

O sea, saben muy bien que lanzaron una ofensa pero para restarle peso al asunto lo zanjan con un "dije algo acerca de ti que no debiera resultarte ofensivo pero a juzgar por tu reacción veo que quieres armar un gran e injustificado alboroto acerca de ello por lo que en aras de lo políticamente correcto, ofrezco una disculpa".

Y eso es precisamente lo que ha hecho el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán, compañía que por cierto en estos momentos goza de muy poca popularidad en México pues es la que ha inaugurado la sucia estrategia conocida como "puertas giratorias" al contratar al expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa y a quien fuese Secretaria de Energía durante su mandato, Georgina Kessel.

Lean esto que nos reporta Naiz:

Sánchez Galán (Iberdrola) pide perdón por llamar «tontos» a millones de consumidores

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido disculpas por llamar «tontos» a los consumidores acogidos a la tarifa regulada de la luz o PVPC a través de un mensaje publicado a última hora de esta tarde en la cuenta de Twitter de la compañía.

48 horas después de una intervención que ha generado importante repulsa, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido disculpas por llamar «tontos» a los consumidores acogidos a la tarifa regulada de la luz o PVPC. Ha sido a través de un mensaje en la cuenta de Twitter de la compañía, que ni siquiera tiene imagen anexa.

Sánchez Galán aseguró el jueves que el 80% de los consumidores del Estado español está pagando menos por la electricidad que en 2018 porque han bajado los impuestos y que únicamente pagan más aquellos que siguen con la tarifa regulada, a los que tildó de «tontos».

A la tarifa regulada, sólo disponible para potencias contratadas hasta 10 kilovatios (kW) e imprescindible para acogerse al bono social, no se le puede aplicar ningún tipo de descuento o promoción, ya que el precio está fijado por el Gobierno, lo que excluye posibles negociaciones entre cliente y comercializadora.

Más de un millón ganado al mes

La tarifa regulada ha sido históricamente más barata que el mercado libre en el que pagan sus facturas el resto de los consumidores españoles, según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), aunque en los últimos meses en el mercado mayorista de la electricidad se han registrado precios de récord debido en gran parte al encarecimiento del gas.

Según el panel de hogares de la CNMC del segundo semestre de 2020, el gasto mensual facturado a un hogar tipo acogido a la tarifa regulada fue más de 20 euros más barato que uno del mercado libre (un 28,2% más barato). Desde 2019 ese ahorro siempre ha sido superior al 15%.

La frase había provocado tormenta en redes sociales sobre todo, y recordatorios de «detalles» como que Sánchez Galán ganó 13,2 millones de euros en 2021, más de un millón al mes. Todo ello en una escalada de incremento de precios que ha sacudido las economías familiares.

 

 Aquí el video:

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Video | SÁNCHEZ GALÁN: "Solo los TONTOS que siguen con la TARIFA del GOBIERNO pagan MÁS por la LUZ" | RTVE

 

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Derechos Reproductivos en Estado de Sitio

La arremetida de la ultraderecha en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se ha intensificado tanto en los Estados Unidos como en el estado español, tal como ha venido sucediendo en otros rincones del planeta.

Ese escenario preocupa y ocupa en Euskal Herria.

Aquí lo que Noticias de Gipuzkoa informa al respecto:

Preocupación en Euskadi ante la derogación del derecho al aborto en Estados Unidos

Emakunde alerta de que la propagación de ideas ultraconservadoras supone "un riesgo real de retroceso"

Jorge Napal

"No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida". Izaskun Landaia no oculta su preocupación. La directora de Emakunde, en declaraciones a NOTICIAS DE GIPUZKOA, entiende que cobran más sentido que nunca las palabras de Simone de Beauvoir ante "la propagación de ideas ultra conservadoras en el mundo". Una corriente que amenaza con derogar el derecho al aborto en Estados Unidos, y que aquí aguarda el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al recurso del PP a ley de Zapatero.

Lo que ocurre al otro lado del charco trasciende el ámbito estadounidense y afecta al debate constitucional en otros muchos países, incluido el Estado. El Supremo de Estados Unidos está decidido a anular el derecho al aborto, según se desprende de una filtración que se ha conocido esta semana. Una mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado un derecho constitucional del que llevan disfrutando las mujeres desde hace casi medio siglo.

Un derecho fruto de una decisión histórica firmada en 1973 cuando el Supremo dictaminó que "el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo". Actualmente, la corte cuenta con una mayoría conservadora inédita, legado de Donald Trump, que consiguió nombrar al 33% de los jueces del Supremo para afianzar su agenda regresiva.

Landaia no se anda con medias tintas. "De materializarse, es ciertamente una cuestión gravísima y muy preocupante por su repercusión a nivel mundial", advierte. El potencial alcance de un debate constitucional que puede suplantar la voluntad del legislador parece demostrar que, como decía Simone de Beauvoir, no se puede bajar la guardia. La actual situación demuestra que la libertad reproductiva sigue sin tener anclaje legal. El ambiente de crispación se palpa en las calles.

Vuelve la 'Peregrinación' a Donostia

Este sábado, de hecho, la organización ultracatólica Rezar no es delito volverá a protagonizar su particular peregrinación desde el centro cultural Koldo Mitxelena de Donostia a la clínica Askabide para "rezar" ante las instalaciones de un centro al que califican como "abortorio".

El acoso a estas clínicas y a las mujeres que acuden a ellas es un delito desde el mes pasado. La ley que penaliza este hostigamiento entró en vigor el 14 de abril. "Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos", respondieron desde la bancada socialista a la ultraderecha en el Congreso durante el debate sobre la modificación del Código Penal que requería la propuesta.

En realidad, el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde 1985, cuando se aprobó la ley que despenalizaba estas prácticas en tres supuestos: violación, riesgo de malformación, o para la salud física o mental de la madre. Actualmente, cualquier mujer mayor de 18 años puede interrumpir por su propia voluntad un embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.

Así lo recoge la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, más conocida como Ley del Aborto, que fue aprobada en junio de 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una ley que está recurrida por el PP, sobre la cual sigue sin pronunciarse el Tribunal Constitucional.

El Constitucional y sus miembros

La renovación de los miembros de este órgano, que fue finalmente acordada entre el Gobierno y el PP en noviembre, ha retrasado hasta ahora la deliberación de los asuntos más espinosos, entre los cuales figura el aborto. Actualmente la mayoría del Constitucional sigue siendo conservadora.

Los reiterados aplazamientos vendrían motivados por la espera de la renovación en próximas fechas de los miembros del tribunal, lo que permitiría contar con una mayoría progresista. Una estrategia dilatoria que levanta ampollas entre las fuerzas ultraconservadoras, que urgen el pronunciamiento judicial. La Asociación de Abogados Cristianos también presentó una querella por "retardo malicioso".

Los magistrados, en todo caso, son conscientes de los efectos que podría tener una vuelta atrás en la regulación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

La tensión por esta cuestión ha sido constante durante casi cuatro décadas después, como podrá comprobarse de nuevo este sábado en Donostia. Dos frentes: el avance en la libertad sexual y reproductiva de mujeres, contra el muro que levanta la cultura católica y conservadora, como se refleja en esos grupos de personas que acostumbran a apostarse en las inmediaciones de las clínicas privadas que practican interrupciones voluntarias de embarazo.

"Hay un riesgo real de retroceso"

Desde Emakunde no ocultan su preocupación. "Venimos advirtiendo del peligro de la expansión de ideas ultraconservadoras en todo el mundo, poniendo en cuestión derechos conseguidos, un riesgo real de retroceso. En muchos casos, se ha banalizado la expansión de estas ideas, pero vemos que sus efectos son reales", alerta Landaida.

Una cuestión que también ha llegado esta semana a las Juntas Generales de Gipuzkoa. Todos los grupos -salvo el PP- han aprobado un texto en el que muestran su "rotundo rechazo" ante cualquier manifestación de grupos ultracatólicos, antiabortistas o de naturaleza similar "que conlleve el acoso e incitación", de tal modo que suponga "un retroceso en los derechos ya consolidados de las mujeres. Han dejado bien clara su oposición a toda acción que pueda "intimidar o coaccionar en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo".

Desde Emakunde lamentan la "facilidad" con la que se arremete "contra los derechos de las mujeres". También contra las garantías jurídicas y sanitarias que supone la legalización del aborto. "La despenalización no supone obligar a abortar a nadie sino ofrecer garantía jurídica y sanitaria a quien decide interrumpir su embarazo", subraya Landaia. Un derecho recogido en la ley vigente, sobre la que hay un fallo judicial pendiente.

 

 

 

 

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Guerra Sucia y Expolio

Desde hace ya muchos años desde este blog hemos denunciado que el estado español ha creado una serie de mecanismos para castigar financieramente al pueblo vasco por su militancia ya sea de izquierda ya sea independentista... peor aún si se es de izquierda e independentista.

Insistimos en que eso es lo que subyace detrás del tema de los embargos a las herriko tabernas, la dispersión de los presos políticos y los altos costos que esto ha representado durante lustros a sus familias así como más recientemente el expolio en contra de Gara, por mencionar algunos ejemplos solamente.

Hoy Naiz nos habla de otra artimaña, esta perpetrada en contra de los familiares de las víctimas del terrorismo de estado español.

Lean:

Hasta 23 víctimas de guerra sucia han tenido que pagar costas tras no ser reconocidas

Familias de 23 víctimas de guerra sucia han tenido que pagar un total de 106.000 euros en costas judiciales en el Estado español por reclamar, sin lograrlo, ser reconocidas como «víctimas del terrorismo». Lo ha aclarado Egiari Zor tras trascender el caso de Joxi Zabala.

Ramón Sola

El martes alcanzó gran eco la noticia de que el Tribunal Constitucional ha impuesto a la familia de Joxi Zabala las costas judiciales tras denegarse su consideración como «víctima del terrorismo» a los efectos oportunos. El asunto provocó el lógico revuelo en redes sociales por el escarnio añadido que supone para una madre que no solo sufrió la muerte violenta de su hijo, sino también doce años de desaparición y una agresión policial en el cementerio de Tolosa. Como apuntaba NAIZ en la información, con todo, aunque resulte escandaloso no es un caso aislado, sino generalizado. Egiari Zor ha concretado este jueves que hay exactamente 23 familias que han pasado por lo mismo.

La fundación que reúne a víctimas de violencia estatal explica que el importe de las costas se ejecuta después de que los recursos hayan hecho todo el recorrido judicial en el Estado español y llegado al Tribunal Europeo, donde también se han desestimado. Así, hace ahora un año Egiari Zor dio a conocer el rechazo de Estrasburgo al recurso de las familias de Josu Muguruza y Xabier Pérez de Arenaza.

«Como cualquier ciudadana que emprende una vía judicial que culmina con desestimación de la demanda presentada, a los gastos del propio proceso (procurador, letrado) se suma la condena en costas. En total son 23 los procedimientos que llegaron hasta Estrasburgo y por tanto 23 son las condenas en costas», lamenta Egiari Zor. La de la madre de Joxi Zabala, Felipa Artano, ha sido la última en confirmarse y en este caso lo que tendrá que abonar son más de 9.000 euros.

Las cantidades demandas en este concepto, cabe remarcar que a iniciativa de la Abogacía del Estado, oscilan entre 1.000 y 19.000 euros según los casos. Egiari Zor ofrece el cómputo total de las cantidades aprehendidas por el Estado a estas familias simplemente por reclamar su reconocimiento como las víctimas que son: 106.000 euros en los 22 casos ya confirmados (falta conocerse la cuantía del último pendiente).

Añade a ello que «en un principio las condenas en costas oscilaban entre los 1.000 y los 3.000 euros pero, tras un cambio en la Abogacía del Estado para esta cuestión, las cantidades solicitadas en concepto de costas se vieron incrementadas muy sustancialmente».

Denuncia de la situación y agradecimiento a Lakua

Para aclarar la cuestión al máximo, Egiari Zor explica la motivación y el recorrido de esta iniciativa desde su inicio: «El Gobierno español denegó en 2014 a familiares de personas asesinadas por el terrorismo de Estado, de una parte el reconocimiento oficial de algunas de ellas, y de otra la equiparación de las indemnizaciones previstas en el entonces nuevo reglamento de la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo».

«Para ello, se basó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge que ‘se podrá reducir o suprimir (...) la indemnización si la víctima o solicitantes participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos’», añade. Pero se da la circunstancia de que «estas personas que fueron víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, como es la vulneración del derecho a la vida, nunca habían sido ni juzgadas ni condenadas por pertenencia a ETA. La decisión del Ministerio del Interior de denegar la equiparación de indemnizaciones se basaba exclusivamente en informes policiales y artículos de prensa».

Ante esta situación, los allegados de estas víctimas «entendían que se estaba vulnerando el derecho de sus familiares a la presunción de inocencia, además de que se estaban categorizando graves vulneraciones de derechos humanos en función del origen de la violencia que las produjo. Es por ello que acudieron a las distintas instancias judiciales del Estado español agotando la vía interna, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar los derechos que, entendían, les correspondían a sus familiares según el artículo 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que señala que ‘toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada’».

Estrasburgo no ha corregido la falta de reconocimiento en el Estado español, por lo que la consecuencia ha sido esta aplicación de las costas que viene a suponer el último golpe, aunque no sea el principal.

«Para Egiari Zor Fundazioa, es evidente la existencia de una voluntad política para generar más perjuicio y más dolor a víctimas que padecieron terrorismo de Estado –concluye–. Es inevitable preguntarse si el criterio de la Abogacía del Estado sería el mismo si el origen de la violencia padecida por los demandantes fuese otro».

«Hemos de decir que durante todo este proceso hemos tenido el compañamiento, ayuda y asesoramiento de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, con quien además hemos mantenido un canal de comunicación directo que agredecemos», apostilla Egiari Zor.

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Sinn Féin Toma la Delantera

Nos llegan buenas noticias desde Irlanda, específicamente, desde la porción aún bajo ocupación inglesa.

Lean esto que nos reporta EiTB:

El Sinn Féin se acerca a la victoria en Irlanda del Norte por primera vez en más de 100 años

Según las últimas encuestas, el partido nacionalista Sinn Féin, partidario de la unificación de Irlanda, obtendría el 26 % de los votos, por delante del hasta ahora mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), al que otorgan el 19 %.

Por primera vez desde la creación de Irlanda del Norte hace un siglo, el partido nacionalista Sinn Féin se perfila como ganador de las elecciones a la Asamblea de Stormont de este jueves. Si se cumplen las previsiones, el Sinn Féin encabezará por primera vez el Ejecutivo de Belfast.

En caso de que Sinn Féin lograr ser el primer partido de la Asamblea de Stormont presentaría a su líder en la provincia, Michelle O'Neill, al puesto de ministra principal. De todas formas, debe contar con el visto bueno del hasta ahora mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP) -si queda segundo- para compartir el Gobierno con su elección de ministro principal adjunto, tal y como establece el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998).

Según las últimas encuestas, el Sinn Féin, partidario de la unificación de Irlanda, obtendría en torno al 26 % de votos de primera preferencia, por delante del todavía mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), al que otorgan el 19 %.

Aunque sin hablar de fechas, la líder del Sinn Féin en la República de Irlanda e Irlanda del Norte, Mary Lou McDonald, aseguró el pasado año que habrá un "referéndum de reunificación" durante la próxima década.

Poco más de 1,2 millones de norirlandeses están llamados el jueves a las urnas, convocadas en un momento clave para Irlanda del Norte, dividida por la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y con el Gobierno de Belfast suspendido desde el pasado febrero.

Reparto de poderes

Los Acuerdos de Viernes Santo sentaron en 1998 las bases de un escenario basado en el reparto de poderes, pero la balanza siempre se había inclinado del lado del Partido Democrático Unionista, partidario de la integración de Irlanda del Norte en el conjunto de Reino Unido.

Si se confirman las encustas, la formación nacionalista estaría en disposición de presentar a su candidata, Michelle O'Neill, como futura primera ministra norirlandesa. Sería una victoria más simbólica que práctica - las dos facciones están obligadas a compartir el poder -, pero agravaría la crisis del unionismo, que cotiza a la baja desde las elecciones de 2017.

En juego están los 90 escaños que conforman la Asamblea de Stormont, donde podría ganar peso también el Partido de la Alianza, una formación liberal surgida en los setenta como alternativa a los grandes bloques y que se aspira a afianzarse como tercera vía.

Con este escenario, la onda expansiva de las elecciones norirlandesas amenaza igualmente con llegar a Londres, en la medida en que una de las lecturas que ya se anticipa en caso de victoria del Sinn Féin es que implicaría un rechazo a las tesis defendidas por el Gobierno de Boris Johnson en cuestiones clave como el Brexit.

 

 

 

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