Los Derechos Fundamentales Vascos

Amnistía Internacional ha vuelto a pronunciarse en defensa de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco ante la intensificación en la embestida españolista contra Batasuna.

Así lo informa La Jornada:

Exige AI a los gobiernos de España y el País Vasco respetar los derechos fundamentales en Euskadi

No mediará en el conflicto, afirma el presidente de Cataluña, Jordi Pujol; pide diálogo

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al gobierno de España, presidido por José María Aznar, y a las autoridades vascas "asegurar" en Euskadi el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el de protesta pacífica, en vísperas de una manifestación convocada en Bilbao y que el juez Baltasar Garzón asegura es una actividad "orgánica de la organización terrorista ETA".

La organización de defensa de los derechos humanos señaló, además, que el auto judicial emitido el pasado 2 de septiembre por Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, "parece prohibir ese tipo de actos", pero sus alcances no quedan claros.

En el comunicado, AI se refirió por segunda vez en cuatro meses al proceso abierto para declarar ilegal a la coalición separatista vasca Batasuna, a la que se acusa de ser el brazo político de ETA, y por lo tanto de formar parte de la estructura de una organización terrorista.

Mientras que en el primer pronunciamiento, en mayo pasado, AI mostró su preocupación por el contenido de la nueva ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc por el gobierno español y la oposición socialista para disolver la formación vasca, en esta ocasión manifestó su inquietud por la amenaza de que sean "socavados" los derechos básicos.

En vísperas de la manifestación del próximo sábado en Bilbao -convocada bajo el lema "Arriba el País Vasco" y en protesta por la "vulneración de los derechos civiles"- AI instó en su comunicado de este jueves a "las autoridades españolas y vascas a asegurar que los derechos fundamentales de expresión y protesta no se vean socavados por recientes iniciativas legislativas que parecen prohibir este tipo de actos".

No obstante, este mismo día Garzón comunicó al gobierno vasco del nacionalista moderado Juan José Ibarretxe que "es ETA la que está, por medio de varios responsables, en la convocatoria y preparación" de la protesta, por lo que pidió que se "tomen las medidas que considere oportunas para prevenir la legalidad y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

Según el magistrado, "no se trata de una manifestación para discrepar o criticar las resoluciones judiciales, ni para protestar por la fatal de libertad de expresión, reunión y manifestación", sino que es una "clara actividad orgánica de la organización terrorista" ETA.

Garzón dijo basarse en un informe realizado por el servicio de inteligencia español, si bien hasta ahora la protesta cuenta con la aprobación del gobierno vasco.

La comunicación de Garzón va en el mismo sentido de al menos dos autos previos, en los que llegó incluso a declarar "ilegal" cualquier tipo de manifestación pública o privada que estuviera "inspirada o impulsada" por Batasuna.

Es precisamente a ese auto al que hace referencia AI, al señalar que cuando Garzón declaró en agosto pasado la suspensión de todas las actividades y el embargo de las cuentas bancarias de Batasuna, se estableció "que la prohibición de celebrar manifestaciones impuesta al grupo nacionalista vasco no abarcaba los actos organizados por otros partidos o individuos".

No obstante, "no ha quedado claro el alcance concreto de las diversas medidas adoptadas y se ha censurado al gobierno vasco por permitir la celebración de una manifestación pacífica el fin de semana pasado", agregó el organismo, en alusión a la concentración popular que se celebró el domingo pasado en San Sebastián, a pesar de que no estaba autorizada, y que reunió a unas 2 mil personas.

"Las autoridades españolas y vascas deben aclarar esta cuestión y asegurar que seguirán protegiendo derechos reconocidos internacionalmente", señaló.

Sin embargo, Amnistía Internacional matizó que "reconoce que tanto las autoridades españolas como las vascas tienen derecho a adoptar medidas para garantizar la seguridad de todas las personas que se encuentran en su territorio".

También recordó que ha condenado "en forma reiterada e inequívoca la ininterrumpida campaña de homicidios de civiles de ETA, así como los numerosos actos de intimidación políticamente motivados y los incidentes de violencia callejera que, a lo largo de los años, han venido poniendo en peligro la vida de miembros de la población".

Pero, advirtió, "los abusos cometidos por ETA no deben utilizarse como excusa para justificar la erosión de las libertades fundamentales. Cuando nos enfrentamos a graves abusos contra los derechos humanos, la defensa de estas libertades se vuelve aún más importante".

Poco después de ordenarse la suspensión de las actividades públicas, privadas e institucionales de Batasuna, AI recibió la información de que la policía autónoma vasca había clausurado las oficinas en Bilbao de Torturaren Aurkako Taldea, grupo vasco contra la tortura, así como la oficina de Etxerat, organización de familiares de presos vascos, dos hechos por los que manifestó su preocupación.

Entre tanto, en Bruselas el presidente del gobierno regional de Cataluña, Jordi Pujol, aseguró que no mediará en el conflicto en Euskadi, porque "son los vascos los que tendrán que discutir entre ellos".

Además, "los vascos tendrán que hablar con el gobierno español o el gobierno español hablar con los vascos, pero al final tendrá que haber un diálogo general", citó Dpa.

Más policías a las calles

En otro orden de cosas, el vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy, y el ministro de Interior, Angel Acebes, dieron a conocer este jueves el plan de lucha contra la delincuencia anunciado por el presidente Aznar en su reciente informe, presentado ante militantes del gubernamental Partido Popular como la herramienta que permitirá "barrer las calles" españolas de delincuentes.

El proyecto consiste en incorporar en menos de dos años a 20 mil nuevos miembros al cuerpo policial, así como aumentar la plantilla de jueces y fiscales, y dotar de mejor tecnología a los cuerpos policiales para "intensificar la eficacia policial".

El plan del gobierno español también pretende modificar la legislación para afrontar temas como la violencia doméstica o de género, así como para aumentar las penas contra delincuentes reincidentes.

Además, prevé modificar el estatuto de los extranjeros con vistas a facilitar jurídicamente su expulsión de España cuando cometan algún delito.

El titular de Justicia precisó en este sentido que los extranjeros que cometan delitos que puedan conllevar condenas inferiores a seis años serían expulsados "inmediatamente" de España. 

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Bush y su Bufón Español

El genocida dictador fascista Francisco Franco supo maniobrar - ayudado por la cúpula católica - para reinventarse, pasando de ser aliado de Benito Mussolini y Adolfo Hitler a socio estratégico de Washington en contra de la Unión Soviética. Así, durante la Guerra Fría, los crímenes del franquismo fueron blanqueados, al fin y al cabo, la mayoría habían sido cometidos en contra de vascos, comunistas, socialistas, anarquistas y sindicalistas.

Hoy, Aznar intenta hacer los mismo, entendiendo que tras la caída del bloque soviético se ha requerido crear un nuevo "enemigo de Occidente" y el está más que dispuesto a convertirse en el Francisco Franco de esta nueva Alianza contra el Terror, liderada por George W. Bush y su fiel escudero, Tony Blair.

Aznar sabe muy bien que, con su sumisión incondicional a Bush puede obtener de este una patente de corso que le permita total libertad de acción en contra del "etnicismo" vasco.

De esto nos habla este artículo de La Jornada que de pasada nos informa que, tal como sucede en Chile, el 11 de septiembre ha tenido y tendrá un significado muy diferente para el pueblo catalán, otra de las naciones históricas atenazadas por la conceptualización de estado decimonónico europeo al que se aferra el españolismo.

Lean ustedes:

Apoyo incondicional de Aznar a un ataque unilateral de EU contra Irak

Celebran miles el Día Nacional de Cataluña

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Al considerar que "lo determinante" es acabar con "la amenaza que el terrorismo supone para todos", el jefe del gobierno español, el conservador José María Aznar, manifestó hoy ante el Parlamento su apoyo incondicional a un eventual ataque contra Irak, incluso cuando aún no existe un dictamen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al respecto.

El jefe de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, cuestionó al mandatario al advertirle que su grupo no apoyará una intervención militar sin autorización de Naciones Unidas.

Aznar, quien según la prensa considera "muy deseable, pero no imprescindible" el beneplácito de la ONU a un ataque contra el régimen de Saddam Hussein, sostuvo en la comparecencia que "lo importante es terminar con el terrorismo", y dio a entender su apoyo incondicional a George W. Bush al señalar que "estaremos siempre con aquellos que con nosotros y como nosotros luchan por la causa de la libertad y contra el terrorismo".

Afirmó que Irak incumple sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y, por ello, "son justamente las Naciones Unidas las que tienen que responder y reaccionar en esa materia". Por ello, Aznar consideró "muy probable" una nueva resolución del organismo. Pero para que esa eventual resolución sea efectiva, precisó, se debe mantener una actitud "firme", pues consideró que no puede haber ningún tipo de obstrucción para eliminar la amenaza del "uso de armas de destrucción masiva".

Recientemente, más de 5 mil marines se movilizaron en la base militar de Rota, donde el ejército de Estados Unidos tiene uno de sus centros estratégicos del Mediterráneo.

En su breve discurso, Aznar mezcló el tema de la lucha contra el terrorismo a la intervención de Irak, aunque según El País, el servicio secreto español no cree que existan conexiones entre la red Al Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre, y Saddam Hussein. "No parece muy obvia la relación entre un régimen laico y un grupo que se caracteriza por su fanatismo religioso", dijo el director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, citado por el diario.

Por su lado, con excepción del oficialista Partido Popular, la casi totalidad de las fuerzas parlamentarias españolas rechazó la postura de Aznar, asumiendo como premisa básica la "unidad" de la comunidad internacional ante un ataque.

Rodríguez Zapatero insistió en que España, además de buscar por todos los medios la implicación de la ONU en una acción militar, debe también asumir la postura que fije la Unión Europea, dado que el proceso de integración comunitaria exige la unidad de los países miembros ante asuntos de tal envergadura.

"Uno no se puede dejar seducir por una conversación telefónica con Bush", ya que entonces la "lealtad" se convierte en "sumisión", dijo el líder del Partido Socialista Obrero Español, en alusión a la conversación telefónica de la víspera entre Aznar y el mandatario estadounidense.

"Abrir un tercer escenario internacional de conflicto no es lo más prudente", ya que primero se deben detener los conflictos en Medio Oriente y Afganistán, añadió.

Más dura fue Izquierda Unida, la tercera fuerza parlamentaria, que consideró la postura de Aznar como "una subordinación inaceptable" ante el régimen de "extrema derecha" estadounidense, mientras destacó que Irak ha sufrido desde 1992 más de mil bombardeos, lo que ha provocado un auténtico "desastre humanitario".

En el País Vasco, el presidente del gobierno regional, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, advirtió que el apoyo del gobierno español a un ataque de Estados Unidos "no compromete ni al gobierno ni a la sociedad vascas". Voceros del Bloque Nacionalista Gallego también se mostraron contrarios a la posición de Aznar.

En tanto, el aniversario de los ataques del 11 de septiembre fue recordado con diversos actos en Madrid, Barcelona e incluso en la Vuelta Ciclista de España.

Sin embargo, en Cataluña, el 11 de septiembre se recuerda tradicionalmente la manifestación histórica que congregó hace 25 años a más de un millón de personas para, recién terminada la dictadura de Francisco Franco, reclamar un "autogobierno" y "libertad" para la región. Llamada la Diada Nacional de Catalunya, cada año miles de personas toman las plazas y calles catalanas para recordar aquella fecha. Este año, la celebración se vio alterada cuando centenares de independentistas catalanes contrarios al proceso de prohibición a Batasuna, la coalición nacionalista vasca a la que se acusa de ser brazo político de ETA, protestaron e increparon a representantes del gobierno español al grito de "fascistas, sois los terroristas".

Entre tanto, la policía autonómica vasca desactivó un coche bomba cargado con más de 25 kilos de explosivos en la región de Ziérbana. 

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Roitman | Los Orígenes del Laberinto Vasco (II)

Les compartimos la segunda parte del texto con el que Marcos Roitman aborda el actual recrudecimiento del conflicto vasco, escenario en el que Madrid, al más puro estilo franquista, busca limitar las libertades y los derechos políticos del pueblo vasco utilizando para ello como pretexto un supuesto nexo entre el partido independentista Batasua y la organización antifascista armada ETA.

Adelante con la lectura:

Los orígenes del laberinto vasco

Marcos Roitman Rosenman / II y últim

El conflicto vasco es una cuestión que no se ha podido solucionar en la transición a la democracia tras la caída del franquismo.

En esta línea, un ex parlamentario vasco, Martín Auzmendi, señala: aunque parezca obvio, a estas alturas hay que subrayar que ya no es posible ningún acuerdo sobre la base de abrir un nuevo proceso constituyente en Euskadi. Sin embargo, lo que sí parece posible y necesario es un nuevo acuerdo para cerrar la transición y culminar el proceso constituyente en Euskadi.

Los orígenes del problema son políticos. Desconocerlos no puede traer la solución. En este caso concreto, tras el terrorismo se esconde un problema político grave.

Lo penoso, parafraseando al académico Lázaro Carreter -aunque se refiere a una pelea idiomática- es que se libre en el terreno del terrorismo el combate que debiera ventilarse en el político. No querer asumir esta verdad supone efectivamente no solucionar nunca el problema.

En el último debate sobre el estado de la nación, la portavoz de Eusko Alkartasuna le dijo directamente al presidente del gobierno español, José María Aznar, que cuando más contrariado lo había visto había sido cuando las conversaciones y el diálogo en Euskadi generaron una tregua y la apertura de diálogo con ETA.

Aznar sólo pudo contestar que tal afirmación le parecía miserable. Para Aznar y el PSOE el problema es policial, jurídico y de orden público. Con estos argumentos se entiende que nunca será posible abrir una vía de solución. Quienes votaron en contra o se abstuvieron ante la propuesta de ilegalización de Batasuna no están en contra de la democracia. Tampoco son traidores a la Constitución ni promueven la disolución de España. Sólo señalan que el problema es político y su solución también.

En los hechos, la propia vía judicial está siendo fuertemente criticada por destacados catedráticos de derecho constitucional. Sirva como muestra el comentario de Javier Pérez Royo: En un proceso en el que no se puede llegar en ningún caso a la conclusión de que Batasuna es ETA, porque la conducta delictiva de los ciudadanos que se está investigando no puede comprometer nunca al partido en su conjunto, se acaba alcanzando dicha conclusión, para proceder a la suspensión del partido y abrir la vía a la posible imputación penal de sus dirigentes y, eventualmente, de todos sus miembros.

En la persecución de Batasuna se está cancelando el sistema de división de poderes de la Constitución. Contra Batasuna está empezando a valer todo, desde medidas legislativas de constitucionalidad más que dudosa, hasta autos judiciales que más que decisiones de un poder independiente del Estado parecen escritos de un funcionario del Ministerio del Interior. Contra Batasuna, el fin sí justifica los medios.

En conclusión: presentar la lucha contra el terrorismo en una cruzada de toda España frente a Batasuna es al menos una visión distorsionada y con poco fundamento. Las discrepancias son múltiples. Cabe señalar que en el Parlamento, de las 12 formaciones políticas que tienen representación, ocho de ellas, es decir dos tercios de los partidos y coaliciones presentes, se abstuvieron o votaron en contra de la ilegalización. No es un problema cuantitativo si se refiere al número de diputados de dichos partidos. Expresa un problema de fondo.

Enfocar el problema vasco como una cuestión de terrorismo no representa el sentir mayoritario, primero de la sociedad vasca y en segundo lugar de una parte importante de su elite política. 

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"Pueblo Fantasmagórico" se Manifiesta

Baltasar Garzón es un sádico que disfruta causando daño a otras personas, entre más, mejor.

A sabiendas de que la ciudadanía vasca no se iba a quedar en casa y callada ante el asalto final a sus libertades civiles y políticas expidió su edicto prohibiendo a Batasuna convocar a cualquier tipo de manifestación o acto político. Ese edicto, de hecho, le da patente de corso a los cuerpos represivos españoles para actuar con total libertad al momento de reprimir violentamente a quienes se atrevan a ejercer su derecho a la reunión y su derecho a la libertad de expresión.

Esto, para Garzón, garantizará arrestos, incomunicación y, lo adivinó usted; tortura, su especialidad.

Les dejamos con lo ocurrido en Donostia según nos lo reporta La Jornada:

Protestan nacionalistas en San Sebastián

La marcha de "los amigos de terroristas" se debió impedir, señala el Partido Popular

Aproximadamente 2 mil personas, entre ellas miembros de la suspendida coalición nacionalista vasca Batasuna, marcharon este domingo por las calles de San Sebastián, pese a la prohibición de las autoridades locales para realizar la manifestación.

En respuesta, el derechista Partido Popular (PP, gobernante en España) anunció que pedirá responsabilidades por "negligencia" al gobierno vasco. El portavoz del PP en el País Vasco, Leopoldo Barreda, señaló que "alguien tiene que explicar" la razón por la cual se permitió "a los amigos de los terroristas" marchar por San Sebastián, consignó la edición digital del El País.

A su vez, el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, acusó al Ejecutivo vasco, encabezado por el moderado Partido Nacionalista Vasco, de "boicotear" el auto judicial del juez Baltasar Garzón, que el 26 de agosto suspendió todas las actividades de Batasuna por al menos tres años, al considerar probada su relación con el grupo armado ETA.

El ministerio vasco del Interior reconoció que la "manifestación no estaba autorizada", mientras el Ejecutivo vasco señaló que, en todo caso, en la marcha de hoy se procedió a la "identificación de varias personas como responsables del acto de protesta"

Los manifestantes, que salieron al coemnzar la tarde del centro de San Sebastián, se toparon con un cordón de la policía autonómica vasca, la Ertzaintza. Tras una breve discusión, reciberon permiso para continuar con su protesta, durante la cual se corearon consignas como "Viva el País Vasco libre" y "Los presos vascos, a casa", aunque también se oyeron gritos aislados en favor de ETA.

Dos de los manifestantes, el abogado Txema Matanzas y Sabino Juaristi, que se presentó como "ciudadano", se identificaron ante los agentes autonómicos para asumir la responsabilidad de lo que pudiera suceder en el transcurso de la movilización, dijo El País.

La protesta se registró un día después de celebrarse una manifestación legal en Gernika -convocada por el partido Eusko Alkartasuna (EA), miembro de la coalición de gobierno en el País Vasco-, "en defensa de las libertades". La presidenta de EA, Begoña Errazti, mencionó al diario vasco Gara que su partido "no defiende a Batasuna", formación a la que criticó, sino que pretende asegurar la "representación de toda la ciudadanía".

Entre los participantes de la marcha de este domingo estaban dos dirigentes de Batasuna, Joseba Alvarez y Joseba Permach, y dos concejales del partido, contra el cual el Ejecutivo español y la fiscalía general del Estado han presentado ante el Tribunal Supremo solicitudes para declararlo ilegal.

Para el próximo sábado, por lo pronto, un grupo de ciudadanos vascos convocó a una manifestación silenciosa en Bilbao, para denunciar el "estado de excepción encubierto".

En tanto, el portavoz del movimiento republicano irlandés Sinn Fein, Aengus O Snodaigh, señaló en entrevista con Gara que, con los mismos argumentos que utiliza el Estado español, podría ser ilegalizado por Dublín y Londres su partido, lo que acabaría con el proceso de paz en Irlanda.

Desde Madrid, el jefe del gobierno español, José María Aznar, advirtió que "no vamos a dejar que se sacrifiquen centenares de miles de ciudadanos vascos a las ensoñaciones de las etnias o de los pueblos fantasmagóricos. Queremos ciudadanos libres, que se respete su decisión, su vida, sus ambiciones, su trabajo". 

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"Garzonada" Novelesca

En su texto publicado en la sección Opinión de La Jornada Marcos Roitman situaba el inicio del conflicto vasco - a lo que él denomina "el laberinto" - en 1978, que es el año en el que se consolidó la gran farsa de la transición democrática en el estado español. Algo había cambiado para que no cambiara nada, Franco lo había dejado todo "atado y bien atado".

Al compartir dicho texto nosotros hicimos mención a otra fecha, en específico, 1521, o sea, el asalto final al Reino Vasco de Navarra.

Pues bien, el pueblo vasco, valiente y decidido ante el nuevo - y enésimo - embate a sus libertades por parte de Madrid ha salido a manifestarse en las calles de la martirizada Gernika, lo cual vuelve a mover la fecha para quien busque un punto de arranque para el "laberinto vasco"; el 26 de abril de 1937. Aunque para ser estrictos, ya antes habían ocurrido los bombardeos a Otxandiano y a Durango, mismos con los que los fascismos alemán e italiano ponían en práctica una táctica de guerra iniciada por el fascismo inglés en suelo kurdo bajo la tutela de Winston Churchill.

Queda de tarea para Roitman mientras nosotros le damos seguimiento a la criminalización e ilegalización de Batasuna por medio de este artículo también de La Jornada:

Protesta contra el gobierno de Aznar en Gernika

Garzón, dispuesto a hacer depender del Ejecutivo parte de la justicia: Begoña Errazti

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La formación nacionalista Eusko Alkartasuna (EA), que forma parte de la coalición que integra el gobierno vasco, reunió hoy a unas mil personas en la localidad de Gernika, elegida por ser "símbolo de la denuncia del pueblo de la intolerancia y de la lucha contra el fascismo", para protestar contra Madrid.

A la concentración silenciosa acudieron diversos dirigentes del partido y de otras organizaciones pacifistas, como Elkarri, que protestaron por el comienzo del proceso de proscripción de Batasuna y por los recientes autos judiciales suscritos por el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, con los que pretende disolver a la coalición de la izquierda separatista al acusarla de ser el brazo político de ETA.

EA convocó el pasado miércoles esta protesta, en respuesta a lo que denominaron "el autogolpe de Estado" que sufre Euskadi con las recientes medidas impulsadas por el presidente del gobierno español, José María Aznar, la oposición socialista y el magistrado español, a quienes lanzaron las más duras críticas por la, según ellos, "inconsistencia" de sus resoluciones que sólo "hacen el juego al gobierno".

La concentración se llevó a cabo en la Plaza de los Fueros de Gernika, en la que la presidenta de la formación, Begoña Errazti, señaló que pretenden llamar la atención por la "gravísima situación" que vive el País Vasco desde hace tres semanas, cuando de forma paralela se inició el proceso de ilegalización de Batasuna a través de la nueva ley orgánica de partidos políticos, impulsada por el Parlamento español y el Ejecutivo, y cuando Garzón ordenó la suspensión temporal y el cierre y desalojo de todas las sedes y locales de Batasuna.

La manifestación, que fue también la primera que se realiza en la región, critica estas medidas desde que Garzón declaró mediante una providencia la "ilegalidad" de todas aquellas protestas que fueran "impulsadas o inspiradas" en Batasuna.

La concentración popular silenciosa, a la que no acudieron los máximos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Izquierda Unida (IU) y Batasuna, transcurrió sin incidentes durante los 20 minutos que duró, y las mil personas reunidas sólo se limitaron a lanzar algunos gritos a favor de la independencia.

Entre los asistentes estuvieron el secretario general de la formación nacionalista, Gorka Knorr; su portavoz en el Parlamento vasco, Rafael Larreina; la diputada en el Congreso Begoña Lasagabaster, el senador de Ezquerra Republicana Carlos Bonet, así como alcaldes, ediles y militantes de EA.

Novela con final pensado

La presidenta de EA explicó a los medios que las medidas adoptadas por Garzón confirman que el juez "sólo está dispuesto a entrar en el juego del gobierno español y a hacer depender del Ejecutivo parte del sistema judicial que él representa", al tiempo que lo acusó de que "cuando escribe el auto, más bien parece una novela en la que el final está pensado, pero de ninguna forma el argumento, que coge con alfileres".

Errazti consideró que estas medidas impiden el "entendimiento" para sentar las bases de una resolución al histórico conflicto, por lo que "Garzón deberá demostrar quién miente y quién no. La mentira es algo muy subjetivo, pero me atengo a los hechos y, hoy por hoy, conocemos muy bien los hechos de Garzón".

El ministro español de Administraciones Públicas, Javier Arenas, consideró que el hecho de que EA se manifieste contra la ilegalización de Batasuna es "incomprensible, insólito e intolerable", pues con ella "apoya a una parte de ETA, porque Batasuna nunca ha sido un partido político".

En este punto, el también secretario general del Partido Popular manifestó que el gobierno utilizará "todos los instrumentos que podamos para luchar con eficacia y con la ley en la mano contra el terrorismo", y afirmó que al terrorismo hay que "derrotarlo, no pedir que desaparezca".

En su opinión, la sociedad española apoya la "firmeza del gobierno de España frente al chantaje del terrorismo" y valora bien la puesta en marcha de la aplicación de la nueva ley de partidos políticos.

Una ley que, para Arenas, es "profundamente respetuosa con las ideas", pero que quiere defender la democracia frente a los que quieren acabar con ella y "frente a quienes desean imponer las ideas a través del terror y el asesinato".

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, afirmó hoy en Guadalajara que la coalición que dirige no participó en la manifestación celebrada en Gernika porque pese a que se trata de "una convocatoria legítima", no la comparte porque "podría estar contaminada por Batasuna".

Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, manifestó su "sorpresa" por la "sensibilidad que EA muestra hacia Batasuna" al convocar la manifestación de protesta en Gernika "cuando jamás ha mostrado un asomo de sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo".

Piqué, quien visitó hoy en Barcelona una exposición sobre Gaudí que el Ministerio de Exteriores contribuyó a promocionar, constató, no obstante, el "derecho" de cualquier formación a "convocar las manifestaciones que considere oportunas".

En San Sebastián y Bilbao se registraron otras manifestaciones de protesta, la primera concentró a cientos de familiares de los presos de ETA y la segunda se desarrolló frente a la sede del PNV, al que acusaron de "traidor" y "español".

La movilización de los familiares de los presos se llevó a cabo como cada año, a pesar de que en un primer momento se había prohibido pero un tribunal vasco finalmente la autorizó, una vez que quedó demostrada que esta protesta se ha venido realizando durante los últimos años.

En ésta, cientos de personas reclamaron el respeto a los derechos de los presos etarras, sobre todo respecto de la repatriación.

En el mitin en Bilbao, al que acudieron unas 200 personas, se lanzaron -frente a la sede del PNV- gritos a favor de la libertad de expresión y la independencia, y se acusó a España de ser un "Estado traidor".

Al término del encuentro se leyó un comunicado suscrito por una plataforma compuesta por alrededor de 15 organizaciones del movimiento social, en el que expresaron su apoyo a Batasuna, coalición a la cual cederán sus locales, además de que criticaron la actitud del gobierno vasco respecto a las actuaciones que se están desarrollando contra la coalición abertzale. 

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Roitman | Los Orígenes del Laberinto Vasco (I)

Quienes hemos estudiado la historia de Euskal Herria removiendo las alteraciones introducidas por los relatos españolista y jacobino entendemos claramente que, el así denominado laberinto vasco, se generó hace 500 años cuando, mediante sucias argucias, Castilla y Aragón se lanzaron a la conquista militar y posterior colonización del Reino de Navarra, el reino de los vascos. Ya siglos antes le habían arrebatado territorios hacia el oeste, ahora se trataba del asalto final.

Dicho lo anterior encontramos un gran valor en lo que Marcos Roitmann ha publicado en la sección Opinión de La Jornada pues a pesar de que sitúa el origen del conflicto en el siglo XX, por lo menos aporta algo esencial para el entendimiento del mismo dentro de esos parámetros; la farsa de la "modélica Transición" y el tramposo recurso del "café para todos", o sea, el equiparamiento a "región española" de antiguas naciones históricas como lo son Euskal Herria, Catalunya, Galiza y Andalucía.

Lean ustedes:

Los orígenes del laberinto vasco

Marcos Roitman Rosenmann/I

¿Qué está pasando en España? Las decisiones políticas y judiciales de ilegalizar a Batasuna, lejos de tener una explicación en la coyuntura, lucha contra el terrorismo, hunden sus raíces en las formas que asume la transición posfranquista. En este sentido, se debe renunciar a plantear el problema como un antagonismo que enfrenta a vascos nacionalistas empeñados en arropar a Batasuna, por ser vascos, contra el resto de la sociedad española. Son los límites de una transición que cerró el paso a una construcción federal del Estado el punto de inflexión que explica en parte las raíces del problema vasco. No podemos olvidar que existe una visión idílica del proceso de transición que culminara con la promulgación de la Constitución en diciembre de 1978.

Pareciera ser que todo marchó sobre rieles, y las dificultades fueron superadas por la vía del consenso y la negociación. Los dirigentes políticos de la transición cedieron con el fin de obtener un acuerdo estable y duradero. Todo y todos cabían en el nuevo marco constitucional. Sin embargo, la realidad es contraria a esta formulación mítica. Como señala Alfonso Ortí en uno de los mejores trabajos sobre la transición:

La salida negociada del despotismo franquista pasaría por la recreación y consolidación de una nueva elite del poder o clase parlamentaria, compuesta por los propios cuadros del poder franquista y ampliada a las fracciones dirigentes de la oposición democrática reconocida; a la vez articulada en su conjunto -de modo subordinado- con los intactos poderes fácticos del Estado franquista (capitalismo financiero e industrial, altos cuerpos de la administración pública, alta oficialidad de las fuerzas armadas y, en fin, la propia corona, reinstaurada por el anterior régimen). Mientras que la monarquía ocluía precisamente el lugar de reconciliación entre todos los pueblos ibéricos a través de una república federal.

Efectivamente la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Con ello, la idea de nación española sólo puede definirse bajo los postulados que están presenten en una forma monárquica: la necesaria indivisibilidad de la patria y la ausencia de federalismo. El derecho de autodeterminación se excluye por principio de definición. Jordi Solé Tura uno de los ponentes de la Constitución es claro al señalar que, en definitiva, estaba en juego el concepto mismo de España y la posibilidad de que la unidad de España se pudiese conciliar con la realidad multiforme de diversas nacionalidades y regiones.

Descartado el Estado federal y el derecho de autodeterminación, sólo cabía el camino de construir autonomías regionales. El problema político quedó planteado y hasta el día de hoy no se ha resuelto. La redacción del artículo 2 de la Constitución fue concluyente: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

A la hora del refrendo constitucional, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) rechaza el articulado final y promueve la abstención, mientras la llamada izquierda abertzale se decanta abiertamente por el no. El resultado es significativo. Del total de votos emitidos en Euskadi 50 por ciento se abstuvo en la línea del PNV y casi 20 por ciento votó no. Es decir, un porcentaje cercano a 70 por ciento se manifestó contrario al marco constitucional. Un historiador como Juan Pablo Fusi, nada proclive al PNV, es capaz de señalar claramente el nudo gordiano: no hubo por tanto acuerdo, lo que supondría un nuevo revés político de cara a la posible solución del problema. Sólo 50 por ciento del electorado vasco votó en el referéndum constitucional y de ellos hubo casi 20 por ciento de votos negativos. El independentismo había obtenido una formidable victoria: podría argumentar en adelante que el pueblo vasco había rechazado la Constitución española.

Tal vez por eso ETA incrementara desde los últimos meses de 1978 sus acciones armadas: los atentados contra jefes del ejército indicarían que ETA estaría dispuesta a desafiar frontalmente la unidad del Estado español (o forzar a éste a negociar con la organización vasca y en los términos impuestos por ella). Fusi no dice nada de las abstenciones y limita a ETA el argumento de no aceptar la Constitución. Argumento que está presente también en el PNV. 

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"Estado de Excepción"

Continúan las vueltas de tuerca en contra de las libertades del pueblo vasco en general y contra la izquierda independentista en particular.

Esto nos informa La Jornada con respecto al proceso de criminalización e ilegalización de Batasuna:

Impone el gobierno de José María Aznar un "estado de excepción" en Euskadi, acusa el PNV

La ola de críticas en los medios, "poco acordes con el respeto al Poder Judicial", dice el juez

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), denunció hoy un retroceso en las libertades y derechos de los ciudadanos vascos y acusó al gobierno español de imponer el "estado de excepción", en tanto que el juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, rechazó este viernes el recurso interpuesto por la coalición vasca Batasuna contra la suspensión de sus actividades.

Sólo dos manifestaciones siguen convocadas para las próximas horas en Pamplona (Navarra) y Guernica (País Vasco), en apoyo a la coalición, luego de que Garzón declaró ilegal la marcha de este sábado en Ansoain (Navarra), y que los convocantes a otras dos, en Bilbao y San Sebastián, decidieron suspenderlas después de que un tribunal vasco ratificó su prohibición.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, afirmó hoy que en Euskadi se ha instaurado un "estado de excepción larvado, sin declarar, de hecho, no de derecho", en el que además no se ha respetado la separación de poderes ni el código penal y se han vulnerado los "derechos de expresión, manifestación, asociación y presunción de inocencia".

El líder nacionalista se refirió así a las recientes acciones emprendidas desde el gobierno español, la oposición socialista y por Garzón, al considerar que las dos vías abiertas para la disolución de la coalición abertzale es "un grave deterioro democrático".

El pasado 26 de agosto el Parlamento aprobó por mayoría absoluta una moción en la que insta al Ejecutivo a que presente una denuncia ante el Tribunal Supremo para disolver a la formación vía la ley orgánica de partidos políticos, que entró en vigor el 29 de junio y fue creada con ese fin.

Ese mismo día, Garzón firmó un auto judicial en el que declaró la disolución de la coalición y ordenó el cierre de sus sedes y locales, incluidas las del exterior del país, así como el embargo de sus cuentas y la prohibición de realizar manifestaciones "inspiradas o impulsadas" desde Batasuna.

Precisamente, Nicaragua recibió este viernes una petición de Garzón para clausurar y embargar un local de Batasuna denominado Casa Lindavista, en Managua.

Después de una reunión con los máximos dirigentes de su partido, Arzalluz juzgó que los autos de Garzón han provocado un "clima de inseguridad", ya que son "corregidos y jurídicamente incorrectos", y denunció el "silencio de los dirigentes que no comparten estas actuaciones", pero que como ahora "hablar en determinados términos es estar en favor del terrorismo", temen "recibir el castigo mediático".

Advirtió que su formación pondrá condiciones al acatamiento de la Constitución, "mientras nos lleve a una democracia sólo nominal, y a un cierre a cal y canto de la legítima expresión de los derechos vascos".

Emilio Olavarría, parlamentario del PNV y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), explicó las razones por las cuales su formación considera que no se ha respetado la división de poderes y se han vulnerado derechos básicos, y señaló que la nueva ley de partidos "se redactó únicamente para posibilitar la ilegalización de Batasuna abriendo un proceso que ha recordado que esto pervierte la Constitución, la ley orgánica del propio CGPJ y la quintaesencia del sistema democrático".

Por su parte, la organización sindical vasca ELA subrayó que "el proceso soberanista no avanzará sin confrontación con el Estado español", en vista de la actitud de Madrid contra el independentismo vasco.

El documento agrega que la suspensión de Batasuna demuestra que el poder español prefiere "la obediencia debida a defender los derechos y libertades, así como el cumplimiento de la voluntad de la ciudadanía".

En una ordenanza adoptada hoy, Garzón ratificó que "Batasuna es un instrumento del entramado del Movimiento de Liberación Nacional Vasco", creado por ETA, y reiteró su decisión de clausurar sus locales.

Batasuna, considerado el brazo político de ETA, podrá presentar un recurso contra el rechazo de su apelación ante la Audiencia Nacional. En caso de una nueva desestimación, podrá recurrir al Tribunal Constitucional, y luego ante la justicia Europea.

Garzón también se refirió a críticas recibidas por algunos medios, que consideró "son poco acordes con el respeto a la independencia del Poder Judicial y la división de poderes". En relación a las prohibición de las manifestaciones, dijo que se olvida que en este procedimiento "se investigan hechos delictivos y no actos políticos".

Aludió a la polémica sobre la prohibición a Batasuna de convocar a manifestaciones, que afecta sólo a dicha coalición nacionalista y "su entorno", medida que no pretende prohibir el derecho de reunión y manifestación del resto de los ciudadanos.

Recalca que tales personas "podrán hacer aquello que su libertad les sugiera", al tiempo que si transgreden los límites de la ley, "quien tenga que exigir su cumplimiento, que desde luego no esté juzgado, lo hará".

Igualmente, se refirió a la imputación que hace contra Euskal Fondoa, que consideró una tapadera diseñada por ETA para asistir a sus miembros que huyeron hacia América Latina, sobre todo a Nicaragua.

Para el juez "queda claro que la intención de ETA-HB fue instrumentar arbitrariamente a la citada asociación aprovechando el campo de acción que tiene, ajena a aquella estructura delictiva, brindaba ayudaa con sus programas en Nicaragua". 

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"Garzonada" Globalizadora

Aprovechando la psicosis creada por la "guerra contra el terror" emprendida por George W. Bush en la estela del 11 de septiembre, Baltasar Garzón expande la represión en contra del independentismo vasco a otros puntos del planeta.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Pide Garzón a Nicaragua, Australia y EU suspender apoyos a Batasuna

Instan a debate sobre la ley de partidos en el País Vasco

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, pidió hoy al Parlamento Europeo y a los gobiernos de Nicaragua, Estados Unidos y Australia que suspendan las subvenciones, clausuren las sedes y desactiven las páginas web de la coalición de la izquierda nacionalista vasca, Batasuna, cuyas actividades fueron suspendidas tras ser acusada de ser brazo político de ETA.

Garzón pidió además a ocho entidades bancarias que le entreguen toda la documentación de las cuentas abiertas por o a nombre de Batasuna desde 1978.

El magistrado pretende, con estas peticiones, ampliar el auto que declaró el 26 de agosto pasado la suspensión de todas las "actividades privadas y públicas" de la coalición abertzale (nacionalista) y que provocó el cierre inmediato de sus sedes y locales en el País Vasco y Navarra. Una semana más tarde, Garzón firmó una nueva "providencia" que declaró "ilegal" cualquier manifestación pública y privada "impulsada e inspirada" en Batasuna.

Ahora, pidió que se cursen, vía diplomática, las comisiones rogatorias pertinentes para que el gobierno de Nicaragua "clausure, precinte y embargue" un supuesto local en Managua propiedad de Batasuna, llamado Casa Lindavista, que según Garzón fue comprada en 1987 por Izaskun Larreategi Cuadra, "ex militante de ETA".

Al Parlamento Europeo, Garzón le solicita que suspenda las subvenciones previstas para la formación; mientras que a Australia y Estados Unidos les insta a "cerrar" los dominios en Internet que esta formación tiene dados de alta en esos países. Por último, solicita al servicio de inteligencia español un informe sobre la supuesta sede de la formación en Bruselas, llamada Herriko Ambaixada, y del despacho del europarlementario Koldo Gorostiaga, en Bayona, Francia.

En el País Vasco, en tanto, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), ambos al frente del gobierno regional, solicitaron al Parlamento vasco el debate de una proposición en la que instan al mismo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada ad hoc por el Ejecutivo español y la oposición socialista para disolver a Batasuna.

Estas formaciones alegaron "discrepancias de carácter jurídico" con la normativa, ya que a su juicio ésta vulnera derechos básicos, como la libertad de expresión, la libre asociación y la presunción de inocencia.

El Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi acusaron a los nacionalistas de convertirse en "abogados de los terroristas", al tiempo que advirtieron que esa ley "pasa todos los filtros de legalidad, de constitucionalidad e incluso de los criterios más exigentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

La eventual presentación de este pedido del Parlamento Vasco se sumará a la concentración convocada por EA para el próximo sábado en Gernika, que fue autorizada por el gobierno vasco, ya que el lema convocante "En defensa de las libertades", no alude a Batasuna.

Begoña Errazti, presidenta de EA, justificó la marcha al sostener que es un "acto de congruencia política que nos obliga a plantear a la sociedad lo que pensamos: ETA, evidentemente, vulnera las libertades y los derechos, pero a ETA sólo se le combate con más democracia y no dando argumentos a Batasuna ni prohibiendo manifestaciones y la libertad de expresión".

La vicepresidenta del gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, también se refirió a la marcha, al asegurar que "en los tiempos que corren parece que ahora una manifestación por una formación política legal y autorizada es un acto extraordinario". 

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Misiva contra Proscripción de Batasuna

Les compartimos al costo esta misiva publicada en la sección Correo Ilustrado de La Jornada, misma que aborda el proceso de criminalización  e ilegalización de Batasuna.

Quienes editamos y publicamos este blog desde la diáspora y para la diáspora celebramos que integrantes de la misma recurran a los medios de comunicación de los países en los que habitan para arrojar luz sobre lo que sucede en Euskal Herria y, aunque tenemos puntos de vista concurrentes con algunos planteamientos presentados por los autores, deseamos expresar que también diferimos en algunos aspectos.

Nos gustaría, por ejemplo, preguntar a Federico Álavarez y a Josu Landa qué tipo de garantías tenemos de la no repetición de los actos de terrorismo de estado llevados a cabo por Madrid - y París en alguna medida - contra el pueblo vasco en un hipotético escenario de desarme y desmovilización de ETA, tal como está ocurriendo con el ERI en el Ulster, con todo tipo de garantías por parte de Londres.

Queda de tarea.

Aquí la misiva:

Reprueban la ilegalización de Batasuna

Señora directora: Así como, en su momento, hemos condenado sin ambages el terrorismo etarra, reprobamos ahora el proceso de ilegalización del partido Batasuna, impulsado por el juez Garzón y el gobierno de Aznar, con el apoyo del PSOE.

Una democracia no ilegaliza partidos con innegable arraigo en importantes sectores de la población y con representantes legítimos en instituciones parlamentarias y municipales; cuando más, persigue delitos de personas concretas, conforme a normas propias de un verdadero estado de derecho. La suspensión de actividades decretada por el juez Garzón, en contra de Batasuna, adolece de notorios vicios jurídicos y la circunstancia en que se efectúa permite pensar que se ha vulnerado la independencia del poder judicial, con el fin de eliminar un adversario político ciertamente incómodo. Da mucho que pensar el que tal medida se tome, cuando es claro el debilitamiento de los sectores extremistas en el nacionalismo vasco. Da la impresión de que el PP y el PSOE requirieran un abertzalismo violento, para justificar y perpetuar un hegemonismo que recuerda demasiado al impulsado por la dictadura franquista. Sea como fuere, ni las medidas dictadas por dicho juez ni la ilegalización definitiva de Batasuna contribuyen a consolidar la vida democrática ni favorecen una solución del conflicto político que aqueja al pueblo vasco.

Mal hacen el gobierno de Aznar y el PSOE en negar la existencia de ese conflicto y al recurrir en exclusiva a la vía policial, para combatir no sólo a ETA sino también a quienes, rechazando sus tácticas, reivindican un proyecto soberanista para el País Vasco. El pueblo vasco, en su mayoría, apoya la opción contraria, la del diálogo y la negociación, al mismo tiempo que exige el respeto a su derecho a la autodeterminación de su futuro como pueblo. Dar cauce a estas expectativas es lo único que garantiza una paz sustentada en la justicia, el respeto a las diferencias y la democracia. Por el contrario, medidas como la que aquí objetamos sólo sirven para perpetuar la violencia.

Federico Alvarez, Josu Landa 

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"En Defensa de las Libertades"

No nos vamos a ilusionar mucho, pero hemos de decir que nos agrada la convocatoria dada a conocer por Eusko Alkartasuna - EA - en el contexto del asedio a las libertades del pueblo vasco en el que se utiliza descaradamente el ariete de la criminalización e ilegalización de Batasuna.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Eusko Alkartasuna convoca a una marcha en Gernika "en defensa de las libertades"

El partido de la coalición que gobierna el País Vasco responde así al juez Garzón

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Eusko Alkartasuna (EA), uno de los tres partidos que forman la coalición que gobierna el País Vasco, convocó a una manifestación para el próximo sábado, para dar respuesta a "una especie de autogolpe de Estado" que ocurre por las medidas encaminadas para declarar fuera de la ley a la coalición de la izquierda separatista vasca, Batasuna, acusada de ser brazo político de ETA.

La convocatoria se realiza luego que el lunes el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, prohibió cualquier manifestación "pública o privada" que esté "inspirada o impulsada" en Batasuna, medida que ha provocado una tormenta política en Euskadi.

La dirección de EA ha decidido responder con la convocatoria a una marcha bajo el lema "En defensa de las libertades", y en respuesta a las "vulneraciones de derechos individuales y colectivos" que significan los pasos recientes realizados por el Ejecutivo español presidido por José María Aznar, con la presentación ante el Tribunal Supremo del pedido de declarar ilegal a Batasuna, lo que ha sido apoyado por la oposición socialista.

En un comunicado, EA señaló que a raíz de la suspensión de todas las actividades de Batasuna, decretada también por Garzón, se han cometido varios "atentados" contra las bases de la democracia, al afectarse la "separación de poderes, la libertad ideológica, la libertad de manifestación, la libertad de expresión y la presunción de inocencia".

La manifestación se llevará a cabo en Gernika, porque esa ciudad es "un símbolo de las libertades vascas, de la democracia y de la denuncia contra la intolerancia, el fascismo, el genocidio y la barbarie que se expresaron, en su día, mediante el bombardeo de la villa foral", por lo que es el "lugar de referencia" para plantar cara "tanto a ETA como a los poderes del Estado que plantean una especie de autogolpe de Estado, al despreciar los derechos de cualquier régimen democrático".

El ministro de Administraciones Públicas español, Javier Arenas, calificó de "despreciable" esta convocatoria, ya que a su juicio los dirigentes de EA pretenden ejercer de "abogados de los terroristas".

En tanto, el Consejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azkárraga, presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, al que instó a "intervenir ante la falta de jurisdicción" del magistrado para declarar ilegales las manifestaciones en favor de Batasuna.

La orden de Garzón provocó "tal grado de confusión y alarma sobre el ejercicio de un derecho fundamental", que se hizo necesaria esta intervención, explicó Azkárraga, quien se preguntó "¿qué pasará cuando una formación legal quiera manifestarse contra las medidas que afectan a Batasuna o decida rechazar el proceso de proscripción mediante una convocatoria a los ciudadanos?"

La medida también ha provocado críticas en la prensa. El editorial de este miércoles del diario El País sostiene que "el propio juez Garzón envió una providencia en la que va mucho más allá del alcance de su propio auto al generalizar la prohibición a cualquier manifestación al respecto. El auto del 26 de agosto precisa que la suspensión cautelar afecta la capacidad de convocar manifestaciones, lo que es lógico, pero de su contenido no se deduce la ilicitud de cualquier manifestación sobre Batasuna (por ejemplo, contra su proscripción), aunque sea convocada por personas físicas o jurídicas ajenas a la formación".

El diario El Mundo alertó, a su vez, que "si en cualquier manifestación de este tipo se incurriera en gritos o posturas que defendieran el terrorismo existen mecanismos de actuación puntual, en el mismo momento en que ocurriera el incidente o a posteriori, exigiendo la responsabilidad individual y la que correspondiera a los convocantes.

"Ir más allá estaría en contra del derecho genérico de manifestación y supondría un paso peligroso hacia lo que se podría considerar como un estado de excepción encubierto", sostuvo el diario.

Por su lado, la parlamentaria y ex dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, denunció ante la Cámara vasca la "dureza" y la "manera violenta" con la que la policía autonómica vasca, Ertzaintza, desalojó en días pasados las sedes y locales de la formación abertzale.

A su vez, la Fiscalía de la Audiencia Nacional impugnó el recurso presentado por Batasuna contra la suspensión de actividades, argumentando que esta suspensión se realizó con todas las garantías judiciales.

En este contexto, se informó que Garzón se quedará a partir del próximo viernes sin la mitad de sus colaboradores habituales, una vez que ocho de los 16 funcionarios adscritos a su despacho finalizarán su relación laboral con el Estado, para dedicarse a otras tareas.

El juez tiene abiertos sumarios tan complejos como el que se refiere al llamado "entorno" de ETA, las acusaciones de delito fiscal y blanqueo de dinero contra la ex cúpula del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o las investigaciones en torno a las dictaduras militares que gobernaron Chile y Argentina. También asumió, recientemente, las actuaciones contra las supuestas "células dormidas" de Al Qaeda en España, las querellas contra los principales cárteles de la droga de Galicia y la acusación por delito fiscal contra el presidente italiano, Silvio Berlusconi. 

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