Madrid Racista

No es precisamente que los de la ONU a través del relator Mutuma Ruteere hayan descubierto la fórmula mágica para convertir el cobre en oro, vamos, que el que un estado contemporáneo celebre por todo lo alto un genocidio cada 12 de octubre no es ya en sí una declaración poco disimulada de superioridad racial... entonces no sabemos qué lo es.

Lean esto que traemos a ustedes desde Gara:

La ONU avisa a Madrid del aumento de la exclusión racial por los recortes

Un informe del relator especial de la ONU sobre racismo alerta del incremento de nuevas fórmulas de discriminación racial derivadas por los recortes impuestos por el Gobierno español. El texto, elaborado a partir de una visita celebrada en enero, advierte de las consecuencias de la ley que excluye a los migrantes irregulares de la sanidad pública. Además, certifica la pervivencia de problemas que ya habían sido denunciados, como los CIEs o las redadas racistas.

Alberto Pradilla

Severo varapalo de la ONU al Gobierno español debido al incremento de las prácticas de exclusión racial. El informe elaborado por Mutuma Ruttere, relator especial sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia presenta un retrato del Estado español donde los fenómenos que ya venían siendo denunciados se han visto agravados por los recortes impuestos por el Ejecutivo del PP. El documento, publicado el 6 de junio, fue elaborado tras una visita realizada finales de enero y constata la persistencia de las redadas policiales racistas, los malos tratos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) o las «inhumanas» condiciones laborales de «sin papeles». Unas prácticas a las que se les suman nuevas problemáticas, como el decreto aprobado por el Ejecutivo del PP que excluye de la asistencia sanitaria a los migrantes irregulares o el drástico descenso de los fondos destinados a combatir el racismo. Todo ello en un contexto de grave crisis que afecta especialmente a colectivos más vulnerables. Pese la reprimenda, Madrid no se da por aludido, elude las acusaciones y asegura estar «comprometido en la lucha contra el racismo y la xenofobia».

En el informe, de 24 páginas, el relator advierte que los migrantes (y minorías como la etnia gitana) siguen padeciendo «discriminación en áreas com la educación, el acceso a la salud, a los servicios públicos, la vivienda y el empleo». Una circunstancia que se ha visto agravada por la crisis, con un «drástico» recorte en los presupuestos de agencias y organizaciones.

Por ámbitos, el acceso a la salud es el que presenta la principal novedad denunciada por la ONU: el decreto 16/2012 por el que los migrantes irregulares quedan fuera de la atención primaria (salvo en el caso de menores y embarazadas). «La legislación adoptada como parte de las medidas de austeridad económica y que restringe su acceso (de los migrantes) a la atención sanitaria constituye un lamentable desarrollo», advierte el relator. Pese a que diversos gobiernos como el de Lakua o el de Iruñea no están aplicando la normativa estatal, Ruttere advierte de las consecuencias de un nuevo decreto que condicionaría los cuidados al pago previo o a la contratación de un seguro. Algo que, según denuncia, impondrá una «barrera» a un derecho como la atención sanitaria. Por este motivo, recomienda «revisar» la normativa y advierte de que esta contraviene tratados firmados por el Estado español, como el Convenio por los derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención internacional por la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cabe recordar que ya se han denunciado casos de personas fallecidas tras no recibir atención médica, como el ocurrido en Mallorca en el mes de mayo. Pese a ello, Madrid no rectifica. En su respuesta oficial antes de la publicación del informe (fechada a 28 de mayo), se escuda en la «prevención del turismo sanitario», en referencia a ciudadanos europeos que, supuestamente, viajan al Estado español para someterse a operaciones no cubiertas en sus lugares de origen.

Sobre el empleo, el relator advierte del especial impacto del paro en la población migrante y denuncia, como ejemplo, las «chocantes» condiciones de vida que padecen los «sin papeles» en invernaderos en Almería. «Carecen de la infraestructura y los servicios más básicos, entre ellos la sanidad, la electricidad o agua potable». En este sentido, considera que «el respeto a los derechos humanos y la dignidad de estos migrantes debería de ser una prioridad para el Gobierno».

Las redadas racistas constituyen otra fuente de preocupación. Estas «continúan como un problema persistente» pese a que, supuestamente, el Gobierno español aprobó en 2012 una circular en la que instaba a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a poner fin a estas prácticas. Sin embargo, a día de hoy, el Ejecutivo ni siquiera sabe si esta se está cumpliendo, tal y como reconoce en su respuesta.

Otro motivo de alarma es el funcionamiento de los CIEs. Como ejemplo, Ruttere habla de los centros de Algéciras y Tarifa, de los que considera que «no cumplen con los mínimos requisitos y están inadecuada y pobremente equipados para acomodar a los migrantes». A su vez, denuncia los relatos sobre maltrato, tortura e incluso muerte de personas encerradas en los centros, instando a implementar una regulación y permitir el acceso a las ONGs, habitualmente vetadas.

Ahora queda por ver si Madrid hará caso de las recomendaciones, aunque el informe previo, donde se limita a rechazar las acusaciones, no permite albergar muchas esperanzas.

Amaiur plantea al Gobierno si acatará las sugerencias

Amaiur ha presentado en el Congreso español una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por el informe elaborado por la ONU en el que se constata «la prevalencia del racismo y la discriminación racial». Por este motivo, el diputado Jon Iñarritu interroga al Ejecutivo sobre su opinión acerca del documento y si Moncloa comparte el análisis elaborado por Mutuma Ruttere. Además, la coalición abertzale plantea al Gobierno si tiene previsto tomar en consideración las recomendaciones realizadas por la institución internacional.

Sobre cuestiones más concretas, Iñarritu se interesa por el número de migrantes que han quedado excluidos de la atención sanitaria desde la entrada en vigor del decreto aprobado por el ministerio que dirige Ana Mato. Sobre los CIEs, el diputado abertzale pregunta por el número de personas detenidas actualmente y cuestiona si, tras el informe, Madrid permitirá el acceso a los centros «sin las dificultades que se producen en la actualidad». A su vez, Amaiur interroga al Gobierno acerca de las redadas racistas, planteando si estas siguen produciéndose, tal y como denuncia el análisis de la ONU. Además, el diputado independentista insta al Gobierno a informar sobre el número de denuncias por motivos racistas tramitadas por Interior y a explicar sus planes para frenar el auge de grupos racistas.

«La crisis está siendo utilizada para implementar medidas más discriminatorias»

Carlos Villán | Presidente AEDIDH

El jurista Carlos Villán es presidente de la presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH). Lleva más de tres décadas dedicado a este ámbito desde instituciones internacionales como la ONU.

El informe del relator especial de la ONU advierte que los problemas vinculados al racismo perviven en el Estado español y que se han visto agravados por los recortes impuestos desde el Gobierno del PP. ¿Cómo valora este documento?

Efectivamente, se deduce que la crisis económica está siendo utilizada por parte del Gobierno para implementar medidas más discriminatorias todavía en relación con personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad. De ahí que estas medidas incrementen también la xenofobia, las ideas racistas o de discriminación racial por parte de algunas autoridades españolas o determinados sectores.

El informe insta a modificar el decreto que excluye a los migrantes irregulares del acceso a la sanidad. ¿Cree que los requerimientos de la ONU pueden permitir que se derogue?

No creo solamente que se pueda derogar, sino que se debe derogar urgentemente. Porque es una medida discriminatoria incompatible con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos humanos. Por lo tanto, debe desaparecer del ordenamiento jurídico español.

El racismo sigue constituyendo un mal sin erradicar. Este fenómeno se reduce al Estado español o se ha generalizado?

Es un problema general de toda Europa. Bueno, no solo de Europa, sino de todos los países desarrollados, en los que existe el fenómemo de discriminación racial o de xenofobia con respecto a personas venidas de países, por decirlo de alguna manera, del Tercer Mundo, o en vías en desarrollo, que buscan una esperanza de vida en los países desarrollados. Esto es algo bastante frecuente y el problema existe en toda Europa. Es muy preocupante no solo las violaciones puntuales de derechos humanos sino también por el ascenso en términos electorales de ideas xenófobas o incluso racistas. Se trata de un discurso copiado de la extrema derecha francesa. Aunque incluso el Gobierno francés, en la etapa de Sarkozy, adoptó medidas discriminatorias.

¿Qué puede hacer la población?

La población debe ser consciente de cuál es el diagnóstico que ha elaborado un experto de la ONU, lo puede cotejar con otros diagnósticos elaborados por otros órganos europeos. La población tiene la palabra, debe reclamar a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias para que estas fobias dejen de producirse en España como en cualquier otro país europeo. Son incompatibles con el convenio europeo de derechos humanos o con las obligaciones de los estados miembros dentro de la propia Unión Europea. Se trata de que la población reaccione, que exija a los poderes públicos medidas firmes para abolir y terminar con los aspectos más discriminatorios que las organizaciones de derechos humanos no nos cansamos de denunciar. Por ejemplo, los CIEs, que son una aberración jurídica y política.

¿Qué consecuencias tiene el informe?

No es un tribunal, su informe no es una sentencia. Sin embargo, tiene un valor moral indudable, un valor político nada desdeñable y un efecto en las relaciones internacionales, en la imagen que España que quiere dar al exterior. Esa imagen que tanto pregona el ministro de Exteriores queda dañada cuando la discriminación racial aparece como una práctica administrativa real. Es cierto que no se pueden imponer recomendaciones forzosamente, pero al mismo tiempo el valor político, moral y jurídico obliga al Gobierno a evaluar muy seriamente el informe y no responder con un texto de balones fuera que muy pocos estados, ni tampoco organizaciones, toman en serio. Debería de haber respondido de forma más real a los desafíos planteados.

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