El represor Baltasar Garzón debe estar al punto del infarto, la ONU no se ha amedrentando ni ante sus bravatas ni ante las amenazas y lloriqueos de los grupos de choque como la AVT o Para la Libertad y ha emitido un informe que confirma que este organismo internacional está al tanto de la aborrecible práctica de la tortura por parte del estado español, un reino fascista que su clase política gusta de autroproclamar una "joven democracia". Esta nota publicada en Gara nos amplía la información:
La ONU reclama al Estado español la abolición de la incomunicación
El Comité contra la Tortura de la ONU ha pedido al Estado español que revise el régimen de incomunicación que aplica a los detenidos con el fin de que sea abolido, y que asegure "la imprescriptibilidad de la tortura en todo caso".
El Comité contra la Tortura de la ONU ha hecho públicas hoy las conclusiones finales sobre el informe presentado por el Estado español los pasados 12 y 13 de noviembre en relación a su respeto a los principios de la Convención contra la tortura y sobre las medidas adoptadas para evitar la tortura y los malos tratos. Entre sus recomendaciones, el organismo de Naciones Unidas destaca que "el Estado parte debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido".
Ahí enumera el derecho a escoger un abogado de su elección; a ser visitado por un médico de su elección; "que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; y el derecho a "entrevistarse reservadamente con un abogado", un derecho que, según el Comité contra la Tortura, "actualmente viene restringido aún cuando éste sea un abogado de oficio".
Junto a ello, considera que el Estado español "también debería implementar y fortalecer las medidas programáticas previstas en el Plan de Derechos Humanos en la Medida 97", esto es, que "el sistema de grabación cubra todas las dependencias policiales del país y que se instale en las celdas y sala de interrogación y no se limite a las áreas comunes".
Reparación y derecho a indemnización
Respecto a las denuncias de tortura, reitera que el enjuiciamiento de actos de tortura "no se debe limitar por el principio de legalidad ni por el efecto de la prescripción", y afirma que el Estado "debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".
Además, incide en que el Gobierno "debe asegurar la reparación y el derecho a una indemnización a toda víctima de actos de tortura". "El Estado parte debería asegurar la imprescriptibilidad de la tortura en todo caso", sostiene el informe de conclusiones. Ahondando más en ese asunto, el Comité de la ONU critica "la imposibilidad actual de aportar datos sobre denuncias durante la custodia y detención policial" y señala que "los datos sobre casos de tortura en centros penitenciarios, si bien disponibles, resultan de alguna manera imprecisos y discordantes, en particular por lo que concierne a los resultados de las investigaciones por tortura, las condenas judiciales y las sanciones impuestas".
Sobre las condiciones de detención, el Comité contra la Tortura cree que todavía es "elevado el número de suicidios y muertes violentas" que se producen tanto durante la custodia policial como en las prisiones, por lo que insta al Gobierno español a que investigue "pronta, exhaustiva e imparcialmente todos los casos de fallecimiento de detenidos" y proporcione "cuando sea apropiado, indemnización adecuada a las familias de las víctimas".
El Defensor del Pueblo ejercerá de Mecanismo de Prevención
En su último punto, relativo a los protocolos facultativos y mecanismos de prevención de la tortura, el organismo internacional recuerda que se ha establecido que el Defensor del Pueblo español, Enrique Múgica, ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, mientras que el un adjunto presidirá el Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica.
A ese respecto, el Comité contra la Tortura recomienda al Estado español que asegure que el Defensor del Pueblo "disponga de recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país", e insta al Ejecutivo a que "parte de los miembros del Consejo Asesor sean seleccionados a través de un proceso público y transparente y que incluya expertos reconocidos en varias materias que atañen a la prevención de la tortura, incluyendo representantes de la sociedad civil".
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