Aznar se congratula de que Francisco Franco haya dejado al poder judicial atado y bien atado.
Dicha sumisión por parte del poder judicial ha allanado el paso para que tanto Aznar como el juez estrella Baltasar Garzón arrebaten libertades y derechos políticos al pueblo vasco, como se constata en este artículo de La Jornada:
Confirma la justicia española la suspensión de las actividades de Batasuna por 3 años
Felicita José María Aznar a los magistrados por la decisión judicial
La justicia española confirmó este martes la suspensión por tres años de las actividades de la coalición independentista vasca Batasuna, al rechazar un recurso presentado por esa formación, considerada el brazo político de ETA.
La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España, principal instancia penal de este país, rechazó el recurso presentado por Batasuna al estimar que su "actividad no encierra, según los indicios, una mera colaboración con ETA-militar, sino la integración en una organización armada terrorista".
La Audiencia Nacional afirmó que su juez, Baltasar Garzón, identificó "una pluralidad de documentos e informes técnicos de los que se desprende no sólo la sinergia y la mutua instrumentalidad entre ETA-militar y Batasuna, sino también que la primera dirija la segunda en el campo de las actividades de Batasuna".
En el contexto de la instrucción de un procedimiento penal, Garzón suspendió el 26 de agosto las actividades de Batasuna por tres años, al considerar que ese partido "pertenece al conglomerado terrorista de ETA". Por su parte, el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, se felicitó por la decisión judicial.
Tras la decisión de Garzón, las fuerzas del orden cerraron una veintena de sedes de Batasuna en las regiones autónomas del País Vasco y Navarra (norte), y disolvieron el grupo parlamentario de Batasuna en el Parlamento navarro, con sede en Pamplona, donde tenía siete diputados.
En cambio, el bloque de siete diputados de Batasuna en el Parlamento del País Vasco, con sede en Vitoria, sigue funcionando como tal, pues la cámara regional estimó que su reglamento interno le impide aplicar la resolución de Garzón.
Por otro lado, la policía arrestó hoy en el País Vasco a 17 presuntos activistas de la llamada lucha callejera (kale borroka).
El ministro del Interior español, Angel Acebes, aseguró este martes que entre los detenidos figuran "algunos de los máximos responsables del terrorismo urbano". Los operativos policiales fueron realizados en distintos puntos del País Vasco.
En otro asunto, la prensa española habló hoy del "rectificazo" y "revisión en profundidad" que Aznar se vio obligado hacer a la reforma de los subsidios de desempleo para satisfacción de los sindicatos.
"Es la consecuencia, sin ninguna duda, de la movilización de los trabajadores y de su apoyo a la izquierda en el Parlamento", estimó Jesús Caldera, portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista Obrero Español, principal formación política de la oposición.
Los dirigentes de los grandes sindicatos, Unión General de Trabajadores, cercana a los socialistas, y Comisiones Obreras, próximo a los comunistas, admitieron que las medidas de flexibilidad expuestas el lunes anterior por el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, eran "modificaciones sustanciales, no sólo cosméticas".
Tras haber insistido en la "necesidad urgente" de la reforma de los subsidios de desempleo y haber dado prueba de una gran firmeza aprobándola bajo forma de decreto en mayo, el Ejecutivo decidió satisfacer siete de las ocho principales reivindicaciones de los sindicatos sobre el texto.
El gobierno aceptó así restablecer las indemnizaciones para los trabajadores víctimas de un despido improcedente en espera de una decisión judicial, restituir los subsidios de desempleo a los trabajadores temporales en sectores como el turismo y flexibilizar las sanciones destinadas a los trabajadores que rechacen un empleo.
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