Continúa la aplicación férrea de la doctrina represiva bautizada por el juez estrella Baltasar Garzón como "todo es ETA" al acusar a los miembros de Gestoras Pro Amnistía de estar integrados a ETA.
Esto y más se nos informa en este artículo de La Jornada:
Repudian decenas de miles de españoles la reforma de Aznar a la educación secundaria
Ordena el juez Garzón procesar a 24 miembros de Gestoras Pro Amnistía
Decenas de miles de españoles se manifestaron este martes en las principales ciudades del país, entre ellas Madrid y Barcelona, en repudio a un proyecto gubernamental de reforma de la educación secundaria, al tiempo que tuvo lugar una huelga nacional de respaldo por parte de maestros y alumnos de ese nivel.
En Madrid, donde la protesta reunió a unos 80 mil manifestantes, de acuerdo con informes de los organizadores, hubo al menos cuatro heridos leves, mientras que en Barcelona, donde la concentración fue de unas 50 mil personas, se reportó que el saldo fue de dos heridos -también de baja consideración- cuando la policía arremetió contra los manifestantes.
En paralelo, los sindicatos reportaron que la huelga nacional registró 80 por ciento de adhesión entre los profesores, mientras que entre los alumnos fue de alrededor de 90 por ciento. No obstante, el Ministerio de Educación restó importancia a las medidas de fuerza al afirmar que ambas tasas no superaron 20 por ciento.
Los manifestantes reclaman al régimen conservador de José María Aznar el retiro de la llamada ley de calidad y de enseñanza, además de exigir la renuncia de la titular de Educación, Pilar del Castillo.
Los sindicatos españoles consideran que la reforma educativa "es elitista, discriminatoria, reaccionaria y favorable a la privatización de la enseñanza pública".
Por otra parte, en el marco de la ofensiva político judicial contra el entorno del nacionalismo vasco, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenó el procesamiento bajo cargos de "integración" a ETA de 24 miembros de la asociación humanitaria vasca Gestoras Pro Amnistía, cuyas actividades fueron declaradas ilícitas por el mismo magistrado el 19 de noviembre de 2001, refirió el diario vasco Gara.
En este contexto, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la propuesta de ley impulsada por el gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista Obrero Español para garantizar la protección de los ediles amenazados por ETA en el País Vasco.
De este modo, el proyecto, que incluye la reforma de seis textos legales, permitiría disolver los ayuntamientos vascos que no compartan la visión del conflicto en Euskal Herria que tiene el ejecutivo de Aznar.
Finalmente, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok se abstuvieron de presentarse ante el Tribunal Supremo encargado de decidir sobre las demandas de ilegalización presentadas en su contra por el gobierno español y la Fiscalía General del Estado, a lo que la sala especial del tribunal respondió declarando a ambas formaciones "en rebeldía".
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