El Etnicida Garzón

Lo del neolenguaje españolista oscila entre lo orwelliano y lo goebbeliano.

Primero José María Aznar, quien no encuentra la forma de ser incluido en la Cruzada contra Irak que preparan Bush, Blair y Berlusconi, procede a acusar a Juan José Ibarretxe de intentar "balcanizar el País Vasco" - en todo caso se estaría "balcanizando" el estado español - por plantear la posibilidad de un referendum, mecanismo democrático considerado legal y legítimo por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Acto seguido, Baltasar Garzón, como parte de su embestida en contra de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco, acusa a Batasuna de llevar a cabo una "limpieza étnica". Imaginen eso, quienes hoy dan continuidad el genocidio contra el pueblo vasco iniciado hace 800 años se atreven a hablar de "limpieza étnica". Vaya, ridículo como es, Garzón incluso recurre a la "Hitler's trump card" en su obsesión por criminalizar a Batasuna.

Así lo reporta La Jornada:

El juez Garzón acusa a Batasuna de llevar a cabo una limpieza étnica

Opera como la mafia siciliana, asegura el magistrado

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El juez español Baltasar Garzón emitió hoy un nuevo auto en el que sostiene que en el proceso abierto contra la coalición nacionalista vasca Batasuna, a la que se acusa de ser brazo político de ETA, "pretende demostrar" que ésta ha cometido delitos contra la humanidad al fomentar la limpieza étnica y "actuar como la mafia siciliana"

Para comprobar lo anterior, Garzón solicitó información exhaustiva a distintos órganos públicos y privadas, que va desde el número de atentados y actos de violencia callejera registrados hasta las consecuencias económicas en la región a causa del histórico conflicto.

Garzón, quien ordenó la suspensión cautelar de Batasuna el pasado 26 de agosto, reconoce que demostrar estas acusaciones será una "cuestión compleja", pues "se pretende demostrar también la ejecución, primero larvada, y luego abierta y paulatina de una auténtica limpieza étnica de baja intensidad por parte del complejo terrorista, dirigida a predeterminar con cierta tendencia ideológica la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar el resultado afirmativo de aquél".

El magistrado responsabiliza a Batasuna de un clima opresor, en el que se violan los derechos acreditados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y el Código Penal español. Incluso acusa a líderes, militantes y simpatizantes de Batasuna de atentar contra la "vida, la libertad y la integridad física", e impedir a sus adversarios políticos el ejercicio de las libertades políticas y de información.

Por ello, informó que el "objetivo" de la resolución es "establecer si se han producido, las bases de esa limpieza (étnica), mediante el abandono o éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco que ha establecido su residencia en otras partes de España, causando baja en el censo electoral de aquél".

El juez sostiene que esta supuesta persecución ideológica se ha logrado gracias al mantenimiento "sistemático de un clima social de presión e intimidación tendente no sólo a lograr una hegemonía política nacionalista extrema en todo el territorio, sino que ha ido, directamente, a obtener la segregación del sector no nacionalista de la población con el propósito último de hacerle insoportable la permanencia en aquel territorio, obligándosele a abandonarlo".

El juez afirma que en este "éxodo precipitado", la violencia de ETA es "únicamente la última ratio, hasta el punto de que aunque ETA no existiera o desapareciera la violencia callejera, o ésta no se hubiera producido nunca; Batasuna, por los métodos que utiliza, constituye desde el punto jurídico-penal una asociación ilícita". Por estas razones, sostiene, el actuar de la coalición abertzale (nacionalista) es "no solamente inadmisible en un estado de Derecho, sino, además, una conducta delictiva reflejada en el Código Penal, e incluso, como crimen contra la humanidad en el Estatuto de Roma".

Garzón va más allá al afirmar que en el presente sumario se "demostrará que Batasuna emplea en el País Vasco los mismos métodos de intimidación para el conjunto de la sociedad que emplea en Sicilia el crimen organizado", puesto que la "discrepancia, la contestación, la respuesta ciudadana están absolutamente proscritas".

Asienta que los resultados electorales ganados por la formación, que suma 10 por ciento del electorado vasco, los ha obtenido mediante "métodos similares a los que, en la Alemania de la república de Weimar, utilizaba para participar electoralmente el partido nacional socialista alemán.

La resolución judicial del magistrado recibió el beneplácito del gobierno. El ministro de Justicia, José María Michavila, dijo que es "muy positivo que la justicia por fin haga jurídicamente realidad lo que en el sentido común hemos visto todos. Es evidente que cuando una organización terrorista ha matado a casi mil personas, en sentido común y en lenguaje universal eso se llama genocidio".

La oposición socialista también respaldó la tesis del magistrado, mientras que el vocero del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Iñaki Anasagasti, sostuvo que Garzón abre "una espiral peligrosa" con tales acusaciones, pues "juzgar conductas grupales es absolutamente peligroso, porque aquí ha habido precedentes que el juez Garzón conoce muy bien, desde el GAL (grupos paramilitar financiado por el Estado español en los años de gobierno del socialista Felipe González) hasta que un partido como el Popular sigue sin condenar la Guerra Civil que dio origen a ETA y nadie ha pasado factura".

En tanto, la parlamentaria y abogada de Batasuna, Jone Goirizelaia, consideró que las recientes resoluciones de la Audiencia Nacional son "una aberración", por lo que anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. La parlamentaria abertzale consideró que se vive una "indefensión jurídica total y que se vulneran los principios del derecho". 

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