Democracia y Autodeterminación

Damos continuidad a la cobertura que La Jornada hace del proceso de criminalización e ilegalización del partido independentista vasco Batasuna por parte del régimen español con este artículo:

Batasuna, por una ofensiva democrática y popular en favor de la autodeterminación

Serenidad, solicita el PSOE a curia y gobierno; la polémica alienta a ETA y entorno, dice

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El portavoz de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegi, pidió al Partido Nacionalista Vasco (PNV) que aclare si va a acudir a la manifestación contra la ley de partidos políticos que busca la ilegalización de esa coalición de izquierda, programada para el 15 de junio en Bilbao.

El presidente del gobierno español, José María Aznar, recibió como una cubetada de agua fría el comunicado de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el que manifestó su apoyo a los sacerdotes católicos vascos que criticaron la inminente ilegalización de Batasuna, considerado el brazo político de la organización vasca ETA.

Los obispos de las tres diócesis del País Vasco, apoyados por la mayoría de los sacerdotes de la región, emitieron la semana pasada una pastoral en la que advirtieron de las "consecuencias sombrías" que traería a la región la disolución de la coalición de la izquierda separatista vasca mediante la nueva ley de partidos políticos.

Los curas vascos no sólo advirtieron que la medida significará más crispación y ruptura social en la región, sino que, a pesar de que condenaron los atentados y la violencia ejercida por ETA, consideraron que servirá para alejar un futuro proceso de paz que ponga fin al histórico conflicto en Euskadi.

Esta postura fue tildada por Aznar como una "perversión moral e intelectual grave", por lo que decidió manifestar su inconformidad ante el nuncio del Vaticano en España, Manuel Monteiro, quien sin embargo decidió mantenerse al margen y respetar la soberanía de las diócesis católicas.

El presidente señaló desde Lisboa que a pesar de las críticas vertidas por los prelados "el Ejecutivo no tiene que modificar su posición, ya que está respaldada por 95 por ciento del Congreso de los Diputados", que el miércoles dio luz verde para que la normativa pase al Senado y sea finalmente refrendada por la Cámara para su aprobación definitiva en el próximo verano.

Consideró que el pronunciamiento de la CEE no "justifica" ningún cambio en la posición del gobierno contra la postura de los obispos y, por tanto, siguen considerándolos como personas que han suscrito un texto "moral e intelectualmente perverso".

Desde las filas socialistas, que apoyan esta iniciativa, se pidió "serenidad", ya que a su entender esta "polémica alienta a ETA y a su entorno", y sugirió al presidente Aznar que "debió haber llamado discretamente a la CEE e incluso a los obispos vascos para explicarles la razón de fondo de la ley de partidos políticos".

Advierten contra venganza de Aznar

El líder del PNV, Xabier Arzalluz, consideró este viernes que a raíz de estas diferencias Madrid tomará "represalias en materia económica o bien por medio de alguna ley contra los intereses de la Iglesia", ya que a su entender Aznar pretenderá "vengarse" de lo que "él considera una ofensa".

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, aseguró que el gobierno no tiene un conflicto con la CEE, y expresó su deseo de que la Iglesia católica tampoco busque la confrontación con el Ejecutivo.

Igualmente, aconsejó al episcopado una "reflexión" pues, dijo, la mayoría de los españoles son partidarios de la ilegalización de Batasuna.

Otegi, por su parte, pidió al PNV que aclare si va acudir o no a la manifestación contra la ley de partidos políticos, tras destacar la necesidad de realizar una "ofensiva democrática, general y popular" en favor de la autodeterminación y frente a la contraofensiva del Estado para terminar con el proceso de liberación nacional y social del pueblo vasco.

Dijo no entender a qué se refiere Arzalluz cuando afirmó en una entrevista que el inconveniente para que su partido acuda a la movilización radica en la actuación que va a tener Batasuna, ya que teme que dicha formación "despliegue sus efectivos, salga con todos su carteles, su parafernalia, sus gritos a ETA y todo lo demás".

No obstante, a la ley de partidos políticos propuesta por Aznar, refrendada por el Partido Socialista Obrero Español, se han opuesto diversas organizaciones civiles y políticas que sufren a diario la trágica situación del País Vasco, como el Consejo de la Juventud, sindicatos y asociaciones pacifistas de diversa índole, e incluso Amnistía Internacional.

En otro asunto, dos presuntos miembros de ETA sospechosos de haber asesinado al periodista español José Luis López de Lacalle, en mayo del 2000, fueron inculpados hoy en París por un juez antiterrorista, y serán enjuiciados por asociación de malhechores con fines terroristas, infracción de la legislación sobre armas y posesión de documentación falsa.

Mientras, el gobierno español reclamó a Francia la extradición del etarra José María Zaldúa, por su presunta participación en dos asesinatos en 1979 y 1980, quien fue puesto en libertad el 31 de mayo por razones de procedimiento.  

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Expolio contra Batasuna

Cuando se habla de la dictadura franquista a nadie le queda duda que fue una de las más brutales y sanguinarias en la historia reciente de Europa. Lo que no queda tan claro es que los franquistas se dedicaron al robo y al expolio con la misma intensidad con la que se dedicaron al exterminio de quienes consideraban sus enemigos.

Entender lo anterior ayudará al lector a comprender la verdadera razón detrás de esta nueva agresión en contra de Batasuna.

Lean lo que nos reporta La Jornada:

"Nueva agresión", el bloqueo de sus cuentas bancarias, acusa Batasuna

Injusta, la crítica de Aznar a obispos, dice la Iglesia

La coalición independentista vasca Batasuna denunció hoy el bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de su tesorero y calificó como "nueva agresión" la decisión de la Audiencia Nacional de congelar las cuentas de Jon Gorrotxategi, detenido el pasado 29 de abril en el País Vasco en una operación policial contra la presunta red de financiación de ETA.

Aunque estén a nombre de Gorrotxategi "estas cuentas son de Batasuna y esta agresión se dirige a Batasuna", afirmó el vocero de la organización, Antton Morcilla.

El bloqueo de las cuentas bancarias es "un nuevo paso en la agresión permanente dirigida contra Batasuna, un partido que dispone de ingresos legales y lleva a cabo actividades lícitas", agregó.

La decisión de la Audiencia Nacional se produjo en momentos en que el gobernante Partido Popular (PP) y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegaron a un acuerdo a fin de cubrir los posible huecos que deje la ley de partidos políticos, a sancionarse este mes, y destinada a ilegalizar a Batasuna, rechazada por diversos sectores del País Vasco.

Al respecto, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal definió como "injustas y desproporcionadas" las reacciones del gobierno español a la pastoral de los obispos vascos que advirtieron a Madrid de las "sombrías consecuencias" que enfrentaría si se procede a ilegalizar a Batasuna.

El gobierno español emitió una queja al Vaticano por la carta pastoral de los obispos, y posteriormente calificó como "inmorales" no sólo a sus autores sino a 358 sacerdotes vascos que en una misiva manifestaron su solidaridad con los prelados.

Hasta ahora el Vaticano ha dicho sólo que la pastoral tuvo "elementos inoportunos", pero insiste en no intervenir en el asunto, apelando a la soberanía de las diócesis.

El portavoz del Episcopado, Juan José Asenjo, leyó un comunicado en el que señala que si bien el Estado democrático tiene la facultad de "regular legalmente la participación de los partidos políticos en la vida pública al servicio del bien común", se incurrió en una "injusta y desproporcionada crítica" hacia los obispos vascos.

Asenjo señaló que la pastoral incluye una "clara y terminante condena del terrorismo", y agregó que con estas "acusaciones descalificadoras" Madrid dañó gravemente la credibilidad moral de la Iglesia.

El cardenal y arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, afirmó que un presidente no puede llamar inmorales a los obispos, sobre todo porque los religiosos tienen derecho a pronunciarse sobre la moralidad de "ciertas leyes que hacen los políticos".

Por otro lado, diputados españoles adoptaron el martes un proyecto de reforma de la ley de partidos políticos cuyo objetivo es ilegalizar Batasuna, proyecto que debe ser sometido al visto bueno del Senado a finales de mes antes de su entrada en vigor.

Entre las propuestas se encuentra disolver ayuntamientos por decreto del Consejo de Ministros, "previo acuerdo de la comunidad autónoma a la que pertenezcan", y se prevé retirar las subvenciones a formaciones que, sin ser declaradas ilegales, "incurran en los supuestos de ilegalización".

De esta forma PP y PSOE pretenden llenar todos los huecos legales no alcanzados por la ley de partidos, que en sí no implicaba que los representantes de Batasuna estuvieran obligados a abandonar escaños que obtuvieron por medio de elección popular, pero esto es lo que se conseguirá si se aprueba la disolución de ayuntamientos. 

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Aznar Irrita al CGPJ

El tema de los derechos civiles y políticos del pueblo vasco, constantemente bajo asedio por parte de los diferentes estamentos del estado español, ha sufrido una peculiar alteración.

Pero antes de que pasen a leer lo que La Jornada nos informa al respecto, es nuestro deseo señalar el otro tema del artículo, que para nosotros no es menor; asociaciones católicas catalanas han hecho pública su solidaridad con los obispos y curas vascos que se han manifestado en favor de un proceso de paz que la nueva Ley de Partidos Políticos, aprobada por la aplanadora del bipartidismo borbónico franquista, obstaculizaría, al estar diseñada con el solo propósito a corto plazo de ilegalizar a Batasuna.

Adelante con la lectura:

El Poder Judicial español exige a Aznar respeto a sus resoluciones

El caso del líder de Batasuna, origen del malestar

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió hoy un comunicado en el cual reclama al presidente del gobierno español, José María Aznar, y a partidos acatar las resoluciones que emite, sobre todo las que se refieren a cuestiones "políticas".

El origen del malestar del consejo se debe a que el pasado 24 de mayo el Tribunal Supremo desestimó una querella criminal presentada por la Fiscalía General del Estado contra el líder y vocero de la formación independentista vasca Batasuna, Arnaldo Otegi, quien fue acusado del delito de "apología del terrorismo" por haber gritado al final de un mitin político en Bayona, Francia: Gora Euskadi Eta Askatasuna (que en euskera significa "Viva el País Vasco en libertad" y que además coincide con las siglas de la organización armada ETA).

Por esta razón, los representantes jurídicos del Estado presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional en la que pretendían procesar por "terrorismo" a Otegi, un extremo que fue finalmente rechazado por el alto tribunal, que consideró improcedentes las peticiones de prisión y procesamiento.

A raíz de esta decisión, el Tribunal Supremo fue objeto de un alud de críticas desde diversos estamentos del poder, desde el propio Ejecutivo, el ministro de Justicia, la oposición socialista y la Fiscalía del Estado. Pese a todo, el auto del Supremo es una decisión todavía firme, a la espera de que el mismo órgano resuelva el recurso de apelación presentado por los abogados del Estado.

El CGPJ, formado por los 21 jueces que son los máximos responsables y vigilantes de la aplicación de la ley en este país, manifestó enérgicamente su malestar en un mensaje que tiene como principal destinatario al propio gobierno, el más beligerante con el citado auto y a quien insta a que por medio de "la mesura y la reflexión haga análisis y críticas" de las "actuaciones judiciales" en cuestión, pero que, en todo caso, "no interfiera" en "nuestra jurisprudencia, la más serena administración de justicia" del país.

Los magistrados también advierten que los ataques vertidos en su contra son "incompatibles con aquellas críticas que producen un inmerecido efecto de deslegitimación de la función jurisdiccional y, por extensión, de la labor de los jueces en su conjunto", por lo que recuerdan que las resoluciones de los magistrados "no están sustraídas a la libre crítica", y que por tanto los jueces "están legitimados para realizarlas" en función de sus atribuciones.

En los seis años que lleva Aznar en el poder no se había producido una queja de esta índole y magnitud, que de alguna forma pone en entredicho el reiterado discurso de Aznar de que "respeta sin condiciones la actuación de la justicia".

Curas catalanes apoyan a obispos vascos

La polémica surgida a raíz de la carta pastoral que emitieron el pasado sábado los obispos de las tres diócesis vascas, quienes, apoyados por la mayoría de los sacerdotes de la región, advirtieron sobre las "consecuencias sombrías" que traerá el declarar ilegal, a través de la Ley de Partidos, a la coalición Batasuna, considerada brazo político de ETA, provocó hoy dos hechos destacables: por un lado, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, se reunió con el nuncio vaticano en España, Manuel Monteira, para pedirle que llame al orden a los prelados vascos. El pasado fin de semana, el Vaticano afirmó que no pensaba intervenir de momento en la polémica, si bien resaltó que los obispos vascos hacían en su carta pastoral "una rotunda condena del terrorismo".

Las fuentes del Vaticano señalaron que si bien el documento pastoral era "inoportuno" por cuestiones políticas, no se planteaba de momento intervenir en este debate, con el fin de respetar la soberanía de las diócesis católicas.

En segundo lugar, siete asociaciones católicas catalanas manifestaron su solidaridad y apoyo a los obispos vascos, a quienes consideraron posibles precursores de un futuro proceso de paz que ponga fin al conflicto vasco.

También expresaron su "apoyo y reconocimiento al trabajo por la construcción de la paz y la erradicación del terrorismo que está haciendo la Iglesia vasca", por lo que llamaron a la sociedad y al gobierno español a "recordar que todos tienen derecho a manifestar sus opiniones".

Por último, ayer en la madrugada fueron detenidos en Francia los presuntos etarras Fermín Vila Mitxelena y Aitor Aguirrebarrena, quienes según el Ministerio del Interior español formaban parte de los comandos que perpetraron diversos atentados en los últimos años, entre ellos el asesinato del periodista y dirigente del Foro de Ermua, José Luis López de Lacalle, el del general Justo Oreja y el de los dos guardias civiles asesinados en un atentado con coche-bomba en la localidad aragonesa de Sallent de Gállego. 

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Diputados Borbónico Franquistas y la LPP

El PP y el PSOE, o sea, el bipartidismo con el que el régimen borbónico disfraza la continuidad del franquismo, ha perpetrado una traición en contra de los pueblos del estado español en general y del pueblo vasco en particular al aprobar la cuestionada Ley de Partidos Políticos creada exprofeso para ilegalizar a Batasuna, eso queda claro, pero que quedará ahí, pendiendo cual Espada de Damocles en contra de cualquier formación política que en el futuro se atreva a desafiar la Sacrosanta Unidad de España.

Y como hemos dicho anteriormente, todo esto sucede sin que una ceja se levante en la Europa de las luces, faro de los valores democráticos ante el mundo, con excepción de Amnistía Internacional, para dejarlo claro. 

Hablando de la comunidad internacional, baste ver la actitud sumisa tanto de Vicente Fox en México quien ha permitido que Baltasar Garzón le imponga sin reparos la doctrina del "Todo es ETA" siendo él, Fox, integrante de la diáspora vasca por vía materna, o peor aún, la actitud de Hugo Chávez en Venezuela, quien siendo de la izquierda folclórica y vociferante no ha tenido reparo alguno en hostigar a la diáspora vasca de su país, secuestrando y deportando "en caliente" al refugiado Juan Víctor Galarza.

Lean lo que nos reporta La Jornada:

Aprueban diputados de España la nueva ley de partidos que dejaría en la ilegalidad a Batasuna

Esta norma "impide cualquier perspectiva para un proceso de paz": la coalición

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La Cámara de Diputados de España aprobó hoy con 304 votos a favor y 16 en contra la polémica ley de partidos políticos, impulsada por el Ejecutivo del conservador José María Aznar con el objetivo de dejar en la ilegalidad a la coalición separatista vasca Batasuna, considerada brazo político del grupo armado ETA.

La normativa pasó ahora al Senado, que votará el 25 de junio y la renviará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, a fin de que pueda entrar en vigor en julio.

El texto original de la ley, redactado por el ministro de Justicia Angel Acebes, sufrió 80 enmiendas, propuestas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal fuerza de oposición) y los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unio (CiU), quienes no obstante mantuvieron sus discrepancias sobre la conveniencia de que una "mayoría parlamentaria pueda promover la proscripción de una fuerza política".

Sin embargo, el texto final no consideró ninguna de las enmiendas presentadas por las formaciones que ven en la nueva ley un atentado contra derechos básicos como el de la libertad de expresión, asociación y representación, o sea las propuestas por los diputados de Izquierda Unida (IU, tercera fuerza en votos), el Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno local) y del Grupo Mixto (gallegos, aragoneses, catalanes y andaluces).

El texto de la ley prevé que el Tribunal Supremo español pueda declarar ilegal y disolver a petición del gobierno o de 50 diputados o 50 senadores, un partido político cuya actividad sea "deteriorar o destruir el régimen de libertades o eliminar el sistema democrático", así como tener un "apoyo activo o tácito al terrorismo".

A pesar de que la ley de partidos políticos ha sido objeto de severas críticas los últimos días por parte de diversos sectores de la sociedad vasca -el gobierno y el Parlamento regionales, la Iglesia católica local, el Consejo de la Juventud, partidos minoritarios-, así como de asociaciones pacifistas, sindicatos y de organismos humanitarios como Amnistía Internacional, la nueva norma logró ser aprobada por 95 por ciento de los parlamentarios españoles.

Este verano entraría en vigor

Si los calendarios parlamentarios se cumplen, la nueva ley sustituirá este mismo verano la firmada en 1978 por todas las fuerzas políticas que participaron en la llamada transición democrática.

Una vez finalizada la sesión de este martes, con la que se autorizó el envío de la ley al Senado, Aznar señaló desde Luxemburgo que "el hecho de que prácticamente 95 por ciento del Congreso esté a favor de una ley que consiste en que si un partido es cómplice de terroristas, o sostiene el terrorismo, puede ser declarado fuera de la ley, confirma que es una expresión democrática impecable".

La nueva ley "resulta absolutamente conveniente e indispensable en la lucha contra el terrorismo agregó Aznar, quien destacó que "así funcionan las democracias y así deben seguir haciéndolo en el futuro".

El vocero del PSOE en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido, destacó que la ley resultante se sitúa en la cultura europea frente a la violencia y el racismo, ya que a su juicio se trata de un "acuerdo importante, aunque no llegue al cien por cien", adoptado en el momento adecuado, porque "siempre es oportuno defender los derechos fundamentales".

El vocero de Batasuna en Navarra, Pernando Barrena, advirtió por lo pronto que su formación "agotará hasta la última posibilidad" para presentarse en las próximas elecciones, aunque admitió que será "difícil", ya que esta nueva ley de partidos "está hecha a la medida para declarar ilegal a Batasuna".

Esta ley "abre las puertas a la catástrofe e impide cualquier perspectiva de proceso de paz a corto y medio plazo", estimó, al destacar que se aprobó "en contra de la mayoría social vasca y se ha ignorado la inmensa demanda de paz y cambio político que existe en este país".

Josu Erkoreka, uno de los parlamentarios del PNV presentes en la sesión parlamentaria de este día, advirtió: "Ustedes, los patriotas de la Constitución, han decidido dar un paso que carece de cobertura en nuestra Carta Magna", posición apoyada por la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, que además afirmó que el gobierno de Aznar "lo único que pretende es generar crispación y beligerancia sin resolver nada".

El diputado de IU, Luis Carlos Rejón, consideró que la medida es "una tapadera" de Aznar para "justificar que en seis años de gobierno no ha hecho nada para resolver el conflicto y ahora las prisas para aprobar la ley son por su necesidad de utilizar un elemento de propaganda con qué dar una sensación de eficacia tras la pájara que las elecciones vascas provocaron en el PP".

El propio líder de IU, Gaspar Llamazares, señaló que "estamos ante un profundo retroceso democrático" en el que "se criminaliza al disidente y se deja sin representación a 150 mil personas".

Al tiempo que se aprobaba la ley en el Congreso, el gobierno vasco se refirió de nuevo a la polémica surgida por la carta de los tres obispos vascos que, apoyados por la mayoría de los sacerdotes de Euskadi, advirtieron recientemente de las "consecuencias sombrías" que traerá la ley a la región.

Al comentar las recientes declaraciones de Aznar, que tildó la carta de los sacerdotes de "perversión moral e intelectual", el vocero Josu Jon Imaz lamentó la "absoluta intolerancia de Aznar hacia las ideas ajenas, a quien sólo le falta amenazar con expulsar a los prelados tal y como hizo casi 30 años antes Francisco Franco con el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros". 

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Garzón Vende el "Todo es ETA" a Fox

El promotor de la tortura que responde al nombre de Baltasar Garzón está en México, promoviendo la doctrina del "Todo es ETA", recurriendo gobernantes entreguistas como Vicente Fox para exportar las medidas represivas con las que Madrid confronta los derechos civiles y políticos del pueblo vasco.

En el artículo que traemos a ustedes desde La Jornada podrán notar que los autores del mismo cayeron redonditos en la trampa de la nominación al Premio Nobel de la Paz, misma a la que Garzón se hizo acreedor por su pantomima en el juicio al dictador chileno Augusto Pinochet, epítome de la hipocresía pues Garzón es fiel seguidor de la máxima franquista que habla de una eterna unidad de España, de ahí su encono en contra de los derechos y libertades del pueblo vasco.

Aquí la información:

Se reunió el juez español Baltasar Garzón con Fox para hablar de narcotráfico y terrorismo

El candidato al Nobel de la Paz se negó a hablar sobre el caso BBV-Bancomer

Juan Manuel Venegas y Karina Avilés

El juez español y candidato al Premio Nobel de la Paz, Baltasar Garzón, visitó ayer en Los Pinos al presidente Vicente Fox Quesada, quien estuvo acompañado por su secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. En entrevista, el visitante comentó que los temas abordados en el encuentro fueron narcotráfico, cooperación contra el terrorismo, el alcance del Tribunal Penal Internacional y la colaboración de México con España en la lucha contra ETA.

Sobre esto último, Garzón indicó que durante la conversación quedó claro que la cooperación debe concentrarse en la búsqueda de los mecanismos de financiamiento y las redes de apoyo con que cuenta la organización vasca. No sólo en México, en toda Latinoamérica, "desde hace tiempo existe implantación de esas empresas o de esas entidades (de apoyo a ETA), y lo que hay que hacer es investigarlas", dijo al salir de la residencia presidencial.

En tanto, evitó abordar el caso por presunto lavado de dinero en la fusión del Banco Bilbao Vizcaya y Bancomer. "No puedo hablar de un caso que está vivo y en tramitación en mi juzgado, la ley española me prohíbe hablar de ese tema con ustedes y con el Presidente también, por lo que en ningún momento de la conversación se trató ese punto", explicó.

La Presidencia de la República, por su parte, emitió un comunicado en el que manifiesta su reconocimiento a la labor del juez español, y le expresó también su apoyo para obtener el premio Nobel de la Paz.

Visita a la Iberoamericana

Por la tarde, Garzón acudió a la Universidad Iberoamericana, donde aclaró que no tendrá ninguna reunión, "ni mucho menos un intercambio de pareceres" con el senador perredista Jesús Ortega sobre el caso BBV-Bancomer, quien próximamente viajará a España para pedir documentación sobre dicho caso.

En el marco de un acto por la paz organizado por la Fundación Rigoberta Menchú, que contó con la asistencia de un grupo de niños que podían preguntar cualquier cosa a los personajes invitados, el juez se negó reiteradamente a hablar con los medios sobre el caso de las instituciones bancarias involucradas en supuestas operaciones de lavado de dinero.

En cambio, sí manifestó que desde el exterior se percibe un compromiso elevado por los derechos humanos por parte del gobierno mexicano, aunque aclaró que esta tarea nunca es suficiente. Incluso, habló de una visita que hizo a un penal de Tijuana, en el cual las condiciones de los internos "son inhumanas".

Pese a ello, insistió en dar su reconocimiento al gobierno de México, "pues no es que no exista violación a los derechos humanos; la hay. Lo importante es la actitud para combatirla". 

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Amnistía Internacional y la Ira Aznariana

José María Aznar continúa como elefante en cristalería intentando por todos los medios aprovechar la más reciente acción armada por parte de ETA para consumar el despropósito de ilegalizar a Batasuna activando su infame Ley de Partidos Políticos, tarea para lo cual ha contado con la complicidad del PSOE de José Luis Rodríguez.

Ya de por sí indignado por la apuesta en favor del respeto a los derechos políticos del pueblo vasco y a una apuesta por un proceso de paz dada a conocer por obispos y curas de la CAV, ahora también tendrá que lidiar con los de Amnistía Internacional.

Este artículo de La Jornada nos delinea la razón para ello:

Critica AI la nueva ley de partidos políticos que dejaría en la ilegalidad a Batasuna

El organismo se declara preocupado por las ambigüedades en la normatividad

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) manifestó hoy su "preocupación" ante la inminente aprobación en España de la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc para declarar ilegal al considerado brazo político de ETA, Batasuna, coalición de varias decenas de formaciones que representa 10 por ciento del electorado vasco.

AI se suma así al alud de críticas que ha levantado la normatividad propuesta por el Ejecutivo español presidido por el conservador José María Aznar, quien hoy calificó de "perversión moral e intelectual" la carta en la que la mayoría de la Iglesia católica vasca criticó la eventual proscripción de Batasuna.

La nueva ley de partidos políticos que será votada esta semana en el Senado pretende disolver a Batasuna por considerar que forma parte del entramado "terrorista" del grupo armado separatista ETA. La normativa, que cuenta con el apoyo del gobernante Partido Popular (derecha) y de la oposición socialista, es rechazada por el resto de las formaciones, el gobierno vasco y buena parte de las organizaciones civiles involucradas en el proceso de paz en el País Vasco.

A las críticas a la normativa hoy se sumó AI. Debido a "la ambigüedad y la impresición de algunos artículos del proyecto de ley, se pudieran emprender procesos de proscripción de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica, lo que sería contrario a la Constitución española", advierte el organismo.

Ante la incertidumbre creada por la aprobación de la ley, la organización humanitaria con sede en Londres pidió al Parlamento español que en las sesiones de aprobación de la normativa se "eliminen o sustituyan" las ambigüedades por otros criterios más "precisos", para evitar que la ley atente contra los derechos de "libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación en los asuntos públicos".

Contra la constitución

Para AI también es preocupante que por el empecinamiento en declarar ilegal a un partido se incluyan en una ley general frases como: "utilizar como instrumentos de la actividad del partido símbolos, mensajes y elementos que representen o se identifiquen con las conductas asociadas al terrorismo", oración que podría llevar, a juicio del organismo, a la proscripción de "partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia. Ese podría ser el caso, por ejemplo, de partidos que empleen mensajes de apoyo al reagrupamiento de presos".

Además, AI exigió al Estado español que "garantice que todas las medidas que se adopten para salvaguardar la seguridad dentro de la lucha antiterrorista sean plenamente conformes a las leyes y normas de derechos humanos y aseguren a todas las personas el disfrute pleno de todos sus derechos", en aparente alusión a las reiteradas denuncias de torturas y malos tratos contra miembros de ETA detenidos.

A su vez, el Consejo de la Juventud del País Vasco aprobó en su asamblea anual un manifiesto en el que expresa su "preocupación por la ley, ya que además de dejar sin expresión política a parte sustancial del electorado vasco, puede tensar y crispar aún más la situación social y política que vivimos".

En tanto, desde Helsinski, Aznar se refirió a la polémica surgida a raíz de la manifestación pública de la mayoría de la Iglesia vasca contra la ley de partidos y a favor del reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Después de que los tres obispos de las diósesis vascas advirtieran el 30 de mayo, con el apoyo de cerca de 400 sacerdotes de la región, sobre las "consecuencias sombrías" que traería la proscripción de Batasuna, Aznar señaló hoy que esa petición es "especialmente desafortunada y muestra una perversión moral e intelectual grave.

"En este caso tengo que hacer un esfuerzo muy especial para no decir lo que, a veces, el corazón te puede llevar a decir, pero cuando se llega a afirmar por parte de unos obispos que lo mejor que les puede pasar a las víctimas (de los atentados de ETA) es que los criminales anden sueltos, se está ante una perversión moral e intelectual grave", sostuvo el líder conservador.

Esta postura fue reiterada por el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué -el responsable de tramitar la queja formal al Vaticano contra la prelatura vasca-, quien calificó hoy de "repugnante" la carta de los sacerdotes, y aseguró que este pronunciamiento es "motivo de preocupación de la Santa Sede", la cual, sin embargo, decidió no intervenir en respeto a la soberanía de las diócesis.

Aquí la postura de la Iglesia vasca provocó malestar en la Conferencia Episcopal Española (CEE), de la que forma parte el arzobispo castrense (figura que existe en pocos países, pero que España se mantiene desde el franquismo), José Manuel Estepa, quien convocó a una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de la CEE para redactar un comunicado contra la postura de sus homólogos vascos.

Desde Batasuna, el único europarlamentario de la formación, Koldo Gorostiaga, advirtió que la Unión Europea ya sentó doctrina sobre la proscripción de partidos políticos en la resolución adoptada sobre el partido kurdo Hadep de Turquía, caso que a su juicio se puede aplicar como "anillo al dedo" al caso de Batasuna.

Pero Joseba Alvarez, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, añadió que en caso de que se apruebe la ley de partidos, "se hará en contra del criterio de la Unión Europea."

En Venezuela, por otro lado, la organización de derechos humanos PROVEA denunció este lunes que la deportación a España el sábado pasado del presunto miembro de ETA Juan Víctor Galarza es parte de una campaña contra la comunidad vasca en Venezuela, según consignó Afp.

El director de la organización, Marino Alvarado, consideró que con esta deportación el gobierno de Hugo Chávez está "cediendo ante presiones del gobierno de España", y afirmó que aunque la policía política afirmó que Galarza estaba ilegalmente en el país, "esto es falso, ayer presentamos su pasaporte español emitido por el consulado de Caracas en 2001 y la cédula de identidad que lo acredita como residente".

Por su lado, familiares y dirigentes de la comunidad vasca protestaron hoy ante la Fiscalía General de Venezuela contra el "secuestro" de Galarza. 

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Cómplices Jacobinos de Aznar

José María Aznar ha perdido los papeles.

Fúrico por la postura eclesial vasca ante la amenaza de la ilegalización de Batasuna verbigracia una ley elaborada ex profeso, da coletazos que tienen ecos internacionales, provocando una reacción represiva en contra de integrantes de Batasuna por parte del jacobinismo francés.

Lean lo que nos reporta La Jornada:

"Aznar pidió mi expulsión de Francia", acusa Otegi

Ibarretxe se solidariza con obispos vascos que rechazan dejar en la ilegalidad a la coalición

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El líder y vocero de la coalición separatista vasca Batasuna, Arnaldo Otegi, acusó hoy al gobierno español presidido por el conservador José María Aznar de haber pedido "expresamente" a autoridades francesas su expulsión del vecino país, donde la víspera fue detenido en el paso fronterizo en un amplio dispositivo policial que le impidió acudir a un mitin político de su formación en Bayona.

Mientras, el presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, manifestó su apoyo a los obispos y sacerdotes vascos que criticaron las acciones emprendidas por Madrid para disolver a la coalición separatista, y advirtió que "no pensar como Aznar se ha convertido en delito".

Ibarretxe manifestó su solidaridad con los sacerdotes vascos ante la polémica surgida por el apoyo de la mayoría de la Iglesia católica vasca al reconocimiento del derecho de autodeterminación, y su rechazo a la proscripción de Batasuna. "Lo que han dicho los obispos es lo que pensamos la mayoría, porque estamos en contra de la violencia de (la organización separatista armada) ETA; estamos en contra de las torturas y a favor de la vida, del acercamiento de los presos vascos y pensamos que nuestro futuro está en nuestras manos", dijo Ibarretxe.

Pero "al parecer, decir lo que pensamos se ha convertido en delito, si no coincidimos con el gobierno español, porque quien mantiene posiciones diferentes a las que manifiesta Aznar es inmediatamente arrastrado al suelo y condenado al infierno", añadió.

Los casi 400 sacerdotes vascos que enviaron una carta a la Conferencia Episcopal Española, en oposición a la postura oficial de la jerarquía eclesial y política española, advirtieron en ese texto que "una forma particularmente grave de discriminación" es "negar a grupos étnicos y minorías nacionales el derecho fundamental a existir como tales".

Por su lado, Otegi -a cuya coalición se considera brazo político de ETA- consideró que lo ocurrido ayer en Biriatu, frontera con Francia, se incluye en los ataques que sufre Batasuna en los últimos meses. Entre ellos destacó la aprobación de la nueva ley de partidos políticos propuesta por Aznar y apoyada por la oposición socialista, hecha ex profeso para dejar en la ilegalidad a la formación, así como las numerosas detenciones de sus dirigentes y militantes acusados de colaboración o pertenencia a ETA.

Otegi denunció que ayer, desde el momento de abordar su vehículo junto a otro miembro de su partido, fue seguido por otro coche. Una vez cruzada la frontera francesa, un amplio dispositivo policial les cerró el paso y policías "fuertemente armados" les pidieron la documentación, para luego trasladarlos a un comisaría, donde permanecieron alrededor de hora y media, tiempo que tardó la redacción del expediente de expulsión y el interrogatorio sobre un acto proselitista ocurrido hace un par de meses, en el que Otegi finalizó su discurso con el grito de Gora Euskadi eta Askatasuna (que en euskera significa "Viva el País Vasco en libertad" y que además coincide con las siglas de ETA).

El líder de la izquierda separatista vasca calificó de "escandoloso" tanto el dispositivo policial como la medida de expulsión, ya que a su juicio se basó en una petición expresa de Aznar. La policía francesa argumentó que Otegi tenía abierto un expediente de expulsión dictadado por un juzgado francés en 1984, en el que se le vinculaba a la estructura de ETA, pero el líder de Batasuna aseguró que este proceso fue revocado hace varios años.

El político separatista advirtió además que se cerciorará de si la orden de expulsión que se le dio "es posible de aplicar hoy en la Europa de la libre circulación, pues no es sólo mi caso, y la paradoja es que muchos vascos no tenemos derecho a transitar en nuestro propio país".

Para entender su expulsión de Francia, sostuvo que hay que recordar cuatro hechos recientes: la sentencia que dictó la semana pasada el Tribunal Supremo, en la que revocó una querella criminal presentada por la Fiscalía General del Estado en contra del líder vasco, precisamente con el citado grito del mitin de Bayona; la postura pública asumida por la Iglesia vasca; las crecientes movilizaciones sociales contra esta medida y la huelga general que vivirá España el próximo 19 de junio.

"Desde esa posición de debilidad, lo que montó (el gobierno español) fue una operación político-mediática que no va a alterar en nada el curso político en este país (...) este pueblo está reforzando una dinámica a favor del cambio político", dijo Otegi en entrevista publicada en el diario vasco Deia. "Nosotros no abandonaremos el campo político ni institucional. Que nadie se asuste. No nos iremos al monte. Sin embargo, si nos declaran ilegales, la respuesta debería ser colectiva porque ya no sería tanto un problema sólo de Batasuna, sino del propio país", añadió.

En cuanto a una salida de paz al histórico conflicto vasco, señaló que "la violencia de ambas partes, la del Estado que es permanente y la de respuesta, que es la de ETA, es un escenario que habría que superar (...) No decimos que la lucha armada es un instrumento político para alcanzar fines. Eso lo dice ETA. Sí afirmamos que se puede resolver el conflicto armado, pero trabajando en el terreno de las soluciones y no desde el de la moral".

Por otro lado, dijo que Aznar y el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien instruye la mayoría de los procesos judiciales contra la izquierda abertzale, "son la misma cosa. Los dos son peligrosos. Aznar porque es un viejo militante de Falange Española y es un castellano que entiende mal Castilla. Ve al país en clave de imperio (...) Garzón es un títere en manos de Aznar, además de un pésimo instructor de causas, un mal profesional, tal como dicen voces más autorizadas que la mía. Si a eso le añadimos que le gusta la fama, estar en el papel de juez estrella, vemos el retrato de un hombre peligroso".

En Venezuela, en tanto, dirigentes de la comunidad vasca en ese país denunciaron que el presunto miembro de ETA Juan Víctor Galarza fue deportado la víspera por las autoridades venezolanas de manera ilegal, luego de ser secuestrado. "No había orden de detención" contra Galarza, quien tenía sus documentos "completamente en regla", dijo a la agencia Dpa el vocero de la comunidad, Luis Trincado. 

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358 Curas "Batasunos"

El tiro le ha salido por la culata a los gerifaltes del bipartidismo borbónico-franquista en su muy particular y desquiciada cruzada en contra de los obispos de la CAV, lejos de lograr que se disciplinaran lo que han obtenido es una revuelta que suma ya 358 curas solidarios.

Esto nos reporta La Jornada:

Advierten 358 curas vascos sobre las graves consecuencias que traería ilegalizar Batasuna

Se solidarizan con los obispos de Euskadi, a los que el gobierno calificó de "inmorales"

Armando G. Tejeda | Corresponsal

Un grupo de 358 sacerdotes católicos del País Vasco envió ayer una carta a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en respuesta a los "ataques que han recibido los obispos de la Comunidad Autónoma Vasca", en la que advirtieron sobre las "consecuencias" que traería a la región la futura ilegalización de Batasuna, considerada el brazo político de ETA.

Una amplia mayoría de los curas vascos se solidarizó así con los tres obispos a los que el gobierno español tachó de "inmorales", y dijeron que Madrid ha creado un "entorno poderosamente hostil" en la región, sobre todo a raíz del trámite de la nueva ley de partidos políticos, creada para desaparecer del escenario político a la coalición de la izquierda separatista vasca Batasuna, la cual representa a 10 por ciento del electorado vasco y defiende la ideología del grupo armado.

La acción de los obispos católicos motivó que el viernes el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, presentara una queja formal ante el Vaticano para que llame a los prelados "al orden".

El Vaticano anunció este sábado que "de momento" no piensa intervenir en la polémica en respeto a la soberanía de las respectivas diócesis de los obispos.

Los 358 sacerdotes vascos enviaron la misiva en la que manifiestan su coincidencia con la postura de los obispos sobre las consecuencias futuras de la ley de partidos, y exigieron el "cese de toda violencia", al tiempo que alertaron que la "conciencia de pertenecer a un pueblo llamado Euskal Herria se va afirmando, desarrollando y creciendo cada día a pesar de un entorno estatal poderosamente hostil".

Estos sacerdotes, según informó ayer Radio Euskadi, reconocieron además que "la realidad vasca como pueblo está atravesando una serie de problemas como consecuencia de grandes oposiciones y dolorosos conflictos políticos, sociales y culturales que demandan soluciones que superen los enfrentamientos".

Agregaron los religiosos que por lo anterior demandan "el cese de la violencia" y "el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos sin excepción", en alusión a uno de los reclamos históricos en la región, la autodeterminación, uno de los orígenes del conflicto.

Además sostienen que "lo único que tiene legitimidad como valor democrático para determinar el destino y configuración de Euskal Herria como nación es la decisión libre y democrática de sus miembros, lo antidemocrático es entorpecer o negar el ejercicio de ese derecho fundamental de autoderminación que reclama la mayoría" del pueblo vasco.

Mensaje a la CEE

Pero los sacerdotes también lanzaron un mensaje a la propia CEE, que se deslindó de la postura de los obispos y además criticó la intención de los prelados vascos que demandan una Iglesia vasca autónoma y con administración propia.

El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, calificó la carta de los 358 sacerdotes como "inmoral y absolutamente contradictoria con los valores de la Iglesia".

Más duro fue el dirigente del Partido Popular (derecha) vasco, Carlos Iturgáiz, quien acusó a los sacerdotes vascos que estar a las "órdenes de su amo Arzalluz", en alusión al presidente del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), en el gobierno regional, y de "apoyar a los verdugos y no a las víctimas".

De su lado, el vocero de los socialistas, Jesús Caldera, criticó la "ceguera" de los religiosos vascos ante una ley "debatida de forma democráctica".

La postura de las tres formaciones de la coalición del gobierno vasco, el PNV, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, fue radicalmente distinta, al sostener que la Iglesia vasca mantiene una postura "realista y comprometida con los diálogos para la paz", por lo que "aplauden" las "líneas generales de la pastoral y asumimos el clima de incomunicación política que denuncian los obispos, pero debemos señalar que es vergonzoso y una aberración criminalizarla (a Batasuna), lo que refleja la mente fascista de Aznar".

Arzalluz añadió que "a éstos (en referencia a Aznar y la oposición socialista) les gustan los obispos como los de antes, que recibían en palio al caudillo. Espero que no pretendan llevar bajo palio a Aznar ahora, pero eso es lo que les gusta y en cuanto se salen del guión, ya veis el lichamiento".

El dirigente vasco explicó que la solución del conflicto vendrá de la distensión, el diálogo y la negociación, "independientemente de que la policía tenga que actuar cada vez que maten a alguien o extorsionen o atropellen a alguien".

El origen de este enfrentamiento es la carta pastoral "Preparar la paz", en la que los obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez; de San Sebastian, Juan María Uriarte, y de Vitoria, Miguel José Azurmendi, se manifestaron radicalmente en contra de las intenciones del gobierno y del principal partido opositor, el Socialista Obrero Español, a la futura ilegalización de Batasuna.

Esta declaración pública provocó un torbellino político y severas críticas desde el gobierno del presidente Aznar, que los acusó de favorecer la "impunidad" de Batasuna y dar cobertura a los violentos antes que a las víctimas de las acciones terroristas de la organización. 

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Madrid y los Obispos "Batasunos"

Como buen tardo-franquista, José María Aznar ha montado un berrinche monumental por lo que el identifica como una falta de disciplina por parte de los obispos de la CAV que se han manifestado en defensa de los derechos civiles y políticos de los habitantes de esas tres herrialdes.

Este episodio nos hace recordar el papel que jugó la iglesia católica, tanto El Vaticano como la cúpula eclesial española, en los meses previos al golpe de estado iniciado el 18 de julio de 1936, mismo que dio paso a la genocida y brutal dictadura de Francisco Franco Bahamonde.

Tampoco nos podemos olvidar ni por un momento que José María Aznar es hijo del franquista Manuel Aznar Acedo.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Irritado, el gobierno español acusa a obispos vascos de defender la "impunidad" de Batasuna

Es impostergable emprender un diálogo multipartito, afirma Izquierda Unida

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El gobierno español criticó este viernes la postura de los obispos vascos contra el proyecto de ilegalizar a la coalición independentista Batasuna, considerada el brazo político de la organización separatista ETA, y los acusó de defender la "total impunidad" de dicho partido.

El presidente español, José María Aznar, anunció que presentará una queja formal ante el Vaticano en la que manifestará su "disgusto y malestar", luego de que obispos de tres diócesis vascas -Bilbao, San Sebastián y Vitoria- advirtieron sobre las "consecuencias sombrías" que podría tener declarar ilegal a la coalición Batasuna, como pretende Madrid.

Por su parte, la Conferencia Episcopal española se desvinculó de los argumentos de los prelados, mientras que el gobierno vasco y otras formaciones y asociaciones de la región elogiaron la postura.

La advertencia de los prelados, en una carta pastoral divulgada el jueves, provocó una airada respuesta de Madrid por conducto del vocero gubernamental, Pío Cabanillas, quien expresó a los obispos Ricardo Blázquez, Juan María Uriarte y Karmelo Etxenagusia que fueron "más allá de lo que ninguna fuerza política democrática ha llegado, al defender la total impunidad de Batasuna".

Cabanillas sostuvo que los prelados "se arrogan una representación de la que carecen frente a la legitimidad contrastada de las instituciones y los órganos competentes del Estado, y pretenden hablar de sectores ciudadanos cuyas opciones políticas tienen el cauce de expresión adecuado en nuestro sistema democrático". Agregó que las tesis defendidas por los prelados "coinciden con las posiciones más radicales de descalificación de la ley de partidos, desde el nacionalismo vasco, y es un compendio exacto del argumento nacionalista en contra de una iniciativa democrática apoyada por el Congreso español, que es el resultado de un intenso proceso de diálogo y acuerdo".

La eventual aplicación de la nueva ley de partidos políticos, creada ad hoc para la disolución de Batasuna, responde a una medida aprobada por el Partido Popular (PP), con el apoyo del opositor Socialista Obrero Español (PSOE), aunque es criticada por la mayoría de las formaciones políticas en el país, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasua (EA) e Izquierda Unida (IU).

La Conferencia Episcopal Española se deslindó de la carta de los obispos vascos y la calificó de "inoportuna e imprudente", mientras el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió una "rectificación inmediata", ante lo que consideró más un "manifiesto que una carta pastoral".

Defiende el gobierno vasco a obispos

Sin embargo, un comunicado del gobierno vasco calificó lo dicho por los obispos de "postura realista y comprometida con los diálogos para la paz, que coincide con la opinión mayoritaria de la sociedad de Euskadi. Aplaudimos las líneas generales de la pastoral y asumimos el clima de incomunicación política que denuncian los obispos", señaló el gobierno vasco, que dijo coincidir con lo dicho por los obispos acerca de que "paz y terrorismo son incompatibles".

Por su parte, el líder de IU en el País Vasco, Javier Madrazo, aseveró que los obispos coinciden con la mayoría de la población vasca, que está en favor del cese de la violencia y el impulso de un diálogo multipartito como medios para lograr la paz. "El camino de la paz no se recorre a través de la ley de partidos y la ilegalización de las ideas", indicó.

Arnaldo Otegi, líder y vocero de Batasuna, manifestó su "respeto" por la postura de los obispos, y se preguntó "qué vamos a hacer para evitar esta tropelía antidemocrática del gobierno español", ahora que está claro que la población vasca, el Parlamento y la Iglesia se oponen a la ley de partidos.

En Caracas, la policía venezolana arrestó hoy a un miembro de ETA, prófugo de la justicia española. El portavoz de la embajada de España en ese país, Eduardo Aguirre, confirmó que el detenido es Juan Víctor Galarza, a quien describió como un hombre con "un amplio historial delictivo dentro del grupo armado". 

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"Preparar la Paz"

Los obispos de Gasteiz, Bilbo y Donostia, las capitales de las tres provincias que componen la Comunidad Autónoma Vasca - de un total de siete - han redactado un texto con el que buscan crear conciencia acerca del problemático escenario que acarrearía la criminalización e ilegalización de Batasuna. Claro que por ahí se despachan con una mención al nacionalismo, tal como lo entiendo el trosko Guillermo Almeyra.

Esto es lo que informa La Jornada:

Temen obispos que la ilegalización de Batasuna provoque más violencia

Demanda la Iglesia vasca la desaparición de ETA

Los obispos vascos expresaron este jueves su miedo a que la posible ilegalización de la coalición Batasuna, considerada brazo político del grupo armado vasco ETA, tenga "sombrías consecuencias" y provoque la agravación de la "división y el conflicto" en el País Vasco.

En una carta pastoral titulada "Preparar la paz", divulgada hoy, los obispos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, capitales de las tres provincias vascas, advierten de "las sombrías consecuencias" que se consideran "sólidamente probables" y que "sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas".

Esta reacción del clero vasco se produce en el mismo momento en que los diputados españoles debaten un proyecto de ley del gobierno del conservador José María Aznar, que pretende ilegalizar a Batasuna.

Los tres obispos estiman que "la división y la confrontación cívica se agudizarían" si Batasuna pasa a ser un grupo prohibido, y que la seguridad de las personas amenazadas sería todavía "más precaria".

Los religiosos afirman que sus preocupaciones son compartidas por "un porcentaje mayoritario de ciudadanos (vascos) de diversas tendencias políticas".

La carta pastoral critica también a ETA por socavar "los cimientos del sistema democrático al eliminar físicamente al adversario político", y estima que la pacificación del País Vasco exige su desaparición.

Por último, la Iglesia vasca pide que se distingan "nacionalismo y terrorismo", y desea que se muestren "signos de distensión y aproximación" por ambas partes, como por ejemplo una política penitenciaria "que permitiera a los presos (de ETA) cumplir su condena más cerca de sus lugares de origen", mientras que el gobierno español mantiene desde hace años la táctica de la dispersión de presos etarras por todo el territorio español. 

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